Un tratado que existe hace casi 30 años y que busca fundamentalmente la protección para las inversiones extranjeras de corporaciones energéticas pasa actualmente por un proceso de “modernización” y expansión. Pero un acuerdo que ya nació nocivo en su esencia no se puede arreglar sino para favorecer aún más los intereses corporativos. Esta es la visión de innúmeras organizaciones de la sociedad civil a nivel global, entre ellas la Internacional de Servicios Públicos (ISP).

El Tratado de la Carta de la Energía (TCE) incluye 53 países de Europa Occidental y Oriental, Asia Central y Occidental y Japón, Jordania y Yemen, así como a la Unión Europea (EU) y la Comunidad Europea de la Energía Atómica (Euratom). En su objetivo de expansión, busca ampliar su alcance geográfico a África, Asia y América Latina. En esta última región, al menos Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala, Guyana y Panamá ya iniciaron el proceso de adhesión o manifestaron interés en hacerlo.

“Es increíble que varios países de América Latina estén debatiendo la adhesión a un tratado de los años 1990. A un tratado de la peor calidad, que solamente promueve la privatización del sector energético y los consecuentes aumento de las tarifas y reducción de la universalización del suministro de energía. A un tratado que favorece al enriquecimiento de las empresas transnacionales contra los intereses de la población”, afirma Jocelio Drummond, secretario regional de la ISP para las Américas.

“Es inaceptable que ese tipo de negociación se lleve a cabo en total secretismo, sin la participación popular, sin que haya debate con los trabajadores y trabajadoras, con los gobiernos locales y municipales, con los medios académicos, con nadie. Es una adhesión pura y simplemente a los intereses de las transnacionales. No podemos estar de acuerdo con eso y debemos unir fuerzas en la lucha contra el TCE”, él añade.

Entre sus normas está la que permite que, a través del mecanismo de arbitraje de diferencias estado-inversor (ISDS), las empresas de combustibles fósiles demanden en tribunales privados internacionales a los países signatarios que adopten cualquier acción que perjudique sus ganancias, como políticas de mitigación del cambio climático y en favor de la universalización del suministro de electricidad. Así, los gobiernos pueden ser obligados a pagar sumas elevadas en indemnizaciones. Debido a que protege las inversiones como las minas de carbón, los yacimientos petrolíferos y los gasoductos, el TCE es considerado un fuerte obstáculo al Acuerdo de París, el tratado en el ámbito de las Naciones Unidas que visa a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.

Por esta razón, la misma Comisión Europea ha dicho que el Tratado es “anticuado” y “ya no es sostenible”. Frente a las muchas críticas, los Estados miembros del TCE aprobaron en noviembre de 2018 una lista de temas para “modernizar” el tratado, pese a que varios entre ellos cuestionan la necesidad de un cambio y hay fuertes intereses por el mantenimiento de los privilegios a las corporaciones energéticas.

En el contexto de esta disputa se lanza la guía “Claves para derribar los mitos en torno al Tratado sobre la Carta de la Energía”, elaborada por PowerShift, Corporate Europe Observatory (CEO) y el Transnational Institute (TNI) y co publicada por varias organizaciones sociales y de la sociedad civil, entre ellas la Internacional de Servicios Públicos. La publicación pretende ayudar a activistas, personas interesadas, periodistas y responsables políticos a hacer frente a la propaganda a favor del TCE al identificar a los defensores del tratado y 18 de sus argumentos, y ofrecer pruebas para refutarlos, fundadas en investigaciones exhaustivas.

En una de sus secciones, la guía lista “seis motivos para retirarse del TCE o nunca adherirse a él”:

Motivo 1: El TCE es el acuerdo de inversión más peligroso del mundo.

El arbitraje entre inversor y Estado en virtud del TCE no es un sistema justo o independiente para solucionar diferencias entre Estados e inversores. Ningún acuerdo del mundo ha provocado más demandas de inversores contra Estados que el TCE. Hasta ahora se han registrado 134 casos en virtud del ISDS y siguen aumentando. En las demandas del TCE, tribunales integrados por tres abogados particulares pueden obligar a Gobiernos a pagar miles de millones en dinero de los contribuyentes para indemnizar a las corporaciones por supuestas “ganancias futuras”, entre otras causales.

Motivo 2: El TCE socava la democracia y podría impedir la acción por el clima.

Es un instrumento para presionar a los responsables de la adopción de decisiones y para hacer que los Gobiernos paguen cuando intentan revertir la crisis climática mundial y proteger los intereses públicos. Es una amenaza específica a una transición que se necesita urgentemente para abandonar los combustibles fósiles y que requiere reglamentaciones ambiciosas que limitarán inevitablemente las ganancias de algunas de las principales empresas de gas, petróleo y carbón. El TCE ya se ha utilizado para atacar prohibiciones a proyectos de combustibles fósiles, restricciones ambientales a plantas termoeléctricas y la eliminación progresiva del carbón.

Motivo 3: El TCE limita la soberanía y el espacio de políticas para regular teniendo en cuenta el interés público, incluido para brindar energía a precios asequibles.

El TCE puede utilizarse para impedir todo tipo de regulación sobre inversiones en energía, incluidos los impuestos. También puede utilizarse para consolidar privatizaciones que fracasaron en el sector de la energía y obstaculizar intentos de regular los precios de la electricidad para que sea más asequible para todas las personas.

Motivo 4: Los privilegios que el TCE reserva a los inversores no aportan los beneficios económicos que se les atribuyen.

A día de hoy, no hay ninguna prueba de que el acuerdo ayude a reducir la pobreza energética ni facilite la inversión extranjera directa, y mucho menos en energías renovables.

Motivo 5: La modernización del TCE no resolverá sus defectos.

La modernización del TCE es un intento de relegitimar un tratado anticuado, peligroso y cada vez más controvertido. Incluso si los Gobiernos se ponen de acuerdo en modernizar el TCE, las propuestas que están actualmente sobre la mesa no lograrán adaptar al nuevo TCE al Acuerdo de París y obstaculizarán los esfuerzos de lograr un Pacto Verde Europeo.

Motivo 6: El TCE deja a los países atrapados por decenios.

Cuando un país se adhiere al TCE, queda atrapado en el tratado durante al menos 26 años, incluso si Gobiernos sucesivos deseen abandonarlo. Si bien los Gobiernos pueden retirarse del TCE cinco años después de haberse adherido, y su retirada entra en vigor un año más tarde, puede seguir siendo objeto de demandas durante 20 años más con respecto a inversiones efectuadas con anterioridad.