Tras ser modificado el artículo 2 de la Carta Magna, el cuerpo legislativo institucionalizó como derecho ciudadano que “toda persona tiene derecho a la vida, al agua y su saneamiento”.

Al mismo tiempo, los legisladores incluyeron en el segundo inciso del artículo 69 de la Constitución que “es obligación del Estado crear políticas públicas y leyes que garanticen a todos los habitantes agua salubre y asequible”.

“El agua constituye un bien público”, puntualiza el texto constitucional, el cual agrega que el Estado debe velar también por “el aprovechamiento y preservación de los recursos hídricos”.

La aprobación de la mencionada reforma constitucional se llevó a cabo con la aprobación de 78 diputados a favor, cero votos en contra, ninguna abstención y doce parlamentarios ausentes.