El nuevo objetivo del gobierno de Costa Rica: abolir el derecho de huelga

La Asociación Nacional de Profesionales en Enfermería (ANPE) de Costa Rica está luchando contra una nueva legislación que tiene como objetivo abolir el derecho de huelga. La acción comenzó cuando el sindicato expuso que las grandes empresas recibían ventajas fiscales mientras los servicios públicos estaban en dificultades. Ahora están luchando contra cuatro proyectos de ley que suprimen el derecho de huelga.

por María Esther Hernández Solís

Un proyecto de ley relativo a la “Ley para brindar seguridad jurídica sobre la huelga y sus procedimientos” ha sido presentado ante la Asamblea Legislativa de Costa Rica. En caso de prosperar, el gobierno se propone abolir el derecho de huelga. El proyecto de ley está respaldado por un presidente que ha demostrado su desprecio hacia el pueblo y una asamblea legislativa que está dispuesta a eliminar los derechos laborales que han sido conquistados con esfuerzo, entre ellos el derecho de protesta.

El contexto tiene como punto de partida una huelga que comenzó el 10 de septiembre y duró 90 días. La huelga fue convocada contra las propuestas del gobierno de consolidación presupuestaria y de reducción del déficit fiscal. Los únicos que salen perdiendo son los trabajadores de los servicios públicos, mientras que las grandes empresas siguen evadiendo y evitando su responsabilidad de pagar impuestos.

Este sesgo hacia las grandes empresas se desenmascaró cuando el Tribunal Constitucional obligó al Ministerio de Finanzas a entregar una lista de empresas que presentaron declaraciones tributarias que indicaban unos beneficios nulos y, por lo tanto, carecían de obligaciones tributarias.

La lista se hizo pública y mostró que una de cada cuatro grandes empresas declaraba haber obtenido un beneficio nulo, a pesar de que estas compañías hubieran facturado 8,1 mil millones de colones durante el período 2010-2016 y que sus activos estuvieran valorados en 15,5 mil millones de colones.

Fue igualmente alarmante descubrir que, en el período 2010-2014, la administración tributaria no examinó las cuentas del 76% de las grandes empresas que declararon pérdidas netas en dos o más ejercicios fiscales consecutivos. A pesar de estas cifras, el gobierno está poniendo en peligro la remuneración y las condiciones laborales de los trabajadores de los servicios públicos, a quienes se les retienen en origen los impuestos y, por lo tanto, no tienen obligaciones tributarias.

En la sesión legislativa en curso, los cuatro proyectos de ley que se están examinando sostienen que las protestas no deberían afectar a los ciudadanos en general y todos ellos eliminan el derecho de huelga. Los proyectos de ley clasifican arbitrariamente una serie de servicios como esenciales y están redactados de tal manera que los trabajadores temen declarase en huelga. Van tan lejos que llegan incluso a amenazar con disolver los propios sindicatos.

Nuestro sindicato fue llamado a comparecer ante la Comisión de Asuntos Económicos de la asamblea legislativa. El Dr. Rodrigo López García, nuestro secretario general, y la Dra. Ma. Esther Hernández Solís, miembro de nuestro comité ejecutivo, expresaron categóricamente su oposición:

“No estamos de acuerdo con este proyecto de ley.

Elimina el derecho de huelga, que es un derecho básico para los trabajadores que se sienten amenazados en un momento determinado. Es contrario a la constitución del país y viola los instrumentos internacionales. Va en contra de las decisiones tomadas por el Comité de Libertad Sindical y la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones. Es, por lo tanto, una medida regresiva.

En cuanto a lo que es un servicio público esencial, las autoridades deberían especificar qué es exactamente esencial con respecto a los servicios en cuestión y definir el concepto en relación con esos servicios en particular. La CCSS proporciona un servicio esencial, pero es la negligencia de la administración, y no las huelgas, lo que ha paralizado la prestación de servicios especializados, ha ocasionado retrasos en las operaciones y listas de espera, y ha obligado a las partes aseguradas a presentar reclamaciones contra la institución por negligencia. Los trabajadores han tomado medidas en nombre de los pacientes y no han obtenido beneficios para sí mismos”.

El gobierno debería respetar el mecanismo de diálogo social y promover el trabajo decente para reducir los conflictos laborales en lugar de recurrir a estrategias que socavan los derechos de los trabajadores y de los sindicatos, aunque lo hagan a través de la legislación. Es injusto que se apruebe una ley de este tipo. Por lo tanto, nuestro sindicato está dispuesto a defender el derecho de huelga de los trabajadores de los servicios públicos, entre los que se incluyen los trabajadores de la salud de Costa Rica.

María Esther Hernández es una miembro destacada de la Asociación Nacional de Profesionales en Enfermería (ANPE)