En la Declaración aprobada los y las participantes se comprometen a defender la gestión publica y comunitaria de los servicios públicos, a continuar defendiendo el patrimonio público de las amenazas de privatización, que adopta nuevas formas a través de las Asociaciones Público Privadas, y a fortalecer la campaña contra el Acuerdo de Comercio de Servicios (TISA).

Lea la declaración:

Nos reunimos hoy 12 de mayo de 2016 en la ciudad de Medellín para discutir las nuevas amenazas de privatización y despojo de los bienes comunes naturales y culturales y de instituciones populares y públicas a través de políticas gubernamentales, firma de tratados internacionales, venta de organismos estatales, en el marco de un modelo económico que profundiza el extractivismo y la destrucción de los bienes naturales, el agua, el aire, los suelos, la biodiversidad, las culturas y los paisajes y los territorios.

Hace más de dos décadas se dio la entrada oficial al neoliberalismo en el país. La constitución de 1991 y leyes posteriores, en especial la 142 y 143 de 1994 de servicios públicos y mediante la que se establece el régimen para la generación, interconexión, distribución, y comercialización de electricidad en el territorio nacional, que sumadas a la política empresarial para el manejo de los mismos, implementada mediante decretos, establecieron un cambio en la concepción de los servicios públicos y en quiénes pueden prestarlos, otorgando un papel principal a la actividad empresarial, desarrollada por privados,entidades de economía mixta o sociedades por acciones de capital en principio estatal, con la posibilidad futura de venta a cualquier interesado. Todo ello, amparado en los argumentos de eficiencia económica, eficacia y ausencia de corrupción, afirmando de otro lado, la falta de competencia, la carencia de fondos del Estado, los altos costos que implica la prestación de los servicios, la incapacidad de las comunidades organizadas, rurales y urbanas para la autogestión de servicios esenciales, su atomización y la insostenibilidad financiera. De esta manera se permitió y permite que los servicios públicos como finalidad del Estado sean entregados al sector privado, acabando con el modelo netamente estatal y con la gestión de los mismos por parte de organizaciones comunitarias con arraigo en los territorios.

La privatización de los servicios públicos implica la pérdida de soberanía y la mercantilización de los bienes comunes asociados a dichas actividades, como el agua y el gas, el detrimento del patrimonio público y la denegación de los derechos humanos que se garantizan a través de ellos, como el acceso y suministro de agua potable, energía y gas para todas las personas sin exclusión y a bajo costo, lo que vulnera el principio democrático que inspira nuestro sistema de gobierno y el derecho ciudadano a participar en la toma de decisiones sobre nuestros servicios, nuestro territorio y los bienes que lo conforman, priva a las comunidades de la gestión autónoma y del derecho a constituirse en instancias válidas de representación en los escenarios locales y departamentales.

Denunciamos la democratización de las empresas estatales como una estrategia al servicio de la privatización de lo público, cuyo propósito final es el fraccionamiento del capital estatal en acciones que se venden, intercambian, acumulan o monopolizan pocos, rechazamos también los mecanismos administrativos de toma de posesión y liquidación de organizaciones comunitarias que garantizan el agua a amplios sectores de la población y las declaramos como patrimonio público- comunitario, histórico y cultural de nuestra Nación.

La privatización tiene un impacto social negativo en relación a las tarifas, la pérdida del patrimonio público, comunitario y ambiental, pone en riesgo la permanencia de los habitantes en el territorio, crea inseguridad energética e hídrica y vulnera derechos humanos.

Aparece como nueva amenaza el acuerdo internacional sobre el comercio de servicios TISA, que Colombia está negociando en compañía de otros 49 países, estrategia del corporativismo y las multinacionales para apropiarse de los servicios que garantizan derechos y que aún son gestionados por el Estado y las comunidades. La privatización de los servicios en diversas partes del mundo ha sido un fracaso y por ello en más de 346 ciudades se han realizado procesos de remunicipalizacion de los servicios de agua y saneamiento; aun así, el mercado continúa en la búsqueda de acuerdos que garanticen la entrega del sector a los privados y la posesión sobre los servicios públicos esenciales existentes y los que puedan prestarse en el futuro. 

En este contexto, identificamos las diversas formas de resistencia promovidas en las últimas décadas por las organizaciones sindicales, comunitarias, no gubernamentales y solidarias, inspiradas en principios humanistas y ambientalistas en defensa de los bienes comunes, los derechos humanos y la soberanía nacional. La organización, investigación, formación, articulación, movilización y la lucha creativa han sido esenciales para denunciar y disminuir los efectos de la privatización.

Los sindicatos, los acueductos comunitarios, las organizaciones ambientalistas y de economía solidaria nos vemos en la necesidad de defender la gestión pública y comunitaria de los servicios y fortalecer la participación ciudadana en la toma de decisiones que afecten nuestros bienes comunes, derechos humanos y patrimonio público-comunitario. Continuaremos denunciando y divulgando los efectos de la privatización, articulándonos en acuerdos público- público-, público-comunitario, comunitario-comunitario y solidarios apoyando e intercambiando nuestras resistencias creativas tanto a nivel nacional como internacional para contrarrestar los efectos de los acuerdos público-privados –APP- promovidos por las instituciones financieras internacionales y las multinacionales. Así mismo, nos comprometemos a discutir y fortalecer la campaña contra el acuerdo TISA que se desarrolla a nivel global.

Medellín, 12 de mayo de 2016.

Sindicato Nacional de Trabajadores de ISAGEN, SINTRAISAGEN.
Sindicato de Trabajadores de Acuavalle SA ESP, SINTRACUAVALLE.
Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema Nacional Ambiental, SINTRAMBIENTE.
Sindicato Nacional De Trabajadores de ISA, SINTRAISA.
Sindicato de Trabajadores de la Industria Energética, SINTRAE.
Sindicato de Industria de los Trabajadores Profesionales de las Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios, Complementarios y Conexos, SINPRO.
Unión de Sindicatos de EMCALI, USE.
Internacional de Servicios Públicos, ISP.
Asociación Departamental de Acueductos Comunitarios de Antioquia, ADACA.
Plataforma de Acuerdos Públicos Comunitarios de Las Américas.
Cooperativa Confiar.
Corporación Ecológica y Cultural Penca de Sábila.
Comité Departamental en Defensa del Agua y de la Vida de Antioquia.
Amigos del Medio Ambiente, AMA.
Fundación Darién