La XIX Asamblea Nacional Extraordinaria de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) cerró este viernes 21 de noviembre con definiciones que reflejan el clima político y sindical que atraviesa Chile a semanas de una segunda vuelta donde el modelo de Estado, los derechos laborales y el empleo público vuelven a estar en disputa.

Tras dos días de trabajo y debate, la plenaria del sindicato más grande del sector público en Chile -120 mil afiliadxs- votó tres resoluciones centrales: apoyar a la candidata Jeannette Jara en la elección del próximo 14 de diciembre, reactivar movilizaciones a nivel nacional y priorizar la estabilidad laboral en la negociación sectorial con el actual gobierno. El ambiente fue de lectura clara del contexto: frente al avance de discursos que buscan achicar el Estado y precarizar el trabajo público, la ANEF optó por afirmarse en su tradición de defensa de lo público.

Carlos Insunza, secretario nacional de la ANEF, fue directo al explicar la primera resolución: convocar a votar por Jeannette Jara, quien —según señaló— representa el programa “más cercano a las condiciones que defendemos como Confederación”. No fue una definición neutra ni rutinaria: se dio después de analizar un escenario donde el sector público podría volver a ser blanco de recortes, despidos y privatizaciones.

La segunda línea aprobada miró más allá del resultado electoral. Insunza planteó la necesidad de que la ANEF recupere capacidad de movilización, pensamiento estratégico y comunicación pública frente a la desinformación que circula sobre el empleo público. La Asamblea leyó con claridad que en 2025 no bastará resistir: será necesario disputar el sentido común y la legitimidad social del sector estatal y de quienes lo sostienen día a día.

Este mandato toma aún más consistencia a la luz del documento firmado por la candidata Jeannette Jara y enviado a la asamblea para ser leído, donde se comprometió a: fortalecer y modernizar el Estado al servicio de las mayorías, implementar una reforma integral al empleo público con estabilidad laboral, terminar con la precariedad de las contratas y dotarlas de carácter permanente, establecer una nueva carrera funcionaria basada en mérito, experiencia y continuidad del servicio público, resolver legislativamente la agenda pendiente ANEF–Gobierno durante los dos primeros años, y consolidar relaciones laborales participativas respetando libertad sindical, negociación colectiva y derecho a huelga. 

En su discurso de cierre, el presidente nacional José Pérez Debelli no eludió la responsabilidad que recae ahora sobre las dirigencias: defender el empleo público, la estabilidad laboral y a las y los trabajadores del Estado frente a cualquier arremetida contra los derechos laborales. Sus palabras resonaron como hoja de ruta y advertencia: la Asamblea no solo deliberó, también mandató.

“Si la extrema derecha llega al gobierno, las y los trabajadores públicos sabemos lo que viene: recortes, despidos, persecución sindical y retrocesos en derechos conquistados durante décadas. Por eso hemos definido con claridad nuestro rol: defender el empleo público, la estabilidad laboral y la función social del Estado. No vamos a permitir que se instale nuevamente la idea de que el Estado es un costo. El Estado somos quienes trabajamos para sostener la salud, la educación, la justicia y los servicios que garantizan derechos a la ciudadanía”, señaló Pérez Debelli.

Desde la Internacional de Servicios Públicos, estas definiciones se leen como un gesto coherente con la defensa del Estado social, la negociación colectiva y los derechos laborales en el sector público, especialmente en un momento regional donde crecen gobiernos y proyectos que buscan debilitar lo público y fragmentar al sindicalismo.

Para la ISP, una eventual llegada de la derecha extrema al gobierno en Chile no sería simplemente un cambio administrativo; sería un giro que podría afectar directamente nuestra capacidad de defender los servicios públicos, el empleo estatal y los derechos colectivos. Cuando se instala una agenda que busca reducir el Estado, privatizar áreas esenciales y debilitar a las organizaciones sindicales, nuestro trabajo se vuelve más desafiante, pero también más imprescindible. Si ese escenario se concreta, tendremos que redoblar la articulación, el acompañamiento a nuestras afiliadas y la defensa internacional de los principios que sostienen la democracia en el trabajo y el rol social del Estado.

Chile entra a una elección decisiva, donde no solo se juega quién gobernará, sino qué modelo de Estado prevalecerá: uno al servicio de las mayorías o uno reducido, mercantilizado y hostil hacia quienes trabajan en él. La ANEF sale de su Asamblea con una definición clara: no será espectadora ni neutral frente a un proyecto que amenaza derechos, empleo, organización y democracia sindical.