El brote de la enfermedad del coronavirus (COVID-19) se ha extendido desde China a dos docenas de países en menos de dos meses. Ha habido decenas de miles de casos confirmados y más de mil muertes. Esta epidemia representa un riesgo laboral para lxs trabajadorxs del sector público que pueden estar expuestos al virus durante su trabajo. Los años de recortes y de financiación insuficiente de los sistemas de salud pública, presentan un riesgo para la seguridad y la salud de lxs trabajadorxs de la salud y sus familias en todo el mundo.

Los anteriores brotes de enfermedades transmisibles altamente infecciosas han demostrado que los resultados de la salud pública mejoran significativamente cuando se respetan los derechos laborales y los sindicatos pueden representar eficazmente a lxs trabajadorxs de la salud y especialmente a aquellxs expuestos a la enfermedad.

Los riesgos para la salud pública aumentan: cuando lxs trabajadors no pueden actuar colectivamente para hacer frente a los riesgos para la seguridad y la salud en el trabajo; cuando no se proporciona equipo de protección personal (EPP) completo y adecuado a todos lxs trabajadorxs que pueden entrar en contacto con personas infectadas; cuando no se concede a lxs trabajadorxs una licencia por enfermedad adecuada; cuando no se les paga si se ponen voluntariamente en cuarentena; cuando los gobiernos y los empleadores se niegan a aplicar el principio de precaución, no proporcionan información transparente y detallada sobre el estado del virus y los riesgos y cuando los gobiernos y los empleadores no hacen participar a los representantes de lxs trabajadorxs en la elaboración de políticas de seguridad y salud en el trabajo y en la salud pública.

Tomar medidas

La prevención y el control eficaz de las infecciones son fundamentales para salvaguardar la seguridad en el lugar de trabajo en el sector de la salud. Los gobiernos y los empleadores tienen la responsabilidad de asegurar que se apliquen todas las medidas y procedimientos de prevención y protección necesarios. Y nosotros, como trabajadorxs, estamos obligados a seguir los procedimientos de seguridad y salud ocupacional establecidos y a utilizar los protocolos proporcionados.

El respeto de los derechos sindicales y laborales debe ser un elemento central de la respuesta al brote de COVID-19 en todos los países. Esto es importante para que lxs trabajadorxs puedan defender la aplicación sin ambigüedades de medidas de prevención y control de infecciones claramente definidas y puedan retirar sus servicios cuando los gobiernos y los empleadores privados no tomen las medidas necesarias para salvaguardar la seguridad y la salud ocupacional de los trabajadores.

Las afiliadas de la ISP han estado tomando medidas para ayudar a proteger a sus miembros. Han; promovido el asesoramiento general (inglés) publicado boletines educativos (inglés) alentado a los miembros a mantenerse informados (inglés), proporcionado directrices clínicas, y proporcionado información para los diferentes cuadros de trabajadorxs de la salud y asesoramiento sobre el uso de equipo personal preventivo (inglés).

Los sindicatos también han negociado convenios colectivos que permiten a lxs trabajadorxs afectados recibir una licencia especial remunerada en Victoria (Australia). Y en Hong Kong, la Alianza de Empleados de la Salud de Hong Kong se embarcó en una huelga para exigir que se establecieran medidas adecuadas de salud y seguridad, con el apoyo solidario de la ISP.

La ISP seguirá facilitando el intercambio de información y experiencias de los sindicatos. Y daremos la máxima prioridad a la solidaridad con lxs trabajadorxs cuando tengan que luchar para garantizar que sus preocupaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo se aborden de lleno.

La Internacional de Servicios Públicos apoyará a nuestras afiliadas de todo el mundo para:

• Mantenerse al día con la orientación técnica de la Organización Mundial de la Salud[1] y seguir los informes diarios de situación de la OMS

• Velar por que las directrices nacionales de gestión clínica se basen en las directrices de la Organización Mundial de la Salud e integren medidas de otros documentos pertinentes, como las "Respuestas prácticas y administrativas a una enfermedad infecciosa en el lugar de trabajo" de la OIT, publicadas durante el brote de SRAS de 2004

• Promover la conciencia de los miembros sobre los "derechos, funciones y responsabilidades de lxs trabajadorxs de la salud, incluidas las consideraciones fundamentales en materia de seguridad y salud en el trabajo". (en inglés)

• Presentar medidas para salvaguardar el empleo y las condiciones de trabajo de lxs trabajadorxs en la respuesta COVID-19, para la negociación colectiva

• Instar a los gobiernos a:

  • reunirse con representantes de los sindicatos y, en particular, con los sindicatos que representan a lxs trabajadorxs que pueden estar expuestos al virus en su trabajo, incluidos lxs trabajadorxs de la salud, de centros de salud, de servicios de emergencia, lxs trabajadorxs de los aeropuertos, las líneas aéreas y el control fronterizo, de los hoteles y de los espacios públicos;

  • reconocer que COVID-19 es una amenaza para la seguridad y la salud en el trabajo y que los gobiernos y empleadores deben respetar todas las obligaciones detalladas en los Convenios 155, 187 y 161 de la OIT, así como en las Recomendaciones 194, 197 y 171 de la OIT y el Protocolo del Convenio 155;

  • proporcionar equipo de protección personal (EPP) completo a cualquier trabajador/a que pueda entrar en contacto con personas infectadas o con cualquiera que provenga de una zona infectada y proporcionar EPP adecuado a todos lxs trabajadorxs que trabajen en zonas públicas o muy frecuentadas;

  • respetar el derecho de lxs trabajadorxs a optar por no trabajar cuando su salud y seguridad puedan correr peligro o cuando ellxs o sus familias tengan problemas de salud subyacentes que puedan verse agravados por el virus;

  • garantizar que ningún trabajadxr, incluidos los del sector no estructurado, lxs trabajadorxs ocasionales o subcontratados, sufran pérdida de salario o condiciones durante cualquier período de cuarentena;

  • proporcionar información transparente y oportuna a lxs trabajadorxs y sus sindicatos sobre el número y la ubicación de las infecciones y la información más actualizada sobre la enfermedad;

  • proporcionar vacunas antigripales gratuitas a todxs lxs trabajadorxs que entren en contacto con el público;

  • aumentar los fondos destinados a los servicios de salud pública, incluida la investigación de enfermedades infecciosas en el ámbito de la salud pública.

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    [1] Esto es sin perjuicio de nuestra preocupación compartida, planteada por la organización Global Nurses United de que la orientación de la OMS sobre la prevención y el control de las infecciones para COVID-19 (que fue adaptada de sus anteriores directrices sobre el MERS-CoV) podría no proteger adecuadamente a los trabajadores de la salud.