La erupción del volcán de Fuego el 3 de junio en Guatemala causó la muerte de más de cien personas, dejó muchos heridos, destruyó pueblos y carreteras e impactó duramente los servicios públicos como el suministro de agua y la atención a la salud. Con contundentes demonstraciones de fuerza y sentido de solidaridad, las ciudadanas y ciudadanos guatemaltecos luchan para superar las dificultades y empezar el proceso de reconstrucción de las zonas afectadas.

Por detrás de esta tragedia de gran magnitud, tal como suele pasar en otros sucesos similares en otras partes del mundo, están “héroes anónimos” que, pese a que muchas veces son ellos mismos los afectados, actúan 24 horas al día, bajo duras condiciones, para ayudar a las víctimas y restablecer los servicios públicos esenciales: los trabajadores y trabajadoras públicos.

“En verdad estos trabajadores prestadores de servicios públicos son verdaderos héroes anónimos, puesto que no les ha importado arriesgar su vida – incluso dos bomberos han perdido la vida en sus labores de rescate –, trabajar jornadas extensas, no tener lugares cómodos para descansar, no tener raciones suficientes de alimentos, carecer de las herramientas suficientes en sus labores. La voluntad y solidaridad puesta de manifiesto a cada instante, el apoyo entre ellos, y el trabajo en equipo se han desbordado y han trascendido todo tipo de riesgos y peligros”, dice Arturo Ruíz, de la Internacional de Servicios Públicos (ISP) en Guatemala.

El desastre ha afectado varios departamentos del país centroamericano. Los lugares que más sufrieron los impactos de la erupción fueron, por supuesto, pueblos aledaños al volcán, que fueron soterrados por la lava y el flujo piroclástico. Este último es una mistura de gas caliente con materia volcánica, cenizas y fragmentos de roca, y es mucho más peligroso que el flujo de lava, una vez que se mueve mucho más rápidamente. Además de los muertos y heridos, más de dos mil personas han sido acomodadas en albergues temporales.

“Son en el total 1.7 millones de afectados. Tres provincias afectadas de manera directa y varias más afectadas de forma indirecta. Eso impacta no sólo en el área social, sino también en el área económica, puesto que hay poblados enteros que desaparecieron. Incluso se han perdido vidas valiosas de por lo menos tres afiliados al SNTSG [Sindicato Nacional de los Trabajadores de Salud de Guatemala, afiliado a la ISP], y aún no se para de hacer el recuento de los daños”, explica Ruíz.

“Nos afecta también saber que el gobierno de Guatemala no sólo no estaba preparado para enfrentar una crisis así, sino que la reacción ha sido tardía y de manera desorganizada”, dice.

Servicios públicos afectados

Según explica él, además de las pérdidas e impactos directos a la población guatemalteca, la erupción del volcán de Fuego ha causado muchos daños a los servicios públicos.

“Los servicios de agua y saneamiento han sido rebasados en su gestión por abastecer y servir a la población afectada, hay carreteras y puentes destruidos, servicios de electricidad damnificados, escuelas destruidas y utilizadas como centros de albergue, servicios de salud saturados, servicios de transporte terrestre y aéreos limitados al máximo en la zona cero y en la Ciudad de Guatemala – se dejó de operar el aeropuerto Internacional La Aurora por tres días consecutivos”.

“Los tragantes se colapsaron, el agua potable sufrió ciertas contaminaciones. Los trabajadores públicos tuvieron que poner horas extras de trabajo. Realmente, ante un acontecimiento de esa índole, no se está preparado en tal forma para atender todas esas necesidades”, dice César Reyes, de la Asociación de Jubilados de Empagua y de la Municipalidad de Guatemala (ASOJEMPAGUA), según quien los servidores y servidoras tuvieron que hacer un “esfuerzo sobrenatural” para responder a los impactos del desastre.

Acción de los trabajadores públicos

Arturo Ruíz relata que las organizaciones afiliadas a la ISP en Guatemala han actuado inmediatamente. Las trabajadoras y trabajadores dieron su apoyo ya sea en la zona cero, ya sea en las demás, incluso muchas sedes sindicales en centros de acopio.

“Y se harán visitas y entregas de estos víveres: ropa, agua, medicinas y apoyo a los damnificados. Incluso durante las próximas semanas, puesto que cuando la crisis se dio la ayuda fluye de manera inmediata, pero a medida que pasa la fecha de crisis, la ayuda disminuye, pero hay que seguir proveyendo a los damnificados, tarea que nuestras afiliadas han decidido enfrentar con responsabilidad”, afirma Ruíz.

“Nuestros sindicatos se han convertido en centros de acopio, donde ha venido la misma gente a darnos agua, víveres, medicina, para que nosotros se las traslademos directamente a la gente más necesitada, en vista de que el gobierno manifestó que no contaba con una partida presupuestaria para poder mitigar los daños resultantes de la erupción”, cuenta José Martínez, el Chepito, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Empresa Municipal de Agua y Saneamiento Ambiental de la Ciudad de Guatemala (SITRAGUA), quien lastima la falta de preparo por parte del gobierno nacional de Guatemala, que tardó en reaccionar y no hizo llegar a la población los protocolos de seguridad en esos casos.

De acuerdo con el dirigente, los trabajadores del SITRAGUA han estado continuamente limpiando tragantes y los acueductos por donde pasa el agua potable que llega a la población. “Han estado participando hasta 24 horas al día trabajando duro.”

