AFGE y AFSCME están en la línea de frente de la protección de lxs trabajadores públicos en Estados Unidos, que se enfrentan a ataques sin precedentes contra sus derechos de sindicación, negociación colectiva y protección de la integridad de los servicios públicos. Los sindicatos acaban de presentar una demanda contra el intento del gobierno de politizar los servicios federales y sustituir a miles de funcionarios cualificados por compinches políticos.

Las órdenes de Trump pretenden debilitar la independencia y la profesionalidad de la función pública, principalmente mediante la introducción de la "Lista F", que desprotegería a los funcionarios de carrera y facilitaría el despido y la sustitución de empleados con larga experiencia por personas políticamente leales, que pueden carecer de las cualificaciones necesarias para desempeñar funciones críticas, lo que en última instancia socavaría la calidad de los servicios públicos.

Los sindicatos sostienen que esta medida podría provocar despidos masivos, reducir la eficacia de las operaciones gubernamentales y allanar el camino a la privatización, ya que el gobierno probablemente externalizaría funciones esenciales debido a la ineficacia creada por una mano de obra menos cualificada. Además, existe la preocupación de que estas medidas violen las protecciones legales de los funcionarios, y se teme que el objetivo final sea crear una mano de obra federal politizada y menos competente que beneficie a los intereses privados.

Como declaró el presidente nacional de AFGE, Everett Kelley, se trata de una lucha para impedir la sustitución de funcionarios públicos entregados a su trabajo por "lacayos políticos no cualificados leales al presidente, pero no a la ley ni a la Constitución". Del mismo modo, el Presidente de AFSCME, Lee Saunders, nos recuerda que esta lucha consiste en preservar décadas de progreso hacia una función pública profesional y no partidista que sirva a todas las personas, no sólo a los poderosos.

Los sindicatos de la ISP reconocen que estas acciones no sólo constituyen un ataque contra lxs trabajadores estadounidenses, sino también una amenaza para el movimiento sindical mundial y los principios de equidad y responsabilidad que sustentan nuestras sociedades.

Junto con nuestras afiliadas, la Internacional de Servicios Públicos (ISP) reafirma su profundo compromiso con el derecho de lxs trabajadores a organizarse sin sufrir represalias ni coacciones. La negociación colectiva es un derecho humano fundamental, esencial para garantizar salarios justos, condiciones de trabajo seguras y la prestación de servicios públicos de calidad. Estos derechos no son privilegios que se conceden o revocan al antojo de los líderes políticos, son la base de la democracia y la justicia social.

Las acciones de la administración Trump son un duro recordatorio de que los derechos por los que hemos luchado -y seguimos luchando- nunca están garantizados. Deben defenderse, mantenerse y ampliarse. La ISP está codo con codo con AFGE, AFSCME y todos los trabajadores estadounidenses en este momento crítico.

Hacemos un llamamiento a los trabajadores de todo el mundo para que se unan a nosotros en la condena de estos ataques y apoyen los esfuerzos de nuestros colegas estadounidenses por proteger sus derechos y sus comunidades.