Eletrobras produce cerca del 38% de la energía consumida en Brasil, principalmente en las regiones norte y nordeste, con plantas distribuidas por todo el territorio nacional. Sumando cerca de 18 mil empleados, entre contratistas, prestadores de servicios, pasantes y aprendices. En el informe anual de 2022, la empresa cita la reducción del 20% de la plantilla mediante el plan de bajas voluntarias, ofrecido a los empleados tras la privatización y destinado a reducir los costes de la empresa.

La primera vez que se habló de privatizar las filiales de Eletrobras fue durante el mandato de Fernando Henrique Cardoso (1995-2002), una idea barrada durante los gobiernos petistas de Lula da Silva y Dilma Rousseff (2003-2016) y retomada durante el mandato de Michel Temer (2016-2018). Pero solo se concretó durante el Gobierno de Bolsonaro.

Con la privatización de Eletrobras, el gobierno de Bolsonaro prometió reducir el valor de la factura de electricidad para los consumidores residenciales, lo que ocurrió durante los primeros meses justo antes de aumentarlo aún más. La explicación de esta oscilación es simple: parte del beneficio de la venta de la empresa estatal se destinó a la Cuenta de Desarrollo Energético (CDE) - un fondo sectorial financiado por los consumidores a través de tasas incluidas en sus facturas de energía. La inversión en la CDE tras la privatización de Eletrobras anuló la tasa sobre la misma, reduciendo temporalmente el valor de las facturas de energía, que ya han vuelto a subir.

Además, la privatización fue responsable de despidos masivos, seguidos de la tercerización de contratos. Según Paulo de Tarso, presidente de la Confederación Nacional de Trabajadores Urbanos - CNU, la tercerización es responsable de la pésima calidad de los servicios y del aumento de los accidentes de trabajo y de las muertes. "Lo que se espera [con la tercerización] es esto, una decadencia del sector laboral, y hoy la sociedad clama por la calidad del servicio prestado", afirmó.

En su primer año de mandato, el presidente Lula da Silva llegó a afirmar públicamente que la privatización de Eletrobras era un "crimen contra el país", hecho de forma que impide al gobierno recuperar el control de la empresa estatal. Esto se debe a que hoy en día el gobierno posee el 43% de las acciones de la empresa, pero participa en las votaciones con un poder de sólo el 10%, lo que significa que, a pesar de poseer un porcentaje acumulado mayor de la empresa, el gobierno tiene el mismo poder de voto que los demás accionistas. En mayo, el gobierno de Lula cuestionó esta cláusula ante el Supremo Tribunal Federal (STF), en una Acción Directa de Inconstitucionalidad (ADI), solicitada por la Fiscalía General de la República (AGU).

Cómo está actuando los sindicatos

La vicepresidenta de la CNU, Fabíola Antezana, explicó que el sindicato viene actuando en la lucha por la reestructuración de Eletrobras en cuatro frentes: en la política, en el área jurídica, internamente y en la prensa. En lo político, con audiencias públicas y debates para demostrar al Congreso los daños que la privatización ya trajo a la sociedad y a los trabajadores. En el aspecto jurídico, buscando formas de judicializar las acciones que Eletrobras ya ha emprendido como empresa privada. Internamente, el trabajo es intentar minimizar la precariedad laboral que comenzó a ocurrir justo después del proceso de privatización - especialmente con relación a los despidos - y demostrar al gobierno que, por falta de personal especializado, el sistema eléctrico nacional está en riesgo.

El sindicalista también explicó que, para que la reestatización ocurra, es necesario que un nuevo Proyecto de Ley sea discutido en el Congreso Nacional, pero que el escenario político actual no es favorable para que eso ocurra. Por lo tanto, la mejor manera de lograr este objetivo es exponer las inconstitucionalidades encontradas en el proceso de privatización.

Fabíola Antezana afirma que se trata de "una situación claramente problemática y única en el mundo: en el proceso de privatización hubo una pérdida para el sindicato, ya que la ley determina que ningún accionista puede votar con un poder de voto superior al 10% independientemente del número de acciones [el Estado se quedó con el 43% de las acciones]". Antezana recuerda, sin embargo, que la ley no puede retrotraerse para perjudicar a nadie. "Se trata de una cuestión interpretativa, desde el momento en que la ley entra en vigor, se aplica a los accionistas a partir de ahora, incluido el sindicato, pero tendría que proteger lo que ya tenía, porque el sindicato no fue compensado por la externalización de estas acciones", dijo. Además, el gobierno pasó a ser responsable como agente garantidor de cualquier cosa que pueda ocurrirle a Eletrobras, siendo el único accionista responsable de las decisiones tomadas en las asambleas.

Los próximos pasos ya están previstos, con audiencias públicas para debatir el objetivo de la Acción Directa de Inconstitucionalidad (ADI), así como una serie de denuncias sobre el proceso que perjudicó al gobierno. El 5 de enero se celebró en Río de Janeiro un acto en defensa de Eletrobras como empresa pública y de apoyo a la ADI. Sandro Alex, de la Confederación Nacional de Trabajadores de la Seguridad Social (CNTSS), afiliada a la ISP, participó en el acto e informó de que se trataba de un acto bastante significativo, por ser el primero después de la maniobra del gobierno federal para intentar retomar su poder accionarial en la empresa. "El acto tenía el poder de restablecer el equilibrio de la participación accionarial del gobierno", dijo.