Las afiliadas a la Internacional de Servicios Públicos, una Federación Sindical Internacional que agrupa a más de 700 sindicatos que representan a 30 millones de trabajadorxs en 154 países, expresan su profunda preocupación por la judicialización de la política argentina y rechazan el ataque mediático y judicial que está sufriendo Cristina Kirchner.

Así como ha pasado con el expresidente Lula da Silva en Brasil, el “lawfare” como estrategia de persecución en contra la vicepresidenta argentina gano una nueva página en día 22 de agosto, cuando dos fiscales pidieron 12 años de prisión para ella y su inhabilitación para ejercer cargos públicos, mismo que, como en el caso de Lula, no se hayan encontrado pruebas de culpa.

 “Esta es obra teatral de los fiscales que responden al neoliberalismo donde quieren que la protagonista sea Cristina. Es evidente que es una cuestión política”, relató Rubén García, secretario general de la Confederación de Trabajadores Municipales de la República Argentina y de la Confederación de trabajadores e trabajadoras Municipales de ISP en las Américas.

La Internacional de Servicios Públicos – ISP expresa su más profunda solidaridad con las afiliadas de Argentina, y condena el uso del derecho y de la justicia para hacer oposición política y persecución sin pruebas, reforzando nuestra unidad en la lucha por la democracia en los países de la región.