La Organización Internacional del Trabajo (OIT) acaba de publicar su documento de trabajo 135 sobre la protección de los denunciantes de irregularidades en la administración pública (por el momento, sólo en inglés), un análisis exhaustivo y fascinante de la legislación de 67 países en materia de protección de los denunciantes de irregularidades en el sector público.

El documento describe las legislaciones nacionales de los Estados miembros de la OIT y las analiza en relación con 14 indicadores extraídos de marcos internacionales, como la ONUDD, la OCDE y Transparencia Internacional.

Algunas conclusiones:

• Alcance de la protección: El documento muestra una clara diversidad en la forma en que los países definen el "alcance" de la protección de lxs denunciantes, es decir, quién está cubierto, qué puede denunciar y en qué condiciones. Mientras que las leyes independientes o específicas señalan una intención más amplia de proteger a lxs denunciantes, las "parciales" o "limitadas" parecen más bien ideas de última hora, que restringen quién puede acogerse a ellas.

• Quién está protegido: la mayoría de los países encuestados tienden una red amplia, que abarca no sólo a lxs funcionarios de carrera, sino también a los contratistas, becarios e incluso ex empleados, como la ley española, que incluye explícitamente a los autónomos, accionistas e incluso familiares que puedan sufrir represalias. Pero algunas son muy restrictivas y pueden dejar lagunas para lxs trabajadores no tradicionales.

• Qué se puede denunciar: la mitad de las leyes encuestadas son exhaustivas, lo que permite a lxs denunciantes informar sobre una amplia variedad de asuntos, como corrupción, riesgos para la seguridad, mala gestión - la ley belga cubre incluso las infracciones de las normas internas o las amenazas para el medio ambiente -, mientras que la otra mitad se ciñe únicamente a delitos específicos y faltas graves.

• Umbral de protección: las leyes de la mayoría de los países encuestados son exhaustivas y protegen a cualquiera que crea razonablemente que su denuncia es cierta, como en Brasil, donde se trata de la verosimilitud de la denuncia, no de los motivos del denunciante. Pero otros son muy rigurosos, lo que afecta a la seguridad de lxs denunciantes.

Si bien la reunión de la OIT de 2022 sobre la protección de los denunciantes en el sector de los servicios públicos (en la que la ISP desempeñó un papel destacado) reconoció que cabe esperar cierto grado de diversidad entre las legislaciones nacionales, en el documento se señala que esta diversidad choca con las recomendaciones coherentes de la OCDE, la ONUDD y TI, que abogan por una amplia cobertura, umbrales bajos y una intención clara - sólo 5 leyes obtienen la calificación de "exhaustivas" en los 14 indicadores - lo que "plantea interrogantes sobre la necesidad de orientación o coordinación adicional" y refuerza el impulso de la ISP en favor de un marco mundial más amplio.