Lo anterior, tras observar que medidas extremas como el aislamiento obligatorio total han logrado contener la expansión del COVID-19 en otros países del mundo, y considerando la opinión experta del Colegio Médico, quien ha sido enfático en denunciar esta última semana, por una parte, la irresponsabilidad de este gobierno respecto a las “medidas” para limitar el crecimiento expansivo de la pandemia en nuestro país, y por otra, que los datos entregados por la autoridad sanitaria son incompleto y poco transparentes ante la salturación en la capacidad diagnóstica de los hospitales públicos, y el evidente fracaso de la estrategia del gobierno para contener el contagio rápido de nuestra población.

Por otro lado, la falta de insumos y elementos de prevención para el personal de salud -a nivel centralizado y de atención primaria- aumenta el riesgo de contagio de aquellas trabajadoras y trabajadores, que están por estos días en la primera línea de nuestro sistema público de salud, y que ante esta crisis sanitaria, ha dejado en evidencia no sólo la falta de gestión del gobierno que ha tomado decisiones priorizando la economía y la libre competencia, por sobre la vida de las personas como la cuarentena total -para aplanar la curva y evitar el colapso del sistema-, sino que nos ha dado la razón, a los sindicatos de la salud que llevamos años denunciando aquellas políticas que han facilitado el desmantelamiento, desfinanciamiento y privatización de la salud pública en Chile.

La experiencia internacional nos ha demostrado que, cuando no se proporciona equipo de protección personal (EPP) completo y adecuado a todas las trabajadoras y trabajadores que puedan entrar en contacto con personas infectadas; cuando no se les proporciona una licencia por enfermedad adecuada; cuando no se les paga adecuadamente si se ponen voluntariamente en cuarentena, y cuando los gobiernos y los empleadores se niegan a aplicar el principio de precaución, no proporcionan información transparente y detallada sobre el estado del virus y los riesgos; y no involucran a los sindicatos en las políticas de seguridad y salud públicas, los riesgos aumentan considerablemente.

Las y los trabajadores públicos no pueden seguir esperando, se requiere que el gobierno responsablemente adopte las medidas para el cuidado de la ciudadanía y de las y los trabajadores del sector salud. Hoy, la única función crítica es la que se relaciona con salvar vidas y contener el contagio, y para ello, una medida efectiva es el aislamiento total. Otras medidas, significan seguir priorizando la actividad económica, por sobre la seguridad, el resguardo y la vida de las y los chilenos.

Es momento de ponderar lo realmente importante y enfatizar que esto no es una medida exagerada sino todo lo contrario, creemos que el Gobierno no puede dejar a la voluntad de los ciudadanos la posibilidad o no de quedarse en sus hogares. Sino cumplir con su mandato y velar por el bienestar de todas y todos los chilenos.

Como trabajadores y trabajadoras del sector público nos ponemos a disposición de nuestro país para trabajar en la contención y control de este brote. Tenemos un compromiso irrestricto con el bienestar de la población, y llevaremos a cabo todas las tareas posibles para hacer frente a esta emergencia.

Asociación Nacional de Fiscalizadores del Servicio de Impuestos Internos (AFIICH)
Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF)
Asociación Nacional de Empleados del Servicios de Impuestos Internos (ANEIICH)
Asociación Nacional de Empleados Judiciales de Chile (ANEJUD)
Confederación Nacional de Funcionarios Municipales de Chile (ASEMUCH)
Confederación Nacional de Funcionarios de la Educción Municipal de Chile (CONFEMUCH)
Confederación Nacional de Funcionarios de la Salud Municipal (CONFUSAM)
Confederación de Profesionales Universitarios de los Servicios de Salud (FENPRUSS)
Federación Nacional de Trabajadores de las Obras Sanitarias (FENATRAOS)