La actividad se realizó el jueves 23 de septiembre en formato online, permitiendo así que trabajadores y trabajadoras de los servicios públicos del Paraguay que normalmente no podían participar en eventos presenciales pudieran sumarse esta capacitación, desde sus respectivos lugares de origen.

Nayareth Quevedo, secretaria subregional de la ISP, dio inició al webinario recordando que, en esta pandemia, los funcionarios públicos de primera línea han debido enfrentarse a las consecuencias de décadas de falta de inversión en los servicios públicos y que muchas personas debieron pagar con sus vidas estas carencias.

“Durante demasiado tiempo los políticos han adherido a la creencia errónea de que los servicios públicos son ineficientes y que la inversión pública debe orientarse a reducir el riesgo para asegurar los beneficios al sector privado, en lugar de preocuparse de construir instituciones públicas fuertes”.

En el caso del Paraguay, la Constitución de 1992 lo define claramente como un “Estado social de derecho” (...). Es decir, la función del Estado es velar porque esos derechos se cumplan efectivamente

La pandemia -agregó- ha demostrado que formamos parte de un colectivo global, con necesidades y retos que no pueden abordarse en forma individual. “Ninguno de nosotros va a estar a salvo mientras todos estemos a salvo. Por ello, los servicios públicos de calidad, orientados a garantizar el bienestar de toda la comunidad, no pueden ser reemplazados. Hoy más que nunca, tenemos argumentos para defender su importante labor”, concluyó.

A continuación, la relatora María Fernanda Villegas comenzó la capacitación explicando algunos conceptos centrales respecto al rol del Estado, el financiamiento público y la justicia fiscal; los efectos de la corrupción, el clientelismo y el nepotismo en el Estado, los índices internacionales de transparencia y el rol de los trabajadores y el sindicalismo en los servicios públicos de calidad.

“El carácter o deber ser de un Estado normalmente está definido en la Constitución política de un país. En el caso del Paraguay, la Constitución de 1992 lo define claramente como un “Estado social de derecho”, cuyo objetivo es proteger, dar bienestar a la ciudadanía, hacer efectiva la garantía de derechos y promover la justicia social, la seguridad, educación o trabajo. Es decir, la función del Estado es velar porque esos derechos se cumplan efectivamente”, precisó.

Para que estos objetivos sean posible, el Estado debe contar con una cantidad de recursos o financiamiento, concepto que se conoce como “política fiscal”, e incluye ingresos y gastos.

Los ingresos se obtienen principalmente a través de los impuestos o lo que conocemos como el sistema tributario. En tanto, para hablar de los gastos del Estado se usa el concepto de política fiscal. “Los gastos, por supuesto, no pueden hacerse en cualquier ítem, sino en aquellos temas que han sido mandatados (establecidos). Teniendo en cuenta el carácter social del Estado paraguayo, definido en su Constitución, en términos de gasto, los temas sociales deben ser los primarios”, aclaró esta especialista.

Tipos de impuestos

Villegas -quien también es directora del Centro de estudios del Trabajo (CETRA)- señaló que al abordar el tema de las políticas públicas es esencial entender cómo funcionan los impuestos.

En esa línea precisó que, para recaudar recursos, los Estados pueden cobrar impuestos sobre la renta (ingreso o salario), sobre el capital (patrimonio o bienes) sobre el gasto, es decir, sobre lo que se consume (ejemplo, el IVA).

En tanto, de acuerdo a la tasa o el tipo de cobro, los impuestos pueden ser de dos tipos: proporcionales cuando se mantienen estables para todos, independiente de sus rentas; progresivos, cuando aumentan a medida que aumenta sus rentas.

“A primera vista, podríamos pensar que el IVA es un impuesto proporcional o regresivo, porque todos pagan lo mismo por el mismo bien. Sin embargo, para quien tiene muchos recursos, ese impuesto representa un porcentaje mucho menor de su renta o de su salario que para una persona más pobre, cuyo salario es mucho más bajo. Por lo tanto, no significa lo mismo para los dos”, indicó.

Por ello, añadió, “si bien el financiamiento del Estado proviene del esfuerzo de todos los ciudadanos en distintos niveles, estos van a ser más justos o menos justos dependiendo de la estructura tributaria de cada país. Mientras más progresivos sean los impuestos, más justo será el sistema, porque cobrará menos dinero a los que menos tienen”.

Obstáculos a la justifica fiscal

La justicia fiscal, entendida como aquella que permite que el gasto público se destine al bien común -y no al interés particular de unos pocos- puede verse afectada por diversos factores. Uno de ellos es la baja carga fiscal, fenómeno recurrente en varios países de América Latina y el Caribe. Los Estados de estos países recaudan, en promedio, un 20% de impuestos, muy por debajo de las naciones más desarrolladas, que graban por sobre el 35%.

“Esta es una explicación clara de por qué son países más desarrollados; porque decidieron invertir en lo colectivo, fortalecer sus Estados, tener servicios públicos de calidad, dar garantía de derechos de salud, seguridad y educación a toda su población”, apuntó María Fernanda Villegas.

Paraguay tiene una carga tributaria de apenas 14%, la más baja de Sudamérica. Adicionalmente, tiene una escasa capacidad de recaudación, asociada a prácticas como evasión, elusión y otros privilegios tributarios a sectores con poder, lo que redunda en una estructura tributaria injusta, con impuestos son regresivos, que afectan a los más pobres.

La explicación a esta injusticia fiscal también está vinculada a regímenes políticos dominados por sectores neoliberales que consideran que el Estado debe ser casi eliminado, dejándolo solo para algunas materias sociales, agrega la especialista.

Los “poderes fácticos” son otro elemento que juega en contra, según menciona Villegas: “son aquellos poderes que, sin tener cargo o título, pesan en las decisiones del país, impidiendo que haya justifica fiscal”. Asimismo, son perjudiciales: la debilidad o ausencia del poder de las organizaciones, del pueblo y de control social; las democracias débiles; la falta de libertad de expresión o prensa y la institucionalización de una cultura de corrupción, fenómeno lamentablemente muy presente en Paraguay, en sus diferentes formas.

Combate a la corrupción

La corrupción no solo tiene consecuencias económicas, sino también sociales y políticas. Fomenta la evasión fiscal, restringiendo los recursos de que dispone el Estado para sus fines; aumenta la pobreza, la vulnerabilidad y la incapacidad estatal para desarrollar políticas sociales, genera un retroceso en la garantía de derechos económicos, sociales y culturales y provoca desacreditación de los sistemas democráticos.

Para combatir la corrupción de los Estados, la transparencia y la probidad son elementos esenciales y, en ese contexto, los trabajadores de los servicios públicos tienen un rol fundamental, en primer lugar, comprometiéndose a contribuir con una oferta de servicios públicos eficientes, asequibles, bien organizados y para todas las comunidades. Para poder ofrecer servicios de mayor calidad, a su vez, es fundamental que los derechos de los trabajadores públicos también sean plenamente respetados, situación que será mucho más probable en el contexto de un Estado fuerte, con justicia fiscal, que promueva la transparencia de sus instituciones, que luche contra las privatizaciones y la corrupción.

En ese sentido, tanto trabajadores y trabajadoras, como los sindicatos tienen un papel crucial. Deben comprometerse a tener una conducta funcionaria intachable, a ser autónomos y no tener dependencias partidarias, a unirse para defender los servicios públicos y hacer alianzas con otros sindicatos o comunidades, pasando cada vez más a la acción.