El plan propone una reestructuración radical de la economía mundial para garantizar unos ingresos justos para todos, lograr una rápida descarbonización mediante las energías renovables y reducir la jornada laboral, al tiempo que se reorientan los recursos de los sectores contaminantes e impulsados por el consumo hacia servicios públicos esenciales como la sanidad, la educación y la energía.

Los sindicatos de la función pública se encuentran en una posición única para participar, contribuir y ayudar a hacer realidad esta visión transformadora.

Los pilares fundamentales incluyen:

• Convergencia de ingresos a nivel mundial: Alcanzar un objetivo de ingresos mensuales per cápita de 5.000 € en todos los países, cerrando de manera efectiva la brecha de ingresos global actual, que es de 16 veces.

• Redistribución de la riqueza: Aumentar la participación del 50 % más pobre de la población mundial en la riqueza total del 2 % al 30 %, al tiempo que se reduce la participación de la clase multimillonaria del 6 % a solo el 0,05 %.

• Tiempo y prosperidad: Permitir que casi el 90 % de la población mundial duplique sus ingresos trabajando aproximadamente la mitad de las horas de trabajo actuales.

• Suficiencia ecológica: Medidas que podrían limitar el calentamiento global a 1,8 °C para 2100; un marcado contraste con los 4,5 °C previstos con las políticas actuales.

• Transición justa: un modelo que combina una rápida descarbonización con la reducción de las horas de trabajo, un menor consumo de materiales y profundas transformaciones en los sistemas alimentarios, el uso del suelo y la cobertura forestal.

• Un nuevo Fondo de Justicia Global: para respaldar una inversión global masiva que alcance una media del 10,3 % del PIB mundial anual entre 2030 y 2060 (en comparación con el menos del 0,4 % que se destina actualmente a la ayuda al desarrollo). Esto se financiaría mediante un impuesto global sobre el patrimonio, un fondo soberano mundial y un impuesto global sobre la renta dirigido a las personas más ricas del mundo.

• Reforma democrática: Impulsar una transformación integral y la democratización del sistema económico y monetario internacional para servir mejor a la mayoría mundial.

Esta plataforma ofrece una alternativa concreta al status quo, demostrando que es posible lograr una buena vida para el 99 % mediante una acción global coordinada y buenas políticas públicas progresistas.

Matthieu Fayolle, de CFDT Interco, que asistió a la presentación del informe con la delegación de la ISP, afirmó:«Tras años de debate sobre la austeridad, los recortes presupuestarios y la falta de recursos para los servicios públicos, es alentador escuchar soluciones concretas y positivas basadas en la justicia social».

Entre las políticas se encuentran la ampliación de los impuestos a los megamillonarios y multimillonarios, como los propuestos por Gabriel Zucman, quien contribuyó al informe. La ISP está trabajando con Zucman, la FES y otros aliados para impulsar estas propuestas con los sindicatos de todo el mundo.

Fayolle afirmó: «El impuesto de Zucman acabará adoptándose en Francia, a menos que la extrema derecha llegue al poder, como esperan muchos multimillonarios de todo el mundo, con el fin de frenar los movimientos progresistas en favor de la justicia social y la democracia. El debate sobre la redistribución de la riqueza para financiar los servicios públicos es, en esencia, un debate sobre la democracia y el tipo de sociedad que queremos construir. Como sindicalistas, debemos implicarnos en esta labor porque se trata de elegir entre dos caminos: un mundo con mayor igualdad, acceso universal a los servicios públicos y desarrollo sostenible, o un mundo marcado por la división, la creciente desigualdad, la brutalidad, el autoritarismo y la represión».

Los servicios públicos, los sindicatos y la democracia en el lugar de trabajo son fundamentales

El plan esboza un programa de inversión masiva para crear servicios públicos de alta calidad para los hogares de ingresos bajos y medios, tanto en zonas rurales como urbanas, como el medio más eficaz para combatir la desigualdad. La investigación pone de manifiesto cómo el aumento de las desigualdades sociales desde los años 80 y 90 ha ido acompañado en muchos países de crecientes desigualdades territoriales, especialmente entre las zonas rurales, las pequeñas ciudades y las grandes metrópolis. Estas desigualdades se derivan del acceso desigual a los servicios públicos —en particular, la educación superior, la sanidad, el transporte, la energía y otros servicios públicos—, así como de las diferencias en las estructuras sectoriales y ocupacionales y la exposición al comercio.

Otra área estratégica es la democracia en el lugar de trabajo, lo que incluye una mayor voz para lxs trabajadores y mejores oportunidades para negociar mejores salarios y condiciones laborales. El informe se refiere a ejemplos como los acuerdos de codeterminación vigentes en Alemania y los países nórdicos desde la década de 1950, en virtud de los cuales lxs representantes de lxs trabajadores ostentan hasta el 50 % de los derechos de voto en los consejos de administración de las grandes empresas. Sostiene que acuerdos similares podrían extenderse a todos los países y empresas.

El informe también destaca el caso de Suecia, que solía estar entre los países más plutocráticos a principios del siglo XX, pero donde la movilización popular y la sindicalización desempeñaron un papel protagonista en la transición a la democracia y la adopción de políticas sociales progresistas. Se pueden producir transformaciones institucionales y cambios políticos de gran alcance en períodos relativamente cortos cuando las presiones sociales a favor del cambio se vuelven lo suficientemente fuertes. La agenda socialdemócrata —que incluye la expansión del gasto público de menos del 10 % del PIB a alrededor del 40-50 % del PIB a lo largo del siglo XX, el crecimiento sostenido de los servicios públicos y la desmercantilización gradual de gran parte de la economía— llegó a ser ampliamente aceptada en unas pocas décadas.

