Los principales contenidos abordados por la docente María Fernanda Villegas durante la jornada fueron: el diagnóstico del sector público en Paraguay, la Reforma al Estado, la propuesta gubernamental y los cuatro pilares de la respuesta sindical.

La secretaria subregional de la ISP para el Cono Sur, Nayareth Quevedo, inició la sesión afirmando que el debate sobre la transformación del Estado no emerge de la actual pandemia, sino que es una necesidad estratégica de cada país arrastrada de mucho antes y se relaciona con el modelo de desarrollo extractivista que se ha impulsado. Indicó también que para enfrentarlo se requiere más tiempo, “tanto para tomar buenas decisiones como para implementar los cambios”, y que, por lo tanto, reformar en este escenario coyuntural no es óptimo por el riesgo que significa. No obstante, debe hacerse con las y los trabajadores.

“Estamos conscientes como ISP de las debilidades que el sistema público tiene para cumplir a cabalidad su fin último de mejorar la vida del pueblo paraguayo. Sabemos también las dificultades de cobertura, acceso y de oportunidades. Creemos que esto es en gran parte por un déficit de profesionalización, por erradas directrices, débiles presupuestos a partir de una estructura fiscal inequitativa, es decir, que no recauda para que el Estado se robustezca y pueda invertir en servicios públicos de calidad”, continuó.

En ese sentido, Quevedo declaró que desde el año pasado con la ISP vienen apoyando los cuatro pilares levantados para lograr un Estado moderno que supere el subdesarrollo.

“Solo un estado fuerte, transparente, financiado, con poderes autónomos, con dotación de personal debidamente formado y con pleno respeto a sus derechos laborales, tanto individuales como colectivos, así como también la decisión real de alcanzar una administración pública que privilegie el cumplimiento de objetivos de la política social, superando prácticas de nepotismo y clientelismo, podría hacer a Paraguay avanzar en el sentido que deseamos: construir colectivamente una sociedad mucho más justa desde el punto de vista social, sustentada en una real y efectiva democracia”, finalizó la secretaria subregional.

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Antes de adentrarse al tópico del módulo, la docente María Fernanda Villegas, ex ministra de Desarrollo Social de la ex presidenta chilena Michelle Bachelet y directora del Centro de Estudios del Trabajo (CETRA) revisó la tarea pendiente de la clase anterior. Las y los estudiantes debían observar la realidad de sus espacios laborales, detectar si existían discriminaciones arbitrarias y/o vulneraciones a los derechos humanos, y proponer una posible solución para erradicar esas prácticas. Entre las respuestas entregadas por las y los jóvenes se evidenciaron discriminaciones directas e indirectas por género, edad, raza, nivel socio-económico y por situación de discapacidad.

Posterior a esto, Villegas inició con el primer contenido: el diagnóstico general de Paraguay. Señaló que su modelo de desarrollo es esencialmente de libre mercado y se caracteriza por un sistema productivo agroexportador y extractivista, por ende, estos negocios poseen la mayor parte de los recursos del país. Por consecuencia nacen los commodities, es decir, producciones a gran escala sin mucho o nulo valor agregado entregadas a otros para que las procesen, como la soja y el maíz transgénico.

Como expresó la directora del CETRA, el sistema productivo paraguayo arrastra problemas como la alta dependencia y vinculación al mercado externo y una alta tasa de flujos ilícitos por el déficit de soberanía y seguridad alimentaria, la informalidad laboral, la afectación de la pandemia al sector de servicios – que es el mayor aporte al PIB – y la reducción al 6% de la agricultura indígena y campesina de la superficie agrícola del país.

Paraguay ocupa el lugar 98 a nivel global en el Índice de Desarrollo Humano: la pobreza afecta al 26,1% de la población, el gasto del PIB en educación es del 4,3% y posee altas tasas de desnutrición y obesidad que evidencian mala alimentación. En esta línea y según la SEDECO, a la especulación de los precios de bienes de primera necesidad y alimentos de la canasta básica, se sumó la inflación de hasta un 50% por la situación pandemia. A esto se añaden las bajas cargas fiscales a los más ricos y por elusión, el cobro del IVA a los estratos sociales más bajos y la no recaudación de recursos para el Estado por no tener una estructura tributaria eficaz.

