En cuatro meses, seis dirigentes sindicales fueron asesinados en Guatemala

Los asesinatos y la persecución en contra de sindicalistas se han incrementado desde que el actual presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei Falla, asumió el cargo, en enero de este año. Cuatro de los muertos eran miembros de organizaciones afiliadas a la ISP.

Seis dirigentes sindicales fueron asesinados entre los días 2 de febrero y 2 de junio de 2020 en Guatemala, cuatro de ellos miembros de organizaciones afiliadas a la Internacional de Servicios Públicos (ISP). Además, hubo un intento de asesinato contra otro dirigente más, también de una afiliada a la ISP. Todo ello ocurre en medio a una serie de amenazas y persecuciones a sindicalistas.

Estos hechos coinciden con la llegada a la Presidencia de Guatemala de Alejandro Giammattei Falla, el 14 de enero, electo con el apoyo del empresariado guatemalteco aglutinado en el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif) y por miembros en activo y retiro del Ejército de ese país.

“Los recientes asesinatos y persecuciones a dirigentes sindicales demuestran que existe en Guatemala todo un sistema de combate y aniquilamiento del movimiento sindical. Tal vez suena a historia antigua, pero los asesinatos y atentados contra la vida, oponiéndose a todo tipo de organización sindical y negociación colectiva siguen vigentes, hoy más que nunca. Los asesinatos y atentados, como decimos, sólo son la punta del iceberg. ¿Qué más podrá suceder y que no somos capaces de documentar?”, dice Arturo Ruíz, representante de la ISP en Guatemala.

Según Axel Cirín Fajardo, coordinador de las afiliadas de la ISP en el país centroamericano, los dirigentes asesinados – cinco de ellos, trabajadores públicos – no eran miembros de cualquier organización, “sino de organizaciones sindicales con fortalecimiento estructural y organizacional, que han dado batalla interna y legal a las injusticias cometidas por las autoridades de las respectivas instituciones de cuyos trabajadores representan”.

Para Fajardo, quien además es secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Universidad de San Carlos de Guatemala (STUSC), los débiles esfuerzos del Estado guatemalteco para esclarecer estos hechos, “a todas luces premeditados”, dejan un mensaje claro del peligro que es ser dirigente sindical. “Guatemala ha sido y es un país donde ser dirigente sindical es casi buscar la muerte.”

Seis asesinatos y un intento
  • Pedro Rogelio Morales Gramajo, 2 de febrero. Miembro del Consejo Consultivo del Sindicato General de Empleados del Ministerio de Trabajo y Previsión Social (SIGEMITRAB), quién a la vez era delegado departamental. Hecho ocurrido en el Departamento de Retalhuleu, al sur del país. por personas desconocidas.

  • Gerson Hedelman Ortiz Amaya, principios de febrero. Miembro del Sindicato de Trabajadores del Instituto de Fomento Municipal (SITRAINFOM), organización afiliada a la ISP. Trabajador de área de servicios generales del Instituto de Fomento Municipal.

  • José Miguel Florián Alay (El Paisa), 4 de marzo. Miembro y activista por más de 30 años del Sindicato de Trabajadores de la Universidad de San Carlos de Guatemala (STUSC), organización afiliada a la ISP. Trabajador del Departamento de Deportes del Club Deportivo “Los Arcos”. Asesinato ocurrido en la zona 12 de la Ciudad de Guatemala, mientras se dirigía a su sede de trabajo en horas de la mañana.

  • Héctor David Xoy Ajualip, 6 de abril. Miembro del Sindicato de Trabajadores de Servicios GFLG y Compañía Limitada (SITRAGFLG), trabajador de la empresa transnacional Pepsico. Asesinato ocurrido el 6 de abril, a inmediaciones de la carretera a los Ocotes de la zona 25 de la Ciudad de Guatemala.

  • Julio César Zamora Álvarez, 19 de abril. Secretario general del Sindicato de Trabajadores Unidos Portuarios de Puerto Quetzal y miembro de la Federación Nacional de Sindicatos de Trabajadores del Transporte de Guatemala (FETRANSGUA), organización afiliada a la ISP. Dos personas desconocidas se conducían en una motocicleta, se le acercaron y le dispararon en repetidas ocasiones en el barrio El Peñate, Puerto de San José, Departamento de Escuintla.

  • Jorge Palacios Reyes, 7 de mayo. Dirigente sindical en la secretaria de Finanzas de la filial del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud de Guatemala (SNTSG), dirigente del Frente Nacional de Lucha por la Defensa de los Servicios Públicos y Recursos Naturales (FNL), afiliados a la ISP. Trabajador en el Hospital de Cuilapa, del Departamento de Santa Rosa. Hecho ocurrido mientras se dirigía a su trabajo.

  • José Guadalupe Hernández y Hernández, 2 de junio. Miembro del Sindicato de Trabajadores del Organismo Legislativo (STOL), afiliado a la ISP. Personas en una moto le siguieron, se le acercaron al vehículo que él conducía y le dispararon a pocas cuadras del Congreso de la República de Guatemala, adonde había ido para intentar su reinstalación al puesto tras haber sido demitido en marzo.

