Mientras que lxs trabajadorxs del servicio público lo dan todo para salvar vidas, el gasto público está salvando a todo nuestro sistema económico global del colapso: rescatando puestos de trabajo, manteniendo los salarios y auxiliando a muchas empresas que están al borde de la quiebra.

Aunque este gasto esencial lo realizan nuestros gobiernos hoy en día, el debate sobre cómo hacer frente a la deuda generada por la crisis de la Covid será de vital importancia para los sindicatos y lxs trabajadorxs en la próxima década.

Debemos hacer todo lo posible para evitar los errores de la crisis económica de 2008: después de que los gobiernos asumieran miles de millones en deuda insolvente del sector privado, las grandes corporaciones se beneficiaron con impuestos rebajados, rescates financieros y recompra de acciones; mientras lxs trabajadorxs se enfrentaban a salarios congelados, a ejecuciones hipotecarias y a la austeridad que destruyó nuestro sector público. Debemos evitar la catástrofe que las instituciones financieras internacionales impusieron a Grecia: destruir las vidas de las personas, así como toda esperanza de recuperación económica con una devoción ciega a la austeridad desacreditada.

La crisis actual pone de manifiesto la urgente necesidad de reconstruir un sector público fuerte y resiliente. Nuestros servicios públicos, que han soportado una enorme carga por los recortes de gastos y la pandemia, deben reforzarse mediante aumentos expansivos em términos de financiación y apoyo.

Mientras tanto, con la estimación de la OIT de hasta 195 millones de pérdidas de empleo relacionadas con la Covid, debemos ampliar los programas de seguridad social para asegurarnos de que nadie se quede atrás, y así limitar la ira justificada y la alienación que ha ayudado a alimentar la extrema derecha.

El pago de estos programas requerirá algo más que la deuda: para aumentar los ingresos públicos, las principales empresas que han cobrado grandes cantidades desde 2008 deben pagar su parte justa de impuestos a través de una reforma fiscal internacional. Hacer que las multinacionales y los mega-ricos contribuyan al costo de la crisis y la recuperación debería ser un objetivo clave para el movimiento sindical. Las empresas de tecnología que ganaron miles de millones esquivando sus impuestos y violando los derechos de sus trabajadorxs y que ahora están ganando mucho dinero desde el confinamiento deben ser las primeras de la lista. Se hacen urgentes los impuestos a las grandes fortunas para asegurar que aquellxs que se han beneficiado de la economía global en los últimos 20 años paguen su parte justa.

Tras décadas de desregulación, corrupción, privatización y recortes de impuestos para las empresas multimillonarias, muchos países, especialmente los del mundo en desarrollo, ya luchaban contra la deuda antes del brote del coronavirus. Según el FMI, 34 países ya estaban en riesgo de tener problemas de deuda o en mora en 2019. La comunidad internacional debe intervenir para apoyar financieramente a esos países que actualmente no pueden aumentar sus gastos sin incurrir en una deuda aún más insostenible.

Ya se han dado algunos pasos en esta dirección:

• El FMI y el Banco Mundial están concediendo préstamos a más de 100 países para hacer frente a la crisis

• El FMI ha aprobado la cancelación del servicio de la deuda de 25 países durante seis meses

• El G20 ha anunciado la suspensión de los pagos del principal y de los intereses de la deuda para los países en desarrollo más pobres hasta el final del año

Sin embargo, esas medidas no son soluciones sostenibles ni eficaces para las cuestiones más profundas de la deuda del mundo en desarrollo. En su lugar, debemos apoyar los llamamientos para un jubileo de la deuda: una cancelación de la deuda insostenible y la cancelación de todos los pagos de la deuda externa que vencen en 2020 y 2021. Esto debe abarcar a todos los acreedores externos, tanto oficiales como privados, y a todos los países de bajos ingresos. Además, debemos apoyar la financiación de emergencia para los países en desarrollo en forma de subvenciones en lugar de préstamos.

A largo plazo, los sindicatos deberían apoyar un cambio sistémico en la gobernanza global de la deuda.

Debemos dejar de poner las necesidades de los acreedores por delante de las necesidades del pueblo. Todo análisis del pago de la deuda debe poner la realización de los derechos humanos como su prioridad clave. Debemos apoyar los llamamientos a favor de un mecanismo de resolución de la deuda que garantice la transparencia, la independencia de los deudores y los acreedores, así como la participación inclusiva de todas las partes interesadas en lugar de los procedimientos ad hoc y turbios que existen actualmente.

No podemos volver a los negocios insostenibles que regían la deuda y los impuestos antes de esta última crisis. Lxs trabajadorxs y lxs usuarixs de los servicios públicos no deben seguir soportando el peso de la reestructuración de la deuda. Ahora más que nunca, los sindicatos deben estar preparados para luchar por un sistema global de deuda más justo y asegurar que lxs ricxs y las empresas paguen su parte justa.

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La Internacional de Servicios Públicos ha preparado una serie de Informes sobre la deuda y lxs trabajadorxs para ayudar a lxs sindicalistas a comprender estas cuestiones y elaborar estrategias para un nuevo sistema: