El Consejo Ejecutivo de la ISP DENUNCIA el brutal golpe militar que tuvo lugar en Myanmar el 1 de febrero de 2021 en un intento de subvertir los resultados de las elecciones nacionales y el nombramiento de un gobierno más democrático.

CONDENA los brutales ataques, asesinatos y detenciones cometidos por los militares contra lxs trabajadorxs de la salud, otrxs trabajadorxs del sector público y todxs lxs trabajadorxs, estudiantes y público que se han unido al Movimiento de Desobediencia Civil. Señalando que al menos 818 personas han sido asesinadas por la junta militar, más de 5.000 personas han sido detenidas, se han emitido
muchas más órdenes de detención y 20 personas han sido condenadas a muerte por su participación en las protestas. Al menos 16 sindicatos han sido declarados ilegales.

CONDENA ADEMÁS el ataque sistemático y sostenido contra lxs trabajadorxs de la salud y el sistema nacional de salud, que incluye el asesinato de trabajadorxs de la salud mientras atendían a manifestantes heridos, la detención de trabajadorxs de la salud que han prestado asistencia sanitaria gratuita o que han hecho huelga, los disparos contra hospitales, ambulancias y centros médicos, el robo de medicamentos y otras provisiones sanitarias y el despido de trabajadorxs de la salud por expresar su apoyo a la democracia.

OBSERVA que las acciones de los militares suponen un incumplimiento de la Declaración Universal de Derechos Humanos, de todos los principales convenios de derechos humanos, de los Convenios 87 y 98 de la OIT y de la Convención de Ginebra y de los acuerdos posteriores para proteger al personal de la salud durante los conflictos, siendo el más reciente la Resolución 2286 (2016) del Consejo de Seguridad de la ONU.

APLAUDE la valiente actuación de lxs trabajadorxs de la sanidad y de otros servicios públicos que han arriesgado su vida en defensa de la democracia y del bien público.

INSTA a la ONU a que remita los crímenes de los militares a la Corte Penal Internacional y a que todos los gobiernos impongan un amplio embargo de armas a nivel mundial, así como sanciones financieras a los altos cargos militares responsables de los crímenes.

INSTA TAMBIÉN a los gobiernos a que apoyen la investigación de todos los intereses económicos y vínculos comerciales de los militares de Myanmar.

EXIGE que todos los gobiernos, las instituciones mundiales y las corporaciones dejen de relacionarse con los militares, rompan cualquier vínculo diplomático o económico con ellos y pongan fin a cualquier compromiso económico directo o indirecto con los militares o sus familias. Al contrario, los gobiernos deben reconocer al Gobierno de Unidad Nacional como representante diplomático del pueblo en este momento. Los países que han firmado la Asociación Económica Integral Regional (RCEP, por sus siglas en inglés), deben negarse a seguir adelante con cualquier plan para ratificar el acuerdo hasta que se restablezca el gobierno civil.

ACOGE CON SATISFACCIÓN la acción emprendida por los sindicatos de todo el mundo para impedir que los gobiernos y las empresas apoyen y se comprometan con los intereses económicos del Tatmadaw, y para brindar solidaridad a lxs trabajadorxs en huelga.

AGRADECE a las afiliadas de la ISP que han contribuido al Fondo de Huelga para apoyar a lxs trabajadorxs de los servicios públicos en huelga y se compromete a utilizar estos recursos para apoyar a lxs trabajadorxs hasta el restablecimiento de un gobierno civil y, posteriormente, para apoyar a estos nuevos sindicatos para que se organicen y crezcan.

ALIENTA a las afiliadas de la ISP a expresar su solidaridad con lxs trabajadorxs de Myanmar, a seguir presionando a los gobiernos para que adopten nuevas medidas y a mantener la presión sobre la junta militar ilegítima.