El Documento de Resultados reconoce la responsabilidad primordial del Estado en la prestación del cuidado y reconoce que el trabajo del cuidado no es una mercancía: una victoria significativa para la ISP y para el movimiento sindical mundial en general, que se unió en torno a estas reivindicaciones.

Sin embargo, el Documento de Resultados también promueve las asociaciones público-privadas, que socavan sistemáticamente la prestación de servicios públicos de calidad en todo el mundo.

Durante la Discusión General, el movimiento sindical mundial se aglutinó en torno a las posiciones de la ISP basadas en los siguientes principios clave:

1. El cuidado es un derecho humano.

2. El cuidado es un bien público.

3. La mercantilización del cuidado impulsa la privatización de los servicios, anteponiendo el lucro a lxs trabajadores, lxs usuarixs y el bienestar de la sociedad en general.

4. Lxs cuidadores migrantes e informales, como lxs agentes de la salud comunitarixs y lxs trabajadores del hogar, merecen un trabajo digno y acceso a la protección social.

Nuestras afiliadas compartieron sus experiencias sobre cómo la crisis en el sector del cuidado ya existía mucho antes de que estallara la pandemia. Describieron cómo la expansión de los servicios del cuidado privados conducirá a una mayor explotación de lxs cuidadores y a deficientes resultados para lxs usuarixs de los servicios.

Conseguimos resultados clave para garantizar un trabajo digno para el personal del cuidado, como el acceso a la negociación colectiva, la libertad de asociación, la eliminación de la discriminación y la seguridad y salud en el trabajo.

Garantizamos la inclusión del Estado como principal proveedor del cuidado y la necesidad de un marco político y normativo sólido.

Sin embargo, mientras la OIT prepara un Plan de Acción para poner en práctica las conclusiones de la Discusión General, lxs trabajadores y los sindicatos de todo el mundo deben mantenerse fuertes y unidos para hacer frente a las falsas promesas de las Asociaciones Público-Privadas (APP).

La mercantilización del cuidado no es la solución a la crisis del cuidado, sino su causa.

A menudo se hace creer a los gobiernos, faltos de liquidez, que las asociaciones público-privadas pueden ser una forma rentable de prestar los servicios de cuidado de los que son responsables. Sin embargo, en todo el mundo y en todos los sectores, las APP y las privatizaciones han incumplido sistemáticamente sus promesas, han antepuesto el lucro a las personas y han costado a los Estados más de lo que gastarían mediante la prestación directa.

Un estudio reciente de la revista Lancet, de la Universidad de Oxford, ha revelado que los hospitales privatizados suelen prestar peores servicios de cuidado, con tasas de mortalidad más elevadas, tras dejar de ser de titularidad pública, y que se obtienen mayores beneficios reduciendo la plantilla. Un análisis internacional de proyectos de APP realizado por Eurodad concluyó que el 90% de las APP carecían de transparencia y/o no consultaban a las comunidades afectadas, y socavaban la responsabilidad democrática.

No hay pruebas que sugieran que más APP en el sector del cuidado generarían resultados positivos para lxs trabajadores y lxs usuarixs de los servicios.

Quienes realmente se beneficiarán del fomento de las APP son las mismas empresas que han demostrado sistemáticamente anteponer el lucro a la prestación de cuidados de calidad. Tal es el caso de Francia, donde el grupo de residencias de mayores Orpea ha sido acusado de lucrarse mediante una serie de prácticas abusivas que incluyen la falta sistemática de personal y el racionamiento de alimentos y productos de atención médica y de higiene para lxs residentes. Ni la OIT ni ningún gobierno deberían promover asociaciones con este tipo de entidades. 

Aunque los servicios de cuidado son prestados mayoritariamente por mujeres, hay un pequeño grupo de inversores muy ricos (en su mayoría hombres) que obtienen grandes beneficios de su trabajo. Un ejemplo es Forrest Preston, propietario de Life Care Centers of America, que ha sacado más de mil millones de dólares de sus centros de cuidados. Para que un/a empleadx estadounidense con un salario medio en el sector gane esa cantidad tendría que trabajar durante 33.000 años.

Mientras tanto, las investigaciones de CICTAR muestran que muchas de las empresas que afirman que la financiación privada es necesaria para financiar los servicios del cuidado evaden impuestos, lo que nos priva de los fondos necesarios para reforzar los sistemas del cuidado. Los paraísos fiscales cuestan actualmente a nuestros gobiernos más de 500.000 millones de dólares al año en ingresos fiscales perdidos, lo que equivale a más de 15 veces el gasto público mundial actual en servicios de cuidado a personas mayores.

Como afirma Phillip Alston, Relator Especial de la ONU sobre Extrema Pobreza, "La dependencia cada vez mayor del sector privado para erradicar la pobreza mundial, ya sea a través de asociaciones público-privadas o de la filantropía, es un callejón sin salida. Esta tendencia representa una abdicación de responsabilidad por parte de los gobiernos y las organizaciones internacionales."

Nos alegramos de que la OIT haya reconocido que el trabajo en la economía del cuidado -como en todas partes- no es una mercancía. Pero no debemos tolerar que se abdique del cuidado como responsabilidad pública. Como se afirma en los resultados de la discusión general, debemos seguir luchando para que el Estado sea el principal proveedor de servicios del cuidado, a fin de garantizar una atención de calidad y un trabajo decente para todxs lxs cuidadores.

La naturaleza social del cuidado significa que no debe ser mercantilizado, comercializado y diseñado para generar beneficios para unas pocas personas ricas a expensas de las demás.

La ISP pide al movimiento sindical internacional que esté más unido que nunca para oponerse a la mercantilización del cuidado, incluso a través de las APP. Reforzaremos nuestras alianzas mundiales con los movimientos feministas, de derechos humanos y de justicia económica para luchar por reconstruir la organización social del cuidado como uno de los pilares de la justicia social, incluida la justicia de género y el trabajo decente.

El cuidado es un bien público. Ya es hora de empezar a tratarlo como tal.