A todas las Organizaciones Sindicales y Gremiales del Sector Público

A todas las Centrales Sindicales y Organizaciones de Trabajadores del Campo y la Ciudad

A todas las Organizaciones de los Sectores Populares, Indígenas, Campesinos, Mujeres y otros Sectores Sociales

Hemos sido testigos en el Ecuador de un momento de brutal impacto a los derechos de las y los trabajadores de todos los sectores y en especial aquellos del sector público, que bajo la tiniebla del estado de excepción y la emergencia sanitaria ha puesto una vez más por encima de la vida y el trabajo dignos, los intereses del capital privado nacional y transnacional de no perder por ninguna circunstancia los niveles de acumulación necesarios para su sobrevivencia. Así lo demuestran la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario-LOAH, la Ley Orgánica de Ordenamiento de las Finanzas Públicas-LOOFP y las medidas económicas tomadas por la Presidencia de la República, el 19 de mayo pasado.

¿La Ley Orgánica de Apoyo Humanitario-LOAH y las medidas del 19 de mayo cómo afectan el trabajo en el sector público?

La LOAH y las medidas del 19 de mayo, han dejado entre paréntesis tanto al Código del Trabajo como a la Ley Orgánica del Servicio Público (máximas leyes de regulación de las relaciones laborales en el sector público), aplicando el estado de excepción como pretexto para hacer de una nueva ley, la ley madre de todas las leyes laborales, transgrediendo, menoscabando y permitiendo vulneraciones a derechos constitucionales que ocasionan afectaciones profundas.

En este marco las y los trabajadores públicos, tanto aquellos categorizados como servidores públicos y obreros del sector público, hemos quedado una vez más desamparados por la ley en el orden nacional.

· Remuneración: tanto el descuento planteado como aporte para la emergencia, como la reducción salarial es una clara evidencia de la desvalorización del trabajo. Dónde quedaron los aplausos para las mujeres y hombres que trabajamos en el sector público y hemos puesto nuestra vida al servicio de salvar vidas de nuestra comunidad, no únicamente de aquellos que estamos en la primera línea de la salud, sino de aquellos que trabajamos en la recolección de desechos sólidos; el agua y saneamiento; las unidades de flagrancia; la energía; la protección de las fronteras; la seguridad; las emergencias; la educación en todos sus niveles; las obras públicas municipales y de los gobiernos provinciales, que también nos encontramos en primera línea. Pues, vemos una falta de ética pública para gobernar un país, que puede salir adelante, única y exclusivamente por el trabajo de sus trabajadores y no por el capital que sus empresarios sacan del país y en muchos casos a paraísos fiscales.

· Jornada laboral: la reducción de la jornada a 6 horas para justificar la reducción salarial evidencia un doble discurso. Las y los trabajadores del sector público ecuatorianos formalmente trabajamos más de las 8 horas, jornada que además se ha prolongado a partir de la modalidad de teletrabajo y que adolece de falta de supervisión de las autoridades de trabajo ante las jornadas excesivas. Una de las realidades en las que vivimos es que el proceso de trabajo se ha ido incrementando paulatinamente, con nuevas relaciones contractuales, a la vez que, la relación laboral se ha ido desregularizando. La disminución de la jornada laboral en el sector público provocará la consecuente disminución de las remuneraciones en un 25% para todos los servidores públicos y obreros de la Función Ejecutiva; situación que la venía planteando el Gobierno con los postulados de la flexibilización laboral que intentó aplicar el año pasado, siendo derrotados en las jornadas de lucha que el pueblo ecuatoriano impulsó en octubre y que ahora logra bajo el estado de emergencia y estado de excepción, dando un duro golpe a los trabajadores y sus posibilidades de una vida digna

· Intensificación del trabajo: pues con reducción salarial y reducción de la jornada laboral, las y los trabajadores del sector público seguiremos trabajando, ahora bajo una acelerada intensificación del trabajo, es decir hacer más con menos salario y en menos tiempo, afectando aspectos de la vida de los trabajadores tales como sus proyectos de vida y la salud mental requerida para el trabajo. Las nuevas 6 horas, serán únicamente la excusa, mientras seguiremos poniendo nuestra fuerza y capacidad laboral más de 8 horas diarias, para continuar salvando vidas y logrando que nuestra comunidad ejerza plenamente sus derechos humanos a través de los servicios públicos, mientras el Estado, administrado por los empresarios, seguirán lucrando de nuestro trabajo.

