DECLARACIÓN PÚBLICA

COVID-19 demuestra el error de desmantelar los sistemas públicos de salud

Ante la propagación inminente del brote de Coronavirus (COVID-19) en los países de América Latina, y particularmente en el Cono Sur, los sindicatos del sector salud afiliados a la Internacional de Servicios Públicos (ISP) en Argentina, Chile y Paraguay declaran:

Como trabajadoras y trabajadores de la salud nos ponemos a disposición de nuestros países y todas las personas para trabajar en la contención y control de este brote. Tenemos un compromiso irrestricto con el bienestar de la población, y llevaremos a cabo todas las tareas posibles para hacer frente a esta emergencia. En Argentina, las obras sociales –que cubren el 40% de la población- vinculadas a los sindicatos como la Confederación General de Trabajadores (CGT) y la Central de Trabajadores de Argentina (CTA) pusieron a disposición del país, los hoteles sindicales para las personas en cuarentena o en estado grave de la enfermedad.

Sostenemos que, si bien algunos países están tomando medidas para detener la marea del brote, la respuesta de algunos gobiernos no ha sido proporcional al grave desafío que la pandemia plantea a la humanidad. Ejemplo de ello es el anuncio del gobierno de Chile de cerrar las fronteras recién luego de haberse confirmado 156 casos, o la invocación sólo a las responsabilidades individuales de las personas como el distanciamiento social, sin anuncios de inversión suficiente al sistema público o medidas de protección adecuada para las y los trabajadores de la salud.

Como sindicatos de la salud del Cono Sur, creemos que la situación expansiva del virus se verá agravada por las políticas y las medidas que han antepuesto los beneficios económicos a las personas, como la privatización y la comercialización de la salud, la liberalización de los servicios sanitarios y la aplicación de medidas de austeridad. En el marco de la pandemia se hará evidente que la privatización afectará la capacidad de los estados de coordinar campañas a gran escala, ante la limitada capacidad de los sistemas públicos de salud que han sido desmantelados y recortados presupuestariamente durante las últimas décadas.

En Chile, el país de América Latina más afectado por la pandemia –en relación a casos/población-, el sistema de salud está capturado por prestadores privados con fines de lucro (clínicas) y seguros privados (ISAPRES), que pretenden no pagar las licencias médicas a las y los trabajadores que se sometan a la cuarentena; por las cadenas de farmacias –que no tienen regulación ni sanción ejemplar cuando se coluden para subir el costo de los insumos necesarios para enfrentar el COVID-19-, y por el libre mercado; lo que ha retrasado significativamente la adopción de medidas para contener la enfermedad y fortalecer el sistema público de salud.

Situación muy distinta la vivida en Argentina, donde el gobierno vía resolución, informó que se “deben garantizar los derechos esenciales de la población y su goce efectivo, siendo un interés prioritario tener asegurado el acceso sin restricciones a los bienes básicos, especialmente aquellos tendientes a la protección de la salud individual y colectiva". Los precios de venta establecidos por esta medida no podrán ser alterados durante un período de noventa días corridos.

Además, tanto en Argentina como en Paraguay, los permisos o licencias por cuarentena se están pagando, a diferencia de Chile, que aún no existe un pronunciamiento jurídico al respecto.

Las y los trabajadores demandan diálogo y cuidado

Por otro lado, también declaramos que las y los trabajadores, y en particular del sector público, han estado a la vanguardia en el mundo de la respuesta global frente a esta crisis. Sin embargo, estas y estos trabajadores –particularmente de la salud- se enfrentan al riesgo de exponerse al virus durante su jornada laboral. Como resultado de esto, los integrantes de sus familias tienen un mayor riesgo de infección que otras y otros miembros de la población.

Es por esto que asegurar que los derechos laborales estén en el centro de la respuesta al COVID-19 es esencial para reducir el riesgo en seguridad y salud ocupacional, así como también, evitar el stress o burnout en el personal de salud, dado que esta situación podría afectar su capacidad de respuesta.

Los brotes anteriores de enfermedades transmisibles altamente infecciosas han demostrado que los resultados de salud pública mejoran significativamente cuando se respetan los derechos laborales, y los sindicatos pueden representar efectivamente a los trabajadores en las medidas gubernamentales que se implementan. El diálogo social es un instrumento efectivo para abordar la crisis epidemiológica que vivimos.

De lo anterior, las afiliadas a la ISP en el Cono Sur, llaman a extremar las medidas de prevención y mejorar las condiciones de trabajo del personal de la salud, a limitar desde el Estado la liberalización y comercio de los servicios de salud en tiempos de pandemia, y a reflexionar sobre el rol de los servicios públicos de calidad para enfrentar el Coronavirus, que está poniendo en jaque a los defensores de la privatización versus los que sostenemos que, sólo los sistemas públicos universales de salud pueden garantizar el derecho humano a la salud de la totalidad de la población.

Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina (FESPROSA)
Unión de Personal Civil de la Nación (UPCN)
Confederación de Trabajadores Municipales de Argentina (CTM)
Confederación Nacional de Funcionarios de la Salud Municipal de Chile (CONFUSAM)
Confederación de Profesionales Universitarios de los Servicios de Salud de Chile (FENPRUSS)
Agrupación Nacional de Empleados Fiscales de Chile (ANEF)
Asociación Paraguaya de Enfermería (APE)
Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Salud de Paraguay (SITRAMIS)