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En Honduras, alcalde despide a 700 trabajadores municipales de residuos tras privatización del servicio público
Multinacional reclama exclusividad de contrato de limpieza de calles, recolección de los desechos sólidos, transporte y la disposición final en el relleno sanitario de San Pedro Sula, segunda ciudad en importancia del país. Entre los despedidos, hay muchos representantes sindicales.
Comms
El pasado 30 de abril, el actual alcalde de San Pedro Sula, Armando Caledonio, sin informar previamente al sindicato del municipio (SIDEYTMS), en forma sorpresiva e indolente, notificó el despido de más de 700 trabajadores y trabajadoras, de recolección de basura y limpieza de calles del municipio, con el objeto de dejar la exclusividad a la empresa Holding Eléctrica centroamericana, más conocida como SULAMBIENTE.
Los hechos se remontan a octubre del 2001, cuando el alcalde de la Ciudad de ese entonces, Oscar Kilgore, dejó sin efecto un polémico contrato de concesión privada, otorgado por su antecesor a la empresa - una sociedad mercantil, creada en ese mismo año, como un consorcio de empresas, siendo apoyado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Como una consecuencia de lo anterior, en el 2016, después de un largo litigio de más de 15 años, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) dejó en firme el contrato en favor de SULAMBIENTE, ordenando a ese municipio a pagar al demandante, alrededor de 7 millones de dólares en daños y perjuicios.
Es muy claro que este proceso de privatización se trajo abajo la remunicipalización de residuos sólidos del año 2003.
Todavía no reintegrados
Pese a las acciones sindicales y legales emprendidas contra estos despidos por el SIDEYTMS, así como las acciones de protesta efectuadas por otras organizaciones sindicales y populares de la ciudad, se mantienen aún estos despidos, cerrando la posibilidad de otras opciones laborales para estos trabajadores dentro del municipio.
La Secretaria General de la ISP, Rosa Pavanelli, expresó apoyo y solidaridad con la lucha de los trabajadores y su sindicato el SIDEYTMS, y señaló al presidente Ramiro Amaya, que la ISP visibilizará internacionalmente el caso, y exigirá que los derechos laborales y humanos de los trabajadores de residuos sólidos municipales sean resguardados por la Alcaldía y que sus derechos laborales en el marco de los convenios de la OIT sean respetados.
De igual manera, manifestó que se encaminará una acción en paralelo con la Confederación de Trabajadores Municipales de las Americas (CONTRAM) a fin de respaldar las denuncias hechas por el sindicato.
En 2017, en un Llamado a Autoridades Publicas, la Red de Trabajadores/as del Sector de Residuos de América Latina de la ISP reunida en Bogotá, Colombia, ya denunciaba las duras condiciones laborales y falta de derechos y trabajo digno en el sector de recolección y manejo de residuos sólidos municipales en la región, y llamaba a los alcaldes a reconocer y corresponder integralmente sus derechos, garantizar su salud y seguridad y a “promover el paradigma de recolección y manejo de residuos como un servicio público local esencial para todos, no como una oportunidad de negocio e ingreso para unos”.
Cronología
- Todo se inicia el 23 de mayo del año 2001, cuando al alcalde de la Municipalidad de San Pedro Sula (2da. Ciudad en importancia de Honduras) faltándole 8 meses para terminar su mandato, decide privatizar el manejo de cerca de 1000 toneladas diarias de desechos sólidos a la empresa SULAMBIENTE.
- El 27 de febrero del 2003, por presiones del sindicato y de otras organizaciones de la sociedad civil de la ciudad, la Corporación Municipal decide por unanimidad anular el acuerdo que otorgo la licitación del concesionamiento de los desechos sólidos a dicha empresa.
- En el mes de enero del 2004, SULAMBIENTE, demandó judicialmente con reclamación de daños y perjuicios ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de San Pedro Sula, reclamando lo siguiente:
- Que se anule el acto administrativo de fecha 27 de febrero del año 2003, según el acta N°32 punto N°2 donde esa corporación municipal acuerda declarar fracasada la licitación adjudicada en el 2001. Así mismo,
- Al pago de daños y perjurios por la cantidad de US$ 6,682,919.00, por daño y perjuicios, además de la compra de equipo.
- En enero del 2005, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de la ciudad de San Pedro Sula, emitió una sentencia donde se condena a la Municipalidad de San Pedro Sula a pagar una indemnización de 8,2 millones de dólares a esa empresa, así como anular el acto administrativo contra SULAMBIENTE, en el cual se había declarado fracasado el proceso licitatorio en septiembre del año 2001.
- Confirmada la sentencia, los concejales aprobaron una moción el 19 de abril del año 2005, en la cual autorizaron al alcalde de entonces (Oscar Kilgore) a iniciar pláticas para resolver el conflicto por medio de una conciliación.
- Dado que las pláticas no llegaron a un feliz término, el Congreso Nacional aprobó un nuevo contrato suscrito entre la Municipalidad de San Pedro Sula y la sociedad y SULAMBIENTE.
- Bajo un nuevo acuerdo municipal, el 22 de octubre del 2014, se adjudicó nuevamente un millonario contrato a SULAMBIENTE por un período de 15 años, previo el cumplimiento de una licitación internacional.
- A inicios del 2015, un grupo de organizaciones sociales y sindicales con apoyo de la ISP, emprendieron una fuerte campaña en contra esta decisión.
- Como una consecuencia de lo anterior, el 30 de abril del 2018 en forma sorpresiva y sin ninguna notificación previa al sindicato (SIDEYTMS), el municipio procedió con el despido de 700 trabajadores/as de la Unidad de Desechos Sólidos.
- Entre los 700 despidos, había directivos del sindicato que pertenecían a esa unidad.
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