La Secretaria Subregional de la ISP para el Cono Sur, Nayareth Quevedo, introdujo la jornada evidenciando las nuevas modalidades de trabajo generadas por la pandemia, como el teletrabajo, trabajo remoto o semi-presencial, y sus repercusiones para las y los trabajadores del sector público y privado. Entre estas, mencionó los problemas de acceso a tecnologías, falta de espacio en los hogares, la compatibilización de responsabilidades familiares, así como dilemas de salud y seguridad.

Sin embargo, y pese a las dificultades por el cambio abrupto y no planificado, “todo lo que tiene que ver con el teletrabajo y la digitalización no es algo nuevo en el empleo público, al contrario, se viene implementando hace ya un par de años en el mundo”, y avizora mejorar y crear condiciones de trabajo decentes junto con la incrementación de la calidad y la eficiencia de los servicios públicos.

Según Quevedo, la implementación de la inteligencia artificial y digitalización podrá tener consecuencias negativas o positivas dependiendo de cómo los gobiernos aborden el proceso. Si dirigen el proceso, definen normas y límites, y aplican procedimientos de control que mejoren las condiciones laborales del sector público para así prestar más atención y accesibilidad a los y los usuarios será positivo. Pero si conciben la digitalización como una forma de reducir costos, externalizar funciones, no establecen regulaciones y abdican aún mas de sus responsabilidades y poder será negativo, tal y como se ha visto en América Latina y el mundo.

En ese sentido, apoyar o rechazar irrestrictamente el avance de estas tecnologías y formas de organización no aborda el problema de fondo, pues para la ISP se relaciona con las condiciones laborales de un sector desbordado por la sobrecarga de trabajo, la falta de capacitación y la ausencia de legislación que regule o norme esta nueva modalidad acelerada por el COVID y que ha afectado tanto a los y las jóvenes como a mujeres.

Respecto a la labor sindical, la Secretaria Subregional declaró que “a menudo los sindicatos tienen dificultades para adaptarse a la transformación del trabajo e impedir la disparidad creciente entre el empleo tradicional decente y las nuevas formas de trabajo que se transforman en nuevas formas de explotación”. Por esto, extendió la invitación a empoderarse en estos procesos de cambio para así “examinar las formas que está adoptando la digitalización en América Latina en términos de prestación y acceso”, derechos y condiciones laborales, acción sindical y consideraciones reglamentarias.

La docente María Fernanda Villegas, directora del Centro de Estudios del Trabajo (CETRA) y ex ministra de Desarrollo Social de la ex presidenta chilena Michelle Bachelet continuó con un método inductivo: dividió al curso en tres grupos para que pensaran en su realidad individual, como servicio público y país, y en los cambios de estos últimos tres años respecto a digitalización y tecnología. Como síntesis, todos afirmaron que sí se han implementado avances, sobre todo por la pandemia, pero con falencias y que existe temor a ser reemplazados/as por maquinas.

Posterior a la actividad, la directora del CETRA ahondó en la historia de la humanidad, clasificando cuatro Revoluciones Industriales en el desarrollo, caracterizadas por la mecanización, electricidad, industria informática e inteligencia artificial respectivamente. Estos procesos trajeron connotaciones importantes, ya que generaron el ocaso del modelo burocrático: las sociedades cambiaron de la uniformidad a la diversidad en todo aspecto, se acrecentó el grado de consciencia en base a los derechos humanos y así las exigencias al Estado, la relación estatal y mercantil, y se abandonó el modelo weberiano en los Estados.

En esta línea, Villegas explicó que están naciendo Escuelas Post-burocráticas orientadas a la creación de gobiernos abiertos que incorporan tecnologías y estándares internacionales de gestión para asegurar conceptos como la transparencia, participación y colaboración, y la creación de sistemas informáticos.

Por eso, para la ex ministra era importante asimilar dos conceptos: la Inteligencia Artificial y la Gig Economy. La primera se refiere a sistemas o máquinas que imitan la inteligencia humana para realizar tareas y que, a través de entrenamiento y de la información que recogen, tienen la capacidad de mejorar sus softwares. La segunda corresponde a una actividad económica que involucra transacciones en línea, funciona en base a las calificaciones que le dan e interviene nichos nuevos, abandonados, caros o de mala calidad, como al Estado y/o a los servicios públicos.

