El proyecto de Ley Orgánica para la Atracción de Inversiones, Fortalecimiento del Mercado de Valores y Transformación Digital buscaba facilitar la privatización del patrimonio público y beneficiar al capital privado y al poder bancario nacional y transnacional.

Las organizaciones afiliadas a la ISP en el Ecuador, junto a organizaciones fraternas y el Centro de Derechos Económicos y Sociales-CDES hicieron un llamado a la Asamblea Nacional para votar por el archivo de la ley propuesta por el Presidente Guillermo Lasso y su bloque en el poder, alertando que los objetivos declarados de incentivar la inversión privada y generar empleo son sólo retóricos y falaces.

Las disposiciones de este proyecto buscaban facilitar la privatización de los activos y servicios públicos; empobreciendo cada día más a la mayoría de ecuatorianxs, ya que el servicio público (salud, educación, rehabilitación social, justicia, vialidad, agua, energía, telecomunicaciones, saneamiento, infraestructura, etc.) ya no sería deber del Estado, sino terminaría siendo una transacción financiera.

La experiencia nacional e internacional prueba que ningún actor privado invierte en el sector de los bienes y servicios públicos para el bien común, sino sólo y exclusivamente para su lucro individual y la acumulación de capital.  Esas inversiones son fantasmas, operan con los mismos recursos públicos, se hacen aparecer como salvadoras, más sólo son mecanismos de financiarización del capital.

El archivo se produjo luego de un importante proceso de movilización social y presión política este 24 de marzo de 2022, con 87 votos a favor, 44 en contra y 3 abstenciones y abre un espacio de debate amplio para garantizar que los beneficios de los bienes del Estado y los servicios públicos sean para todxs, y no sólo para los más poderosos sectores económicos y financieros nacionales y transnacionales.

Internacional de Servicios Públicos en el Ecuador con sus organizaciones: la Confederación Nacional de Servidores Públicos (CONASEP), la Federación Nacional de Servidores Públicos Universitarios y Politécnicos del Ecuador (FENASUPE), la Federación de Asociaciones Judiciales del Ecuador (FENAJE), la Federación Nacional de Obreros y Consejos Provinciales del Ecuador (FENOGOPRE), la Federación Ecuatoriana de Trabajadores Municipales y Provinciales (FETMYP), la Asociación de Funcionarios y Empleados de la Universidad Andina Simón Bolívar (ASOUASB) y la Asociación Nacional de Trabajadores de Agua Potable y Saneamiento del Ecuador (ANTAPS); a más de las organizaciones fraternas la Confederación Ecuatoriana de Empleados Municipales (CEEM), el Comité de Empresa de Trabajadores de la Empresa Eléctrica Quito (CETEEQ) y la Asociación de Despedidos por el Decreto 813 (ASODESP813)