Ecuador: Coalición de Organizaciones Laborales del Sector Público realiza foro con candidatos a la Asamblea Nacional

El evento se realizó el último sábado, 4 de febrero, y contó con la presencia y participación de varias candidatas y candidatos a la Asamblea Nacional de diferentes tiendas políticas que intervendrán en las elecciones del próximo 19 de febrero de 2017.

Se realizó el último sábado, 4 de febrero, en las instalaciones de la Asociación de Servidores Legislativos (ASOSEL), en Quito, Ecuador, el foro: Agenda Común para la Transformación del Estado y los Servicios Públicos. El evento fue convocado por la Coalición de Organizaciones Laborales del Sector Público, y contó con la presencia y participación de varias candidatas y candidatos a la Asamblea Nacional de diferentes tiendas políticas que intervendrán en las elecciones del próximo 19 de febrero de 2017.
 
Participaron Rosana Palacios, de Unidad Popular, Marjorie Chávez, del Partido Social Cristiano, Norma Moncayo y Carlos Figueroa, de Pachakutik, y Alfredo Carrasco, de Concertación Nacional. Fabricio Villamar, de Creo-Suma, se excusó. 
 
 
El foro consultó a las y los candidatos sobre los siguientes temas de trascendencia nacional: 
 
  • Reformas laborales regresivas de los últimos diez años frente la recuperación de derechos de las y los trabajadores del sector público; reparación  integral  a  los  afectados  y  progresividad  de  derechos  (Vigencia  plena  del ejercicio a la libertad sindical en el sector público); 
  • Áreas estratégicas y los servicios públicos en manos públicas, riesgos de las alianzas público-privadas y transparencia fiscal; 
  • Situación de la Seguridad Social y sus soluciones;
  • Manejo ético de los recursos del Estado vs la ausencia de control y la impunidad. La Justicia y la labor de la Función Legislativa;
  • Cambio del modelo de democracia: de una democracia participativa a una democracia directa;
  • Crisis económica en el país. Cuáles son las alternativas;
  • Salud y educación, continuidad del modelo o reforma estructural. 
 
¿Qué dijeron las y los candidatos? A continuación se recogen algunas de sus opiniones y propuestas:
 

Rosana Palacios

“Es importante exigir que se respete la libertad sindical y el derecho a huelga. Se planteará una consulta popular sobre las enmiendas constitucionales que cambiaron y limitaron varios derechos de los trabajadores. Se debe desmontar el marco jurídico que afecta derechos de trabajadores. Durante estos años las organizaciones sociales independientes han sido atacadas y vulneradas.
 
Se debe hacer una reforma de la ley de empresas públicas. Planteamos recuperar la participación de los trabajadores en los directorios, pues son quienes mejor conocen la realidad de cada sector. También proponemos que las empresas estatales sean fiscalizadas por las veedurías ciudadanas.
 
Quienes mayormente estamos afectadas por la violación y restricción de derechos, somos las mujeres. Nos impacta directamente en la economía y situación laboral. 
 
Se hará una gestión que rechace la minería a gran escala y a cielo abierto; así como la ampliación de la frontera extractiva de otros bienes naturales. Demandamos asambleístas con autonomía. Los medios de comunicación han sido del gobierno no del estado.
 
Sobre el BIESS se planteará que sea un banco de primer piso. También una reforma de ley de seguridad social y la devolución de los seguros de los maestros, médicos, militares, policías, etc.
 
Es urgente reformar el Código Orgánico Integral Penal (COIP). No es justo que una mujer vaya presa por abortar, así se criminaliza a jóvenes y se penaliza la autodeterminación. El COIP tiene detenido al médico Carlos López. Se necesitan leyes no solo represivas sino que mejoren el sistema de Justicia. Hay instituciones que deben desaparecer; entre ellos el Consejo de Participación Ciudadana y el “Ministerio de la Felicidad.”
 

Norma Moncayo

"Se requieren varias reformas en los temas laborales; por ejemplo la derogatoria del decreto 813 sobre las renuncias obligatorias (decreto intestino) muestra una contradicción interna del gobierno. Este decreto cesó en funciones, sin el debido proceso, a más de 63.000 profesionales sobre todo del sector salud. Hasta hoy el decreto se continúa aplicando, en el Hospital de Guayaquil por citar un ejemplo.
 
También se debe derogar el decreto 16, que ha provocado la injerencia e intromisión del Gobierno en las organizaciones sociales, lo cual es una clara evidencia del control social que ejerce el proyecto político sobre los sectores independientes. Diremos no a la precarización laboral. No se aceptará la persecución del COIP a trabajadores, especialmente médicos. Es importante parar la corrupción, que en este gobierno es un problema estructural.
 
