En el marco del evento paralelo de los sindicatos globales en la CSW69, titulado “Derechos laborales de las mujeres, justicia social y democracia”, Christina McAnea, secretaria general de UNISON, destacó la urgencia de reconocer el cuidado como un derecho humano autónomo y la necesidad de fortalecer los servicios públicos para garantizar condiciones laborales dignas para quienes desempeñan esta función esencial. 

El encuentro, que se llevó a cabo este viernes 14 de marzo reunió a lideresas sindicales, representantes gubernamentales y de organismos internacionales para debatir sobre el impacto de las crisis actuales en los derechos laborales de las mujeres y proponer estrategias para su protección. La discusión giró en torno a las crecientes amenazas contra los derechos humanos y laborales, la necesidad de fortalecer los servicios públicos y la urgencia de políticas que reconozcan el cuidado como un derecho fundamental. 

La lucha sindical por la dignificación del trabajo de cuidados 

McAnea, representante del mayor sindicato del Reino Unido y de la Internacional de Servicios Públicos (ISP), subrayó que la ISP ha abogado históricamente por el reconocimiento del cuidado como un derecho humano que no debe estar condicionado a la realización de otros derechos. En este contexto, hizo referencia a dos enfoques clave en la arena internacional: la opinión consultiva que actualmente está en manos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y el marco desarrollado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Mientras que el segundo vincula el derecho al cuidado con la garantía de otros derechos, la Corte IDH ha postergado su pronunciamiento sobre si este debe ser reconocido como un derecho autónomo.

En su intervención, McAnea enfatizó que la privatización de los servicios de cuidado ha generado una creciente precarización de las trabajadoras del sector. “Cuando los servicios no son públicos, las empresas y corporaciones anteponen sus intereses a los derechos de las trabajadoras, quienes enfrentan condiciones laborales inadecuadas, bajos niveles de profesionalización y, en muchos casos, ni siquiera son reconocidas legalmente como trabajadoras formales”, señaló. Esta desprotección, agregó, deja a muchas trabajadoras sin acceso a derechos laborales básicos, expuestas a la violencia y al abuso. 

Uno de los temas más urgentes que abordó fue la situación de las trabajadoras migrantes del cuidado, muchas de las cuales enfrentan restricciones en sus visas que las atan a sus empleadores, exponiéndolas a condiciones de explotación extrema. “Las trabajadoras migrantes tienen restricciones en su visa, el empleador es el patrocinador, y son traídas al país con promesas que no se cumplen, incluyendo incluso las condiciones en las que son hospedadas, compartiendo camas en los espacios donde también trabajan”, denunció. 

Para abordar estos desafíos, McAnea presentó el trabajo que UNISON está realizando junto al gobierno británico para la creación de un Sistema Nacional de Cuidados (National Care Service), una iniciativa que busca establecer estándares mínimos para todas las trabajadoras del sector, sin importar si su empleo es público, privado o del sector sin fines de lucro. “Como el sindicato más grande del país, estamos trabajando con el gobierno para establecer que el cuidado debe construirse como un sistema nacional y que las trabajadoras y trabajadores del sector tengan estándares mínimos, incluyendo el salarial, aplicables en todo el sector”, explicó. 

Un debate con perspectivas globales 

El evento contó con la participación de Gloria de la Fuente González, subsecretaria del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, quien resaltó la importancia de las políticas públicas para garantizar derechos laborales igualitarios; Mary Ann Abunda, de la Federación Internacional de Trabajadoras del Hogar, quien denunció la explotación de las trabajadoras domésticas en distintos países; y Sweeta Azimi, de la Unión Nacional de Trabajadores y Empleados de Afganistán, quien abordó la crisis de los derechos laborales en contextos de conflicto. 

Asimismo, Emanuela Pozzan, de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), destacó el papel de los estándares internacionales en la protección de los derechos de las mujeres trabajadoras, mientras que Jessica Isbister, de la Federación Internacional de Trabajadores del Transporte, subrayó la necesidad de mejorar la seguridad y las condiciones laborales para las mujeres en sectores históricamente precarizados. 

Entre las voces gubernamentales, Lord Collins de Highbury, representante del Reino Unido, enfatizó la importancia de la legislación para combatir la violencia de género en el trabajo, mientras que Nadine Molloy, de la Internacional de Educación, presentó estrategias para erradicar la discriminación en el sector educativo. 

El evento cerró con las intervenciones de Jemimah Njuki, de ONU Mujeres, y Dino Corell, de la OIT, quienes coincidieron en la urgencia de transformar estos debates en políticas públicas concretas.