En consideración al empleo, la ex ministra enfatizó en que “la situación es dramática y genera un círculo vicioso que mantiene la pobreza y los estándares sociales”. Más del 70% de la fuerza laboral es informal, de modo que está marcada por la flexibilización laboral, la ausencia de seguridad social y la no garantía de derechos laborales. Conforme a la Dirección General de Empleo y Ministerio del Trabajo respectivamente, cerca de 1.500 personas han quedado desempleadas en este periodo de cuarentena y se acumulan denuncias por despidos injustificados. Asimismo, en el sector público se han reducido salarios y se ha perdido poder adquisitivo.

Sin embargo, la empleabilidad varía según sectores. En el público, las personas que están en edad para trabajar llegan a los 5 millones, pero solo están activas un 72,7% y casi todas se desenvuelve en lo informal. De hecho, de toda la población asalariada el 81,5% pertenece al sector privado, el empleo público no ha crecido significativamente y el Estado no ha generado más trabajos. Por estas razones, en general, los porcentajes de sindicalización son bajos: en el sector privado representa un 0,6% y en el público alcanza un 28%, según Ovando, siendo este el más organizado en el ambiente institucional del Paraguay. Más no es suficiente, pues no logra influir significativamente porque actúa de manera fragmentada.

“A esta radiografía hay que agregarle otros elementos”, prosiguió la docente. El contexto Covid aceleró la implementación de nuevas formas de laborar que incipientemente estaban apareciendo, como el trabajo de aplicaciones y el teletrabajo. Ambas impactaron en el pluriempleo y están en proceso de regulación para no fomentar la precarización laboral, ya que “llegaron para quedarse”.

Previo a la pandemia y con este escenario el gobierno busca reformar. Villegas explicó que una reforma es “la modificación de los elementos que identifican, caracterizan y materializan al Estado”, sin la necesidad de modificar la Constitución, para mejorar el cumplimiento de sus fines. Se produce a partir de cambios normativos al aparato central o a un sector específico y su implantación suele ser gradual. Según Koldo Echabarría, los tipos de reformas son del servicio civil, estructuras administrativas, procedimientos decisionales y de relaciones con los ciudadanos. Así, mencionó como en los últimos gobiernos se buscó reformar en dos oportunidades distintas, pero primeramente existió oposición del movimiento sindical del sector público y después del empresariado.

Hay que empezar a inmiscuirse en estas temáticas que los involucran para que, a partir de este conocimiento adquirido, empiecen a transformar la realidad que hoy los oprime

Luego, la directora del CETRA profundizó en el itinerario de la propuesta gubernamental. Analizó las medidas del gobierno desde que se confirmó el primer caso positivo de covid-19: los confinamientos y cierres de fronteras, la toma de deuda de 1.600 millones de dólares o Ley de Emergencia Económica por no tener fondos, la búsqueda de las élites por reformar el modelo estatal de empleador a regulador y garante, y de las organizaciones sociales y partidos progresistas por una reforma tributaria y aumento de la recaudación fiscal. El Ejecutivo convocó a autoridades de los tres poderes para impulsar la “reforma estructural del Estado paraguayo” para “optimizar la inversión pública, eliminar gastos superfluos y nivelar salarios del sector a la realidad”, según La Nación.

Para finalizar, la ex ministra expuso las líneas argumentativas, tanto de las autoridades del Poder Ejecutivo como de organizaciones sociales respectivamente, frente al proyecto de ley propuesto. Las primeras indican que se busca mejorar la carrera del servicio civil, mediante la meritocracia, el acceso a la función pública y promociones por concurso. Las segundas declaran que todo lo que señalan ya está previsto en la ley 1626/2000 actual, pero no se ejecuta correctamente, no se ofrece nada nuevo. De esta forma levantan los cuatro pilares: el pacto de justicia fiscal, la inversión pública sostenida y una gobernanza pública estratégica, una efectiva y real carrera y profesionalización de la función pública y un Estado capaz de garantizar un modelo de seguridad social eficiente y eficaz para todos y todas.

La secretaria subregional Nayareth Quevedo cerró diciendo que, después de esta jornada, el propósito es que “empiecen a inmiscuirse en estas temáticas que los involucran para que, a partir de este conocimiento adquirido, empiecen a transformar la realidad que hoy los oprime”.