En un momento internacional atravesado por el aumento de las desigualdades, el debilitamiento de los sistemas públicos, la precarización de la vida y el avance de respuestas autoritarias y mercantilizadoras, las Jornadas de Gobiernos Locales y Regionales realizadas durante la CSW70 volvieron a plantear una pregunta decisiva: quién sostiene la vida y bajo qué condiciones.

La respuesta, reiterada desde distintos territorios, fue tan contundente como incómoda para los poderes tradicionales. Son las mujeres —y, de manera particular, las mujeres trabajadoras, las mujeres de base y las trabajadora del sector público— quienes siguen cargando con el peso principal del cuidado, de la reproducción de la vida y de la contención social allí donde el Estado retrocede o el mercado convierte los derechos en mercancía.

En ese debate, la participación de la Internacional de Servicios Públicos (ISP), como parte  de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU), tuvo un peso político particular al llevar a este espacio la voz de las y los trabajadores municipales del mundo. Y fue Juneia Batista, trabajadora social de la ciudad de São Paulo y representante de la ISP y CONTRAM, quien condensó con especial claridad el sentido de esta disputa.

A partir de su experiencia de casi tres décadas en el ámbito municipal, Batista trazó un recorrido entre memoria, denuncia y propuesta. Recordó que en São Paulo hubo momentos en que los gobiernos locales impulsaron políticas públicas robustas, con guarderías propias, programas de vivienda y servicios cercanos a la población, especialmente bajo administraciones comprometidas con una agenda social. Pero también advirtió que esos avances no fueron irreversibles. “En São Paulo tuvimos gobiernos que impulsaron guarderías, jardines infantiles, políticas de vivienda y servicios públicos fuertes. Hoy, en cambio, vemos privatización, militarización de las escuelas y un abandono del debate sobre el cuidado”, afirmó.

Su intervención no se limitó al diagnóstico. Desde una mirada sindical, feminista y territorial, Juneia nombró una verdad que atravesó todo el encuentro: que el cuidado no es una cuestión secundaria ni doméstica, sino un campo de disputa política central. “Participamos en muchas conferencias, producimos documentos, pero la pregunta es: ¿qué hacemos después?”, planteó, interpelando no solo a los gobiernos, sino también a los propios espacios multilaterales. Y fue más allá al proponer una perspectiva de articulación global: “Necesitamos una gran alianza global de mujeres, más allá de los partidos. Incluso podríamos pensar en un paro mundial para poner el cuidado en el centro”.

Ese tono de urgencia dialogó con muchas de las intervenciones del panel. A lo largo de la jornada, representantes de gobiernos locales, organismos internacionales, organizaciones comunitarias y redes feministas coincidieron en que el cuidado no puede seguir siendo tratado como un asunto privado resuelto en silencio por las mujeres. Debe ser reconocido como trabajo, derecho, bien público y responsabilidad colectiva.

Desde la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos se subrayó que los gobiernos locales y regionales están en la primera línea de la garantía de derechos, porque es allí donde estos se vuelven concretos o fracasan: en la vivienda, el agua, el saneamiento, la salud, la educación, el trabajo decente y la protección de las personas más vulneradas. Se insistió, además, en que las instituciones locales son el espacio donde “las políticas se encuentran con las personas” y donde la democracia puede fortalecerse o erosionarse.

En la misma línea, desde el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) se destacó que los sistemas de cuidado son también una infraestructura económica y social: sostienen la productividad, permiten la participación de las mujeres en el mercado laboral y hacen posible la vida cotidiana de los hogares y las comunidades. Pero el debate dejó claro que no basta con una formulación técnica. La pregunta es quién financia, quién garantiza y quién controla esos sistemas.

Una de las intervenciones más potentes vino desde Kenia, donde Milka Moraa, integrante de la Asamblea del Condado de Mombasa y de la red REFELA, reivindicó una gobernanza feminista con capacidad de transformar la política desde abajo. “Durante demasiado tiempo, ese contrato fue escrito por hombres, para hombres, lejos de nuestra realidad”, afirmó. Su experiencia mostró que cuando las mujeres entran a los espacios de decisión cambian también las prioridades públicas: mercados con guarderías, servicios de agua, apoyo a vendedoras informales, revisión de presupuestos con enfoque de género y políticas pensadas desde la vida concreta de las comunidades.

