En el Día Mundial del Refugiado, la ISP denuncia la multimillonaria industria penitenciaria privada para la cual la detención de migrantes ha surgido como una lucrativa nueva fuente de ingresos.

Con los niveles sin precedentes de desplazamiento forzado provocados por los conflictos, la violencia, la pobreza extrema y el cambio climático, las niñas y niños se encuentran entre la población más afectada.

De hecho, la mitad de los refugiados a nivel mundial son niñas y niños y jóvenes.

La situación de las niñas y niños detenidos en la frontera entre Estados Unidos y México es emblemática. En lugar de prestarles servicios públicos tales como asistencia sanitaria, servicios sociales y educación, las autoridades estadounidenses los han separado de sus familias y los han sometido a un trato inhumano.

Cifras Clave

50%

de los refugiados a nivel mundial son niñas y niños y jóvenes

10,500

niñas y niños sigan detenidos en los Estados Unidos

Es inaceptable que, mientras escribimos estas líneas, 10.500 niñas y niños sigan detenidos en centros de acogida en los Estados Unidos, separados de sus familias.

Ante esta situación inaceptable, el año pasado, la afiliada de la ISP, la Federación Estadounidense de Docentes (AFT por sus siglas en inglés), presentó una queja ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el Organismo Intergubernamental de las Naciones Unidas responsable de fortalecer la promoción y protección de los derechos humanos y de abordar las situaciones de violaciones de los derechos humanos en todo el mundo.

Y hace tan sólo una semana, junto con su sindicato hermano, la Internacional de la Educación (IE), la ISP y la AFT organizaron una manifestación durante la sesión del Consejo en la sede de las Naciones Unidas en Ginebra para amplificar las voces de estas niñas y niños y hacer un llamamiento a la acción urgente del Consejo. La denuncia está siendo examinada actualmente por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

Para empeorar aún más las cosas, las empresas con ánimo de lucro se están aprovechando de la miseria de las niñas y niños inmigrantes y de las familias detenidas. A estas empresas les interesa no sólo mantener detenidos a estas niñas y niños migrantes, sino también aumentar su número y así maximizar sus beneficios.

Muchas trabajadoras y trabajadores se sorprenderían al enterarse de que sus fondos de jubilación pueden estar siendo utilizados para financiar la detención de niñas y niños en la frontera entre Estados Unidos y México. Las investigaciones han demostrado que los fondos de pensiones de las trabajadores y trabajadores a menudo se invierten en las acciones de estas empresas, ya sea directamente o a través de fondos mancomunados.

No podemos permitir que esto ocurra.

Las trabajadoras y trabajadores deben exigir que estas inversiones se saquen a la luz para ponerles fin.

Hacemos un llamamiento a los sindicatos de todo el mundo para que se comprometan a desprenderse de estos fondos inmediatamente - por favor, firme la petición para acabar con las prisiones privadas.