"Lastimosamente, si esta medida no se revierte, el escenario que se vislumbra para las próximas dos décadas es desastroso: se instalará el caos en los sistemas públicos de salud y educación, a la vez que aumentará la privatización del sector", dice Jocelio Drummond, de la ISP. Protestas contra la medida fueron duramente reprimidas.

El Senado brasileño aprobó el martes, 13 de diciembre, la Propuesta de Enmienda a la Constitución que congela el presupuesto público del gobierno nacional, incluyendo de los sectores de salud y educación, por los próximos 20 años. La PEC 55, como es conocida, recibió el voto favorable de 53 senadores, mientras 16 votaron en contra. En votación de primer turno, la propuesta había recibido 61 votos a favor y 14 en contra.

La medida determina que el aumento del gasto público anual estará limitado a la tasa de inflación del año anterior. Es decir, dicho gasto no se incrementará en valores reales, y, considerándose el crecimiento poblacional en el mismo período, en realidad la PEC significará recortes en inversiones sociales, una vez que habrá un mayor número de personas dependiendo de los servicios públicos.

“La PEC 55 es el más grave retroceso en términos de derechos sociales desde la promulgación de la Constitución de 1988, documento que garantiza el derecho a la salud y a la educación, entre otros, como fundamentales. Lastimosamente, si esta medida no se revierte, el escenario que se vislumbra para las próximas dos décadas es desastroso: se instalará el caos en los sistemas públicos de salud y educación, a la vez que aumentará la privatización del sector. Los más perjudicados serán los más pobres, que no tendrán condiciones de pagar por estos servicios en el ámbito privado y no tendrán a su disposición atención pública de calidad”, lamenta Jocelio Drummond, secretario regional para Interaméricas de la Internacional de Servicios Públicos (ISP).

En declaración reciente a la prensa, el senador Paulo Paim, del PT, partido de la presidenta destituida Dilma Rousseff, llamo la atención para el hecho de que la ONU estima un aumento de 21 millones de personas en la población brasileña entre 2015 y 2030. 

“Si se limitan los gastos públicos en los próximos 20 años, hasta 2036, ¿cómo podrá darse a la población más educación y más salud con menos recursos? ¿Si no habrá inversiones del Estado, cómo se podrán generar más empleos?”, dijo.

El salario mínimo, cuyo aumento real fue uno de los instrumentos utilizados por los gobiernos Lula y Dilma para hacer crecer la renta de los trabajadores, tampoco podrá tener aumento real, sino solamente de acuerdo con la inflación del período anterior. 

La nueva medida comenzará a aplicarse a partir de 2017, con la excepción de las áreas de salud y educación, cuyos cambios valen a partir de 2018. Ese techo solo podrá ser revisado después de diez años. 

La propuesta de enmienda a la Constitución fue aprobada solamente 8 días después que el gobierno de Michel Temer presentó su propuesta de reforma del sistema de jubilaciones, que recibe duras críticas por castigar a los sectores más pobres de la población. La PEC 55 ha sido igualmente rechazada por movimientos sociales, organizaciones sindicales y muchos otros sectores de la sociedad. Según encuesta divulgada el 11 de diciembre, 60 por ciento de los brasileños son contrarios a la medida. 

En el mismo día de la aprobación de la enmienda en el Senado, protestas ocurrieron en diversas ciudades de Brasil. En São Paulo, el edificio de la Federación de las Industrias del Estado de São Paulo (Fiesp), una de las principales impulsoras de la destitución de Dilma Rousseff, tuvo parte de sus vidrios rompidos. En la capital Brasília, la Policía Militar reprimió duramente los manifestantes; más de 70 fueron detenidos. Una fuerte represión, con heridos y detenidos, ya había ocurrido el 29 de noviembre en la misma ciudad.

La Asociación Brasileña de Salud Colectiva (Abrasco) divulgó en octubre una carta abierta contra la enmienda, advirtiendo que el Sistema Único de Salud brasileño “necesita avanzar, no ser recortado y reducido”. Por todo el país, estudiantes realizan ocupaciones en escuelas públicas contra la medida. 

También en octubre, un grupo de economistas brasileños lanzaron el estudio “Austeridad y retroceso”, en el que cuestionan los argumentos favorables a la PEC 55. De acuerdo con el documento, la enmienda no propiciará crecimiento económico, afectará programas sociales que benefician a los sectores más vulnerables de la población, agravará la crisis económica, debilitará el mercado interno, no va a equilibrar las cuentas y tendrá como consecuencia el desmonte del Estado brasileño. 

El 9 de diciembre, Philip Alston, relator especial de la ONU para la extrema pobreza y los derechos humanos, difundió un comunicado en el que hace un alerta sobre la PEC 55:

“Una cosa es cierta. Es completamente inadecuado congelar solamente el gasto social y atar las manos de todos los siguientes gobiernos por dos décadas. Si se adopta esta enmienda, el Brasil se ubicará en una categoría única en términos de retroceso social”

Para Jocelio Drummond, de la ISP, tanto la aprobación de la PEC 55 como la propuesta de reforma del sistema de jubilaciones están inseridas en el contexto de la destitución de la presidenta Dilma Rousseff, en agosto de 2016: 

“No es una casualidad el hecho de que un gobierno no electo – que ascendió al poder tras un proceso ilegítimo de destitución de la anterior presidenta, y cuyo gabinete está compuesto en su totalidad por hombres blancos – ha adoptado una plataforma de medidas que seguramente no recibiría el endoso de la población brasileña en la urnas. 

Si bien la mandataria elegida Dilma Rousseff venía implementando medidas criticadas por sectores progresistas, en términos de política económica y retirada de derechos, el golpe institucional en su contra abrió paso para la aplicación radical de la retirada de derechos constitucionales y la adopción de un duro ajuste fiscal que castigará a los más pobres y beneficiará al sistema financiero. Esta recepta ya se adoptó en los años 1990 y fue desastrosa para los brasileños y brasileñas, que sufrieron con el desempleo, la pérdida del poder de compra y la baja calidad de los servicios públicos.”