Desde España, la alcaldesa de Bunyola, Maria Antònia Serralta, defendió el papel de los municipios pequeños y de la cooperación descentralizada como lugares donde todavía es posible practicar una política más cercana y arraigada en la escucha. “La solidaridad no es un gesto puntual, sino una responsabilidad compartida”, sostuvo, reivindicando el valor de las alianzas locales y del diálogo cotidiano con la ciudadanía como base de una verdadera coalición social.

También resonaron con fuerza las voces de las organizaciones de base. Desde la Huairou Commission, Violet Shivutse recordó que las mujeres organizadas en los territorios no solo resuelven urgencias comunitarias, sino que también generan soluciones que ayudan a los propios gobiernos locales a cumplir con sus mandatos en servicios básicos, educación, agricultura o desarrollo. Pero advirtió que ese vínculo no puede depender únicamente de la buena voluntad de una autoridad de turno: debe institucionalizarse.

Aún más cruda fue la intervención de una activista de Camerún, quien llevó al centro del debate la experiencia de las mujeres que viven conflictos armados, desplazamientos, violencia sexual y pobreza extrema. Su pregunta cruzó toda la jornada: ¿de qué sirven las recomendaciones, los informes y las resoluciones si no transforman la vida de las mujeres de base? “Si nuestras conversaciones no reflejan la vida de esa mujer local cuyos derechos son vulnerados cada día, entonces simplemente estaremos repitiendo las mismas discusiones de siempre”, advirtió.

Ese mismo hilo apareció en la voz de una representante de la alcaldía de Santiago de los Caballeros, en República Dominicana, quien relató el esfuerzo del gobierno local por enfrentar la violencia machista mediante prevención, acompañamiento legal, apoyo psicológico y articulación con los sistemas de salud, educación y justicia. En su intervención dejó una frase que resume la dimensión humana del debate: “Las mujeres cuidan, pero no tenemos quién nos cuide. Protegemos, pero no tenemos quién nos proteja”.

Otro de los consensos del encuentro fue que no habrá transformación real sin una alianza amplia entre feminismos, sindicatos, gobiernos locales, organizaciones comunitarias y redes internacionales. Desde la Alianza Global por los Cuidados, Ana Moreno insistió en la necesidad de construir una “alianza de alianzas” capaz de articular las luchas por el derecho al cuidado, el derecho a la ciudad, los servicios públicos y la justicia territorial. Recordó, además, que muchos de los avances logrados en América Latina son fruto de años de articulación entre movimientos feministas, sindicales y comunitarios.

En ese punto, la presencia de la ISP resultó especialmente significativa. La agenda del cuidado no puede desligarse del trabajo decente, de la defensa de lo público y del papel de quienes sostienen día a día los servicios esenciales en los municipios. La intervención de Juneia Batista fue importante precisamente porque ancló esta discusión en la experiencia de las trabajadoras y trabajadores municipales, mostrando que el cuidado no puede ser una consigna vacía mientras avanzan la privatización, el desmantelamiento de servicios y la precarización laboral.

Su cierre fue, en ese sentido, una síntesis política del encuentro: “Si salimos de estos espacios solo con declaraciones, no será suficiente. Tenemos que construir acciones que transformen la vida de las mujeres”.

Las Jornadas de Gobiernos Locales y Regionales dejaron la certeza respecto a que el cuidado ya no puede ser visto como una nota al margen de las políticas públicas. Es una disputa central sobre el modelo de sociedad, sobre el lugar del Estado, sobre la redistribución del poder y sobre la capacidad de las democracias para responder a la vida real de las personas.

Para la ISP, no habrá justicia social ni de género sin servicios públicos fuertes, sin derechos laborales garantizados y sin el protagonismo de las trabajadoras y trabajadores municipales. Y no habrá democracia sustantiva mientras el cuidado siga descansando en la sobrecarga invisible de las mujeres.