Después de una lucha -en un inicio casi invisible- que comenzó a partir de 2005 en un Encuentro de Mujeres que fundó la Campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, y que aglutinó a más de 500 agrupaciones en toda Argentina que alzaron el pañuelo verde como símbolo de la lucha a favor de la legalización del aborto –en la actualidad extendido a toda la región- y que luego se intensificó tras la irrupción del movimiento Ni Una Menos contra la violencia machista, el pasado 30 de diciembre, las mujeres trasandinas lograron que se aprobara la ley para interrumpir un embarazo de forma segura, y se convirtieron en la cuarta nación de América Latina en legalizar la interrupción voluntaria del embarazo, luego de Uruguay, Cuba y Guayana Francesa, además de algunos estados de México como Ciudad de México y Oaxaca.

Mujeres de todas las edades, nuestras históricas al frente -algunas de más de 90 años-, adolescentes y niñas participaron masivamente en las marchas, pidiendo ser iguales y libres, por una salud pública reproductiva que dé respuestas a todas pero sobre todo a las más desprotegidas y pobres.

No fue un debate fácil lo que se vivió en el Senado. El proyecto ya había recibido una derrota en el 2018 cuando se rechazó a pesar de la movilización en las calles encabezadas por las jóvenes y sus pañuelos verdes. La promesa de campaña del presidente Alberto Fernández, se cumplió cuando presentó el proyecto de ley al Congreso de la Nación, y que luego de 10 horas de extenuante debate e intensas manifestaciones en las afueras del hemiciclo de miles de mujeres del movimiento feminista, sindical y social exigiendo la legalización, se aprobó con 38 votos a favor, 29 en contra y una abstención.

“Mujeres de todas las edades, nuestras históricas al frente -algunas de más de 90 años-, adolescentes y niñas participaron masivamente en las marchas, pidiendo ser iguales y libres, por una salud pública reproductiva que dé respuestas a todas pero sobre todo a las más desprotegidas y pobres. Las trabajadoras estuvimos allí; miles de nosotras, de todas las centrales sindicales, juntas y unidas y siempre por los derechos de las mujeres”, señala María Isabel Berón, integrante del WOC por el Cono Sur.

“El aborto deja de ser delito. El aborto es política de Estado. El aborto es un tema prioritario de salud pública. El aborto hace a las niñas y mujeres más libres, más iguales, más protegidas, les devuelve el poder sobre sus cuerpos al que tienen derecho. El aborto es ley”, fueron parte de los argumento que se esgrimieron en la extensa jornada que mantuvo en vilo a las feministas del mundo por casi 24 horas, y que María Isabel atribuye a la lucha de las mujeres argentinas: legisladoras, ministras y sindicalistas.

¿Qué dice la ley?

La iniciativa garantiza que las mujeres y otras personas con identidades de género con capacidad gestante acceder a la opción abortar sin causal alguna y con cobertura integral y gratuita en el sistema de salud público y privado.

La norma establece que si una mujer solicita interrumpir su embarazo en el plazo establecido –14 semanas de gestación-, el centro médico tiene un plazo de 10 días para practicar el procedimiento. Además el personal médico debe garantizar el trato digno a la paciente, privacidad, consentimiento informado entre otros derechos de las pacientes.

La ley además permite la objeción de conciencia individual, es decir, que si un profesional de la salud no desee practicar el aborto, tiene como obligación decirle a la paciente y derivarla a un especialista que sí realice el procedimiento solicitado. Sin embargo, el médico no puede negarse a realizar el procedimiento si hay riesgo para la salud de la persona gestante.

En caso de que el establecimiento médico no cuente con profesionales que realicen este procedimiento, la paciente será derivada a otro centro de salud. Después de las 14 semanas de gestación, el aborto es considerado un delito, excepto para las causales de violación y riesgo de vida para la persona gestante.

Las pacientes que soliciten la interrupción voluntaria de su embarazo y que sean mayores de 16 años deben firmar una declaración jurada y en caso de las menores de edad, deberá asistir al centro médico junto con sus “sus representantes legales”.

El aborto en América Latina y el Caribe

En paralelo a la discusión parlamentaria en Argentina por la legalización del aborto, las organizaciones feministas de América Latina vienen planteando la demanda por un aborto libre, seguro y gratuito, que permita a las mujeres decidir sobre sus cuerpos y liberarse del espacio de maternidad obligatoria al que han sido confinadas por el Estado.

