El 10 de octubre se celebra en todo el mundo el Día Mundial de la Salud Mental, con el lema "Es hora de dar prioridad a la salud mental en el lugar de trabajo". Se trata de un acertado llamamiento a la acción con el que se identifican los 30 millones de mujeres y hombres trabajadores que la Internacional de Servicios Públicos (ISP) agrupa en todo el mundo. De hecho, es un punto que hemos planteado en repetidas ocasiones.

La salud mental es más que la ausencia de afecciones mentales.

Esto se debe a que la salud mental de estxs trabajadores, que nos prestan servicios públicos a todos, en todos los sectores, se ha visto gravemente socavada en las últimas décadas por el estrés laboral, los factores de riesgo psicosocial y el impacto de las políticas socioeconómicas neoliberales sobre nosotrxs como trabajadores. Precisamente por eso, dar prioridad a la salud mental en el lugar de trabajo debe tener en cuenta la necesidad de cambios fundamentales que antepongan a las personas a los lucros, tanto en el lugar de trabajo como en la sociedad en general.

Como destaca la Organización Mundial de la Salud en las directrices de la OMS sobre salud mental en el trabajo "La salud mental es algo más que la ausencia de afecciones mentales. Más bien, la salud mental es un estado de bienestar mental que permite a las personas hacer frente a las tensiones de la vida, desarrollar sus capacidades, aprender y trabajar bien, y contribuir a sus comunidades".

Resulta evidente que la creciente precariedad del trabajo, especialmente en los sectores públicos que solían presumir de seguridad laboral en muchos países, basta para socavar la salud mental y el bienestar de lxs trabajadores. Cuando esto interactúa con factores de riesgo y peligros psicosociales, se convierte en una situación explosiva que debe abordarse concretamente con un agudo sentido de la urgencia.

La Organización Mundial de la Salud también destaca el hecho de que la pandemia de COVID-19 puso de manifiesto, por un lado, el papel fundamental de lxs trabajadores de la salud y del cuidado en el "cuidado de la población mundial". Pero, por otro lado, a pesar de los aplausos, que al final suenan huecos, los responsables políticos y los empleadores "han fracasado en gran medida" en su "deber de cuidar a estxs trabajadores esenciales, en particular en lo que respecta a su salud mental y su bienestar".

Esta grave situación debe cambiar. Como trabajadorxs, no vamos a sentarnos simplemente a esperar que los gobiernos y los empresarios se den cuenta de su deber de diligencia. Tenemos que aportar nuestro poder combinado de análisis y lucha para lograr el cambio necesario. Por eso la ISP encargó el año pasado a su Unidad de Investigación Internacional de los Servicios Públicos (PSIRU), con sede en la Universidad de Greenwich, que realizara un estudio sobre la salud mental y el sector público de salud, con estudios de casos internacionales.

Sus conclusiones establecieron que:

"existe una relación entre el aumento de los problemas de salud mental y el estrés laboral en el personal de la salud a escala mundial y la imposición de políticas neoliberales, tal y como se observa a través de las reformas del sector público, la privatización, los recortes del gasto público y la escasa inversión en servicios públicos. Estas reformas conducen a reducciones de los salarios reales y al deterioro de las condiciones laborales, así como a problemas de contratación y retención de lxs trabajadores del sector público, que luego afectan a la calidad de los servicios públicos".

Los factores socioeconómicos subyacentes que minan la salud mental en el trabajo vacian igualmente de contenido la calidad de los servicios públicos a las comunidades a las que servimos. Por lo tanto, tenemos una causa común para unirnos y luchar por hacer retroceder la priorización de la riqueza sobre la salud que sustenta el régimen neoliberal en el lugar de trabajo y en la sociedad.

Llevando adelante la lucha por la priorización de la salud mental en el lugar de trabajo, la ISP seguirá desafiando el "consenso" neoliberal mundial y sus impulsores a escala internacional. A nivel nacional, apoyaremos a las afiliadas de la ISP para que tomen medidas en materia de salarios y seguridad laboral, dotación de personal seguro y eficaz para la salud y la atención, aumento de las plazas de formación y apoyo a lxs aprendices, legislación sobre salud y seguridad en el trabajo (SST), reglamentación y formación sobre riesgos psicosociales, y armonización de la legislación sobre SST.