“Le solicito al Congreso de la República el retiro del proyecto radicado por el Ministerio de Hacienda y tramitar de manera urgente un nuevo proyecto fruto de los consensos y así evitar incertidumbre financiera”, dijo Duque.

La violenta represión policial contra los manifestantes dejó un saldo de un número aún indefinido de muertos, más de 200 heridos – al menos 18 de ellos con lesiones oculares – y más de 500 detenciones. También se han reportado actos de violencia sexual y violencias basadas en género.

“Desde la Internacional de Servicios Públicos expresamos el reconocimiento al pueblo colombiano y en especial a nuestras afiliadas en ese país, quienes estuvieron movilizadas a lo largo y ancho del territorio nacional. El pueblo, movilizado en las calles, logra derrotar la soberbia del gobierno, que ahora tendrá que buscar una concertación frente a la forma de recaudar los recursos que requiere el país y tendrá que considerar las propuestas de una reforma tributaria progresiva que no afecte a los sectores pobres y medios de la población”, dice Juan Diego Gómez, secretario subregional de la ISP para los Países Andinos, quien acompaño las movilizaciones desde Bogotá.

Sin embargo, él señala que la lucha no ha terminado: “Es también la hora de mantener en alto las banderas de la renta básica, de hundimiento del proyecto de Ley 010, que continúa profundizando la privatización de la salud, de avanzar en la construcción de la paz estable y duradera, de frenar los asesinatos a los líderes sociales y sindicales, de reivindicar y revalorar el papel de los servicios públicos esenciales, de retomar la democracia participativa en las decisiones que requiere Colombia”.

Pese a que preveía un impuesto a los más ricos, la reforma de Duque buscaba aumentar la recaudación aumentando el impuesto sobre la canasta familiar y sobre servicios básicos como luz, gas y saneamiento. La propuesta también determinaba que aquellos con ingresos mayores a dos salarios mínimos (663 dólares) debían empezar a pagar impuesto a la renta, lo que afectaría al menos 3 millones de personas.