El manejo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) se lo debe devolver a la gente, a los afiliados, a los aportantes activos y jubilados. En 2016, la actual administración del IESS, a cargo del Gobierno Nacional, desapareció una deuda de $2.506 millones que el Estado mantenía con la institución, no por haberla pagado sino aduciendo la inexistencia de un reglamento. Esto coloca a la institución en una situación aún más crítica, que podría conducir al colapso del sistema de seguridad y atención médica. Hay muchas limitaciones de insumos y físicas.
 
El 19 de febrero estamos convocados a elegir y también a votar por un pacto ético, a través de una consulta, pero el gobierno no tiene calidad moral de convocarnos a esto cuando ha sido el principal responsable de los lamentables hechos de corrupción que poco a poco se van debelando. Cómo nos puede plantear algo así el gobierno si sus funcionarios de su gobierno han sido corruptos.
 
Tenemos un modelo de sociedad disciplinaria, que condena la disidencia. Es un modelo persecutor, hostigador de líderes sociales. Lo que necesitamos es un verdadero sistema de justicia y un cambio de modelo de la democracia."
 

Marjorie Chávez 

"Como bloque socialcristiano en la Asamblea Nacional, a través de Cristina Reyes, se ha indicado en repetidas ocasiones que no se aceptan las mal denominadas “enmiendas a la Constitución” que se hicieron de espaldas a la población y aprovechando una mayoría oficialista sumisa al poder ejecutivo.
 
En la función pública actualmente hay una alta rotación. Se ha limitado la capacitación solo a personas con nombramiento. Se ha limitado permisos para horas de estudio. Hay mucha gente joven y recién graduada ocupando puestos de gente con experiencia. Esto ha provocado el desperdicio de recursos.
 
Sobre la corrupción estamos cada día más indignados, no es accidental. Está enquistada en todos los espacios públicos. Desde la Asamblea se pedirá fiscalización. El PSC no tendrá ninguna tolerancia con la corrupción.
 
Hay que reconocer los pro y los contra de la figuras como las alianzas público-privadas. En contra tiene que es más caro, tarda más tiempo, y el Estado debe tener control permanente de lo que hace el sector privado. Hay que garantizar que los beneficios de alianzas se reviertan en políticas públicas. Hay que reorganizar funciones del Estado para su eficiencia y control. En contra se puede mencionar que hay un riesgo de que se intente privatizar los servicios públicos. Hay que analizar bien cuándo es adecuado y cuándo no. Hasta el momento solo ha asumido los riesgos el Estado y no las empresas.
 
El IESS (Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social) es de la gente y el papel del Estado es administrarlo. Los cálculos actuariales son preocupantes. Faltan recursos y estos expresan un mal manejo. Plantearemos que el gobierno no participe en el directorio del IESS. 
 
Sobre la Función Legislativa no puede ser una caja resonancia del Ejecutivo. Se deben empezar procesos de fiscalización con una veeduría internacional.
 
Plantearemos que una empresa con denuncias de corrupción no pueda contratar en Ecuador.
 
La administración de justicia es una vergüenza. Hay que hacer un análisis de cómo se han designado los jueces."
 

Alfredo Carrasco

“Se necesita un plan hacia la transición de la democracia, restitución plena e inmediata de los derechos humanos, derechos laborales y sindicales. Proponemos adopción inmediata de convenios internacionales, y cumplimiento de recomendaciones de los sistemas de derechos humanos. 
 
Planteamos una reforma del decreto 393 y derogatoria de 813 y también del decreto que controla el funcionamiento de las organizaciones sociales, decreto 16. Para el nuevo escenario será necesaria una capacitación para que empleados públicos puedan retornar a puestos que tenían anteriormente.
 
Sobre los sectores estratégicos se plantea que Estado mantenga control de bienes estratégicos, estos no pueden estar bajo la libre determinación de empresa privada. Se necesita una mayor incorporación de la sociedad en la gestión de los bienes naturales.
 
Tienen que fiscalizarse los 10 años del gobierno de Alianza País, porque hay mucha opacidad en la gestión. También se demandará que se investiguen todos los periodos de gobierno que hayan tenido contratos con Odebrecht.
 
No es posible el cohecho para conseguir contratos en el sector público. Se planteará la derogatoria de la Ley de comunicación.”
 

Carlos Figueroa

"Hay que trabajar en la fiscalización de la corrupción. Hemos sido voces que hemos denunciado, estos años. No hemos tenido socialismo sino delincuentes en el manejo del Estado. 
 
Proponemos un cambio en la Ley de Federación Médica. 
 
Hay que fiscalizar toda la gestión en el IESS y es urgente un cambio de directorio que no sea político sino técnico. Las reformas deben hacerse incluso con una consulta popular si es necesario.
 
La corrupción también está en los municipios. Esto pasa. Nadie tiene derecho a robar, ni en los sindicatos, ni en ninguna parte. Hay que ser autocríticos.”