Mientras que los empleados públicos en Francia han demostrado durante más de un año su papel esencial garantizando cada día la continuidad de los servicios públicos y estando en primera línea en lo que respecta a la sanidad y los servicios sociales, el gobierno no ha dejado de llevar a cabo su política de austeridad y de aplicar sus contrarreformas:

La congelación de los salarios del sector público, que se mantiene casi ininterrumpidamente desde hace más de 10 años, ha provocado una importante pérdida de poder adquisitivo, sin que el gobierno francés haya querido abordar la cuestión de un aumento general. Hoy en día, casi una cuarta parte de los empleados del sector público cobran entre el salario mínimo y el salario mínimo +10%. Es el doble que hace veinte años. Esta falta de reconocimiento a los funcionarios, a su cualificación y compromiso, afecta aún más a las profesiones y sectores en los que trabajan las mujeres y aleja así cualquier perspectiva de igualdad entre hombres y mujeres.

Hoy en día, casi una cuarta parte de los empleados públicos están en situación de precariedad y el 70% de ellos son mujeres. La aplicación de la última ley de "transformación de la función pública", votada a finales de 2019 y condenada por todos los sindicatos franceses, acentúa aún más el uso de contratos precarios.
Mientras el número de desempleados en el país sigue aumentando, esta ley anula los acuerdos locales negociados sobre la reducción de la jornada laboral, recortando el equivalente a 57.000 puestos de trabajo en las administraciones locales. A pesar de que la crisis sanitaria pone de manifiesto su importancia para la salud y la protección de los agentes, se suprimen los Comités de Seguridad e Higiene en el trabajo, así como las consultas a los representantes sindicales sobre el desarrollo de la carrera de los agentes. El respeto del derecho constitucional de todo empleado público a la huelga también se ve ahora amenazado con la
posibilidad de limitar este derecho para un gran número de empleados.

Ante esta situación, muchos funcionarios se movilizan localmente mediante huelgas, a menudo en grupos intersindicales, contra el aumento de la jornada laboral, la supresión de los días de permiso, por el nombramiento permanente de personal precario, etc.

Sobre estos temas y la cuestión de los salarios, cuatro sindicatos de la función pública llaman a la movilización el 15 de junio. Nuestra organización CGT reclama ahora para la función pública:

• 10% más de personal fijo

• Aumento salarial del 10%

• Reducción del 10% del tiempo de trabajo

• 10% de tiempo de formación.