Las conclusiones reconocen que esta visión solo puede lograrse mediante la construcción de un movimiento ciudadano poderoso —que incluya a sindicatos y partidos políticos— que esté suficientemente sindicalizado y sea eficaz. Por el contrario, el plan proporciona a los sindicatos y otras organizaciones colectivas una plataforma política viable para abordar los retos globales del desarrollo y el cambio climático, el comercio y las relaciones internacionales y, en términos más generales, la transformación del sistema económico y financiero mundial para promover la justicia social.

¿Cómo se puede alcanzar esta visión?

No se trata de un plan de políticas utópico: el Proyecto de Justicia Global demuestra, mediante modelos económicos, que un futuro sostenible y equitativo es totalmente alcanzable mediante políticas públicas progresistas. Al asegurarse mayorías nacionales, los gobiernos pueden adoptar una estrategia dual de políticas predistributivas y posredistributivas. Las medidas predistributivas —como el fortalecimiento de la negociación colectiva, el establecimiento de salarios mínimos dignos y la ampliación de la seguridad social— garantizarían una distribución inicial justa de los ingresos. Al mismo tiempo, unas políticas fiscales posredistributivas sólidas frenarían la acumulación extrema de riqueza y financiarían las necesidades comunes de la humanidad y los servicios públicos, además de sanar el planeta.

Una piedra angular de esta visión es la creación de un Fondo de Solidaridad para la Justicia Social Global. Este mecanismo se financiaría limitando y redistribuyendo progresivamente la riqueza extrema, destinando esos recursos a las necesidades colectivas y los bienes públicos. La fiscalidad progresiva de los ingresos y la riqueza en los tramos más altos desempeña un papel fundamental, con un doble objetivo: financiar nuevos gastos públicos y mejorar el acceso de los hogares con ingresos modestos a la vivienda y al crédito.

En última instancia, el Informe sobre Justicia Global ofrece a los ciudadanos, los sindicatos, los parlamentos y los organismos internacionales una base factual para debatir, cuestionar y determinar la trayectoria de las próximas décadas.

El objetivo es construir las mayorías necesarias para aprobar las leyes y políticas requeridas para implementar este plan transformador.

Delegación de la ISP presente en la presentación

La presentación del informe estuvo acompañada de una serie de inspiradores paneles de debate y de la presentación de 235 artículos relacionados, incluidos algunos sobre el papel fundamental que pueden desempeñar el sector público, las políticas industriales, la democracia en el lugar de trabajo y la propiedad democrática. El proyecto, codirigido por Piketty y Lucas Chancel, incluye contribuciones de Ha-Joon Chang, Jean Drèze, Isabel Ferreras, Jayati Ghosh, Jason Hickel, Mariana Mazzucato, Branko Milanović, Thomas Piketty, Ingrid Robeyns, Kim Stanley Robinson, Lea Ypi y Gabriel Zucman. Piketty, Zucman y Ghosh son miembros de la Comisión Independiente para la Reforma de la Fiscalidad Internacional de las Empresas (ICRICT), de la que la ISP es fundadora y copresidenta.

Representantes del personal de la ISP y de la afiliada francesa CFDT Interco asistieron a la presentación y mantuvieron un diálogo con investigadores y ponentes progresistas. A través de sus intervenciones y debates, destacaron la relevancia de este trabajo para los sindicatos y subrayaron la necesidad de desarrollar aún más su dimensión de servicios públicos. También estuvieron presentes aliados de la ISP, como la Red por la Justicia Fiscal y Oxfam.

Los ponentes esbozaron formas en que los países pueden proceder a reducir la desigualdad en la distribución de la renta, entre las que se incluyen la fiscalidad progresiva de la renta y el patrimonio, las políticas de salario mínimo, la regulación de las escalas salariales en los sectores público y privado, la codeterminación y la representación de lxs trabajadores en los consejos de administración de las empresas, las limitaciones a los derechos de voto de los accionistas individuales en las grandes empresas, el apoyo a la negociación colectiva y a los sindicatos, y muchas otras herramientas.

Daria Cibrario, responsable sénior de políticas de la ISP, afirmó:«Este plan nos da esperanza. Incorpora una dimensión laboral y se alinea estrechamente con nuestras estrategias de justicia social, justicia fiscal y recuperación de los servicios públicos. Nos interesa difundir el plan y sus conclusiones entre nuestra red mundial de afiliadas para estimular el debate y aportar nuestra visión y nuestra acción colectiva al avance de esta agenda para el progreso social».

¿Dónde encontrar el informe y cómo participar?

El informe está disponible en un sitio web específico que describe las vías de distribución y los escenarios climáticos.

El Proyecto de Justicia Global es una iniciativa de investigación colectiva desarrollada por el Laboratorio Mundial de la Desigualdad. Su objetivo es proporcionar una plataforma para estimular la investigación, la formulación de políticas y la participación ciudadana con el fin de dar forma a un siglo XXI más justo, democrático y sostenible. El proyecto cuenta con un equipo de 45 colaboradores. Además, más de 200 investigadores participaron en la elaboración de la Base de Datos Mundial sobre Desigualdad utilizada en esta investigación (véase wid.world/team para consultar la lista completa). El proyecto también se basa en fuentes de reciente creación, entre las que se incluyen la Base de Datos Mundial sobre Economía y Medio Ambiente Sostenibles, la Base de Datos Mundial sobre Gasto en Capital Humano y la Base de Datos Mundial sobre Balanza de Pagos Histórica.

Este texto contiene extractos del informe «Global Social Justice».