De acuerdo al estudio “Una mirada analítica a la legislación sobre interrupción del embarazo en países en América Latina y el Caribe”, publicado el 2011 por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el 97 por ciento de los países del mundo permite la interrupción del embarazo si está en riesgo la vida de la madre y sólo un 3 por ciento lo mantiene totalmente penalizado.

Dentro de las principales preocupaciones de los organismos internacionales se encuentran la alta tasa de mortalidad materna en la región, donde más de cinco mil mujeres mueren cada año producto de las complicaciones de abortos ilegales realizados en condiciones de clandestinidad.

A pesar de que la mayoría de los países latinoamericanos cuentan con una legislación que permite la interrupción del embarazo en al menos una causal, la realidad en cuanto al acceso a servicios públicos de salud que garanticen el aborto en condiciones seguras sigue siendo cuestionado por casi no existir, a pesar de la ratificación por muchos de los países de la región de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) de Naciones Unidas, la cual le solicita a los Estados elaborar informes regulares acerca de las condiciones de las mujeres en distintos aspectos y realiza un seguimiento de los avances conseguidos por los países en materia de discriminación y violencia de género, donde la despenalización del aborto es considerada como parte de la protección de los derechos humanos de las mujeres y un asunto de salud pública.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el 95 por ciento de los abortos realizados en América Latina son inseguros. Por otro lado, la mayoría de los abortos seguros realizados en la región tienen lugar en Cuba, donde las mujeres tienen libertad para acceder al procedimiento.

Uruguay –antes del 30 de diciembre- era el único país sudamericano que ofrecía un aborto libre y gratuito hasta las 12 semanas de embarazo y, según cifras del propio gobierno, cuentan con una de las tasas de aborto más bajas del mundo: nueve abortos por cada mil mujeres.

En Brasil, el Supremo Tribunal Federal dictaminó en abril de 2012 la despenalización del aborto en el caso de fetos con malformaciones cerebrales y el cese del castigo a los médicos que los realicen. En 2017, recién se aprobó en Chile la despenalización del aborto en tres causales: cuando la vida de la madre corra peligro, cuando el embarazo sea el resultado de una violación sexual, o cuando el feto sufra de malformaciones incompatibles con la vida extrauterina.

En el otro extremo, es decir, donde no está permitido el aborto bajo ninguna circunstancia, se ubican El Salvador, Honduras, Nicaragua, República Dominicana y Haití. Otros países que están al borde de la restricción total son Venezuela, Surinam, Paraguay, Costa Rica y Perú puesto que lo permiten solo bajo el supuesto de amenaza para la vida de la madre o la salud física de la mujer. Eso sí, en Perú ha habido intentos de legalizar el aborto, pero no ha prosperado y desde 2016 no se incluye la legalización del aborto en la agenda política del país.

El factor crucial de estos supuestos es que otras personas e instituciones deben certificar que las condiciones se cumplen para que la mujer pueda abortar, como doctores, jueces, psicólogos, o un requerimiento de tiempo de espera.

En El Salvador la situación es extrema, ya que la ley establece penas de entre dos y ocho años de cárcel a quien provoque, consienta o practique una interrupción del embarazo. Eso sí, ha habido casos en los que la condena ha sido de 40 años, al ser considerado un homicidio. En República Dominicana, en agosto de este año la Cámara de Diputados decidió que el asunto quede fuera del Código Penal y que se debata como una ley aparte más adelante y envió a una comisión especial un proyecto que busca despenalizar el aborto en tres causales: riesgo para la vida de la mujer, inviabilidad fetal o cuando es resultado de violación o incesto.

Pero en medio de estos países está todo el resto de la región, que agrega una serie de excepciones a la penalización y prohibición del aborto.

Bolivia y Colombia tienen la mayor cantidad de excepciones para permitir un aborto entre los países que no lo permiten libremente: si no está asegurada la viabilidad del feto, en casos de violación, incesto, o si existe amenaza para la vida, la salud física o mental de la mujer. En Colombia, por ejemplo, a principios de este año, la Corte Constitucional se declaró inhibida y desistió de estudiar una ponencia para despenalizar el aborto antes de las 16 semanas de gestación, lo que mantuvo las causales aplicadas desde 2006.