· Despidos: bajo la modalidad de terminación de contratos y/o eliminación de entidades/empresas públicas se terminará el empleo de miles de servidores y obreros públicos incrementando la tasa de desempleo, que ya para fines del 2019 representaba el 3.8% según datos oficiales y que además ahora por la pandemia ha aumentado de manera exponencial.

¿La Ley Orgánica de Ordenamiento de las Finanzas Públicas-LOOFP y las medidas del 19 de mayo cómo afectan la propiedad pública del Estado?

De igual manera bajo la excusa del estado de excepción, el Gobierno ecuatoriano se ha vuelto a poner a los pies del Fondo Monetario Internacional y a espaldas del pueblo ecuatoriano, ratificando al Ministerio de Economía y Finanzas como ente rector de las finanzas públicas. Retomando la figura del hiperpresidencialismo constitucional, la LOOFP ahora subsume todo a la economía. Todos los poderes del Estado, todos los niveles territoriales del Estado, todas las competencias del Estado estarán subordinadas. No habrá política social sin dictamen de la economía, no habrá política laboral pública sin dictamen de la economía; por lo que la salud, la educación y el trabajo estarán orilladas ante los intereses de capitalización del Estado. Es decir, el MEF se convertirá en adelante en el ente rector del Estado y cabeza de Gobierno. Por tanto, esta ley atenta contra los derechos en el mundo del trabajo en el sector público, los principios de la Administración Pública y contra los derechos a la propiedad pública de nuestros bienes comunes como ecuatorianos.

· Gobernanza Fiscal: el órgano de toma de decisiones será el Comité Nacional de Coordinación Fiscal ahora aumentada su participación a 11 miembros (en un acto de profunda “democracia” de papel) que estará integrado por un representante del Presidente de la República a quién se le da la capacidad de voto dirimente, un representante del Ente Rector de las Finanzas Públicas, un representante del Banco Central, un representante por cada uno de todos los niveles territoriales de los GADs, un representante de las Empresas Públicas, un representante de cada una de las Entidades de la Seguridad Social y un representante de la Asamblea Nacional, estará en contenido y forma subordinado al ente rector de las finanzas públicas-

· La privatización: bajo el manto de mantener estabilidad en los ingresos públicos provenientes de la comercialización de materias primas petroleras y mineras, fluctuante por lo precios internacionales, la LOOFP autoriza la contratación de servicios y seguros que esconden la figura de la privatización, bajo medidas que ya serán de carácter administrativo en las que las empresas aseguradoras contratadas, que con certeza no serán públicas, sino que podrán ser intermediarios tanto de capitales nacionales como transnacionales. Por otro lado, la LOOFP, ratifica que las Entidades del Sector Público podrán ejecutar ventas de activos financieros a precio de mercado (subasta pública), bajo los principios de competencia, transparencia y rendimiento. Se abre de esta manera la negociación financiera sobre los activos reales del Estado activando el aparato capitalista de Estado dentro del mercado de valores. La privatización maquillada de proyectos de acuerdos público-privados, ahora sí ya se expresa con claridad en la LOOFP. Así mismo, todas las Empresas Públicas, ahora clasificadas por nacionales y de los gobiernos locales entran a ser parte de esos activos que podrán ser puestos en el mercado de valores, perdiendo no únicamente empleos en el sector público, sino perdiendo todas y todos los ecuatorianos lo más rentable que posee el Estado de todos los niveles territoriales. Por lo que la LOOFP, es una vía ágil y expedita para la privatización, sin tener que pasar por ningún otro filtro que el Ministerio de Economía y Finanzas.

