De acuerdo con la Fiscalía contra la Corrupción en Guatemala, el presunto delito de ambos fue avalar la creación de un reglamento de gastos y perdiems para trabajadores y autoridades del Ministerio de Salud, mediante el cual según la parte acusadora (la Fiscalía) es ilegal. Lo anterior por cuanto ellos han considerado que solo el presidente del país tiene la absoluta potestad y facultad de autorizar y firmar este tipo reglamento.

El argumento de la fiscalía contra Alpirez y Dora Regina, mediante la firma del convenio colectivo de entonces, es que se desfalcó al Ministerio de Salud por un monto millonario.

Pese a que los cargos están dirigidos también hacia un abogado, asesor del proceso de la negociación, contratado en forma directa por el Ministro de Salud de entonces, por haber recibido un pago de honorarios fraccionado de aproximadamente USD1,800.000, se quiere vincular en este hecho, a ambos sindicalistas bajo el supuesto de intermediación financiera para beneficiar a esta persona.

De todos modos, en una audiencia, el 22 de enero, el único cargo expuesto por la fiscalía es por el supuesto “abuso de autoridad” de ambos. Siendo que ellos no actuaron como representantes del Ministerio de Salud, sino del sindicato - por consiguiente un argumento falaz que no tiene asidero legal.

Por tanto, la ISP exige la inmediata liberación de los detenidos por considerarlo un ataque a la negociación colectiva en el sector público.

Al mismo tiempo, además de remitir las debidas quejas a la OIT, la ISP ha iniciado una campaña urgente de denuncia contra el Gobierno de Guatemala y el Ministerio Público de este país, por la privación de libertad de nuestros compañeros y la amenaza subsiguiente que pudiera darse en un futuro cercano con otros sindicatos por una situación similar.