Chile ha optado el último domingo 25 de octubre por superar la herencia más pesada de Augusto Pinochet: la Constitución vigente, bastión del sistema económico que produjo una vergonzosa desigualdad en el país ícono del neoliberalismo en el mundo.

Por medio de un plebiscito, la ciudadanía aceptó iniciar un proceso para redactar una nueva ley fundamental y tratar de encauzar, así, el descontento que explotó en forma de protesta hace justo un año, en octubre de 2019. Con el 100% de mesas escrutadas, los que votaron a favor del cambio obtuvieron un aplastante 78,27%, contra un 21,73% de aquellos que rechazaron la idea.

También fue contundente la elección del organismo que la redactará la nueva Constitución: una convención compuesta por 155 ciudadanos que serán elegidos en abril del próximo año, y que tendrá un carácter paritario entre hombres y mujeres. Esta alternativa sumó un 79% de las preferencias, contra un 21% que eligió la convención mixta, que habría estado compuesta por 172 miembros, entre ciudadanos no políticos y parlamentarios.

El recuento empezó a las 20 horas, y apenas una hora ya se consagraba la ventaja del “apruebo”, frente al “rechazo”. En la céntrica plaza Italia de Santiago, epicentro de las protestas del último año, y rebautizada como Plaza “Dignidad”, miles de personas se congregaban en una noche iluminada por las luces de bengala y de bailes al ritmo de “Quieren dinero”, del grupo de rock chileno Los Prisioneros que se hicieron populares en plena dictadura, y del himno “El Pueblo Unido” de otro grupo chileno Quilapayun, que sonaban por un altoparlante.

“Este contundente resultado es el triunfo del pueblo y no de los partidos políticos”, afirma Carolina Espinoza, la vicepresidenta del Comité Regional de Mujeres de la ISP y vocera de Unidad Social, una agrupación de cientos de organizaciones sociales chilena. Ella señala además que este resultado demuestra la importancia que tiene para la sociedad el que se realicen cambios estructurales en el sistema socio político del país.

En ese sentido, destaca que el apruebo “nos llena de esperanzas, de las posibles transformaciones, y de que la gente sí quiere ser protagonista, pues aumentó el número de participación en las comunas más populares de Chile, lo que abre fuertes expectativas respecto a un pueblo que está dispuesto a dar la lucha en el frente de las urnas y del mismo proceso”.

Más de 14 millones de chilenos y chilenas estaban llamados a votar. Con mascarillas y la esperanza de un cambio, se observaron largas filas en los centros de votación a lo largo del país, donde el proceso transcurrió sin incidentes y con los resguardos sanitarios para evitar contagios de coronavirus. En cada lugar, dirigentes y dirigentas de muchos sindicatos afiliados a la ISP habían llegado voluntariamente para ser apoderados de mesa y defender cada voto cantado.

Muchos jóvenes, los mismos que protagonizaron las protestas, también llegaron a emitir su sufragio temprano. Adultos mayores que no salían desde marzo lo hicieron frente a la posibilidad de cambios de un proceso electoral decidido tras un amplio acuerdo político alcanzado en noviembre del año pasado, casi un mes después del inicio, el 18 de octubre de 2019, de las protestas sociales que estallaron por el alza de la tarifa del Metro de Santiago, pero que logró despertar a Chile entero cansado por la mercantilización de la vida en un país considerado un modelo de crecimiento económico y estabilidad en América Latina.

La madre de las desigualdades

Para un amplio sector de la población, la Constitución de 1980 es la madre de las desigualdades en Chile. Si bien la carta magna no establece la privatización de sectores básicos, como la salud, la educación o las pensiones, fomenta la participación de los privados y reduce el tamaño del Estado.

“Un primer objetivo de este proceso constituyente es dejar atrás la sombra de la dictadura de Pinochet, elaborada bajo fuego y sangre; y otro es poder resolver por la vía políticas los problemas que se han transformado en estructurales como son la desigualdad y la exclusión”, explica Espinoza, quien dice también que desde Unidad Social se van a seguir realizando cabildos para que la ciudadanía pueda manifestarse y transparentar sus inquietudes, además de proponer temas para el proceso constituyente que en abril próximo deberá elegir a las y los miembros de la Convención Constituyente mandatada para redactar la nueva Carta Fundamental, que deberá ser refrendada por las y los chilenos a través de un plebiscito de salida.

Lo anterior, dice la dirigenta, no está exento a problemas y limitaciones como es la imposibilidad de que realmente se puedan hacer los cambios demandados desde hace años por el pueblo chileno en materia de salud, educación, recursos naturales como la propiedad del agua por parte del Estado y no más AFP. En ese sentido, afirma, será “fundamental la participación de las organizaciones sociales y sindicales en este proceso constituyente que se inicia ahora”.