La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) dio a conocer públicamente el 3 de julio su Opinión Consultiva sobre “Emergencia Climática y Derechos Humanos”, solicitada por los gobiernos de Chile y Colombia en 2023. Se trata de un pronunciamiento jurídico que fijará estándares para todos los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) respecto a su deber de actuar frente a la crisis climática desde un enfoque de derechos humanos.

La Internacional de Servicios Públicos (ISP), a través de sus afiliadas y del Frente Sindical de Acción Climática (FSAC), ha tenido un rol activo y propositivo en este proceso. En representación del FSAC, Gerardo Juara (AGOEC) y Luciana Ghiotto (APOC) presentaron un documento de amicus curiae ante la Corte, aportando la mirada del sindicalismo y, en particular, del sector público, a los debates jurídicos sobre las obligaciones estatales frente al cambio climático.

El documento presentado por el FSAC, colectivo impulsado por sindicatos de la ISP como FSATUN, AEFIP, y APSEE, subrayó la urgencia de garantizar una transición ecológica justa, con participación de lxs trabajadores, condiciones laborales dignas y respeto a los derechos sindicales.

La solicitud de Opinión Consultiva fue presentada en enero de 2023 y abrió un proceso inédito por su alcance participativo. En febrero de 2024, la Corte invitó a gobiernos, organizaciones sociales, pueblos indígenas, instituciones académicas y sindicatos a presentar observaciones. En abril, más de 70 actores intervinieron en una audiencia pública en Bridgetown, Barbados.

La Opinión Consultiva es una herramienta jurídica prevista en el sistema interamericano de derechos humanos. A través de ella, los Estados o la Comisión Interamericana pueden solicitar a la Corte IDH que interprete el alcance de las obligaciones estatales contenidas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros tratados regionales.

La intervención del FSAC destacó la relación directa entre crisis climática y condiciones de trabajo, así como la necesidad de incorporar el concepto de transición justa como eje rector de las políticas ambientales. Subrayamos que:

• La transición ecológica no puede hacerse sin considerar el impacto sobre el empleo, los derechos laborales y la organización sindical.

• Los trabajadores deben participar en los procesos de toma de decisiones ambientales.

• Los Estados tienen la obligación de garantizar empleos dignos, protección social y formación profesional en sectores afectados por la reconversión productiva.

“Orgullosos de poder estar presente en la lectura pública de la opinión consultiva, aguardamos ahora el su contenido. Todo indica que la Corte establecerá lineamientos sobre el deber de los Estados de prevenir daños ambientales, proteger derechos humanos afectados por el cambio climático, y adoptar políticas públicas con enfoque interseccional, participativo y basado en derechos” subrayó Ghiotto.