En total, habrá cuatro encuentros subregionales que discutirán el tema. El primero, celebrado el 8 de octubre, reunió a las dirigentas del Cono Sur, mientras que el segundo, realizado el 21 de octubre, contó con la participación de las afiliadas de Brasil. A la última reunión, el 11 de noviembre, asistirán las líderes de la subregión de México, Centroamérica y República Dominicana.

Los encuentros pretenden congregar no sólo las actividades formativas y de capacitación que se realicen en el período, sino que además, convertirse en un espacio de confluencia de buenas prácticas sindicales en materia de prevención y lucha contra la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, sobre todo en estos tiempos de pandemia.

Vea el encuentro completo de los Países Andinos en el video de abajo:

La secretaria subregional de la ISP para el Cono Sur Nayareth Quevedo, coordinadora del proyecto Forsa, introdujo el encuentro del 28 de octubre señalando que la crisis sanitaria causada por la pandemia de Covid-19 ha llevado a miles de trabajadoras y trabajadores a ejercer sus funciones bajo distintas modalidades, como el teletrabajo y la semipresencial, lo que ha traído una serie de dificultades relacionadas con el acceso a la tecnología y la precariedad de los espacios físicos para el trabajo.

“La pandemia evidenció los límites de la economía patriarcal, que delega a las mujeres el trabajo no remunerado del cuidado de la vida. Eso tiene consecuencias de gran alcance. La idealización y romantización del ‘quédate en casa’ han invisibilizado la carga del trabajo de cuidado sobre las mujeres. Se les exige que atenda a las necesidades de sus hijos, dependentes, personas mayores. Somos seres interdependientes, nuestros procesos vitales necesitan del otro, y dichos procesos son gestionados en su gran mayoría por las mujeres invisibilizadas” dijo.

Las mujeres están en la primera línea de acción de respuesta a la pandemia, como en los centros de salud y otros servicios esenciales, y también prestando asistencia en las comunidades y haciendo teletrabajo al mismo tiempo que tiene que estar a cargo del cuidado de sus hijos y familiares, señaló Quevedo, quien destacó que esta crisis en el hogar represente una amenaza física para muchas de ellas. “Es una trampa mortal donde la integridad física y psicológica de las mujeres han estado en riesgo. Las víctimas tienen que estar encerrada con sus agresores, eso ha generado un aumento de la violencia.”

Para Juan Diego Gómez, secretario subregional de la ISP para los Países Andinos, se hace fundamental abordar el tema de la violencia de género en un momento en el que esta ha aumentado durante la pandemia, para que se pueda trazar políticas y propuestas para frenarla. “En segundo lugar, es necesario resaltar que en medio de esta situación se ha evidenciado la importancia de los servicios de cuidado, cuyos trabajadores y trabajadoras han sido invisibilizados. Se requiere el redimensionamiento de estos servicios, y que se reconozca el papel de estos trabajadores, en su gran mayoría mujeres, y de sus condiciones de salud y seguridad, además de sus derechos como trabajadores, afirmó Gómez, para quien en este contexto es fundamental luchar por la ratificación en los países del Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Violencia y Acoso en el Mundo del Trabajo.

Margarita López, representante de la subregión de Países Andinos ante el Comité Mundial de Mujeres de la ISP (WOC, por su sigla en inglés), señaló que unos de los ejes de actuación esta instancia establecido en 2020 es la lucha por servicios públicos de calidad que transformen las relaciones de género en la post pandemia. Para ello, dijo, un punto fundamental es la propiedad pública de los servicios esenciales. “Estos servicios esenciales no se puede mercantilizar, sino que deben servir de garantía para el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres, como el acceso a los servicios públicos de atención a la salud sexual y reproductiva de las mujeres durante la emergencia”, afirmó.

Frente a la pandemia de feminicidio que viene creciendo en América Latina, López destaca la necesidad de trabajar para que los países de la región ratifiquen el Convenio 190 de la OIT. “Que logremos que este convenio de ratifique en nuestros países y que empecemos visibilizarlo en los acuerdos colectivos que hagamos y en otras negociaciones, de manera que transversalicemos esta política de género”, señaló.

Verónica Montúfar, la Responsable mundial de género de la ISP, resaltó que la pandemia ha provocado una exacerbación de las desigualdades y el relieve de otras crisis debido a la existencia previa de una construcción social y política inequitativa. “Dos de estas crisis que se ponen de relieve y que se marcan como temas de total emergencia es la crisis alrededor del cuidado y la crisis alrededor de la violencia”, dijo.