Contexto de violencia antisindical

Arturo Ruíz explica que además de la violencia física en contra de dirigentes sindicales, la persecución al movimiento sindical se ha incrementado aún más bajo la administración del nuevo presidente. Un ejemplo de eso, dice el representante de la ISP en Guatemala, fue el comunicado del Cacif emitido el 6 de abril, en el que esta entidad se oponía a que el Congreso guatemalteco asignara recursos para el cumplimiento de pactos colectivos de condiciones de trabajo.

Otro ejemplo vino desde el mismo gobierno que, tomando como pretexto la pandemia, propuso que los fondos del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) fueran utilizados para pagar los salarios de los trabajadores que estaban prestando sus servicios al sector privado.

“Motivo por el cual las afiliadas a la ISP, en medio de la pandemia, se vieron obligadas a actuar para hacer sentir su malestar e inconformidad ante tal propuesta sin sentido realizada por el presidente Giammattei, ya que de ejecutarse esta solicitud el sistema de seguridad social en Guatemala corría el riesgo de quebrar de manera financiera, dejando sin protección a los programas de vejez, invalidez y sobrevivencia y al mismo sistema de salud del seguro social. Esto en medio de un estado de calamidad imperante desde marzo y que no permite manifestaciones ni otro tipo de reuniones en el marco de defensa de los derechos de los trabajadores”, señala Ruíz.

La secretaria general del STOL Xiomara Conde Pacheco
La secretaria general del STOL Xiomara Conde Pacheco

Finalmente, como tercer ejemplo de la persecución a líderes sindicales en los últimos meses en el país centroamericano, la Junta Directiva del Congreso de la República dio inicio en abril a dos procesos disciplinarios en contra de dirigentes del Sindicato de Trabajadores del Organismo Legislativo (STOL), sancionando a Ronald Mendoza, secretario de Cultura y Deportes de esta organización a 20 días sin goce de salario e iniciando un proceso de destitución en contra de la secretaria general Xiomara Conde Pacheco.

Tanto Pacheco como el Comité Ejecutivo de STOL han venido denunciando la mala administración y gestión de la misma Junta Directiva y manifestando su oposición a la propuesta del presidente Giammattei de utilizar los recursos del IGSS para que los empresarios privados puedan pagar a sus trabajadores. Durante el mes de marzo, además, el STOL manifestó su descontento con el riesgo de que a finales de ese mismo mes varios contratos de trabajadores quedaran sin efecto. Esto implicaría que miembros de este sindicato fueran despedidos, como de hecho ocurrió, lo que significó un irrespeto de las leyes laborales y la violación al Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo.

El 2 de abril el Comité Ejecutivo dio una conferencia de prensa denunciando tales hechos, pero previo a ese acto hubo un forcejeo con la seguridad del Congreso, que se oponía a que trabajadores que habían sido despedidos acompañaran la actividad. Bajo este pretexto, la Junta Directiva del Congreso inició los procesos disciplinarios mencionados.

“Esta actitud del patrono, a todas luces mal intencionada e ilegal, demuestra que el objetivo de las autoridades es desgastar y reducir el desarrollo de nuestra organización sindical que en los últimos dos años ha reportado crecimiento en su conformación. Los dirigentes del STOL se han manifestado preocupados tanto por su estabilidad laboral como por su integridad física y emocional, ya que las represalias emprendidas son consecuencia de constantes y contundentes denuncias, que han sido emitidas de manera pública y abierta tanto en su calidad de sindicato, como de miembro activo de la ISP”, dice la secretaria general del STOL, quien actualmente también ocupa la Sub Coordinación Nacional de la ISP Guatemala y la Secretaría de Finanzas de la Confederación de Trabajadores Legislativos de América Latina y el Caribe (CONTLAC).

Asesinato de un miembro del STOL

En este contexto el 2 de junio ocurrió el asesinato de José Guadalupe Hernández y Hernández, miembro del STOL que fue uno de los que tuvieron rescindido el contrato de trabajo en el Congreso. En ese día, él se dirigió a esta casa legislativa para intentar una reunión con algún integrante de la Junta Directiva. Al no ser atendido, fue a la oficina del sindicato para pedir asesoría, ocasión en la que se manifestó la necesidad de iniciar un proceso de reinstalación en el cargo por la vía judicial. Poco tiempo después de salir del Congreso, a pocas cuadras de distancia personas en una moto le siguieron, se le acercaron al vehículo que él conducía y le dispararon hasta dejarlo sin vida.

Ante los sucesos relacionados al STOL, el 30 de junio la secretaria general de la ISP Rosa Pavanelli envió una carta a Allan Estuardo Rodríguez Reyes, presidente de la Comisión Permanente del Congreso de la República de Guatemala, en la que expresa la preocupación de la ISP “al observar que en su país nuevamente se está socavando el ejercicio de la libertad sindical y la negociación colectiva y los derechos humanos en general que envuelve también a trabajadores y trabajadoras públicos y privados, y para el caso que nos referiremos, ahora a dirigentes y trabajadores del Organismo Legislativo de Guatemala.”

Carta de la ISP al Congreso de Guatemala

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"Quiero igualmente expresarle nuestra preocupación al observar que en su país nuevamente se está socavando el ejercicio de la libertad sindical y la negociación colectiva y los derechos humanos en general que envuelve también a trabajadores y trabajadoras públicos y privados, y para el caso que nos referiremos, ahora a dirigentes y trabajadores del Organismo Legislativo de Guatemala"