Ante el aumento de las violencias racistas en el Wall Mapu, territorio histórico mapuche, el Comité Interamericano del Combate al Racismo y la Xenofobia de la Internacional de Servicios Públicos (ISP) en Interaméricas declara a la opinión pública:

Estas violencias racistas se evidencian en la nula respuesta del gobierno chileno a las legítimas demandas de los presos políticos mapuche que se encuentran en huelga de hambre por más de 59 días; entre los huelguistas se encuentran ocho presos mapuche en la cárcel de Angol y uno en la cárcel de Temuco, el Machi Celestino.

La huelga de hambre es para exigir cambios en el cumplimiento de sus condenas y la del resto de presos políticos mapuches y que estos puedan volver a sus territorios, entre otras exigencias. Sin embargo, el silencio de las autoridades molesta porque hay vidas de por medio, evidenciando que para el gobierno la vida mapuche vale menos que asesinos como el oficial que mató por la espalda a Camilo Catrillanca Marin, quien actualmente cumple arresto domiciliario. Reclamamos al gobierno chileno la voluntad política para que se solucione estas justas demandas con base en el derecho internacional, en concordancia con el Convenio 169 de la OIT y la Declaración Internacional de los Derechos de los Pueblos Indígenas.

Instamos al gobierno a cumplir con su mandato pensando en el bienestar de las personas. Que se generen salidas alternativas, que exista la voluntad de llegar a acuerdos políticos y no seguir con prácticas violentas y racistas que ha sido no responder

Desde el 2011, mujeres hortelanas mapuche han sido nuevamente reprimidas por las fuerzas especiales. Son mujeres en su mayoría jefas de hogar, varias de la tercera edad, que dependen de pequeños espacios de tierra para trabajar con sus familias, dando mayor bienestar a los suyos y promoviendo la identidad cultural del pueblo mapuche y las riquezas de cada territorio, generando de forma auto convocada los espacios denominados trafkintu, donde se intercambian las semillas, los frutos y otros valores. La violencia racista y machista retrógrada local queda en evidencia.

Proponemos que se haga cumplir el derecho internacional y que los organismos internacionales pertinentes intervengan por el Convenio 169 de la OIT, que el Estado chileno adscribió. Así como otros que protegen a las mujeres.