“El trabajo de cuidado no remunerado sigue teniendo una carga de invisibilidad sobre todo del aporte económico que este trabajo está haciendo no solo a la sociedad sino a la acumulación de capital. Y por otra parte hay el trabajo remunerado de cuidado que es devaluado, donde hay malas condiciones laborales y salariales y también inequidad de pago”, señaló ella, para quien el no reconocimiento del derecho humano al cuidado se refleja en la total ausencia de sistemas públicos de cuidado.

Según Montúfar, vivemos el momento en lo que el contexto y la coyuntura política internacional demanda que se abra el debate sobre una reformulación del concepto de trabajo de cuidado que parta de su reconocimiento económico, de su reducción y de su redistribución, pero, fundamentalmente, de la intervención del Estado a través de la restauración de sistemas públicos de cuidado. “Pensamos que esta desigualdad existente con respecto al trabajo de cuidado va generando condiciones materiales, psíquicas e ideológicas para presentar y generar violencia en las relaciones de género, así que si logramos cambiar el rol de secundaridad del trabajo de cuidado, existirán las condiciones para generar una reducción de la violencia”, concluyó.

Para María Fernanda Villegas, del Centro de Estudios del Trabajo (CETRA), de Chile, la sociedad patriarcal heteronormativa en la que vivimos produce siempre violencia de género y más desigualdad por medio de un círculo vicioso. Para ella, si bien se ha desarrollado elementos protectores a la vida y los derechos de las mujeres, hay muchos elementos incitadores de la violencia que son normalmente entendidos como naturales y no como construcciones sociales a partir de modelos de desarrollo determinados.

“Aparte de estos elementos, están las crisis como factores estimulantes tanto al naturalizar la violencia de género como invisibilizarla como un problema político. En cambio hay factores protectores que hay que tener en cuenta como por ejemplo el Convenio 190 de la OIT. Este convenio puede efectivamente ayudarnos y ser un fator protector. Lo mismo con políticas públicas con enfoque de derechos, pero no aquellas que entienden a las mujeres como receptoras de fondos de transferencia, pero sen redistribución social de trabajo. Finalmente, un importante factor protector a la violencia de género es una mayor habilitación laboral y el trabajo remunerado de calidad”, explicó.

Villegas llama la atención para el hecho de que la pandemia ha incrementado el trabajo no remunerado de cuidado de las mujeres no solo en sus hogares, como también en las comunidades. “Las iniciativas para contener los efectos de las crisis al nivel comunitario se cargan sobre las espaldas de las mujeres. Hay funcionarias públicas donando tiempo adicional para ir en apoyo a sus comunidades.”

Por su turno, Viviana García, directora en la Federación Nacional de Profesionales de la Salud (FESPROSA) de Argentina, explicó detalladamente a las participantes del encuentro los aspectos y dimensiones del Convenio 190 de la OIT sobre Violencia y Acoso en el Mundo del Trabajo. Pero previamente, ella resaltó que la violencia y el acoso siempre ocurren cuando existen relaciones desiguales de poder.

“Quienes sufren mayor violencia y acoso son justamente las, los y les trabajadores a quienes el patriarcado ha asignado un rol en la esfera pública. El origen de la división sexual del trabajo se dio con las mujeres a cargo del ámbito doméstico, del trabajo de cuidado, de la reproducción de la vida. Con el capitalismo, esta división se repitió en el ámbito público y a las mujeres les fueron asignados los trabajos de cuidados, de menor calidad, de mayor informalidad y menos remunerados”, afirmó.

Según García, el gran mérito del Convenio 190 es establecer el vínculo total entre las relaciones laborales y los derechos humanos. “El Convenio reconoce el mundo del trabajo no solo como el espacio físico. Va más allá, es el espacio del hogar, de la capacitación, de la formación, el ir y venir, todo esto es el mundo del trabajo. Ya sea formal o informal”, explicó.

Entre otros méritos de este instrumento, para la directora de FESPROSA, están la inclusión de terceras partes, como pacientes, usuarios de servicios públicos y clientes, como integrantes del mundo del trabajo, el reconocimiento de los factores de riesgo psicosociales, y la mención a las diversidades e identidades de género.

Finalizando el encuentro, se compartieron las experiencias de las afiliadas de la ISP en Colombia, Ecuador y Perú respecto a las campañas contra la violencia de género y por la ratificación del Convenio 190 de la OIT en sus respectivos países. Las presentaciones quedaron a cargo, respectivamente, de Zully Morales, del Sindicato Nacional de Empleados de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (SINEDIAN), Angelica Ordoñez, de la Asociación de Funcionarios y Empleados de la Universidad Andina Simón Bolívar - Subsede Ecuador (ASOUASB); y Reyna Concha, de la Federación Nacional de Trabajadores Administrativos del Sector Educación (FENTASE).