El último viernes, 22 de octubre, el copresidente de la ISP Interamérica Federico Dávila participó en una reunión con el presidente del Banco Mundial, David Malpass, y de una reunión de seguimiento con el director del departamento de Buena Gobernanza. También participaron Bárbara Figueroa, secretaria de Política Económica y Desarrollo Sustentable de la Confederación Sindical de Trabajadores/as de las Américas (CSA), y otros lideres sindicales. Estas reuniones de alto nivel fueron organizadas por la CSI / Oficina de los Global Unions en Washington.

Dávila comenzó sus intervenciones argumentando que parece que el banco vive en un planeta diferente al del resto de nosotros y destacó que hace dos semanas, la ISP lanzó un exhaustivo informe sobre por qué hay que acabar con las limitaciones salariales del sector público. A la luz de la pandemia de covid-19, la creciente crisis de la deuda, el aumento de la desigualdad, la injusticia de género y la crisis climática, hay una necesidad urgente de revisar el papel redistributivo fundamental de los Estados y de repensar el sector público. Dávila ha dejado muy claro que todos comprenden la necesidad de unos cambios profundos en nuestro actual sistema fiscal para aumentar la capacidad del Estado de invertir en servicios públicos de calidad y lograr la justicia fiscal.

En los últimos cuarenta años, las políticas de austeridad han provocado recortes en la plantilla del sector público que han socavado la capacidad de los gobiernos para prestar servicios públicos de calidad. Ya sea impuesta desde el exterior por las instituciones financieras internacionales, entre ellas el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial, o desde el interior por los ministerios de finanzas, siguiendo la lógica fallida del Consenso de Washington, una de las políticas de austeridad centrales que más impacto tiene en los servicios públicos es la imposición de restricciones a la masa salarial del sector público.

Las consecuencias directas de estas políticas incluyen bloqueo de la contratación de nuevos profesores, enfermeras y otros trabajadores esenciales, incluso cuando hay una grave escasez y límites estrictos a los ya bajos salarios de los actuales trabajadores de la sanidad, la educación y otros sectores públicos que socavan la contratación y la retención de personal cualificado.

Nuestra investigación expone cómo los recortes de austeridad en sólo 15 países han bloqueado la contratación de más de 3 millones de enfermeras, profesores y otros trabajadores esenciales del sector público. La aplicación de los recortes en la masa salarial del sector público socava los avances en materia de salud, educación e igualdad de género, al tiempo que bloquea la acción climática en algunos de los países más pobres del mundo.

También hemos investigado y analizado cientos de casos de devolución de servicios bajo control público en todo el mundo en los últimos años. Hay una clara inversión de la premisa ideológica de que lo privado es mejor que lo público. Porque las promesas de mejores servicios, más accesibles y baratos, y menos corrupción nunca se cumplen. Exactamente lo contrario ocurre sistemáticamente. También hemos reunido y analizado las campañas para que los servicios privatizados vuelvan a estar bajo control público en un guía que comparte experiencias y estrategias de diversos sectores y países.

El sector público siempre es llamado a seguir siendo responsable por los riesgos, sobre todo cuando las cosas van mal, mientras que los beneficios y lucros se privatizan y se sacan del sistema. Los llamados beneficios que antes se reinvertían en el crecimiento de las infraestructuras y servicios públicos que ya no están disponibles cuando se privatiza. Nos gustaría atribuirnos el mérito de estos cientos de casos de reversión de la privatización, pero la realidad es que en muchos de estos casos se producen sin nuestras intervenciones. Ocurren cuando los funcionarios locales electos experimentan por sí mismos los elevados costes que son la consecuencia de este modelo roto.

A pesar de la enorme cantidad de evidencia que nos rodea, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional siguen insistiendo en las políticas neoliberales fracasadas y defasadas. Funcionarios del Banco siguen promoviendo la idea de que inversiones en el sector público desplazan las empresas privadas o compiten deslealmente con ella por los trabajadores cualificados. Y ambas las instituciones siguen repitiendo el (ahora) clásico "ya no imponemos políticas a los países".

El Banco Mundial acaba de abandonar su informe ideológico "Doing Business", que evaluaba y comparaba las políticas fiscales, las regulaciones y las leyes laborales nacionales, incluida la "facilidad para despedir a los trabajadores", con el fin de que los países entren directamente en una competencia a la baja para desregular y abandonar las protecciones sociales y medioambientales. Este informe fue utilizado por algunos gobiernos para intentar atraer inversiones. El estudio se abandonó en el contexto de un escándalo mundial por el que los directores del banco obligaron a los economistas de su plantilla a manipular los datos.

Para garantizar un futuro más solidario, feminista, verde y verdaderamente sostenible, es hora de un cambio de sistema centrado en la justicia económica con los servicios públicos en el centro. El Consenso de Washington debe morir y ser enterrado. La ISP rechaza la idea de construir "de vuelta" después de la pandemia. Al contrario, tenemos que construir hacia adelante y descartar los conceptos de "atrás" que nos han llevado hasta aquí.

Recuperación y transición justas: las IFI deben actuar para poner fin a la pandemia y lograr un futuro sostenible

Declaración de la Agrupación Global Unions a las reuniones anuales del FMI y el Banco Mundial, octubre de 2021

https://www.ituc-csi.org/just-recovery-and-transition-es

El modelo actual ha demostrado ser desastrosamente incapaz de responder eficazmente a las crisis económicas, ecológicas y epidemiológicas masivas. Necesitamos un nuevo contrato social internacional. Una relación radicalmente diferente entre los sectores público y privado para crear una economía realmente sostenible, equitativa y resistente. Al revitalizar el papel económico del Estado, nos permitiría perseguir objetivos sociales, construir la solidaridad internacional y reformar la gobernanza mundial en aras del bien común.

La inversión pública debe canalizarse a través de nuevos mecanismos contractuales e institucionales que midan e incentiven la creación de valor público a largo plazo en lugar del beneficio privado a corto plazo. Un nuevo consenso global basado en estas ideas es esencial para la supervivencia de la humanidad en este planeta.