Con una potente afirmación política y programática, el movimiento sindical de las Américas concluyó en Montevideo la Reunión Preparatoria de cara a la 113ª Conferencia Internacional del Trabajo (CIT), que se celebrará del 2 al 13 de junio en Ginebra. En un contexto global marcado por el retroceso democrático, la precarización laboral y el debilitamiento del multilateralismo, las centrales sindicales de la región definieron una hoja de ruta común para incidir en uno de los espacios tripartitos más relevantes del sistema de Naciones Unidas: la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

El encuentro —organizado por la Central Sindical de las Américas (CSA) y la FES Sindical— se llevó a cabo del 3 al 5 de abril y tuvo como ejes centrales el abordaje de la crisis del multilateralismo, la amenaza global de la extrema derecha, el avance de la economía de plataformas, la informalidad, los riesgos biológicos en el trabajo, y la priorización de casos graves de violación a normas laborales internacionales. Todo esto en un escenario de creciente ofensiva contra los derechos laborales, ambientales y sociales, orquestada desde gobiernos autoritarios y capitales transnacionales.

La Internacional de Servicios Públicos (ISP), organización sindical global que participa desde hace más de 15 años en este espacio estratégico de coordinación regional, estuvo representada por su secretario regional, Euan Gibb, la secretaria subregional del Cono Sur, Nayareth Quevedo y el Coordinador Regional de Derechos Sindicales, Marcelo Di Stefano, quien también coordina el equipo jurídico de la CSA.

“Esta reunión es mucho más que un espacio técnico preparatorio: es un ejercicio de construcción política regional. Aquí discutimos cómo responder colectivamente a la crisis global del trabajo y cómo articular estrategias que interpelen a los gobiernos desde una visión de justicia social, democracia y derechos humanos”, afirmó Gibb.

Ecuador: caso símbolo de la regresión autoritaria levantado por la ISP

Uno de los momentos políticos más significativos fue la definición de la lista de países prioritarios que la región llevará a la Comisión de Aplicación de Normas (CAN) de la OIT: Ecuador (C98 - derecho a la negociación colectiva); Panamá (C122 - política de empleo); El Salvador (C87 - libertad sindical); Perú (C81 y C169 - inspección laboral y pueblos indígenas), Haití (C87), Argentina (C177 - trabajo a domicilio) y Paraguay (C29 - trabajo forzoso)

El caso de Ecuador fue propuesto por la ISP, que documentó graves y persistentes violaciones a los convenios 87 (libertad sindical) y 98 (negociación colectiva) cometidas por diversos gobiernos. Esta iniciativa fue respaldada por las organizaciones sindicales afiliadas en el país, que han denunciado públicamente la erosión sistemática de los derechos colectivos en el sector público.

Según el Informe III(A) de 2025 de la Comisión de Expertos de la OIT, el Estado ecuatoriano restringe de forma sistemática el ejercicio de derechos colectivos. El informe destaca la prohibición de formar sindicatos por rama en el sector público, la injerencia estatal en la organización sindical y la ausencia de un marco efectivo de negociación colectiva .

Estas prácticas fueron consolidadas durante el gobierno de Rafael Correa —cuando se desmantelaron los espacios de negociación colectiva en la administración pública— y agravadas durante el actual mandato de Álvaro Noboa. A días de las elecciones presidenciales del 13 de abril, las afiliadas ecuatorianas de la ISP han advertido: “La negociación colectiva está en terapia intensiva. Ninguna de las dos opciones que compiten —Luisa González (RC) ni Álvaro Noboa (ADN)— garantiza un cambio sustantivo”.

Para la ISP, este caso representa un punto de inflexión. “No podemos permitir que se normalice la impunidad. Llevamos el caso de Ecuador como un acto político de denuncia, pero también como una bandera de resistencia”, subrayó Euan Gibb.

Economía de plataformas: entre la innovación y la precariedad

Otro eje clave fue el debate sobre el trabajo en plataformas digitales, que será discutido en la CIT como posible nuevo instrumento normativo. La región llegó a Montevideo con una preocupación compartida: la expansión de formas laborales que combinan flexibilidad con desprotección, opacidad algorítmica y ausencia de derechos colectivos.

Las experiencias nacionales presentadas por México y Chile mostraron avances regulatorios, pero también límites estructurales. México, por ejemplo, aprobó en 2024 una reforma a su Ley Federal del Trabajo que reconoce una forma de “subordinación discontinua”, garantizando seguridad social sin alterar la flexibilidad horaria. En Chile, en cambio, persisten vacíos legales y una informalidad superior al 75% entre quienes trabajan a través de aplicaciones, según el propio director del Trabajo, Pablo Zenteno.

La CSI presentó su “caja de herramientas” para los sindicatos, insistiendo en que cualquier nuevo marco normativo debe garantizar libertad sindical, negociación colectiva y clasificación laboral adecuada, bajo el principio de “primacía de la realidad”. “Estamos ante una disputa global. Si Europa ya tiene una directiva vinculante, América Latina no puede quedar atrás”, advirtió Mónica Tepfer.

Informalidad estructural: el gran desafío pendiente

El debate sobre la informalidad y las transiciones hacia la formalidad permitió articular una visión regional sobre uno de los problemas más extendidos en América Latina. El informe base presentado por la CSA recordó que el 44% de la población ocupada en la región trabaja en condiciones informales, con enormes brechas de protección social, derechos laborales y seguridad.

Entre las propuestas, se destacó la necesidad de políticas intersectoriales que integren empleo, protección social, producción y organización sindical. También se enfatizó la urgencia de incorporar a mujeres, jóvenes y migrantes —los más afectados por la informalidad— en los marcos de formalización, desde enfoques de justicia de género y de derechos humanos.

Una CIT para disputar el sentido de la globalización

Con una agenda robusta y una postura política nítida, el movimiento sindical latinoamericano se alista para llegar a Ginebra con una voz fuerte, articulada y combativa. La CIT 2025 será un escenario decisivo para avanzar en nuevos instrumentos normativos, denunciar violaciones graves y defender principios esenciales como la libertad sindical, la justicia social y el trabajo decente.

Ecuador, en este escenario, no sólo será un caso a debatir. Será un espejo del deterioro institucional que enfrentan muchos países de la región, y una advertencia de lo que sucede cuando se arrinconan los derechos en nombre de la eficiencia o del orden.

La ISP, junto con la CSA lo ha dejado claro en Montevideo: frente al avance de los autoritarismos, el sindicalismo regional no se replegará. Está listo para disputar el futuro.