En un hecho sin precedentes, la Conferencia de los Estados Parte de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción ha adoptado una resolución destinada a mejorar la protección de los informantes en todo el mundo.

A la Conferencia, celebrada en Atlanta en diciembre de 2023, asistieron más de 3.000 participantes de 160 países, entre ellos 2.000 representantes de gobiernos y 900 de organizaciones de la sociedad civil.

El encuentro, que se celebra cada dos años, tiene como objetivo evaluar la aplicación de la Convención, mejorar la cooperación internacional y combatir la corrupción. La resolución, propuesta por Serbia y el Estado de Palestina, recibió el respaldo de copatrocinadores como la Unión Europea, Noruega, la Federación Rusa, Arabia Saudí y Tailandia, y fue apoyada por todos los Estados Parte.

La resolución fue aclamada como un paso significativo en la lucha mundial contra la corrupción, subrayando el papel fundamental que desempeñan lxs informantes en la denuncia de la corrupción y la promoción de la rendición de cuentas.

La resolución pone de relieve el creciente reconocimiento de los graves retos que plantea la corrupción para la estabilidad y la seguridad de las sociedades, así como su impacto perjudicial en la democracia, los valores éticos, la justicia y el desarrollo sostenible. Reafirma el compromiso de los Estados Partes con la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción como el instrumento más completo para combatir la corrupción y subraya la necesidad de su aplicación plena y efectiva.

Un aspecto central de la resolución es la importancia de la presentación de informes para prevenir y combatir la corrupción. Subraya el papel crucial de los informantes para que las autoridades puedan detectar, investigar y enjuiciar eficazmente los casos de corrupción. La resolución hace un llamamiento a los Estados Partes para que establezcan y refuercen sistemas de denuncia confidenciales y mecanismos de denuncia protegidos que faciliten la denuncia oportuna de casos de corrupción, garantizando al mismo tiempo la confidencialidad y la protección de la identidad y la información personal de los informantes.

Además, la resolución subraya la necesidad de marcos jurídicos sólidos para proteger a los informantes de tratos injustificados, incluidas las represalias en el lugar de trabajo y otras formas de perjuicio. Anima a los Estados Partes a proporcionar asesoramiento jurídico y apoyo a las personas que se planteen denunciar casos de corrupción y a establecer medidas para disuadir del trato injustificado a los informantes.

La resolución también pide una mayor cooperación entre las autoridades pertinentes, los empleadores públicos y privados y otras partes interesadas para garantizar la protección efectiva de los denunciantes. Además, subraya la importancia de sensibilizar a la opinión pública sobre los canales de denuncia y de promover un entorno seguro y propicio para quienes denuncien casos de corrupción.

A la luz de la adopción de la resolución, se encarga a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) que preste asistencia técnica y apoyo a la creación de capacidad a los Estados Parte para reforzar su capacidad de proteger a los informantes.

La resolución representa un hito importante en la lucha mundial contra la corrupción y subraya el compromiso de la comunidad internacional con la promoción de la transparencia, la rendición de cuentas y la integridad.