Nery López, secretario general de la Federación Nacional de Transporte en Guatemala (FETRANSGUA), explica que su organización ha coordinado con la Dirección General de Aeronáutica Civil para el transporte de la ayuda y víveres a los damnificados tanto vía aérea como terrestre, “sin escatimar esfuerzo algún de día hora y lugar del desastre”.

Para la ISP, sindicatos fuertes contribuyen para mitigar los daños de los desastres

Por David Boys

La reciente crisis del volcán en Guatemala demuestra la necesidad desesperada de la disponibilidad de personal de rescate calificado de todo el espectro de los servicios públicos.

Las líneas de actuación de la ISP sobre los servicios de emergencia indican que los sindicatos deben abogar por políticas para garantizar que los primeros en responder y otros trabajadores de servicios públicos convocados en casos de emergencia cuenten con las herramientas y la capacitación adecuadas que les permitan proteger adecuadamente a sus comunidades. La preparación para emergencias, incluida la realización de simulacros de advertencia y evacuación en la comunidad, en las escuelas y los hospitales, es clave para garantizar la seguridad.

Todos los trabajadores de emergencia merecen los más altos estándares de protección posibles, de modo que no estén obligados a asumir riesgos innecesarios para su salud y seguridad.

La OIT publicó recientemente directrices sobre el trabajo decente en los servicios públicos de emergencia que reconocen el papel fundamental del diálogo social. Los trabajadores de emergencias necesitan el apoyo y la protección de los sindicatos, y se les debe otorgar la plena protección de los convenios de la OIT.

* David Boys es secretario general adjunto y responsable mundial por desastres y emergencias de la ISP.

El ejemplo de Ecuador

Por Verónica Montúfar

En abril de 2016, la zona de la costa centro norte ecuatoriana fue abatida por un terremoto de 6.8 grados en la escala de Richter. Dos provincias fueron las mayormente afectadas: Esmeraldas y Manabí. Durante las primeras horas de la tragedia, la solidaridad nacional e internacional se sentía latente, abrumadora y desordenada. Posteriormente, este ímpetu disminuyó.

La ISP, a través de su sede mundial, inmediatamente hizo un llamamiento a la solidaridad internacional de sus afiliadas para tener un fondo de apoyo al Ecuador, que ha sido utilizado desde 2016 hasta la fecha, de manera paulatina y sistemática.

El primer momento de acercamiento de la ISP y sus afiliadas en el Ecuador a la zona devastada fue a través de contacto telefónico con los compañeros y compañeras de los sindicatos afiliados en el lugar, para saber su situación y poder hacer una evaluación del impacto de lo sucedido, y así organizar un primer nivel de solidaridad material, particularmente con los sindicatos municipales de los cantones de Pedernales, Portoviejo, Rocafuerte; así como del agua de Manta.

En un segundo momento inmediato, se organizaron brigadas médicas por parte de la Federación Médica Ecuatoriana y Colegio Médico de Pichincha, afiliadas a la ISP en Ecuador, quienes lograron dar atención de primeros auxilios y posteriormente atención de estabilización de salud y psicológica. La Federación Médica mantuvo su trabajo de voluntariado en la zona por dos años.

En un segundo momento, luego de haber pasado el impacto de la tragedia, el trabajo se centró en el nivel organizativo de los trabajadores de emergencia, particularmente de bomberos, donde luego de un proceso sostenido de educación, intercambio internacional y acompañamiento, se constituyó en 2017, finalmente, una organización de carácter laboral en el cantón Tosagua, misma que emprenderá en este año un llamamiento a la organización de más asociaciones en la provincia de Manabí y alrededor del país.

Paralelamente, la ISP decidió concentrar su trabajo en el cantón Pedernales, donde fue el epicentro del terremoto. La organización afiliada, la Asociación de Trabajadores del Municipio de Pedernales, llevó adelante un llamamiento a otras organizaciones sindicales del sector público de los sectores eléctrico, educación, bomberos y salud, para constituir un Comité para la Reconstrucción que incluía el fortalecimiento de los servicios públicos de emergencia. En ese sentido, el comité presentó al alcalde una propuesta, que aún no ha sido implementada.

No obstante esta iniciativa, la nueva entidad logró elevar la voz de los trabajadores, a pesar de la baja voluntad política de las autoridades de implementar un plan integral. En el año 2017, en el contexto de proceso electoral presidencial, la ISP-Ecuador, en coalición con otras organizaciones del sector público como la UNE y la Asociación de Empleados de la Asamblea Nacional, elaboraron una Agenda Común para ser presentada a los candidatos, en el que uno de los puntos refería a la política sobre las emergencias, el fortalecimiento de los servicios públicos y el establecimiento de condiciones de trabajo digno para las y los trabajadores de las emergencias. 

El Ecuador ha tenido un proceso de 10 años de regresión laboral de las y los trabajadores del sector público, que ha eliminado derechos laborales y sobre todo debilitado a las organizaciones. A pesar de ello, el trabajo realizado logró poner de pie a las organizaciones sindicales y laborales de la zona afectada, sigue vigente y espera en 2018 culminar con la organización de una Federación Nacional de Bomberos.

* Verónica Montúfar es responsable mundial de Igualdad de Género la ISP y coordinadora de proyectos para la sub-región andina.