Como expuso la docente, esta disrupción tecnológica produce disrupción laboral. Mientras la Inteligencia Artificial avanza acelerada por el Covid, las y los trabajadores temen por el desfase con sus capacidades funcionarias, las instituciones internacionales solo prestan ayuda si los países se enmarcan en los procesos de implantación de este tipo, la ciudadanía critica el rol de las y los funcionarios públicos y la administración estatal usa políticamente esa imagen para tapar la corrupción, clientelismo político y otras prácticas que debilitan el presupuesto y aumentan la carga fiscal al sector público.

Villegas aclaró que existen tres fases en los cambios a este sector. La primera fase corresponde a avances asimétricos de la automatización, en la segunda la ciudadanía se adapta a las nuevas tecnologías y deja obsoleta otras, y la última es un servicio público totalmente nuevo.

El proceso paraguayo muestra un salto veloz respecto al Índice de Desarrollo de Gobierno Electrónico (EGDI) de UN, 2020, ya que pasó del puesto 114 al 93 de 193. En un rango de ocho años ha implementado distintas leyes, ministerios y aplicaciones que aportan a la digitalización. Como evidenció la ex ministra, esta estrategia fue respaldada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y apuntó a la conectividad, gobierno digital y economía digital. Esto también hizo crecer otros fenómenos asociados como la bancarización, la utilización de redes sociales y la relación privado-público.

Dentro de estas nuevas leyes, el 1 de junio empezó a regir la ley del teletrabajo. Esta establece un diálogo tripartito entre sindicato, Estado y empresa, que deben existir los mismos derechos laborales que presencialmente, como sindicales y en maternidad, además del de desconexión. No obstante, también existen cuestionamientos y dificultades a todo este acelerado proceso de implantación de nuevas tecnologías y digitalización. El sector privado planteó que la ley de teletrabajo establece fiscalización del empleador al trabajador en el lugar que declare como habitación y que hay problemas para acceder a internet. El mundo sindical y de derechos humanos indicó que el derecho a desconexión presenta fallas, que hay brechas digitales y de género, lo que genera nuevas formas de esclavitud para las mujeres que concilian trabajo laboral y familiar.

La directora del CETRA expresó que las y los jóvenes deben diagnosticar su propia realidad en los sindicatos, tal y como lo hicieron en la actividad del inicio. Para eso, deben visualizar escenarios, bregar la existencia de perfiles de cargos definidos, proteger a los que tienen menos capacidad de adaptación, promover el cierre de brechas de género, territoriales u otras, incorporar barreras a la obsolescencia de las personas, ampliar los campos de la negociación y adaptar los sindicatos para albergar a distintos tipos de trabajadores/as. Y, si tienen un diagnóstico oportuno, podrán ampliar el espacio de negociación, de reconversión y/o intervención.

“No pueden cerrar los ojos a una realidad que viene, que tendrá externalidades positivas para las y los ciudadanos pero que, si no se hace bien, si como sindicato no están donde deben estar, se van a quemar en su sopa. La invitación es a no temerle al futuro, pero si a tener más capacidad de control partiendo por tener claro lo que está pasando, el diagnóstico. Fortalezcan la organización sindical para mirar a futuro”, cerró la ex ministra.

A la invitación de Villegas, sumó otra la Secretaria Subregional Nayareth Quevedo. “Como noticia, a partir del mes de agosto, la ISP llevará a cabo el proyecto Forsa, que se va a implementar a nivel de América Latina y que justamente va a hablar de las nuevas formas de trabajo en el empleo público, pero con perspectiva de juventud: será implementado y trabajado desde los propios comités de jóvenes. Por lo tanto, reúnanse con sus coordinadores, entusiásmense en estos proyectos que hablan de la introducción de estas nuevas tecnologías que, por cierto, esperamos que fortalezcan los Servicios Públicos con la promesa de mejorar las condiciones laborales. Eso no se puede hacer si los sindicatos están al margen”, finalizó.