Por su parte la reducción del tamaño del Estado anunciada, en donde se decide cerrar y fusionar 10 empresas públicas, entre ellas la aerolínea Tame, Inmobiliar, Ferrocarriles, Siembra, Medios Públicos, Correos del Ecuador y otras, demuestra los intereses de capitales privados para cooptar esos sectores de servicios, una muestra de ello está en las mismas palabras de Moreno al precisar que “Tame entrará en liquidación, preservando las rutas que conectan lugares que no tienen alternativas privadas”.

· Seguridad social: entre las entidades que componen el sector público financiero, la LOOFP aprobada por la Asamblea Nacional, ya no tiene ningún detalle de qué entidades lo componen, por lo que el BIESS ya no figura; así mismo el IESS, ISSFA, ISSPOL dejaron de ser consideradas entidades del sector no financiero; y ahora se las ubica como entidades autónomas, no obstante a pesar de que se hace una clarificación del carácter referencial de la LOOFP para estas entidades, se las integra en el sistema de regulación y control, integración contradictoria que por supuesto plantea en la práctica que ya de autónomas no tendrán nada. Así mismo su participación dentro del Comité Nacional de Coordinación Fiscal, con un representante, con seguridad no el representante de los afiliados, consolida la pérdida de la copropiedad de los afiliados del sistema de seguridad social. Por otra parte, se habla retóricamente del respeto del Artículo 372 de la Constitución del Ecuador, más no hay ninguna garantía de su respecto, siendo además que el Consejo Directivo, particularmente del IESS, ha sido un operador político de los dictámenes de apropiación de sus recursos por parte de los gobiernos de turno, como lo demuestra la situación actual en donde la representación de los trabajadores ante esta instancia está insubsistente por más de dos años.

Sólo la UNIDAD DE CLASE, de las y los trabajadores del campo y la ciudad, del sector público y privado, del sector formal como informal de la economía, de los sectores populares, indígenas, campesinos, mujeres y otros sectores sociales logrará forjar una fuerza capaz de revertir este momento de REGRESIÓN, el más infame que hemos vivido en la historia.

Por lo que nos convocamos en esta UNIDAD a:

¡DEFENDER EL TRABAJO, LA VIDA y LA PROPIEDAD PÚBLICA DE LOS BIENES QUE NOS PERTENECEN A TODAS Y TODOS LOS ECUATORIANOS!

¡Que ningún COVID19 nos mate, nos detenga o neutralice!

¡Por la defensa de los bienes y servicios públicos y sus trabajadores!

Confederación Nacional de Servidores Públicos-CONASEP, Federación de Trabajadores Municipales y Provinciales-FETMYP, Federación Nacional de Obreros de los Gobiernos Provinciales del Ecuador-FENOGOPRE, Confederación de Empleados Municipales-CEEM, Asociación de Funcionarios y Empleados de la Universidad Andina Simón Bolívar-ASOUASB, Asociación Nacional de Trabajadores de Agua Potable y Saneamiento-ANTAPS, Federación Nacional de Asociaciones Judiciales del Ecuador-FENAJE

SINDICATOS Y GREMIOS DEL SECTOR PÚBLICO, AFILIADOS A LA INTERNACIONAL DE SERVICIOS PÚBLICOS EN EL ECUADOR

Y LAS FRATERNAS

Asociación Nacional de Despedidos por del Decreto 813-ASODESP-813, Federación Nacional de Trabajadores Universitarios y Politécnicos del Ecuador-FENATUPE, Federación Nacional de Asociaciones de Empleados de los Consejos Provinciales del Ecuador-FENACOPE y Comité de Empresa de los Trabajadores de la Empresa Eléctrica Quito-CETEEQ

21 de mayo de 2020.