Esta decisión, con la complicidad del legislativo y luego el ejecutivo, que ha convulsionado la paz social de nuestro país, da vergüenza porque el gobierno nacional pudo evitarlo realizando las consultas necesarias y escuchando las voces y opiniones de conocedores del tema, que, aunque complejo, fue muy mal calculado, cuyos resultados, a pesar de los millones que le ha costado al bolsillo del panameño, fue una negociación que FENASEP califica de inoperante y hasta contraria a los intereses del pueblo panameño.

Nosotros, como responsables de los destinos y derechos de miles de trabajadores del sector público, como organización reclamamos la necesidad de que las autoridades respectivas recapaciten sobre lo actuado, pues de lo contrario, y frente a un proceso electoral vertiginoso, las consecuencias ya comienzan a ser dramáticas en perjuicio de gran parte de nuestra sociedad.

Las marchas genuinas, los desórdenes sin control, las consecuencias en el costo de la vida, y hasta posiblemente de vidas, como consecuencia del pésimo manejo en la negociación de un contrato minero que nació inconstitucional, es urgente que se frene, antes de que el drama sea peor.

Para FENASEP el contrato minero, que es evidentemente rechazado por la gran mayoría del pueblo panameño, no solo por sus raíces políticas sino también porque de su lectura hiere profundamente la dignidad de la patria, es necesario suspenderlo.