Por Verónica Montúfar 

El estudio “Servicios públicos básicos, evasión y elusión tributaria 2006-2016: impacto en las mujeres y niñas. El caso del Perú”, realizado por la ISP en este país andino y lanzado en el marco del Día Internacional de los Servicios Públicos, que se celebra este 23 de junio, muestra que, entre Fiscalidad, Inversión Pública e Igualdad de Género existe una relación necesaria, más no correspondiente, así como tampoco recíproca.

El estudio trasciende las fronteras nacionales para convertirse en un insumo de trabajo para pensar, más profundamente, en estas relaciones y construir postura a partir de la cuál trabajar como ISP en los tres campos desde una aproximación de género.

Ubiquemos en primer lugar los campos de manera independiente:

Fiscalidad: 

A partir del análisis de la evasión y elusión, el estudio, en una temporalidad corta, pero suficiente para la demostración, y, a pesar de una metodología de cuantificación de unificación de la evasión y la elusión en un solo parámetro de medición, permite señalar que, si el Estado peruano hubiese logrado una eficiencia fiscal, hubiera podido aportar un 43,7% más de recursos a la inversión pública. Pongamos entre paréntesis el concepto de eficiencia fiscal, ya que, más allá de una mirada técnica, como aparenta, esta supone una dimensión e intervención política.

Inversión Pública:

Así mismo, el estudio nos presenta un conjunto de cifras que demuestran que la inversión pública peruana creció en la década observada. Creció nos plantea, debido a que la recaudación fiscal peruana se incrementó de manera progresiva; así como también creció debido a que el período corresponde al ingreso de América Latina en un nuevo orden económico enmarcado en el “Consenso de los Commodities”, que surge de una nueva división internacional del trabajo, caracterizada por un marcado proceso de neo-extractivismo, con actividades de capital-intensivas, de gran concentración económica  en las grandes corporaciones transnacionales, lo que coloca límites claros a la acción del Estado nacional. Independiente de la tendencia de los gobiernos de turno, todos se apoyaron sobre el paradigma extractivista.

Paralelamente, el estudio analiza cómo, a partir de la integración de una política de gestión y presupuestos por resultados, el Estado peruano aumentó la capacidad de inversión pública. Este aumento que, en términos cuantitativos, significó que se triplicó el presupuesto nacional, incidió en el crecimiento de su intervención en varias áreas de los servicios públicos, estratégicas para las mujeres y niñas.

Igualdad de género:

El estudio introduce el análisis de varias de las brechas de género persistentes en Perú, como las del Tiempo, Lengua Materna, Ingresos, Embarazo Adolescente, Violencia y Educación. Cruza en estas brechas la variable de sector geográfico, tanto a nivel de urbano-rural, como de polos de desarrollo económico. De igual manera hace una distinción en términos de alcance de las diferentes concepciones que atraviesan el pensamiento de la política pública y la decisión de hacia dónde invertir. Ubica como tendencias una específica hacia las niñas y mujeres, ligada a una mirada del acceso al desarrollo; y otra como afirmativa, con una mirada vinculada a cambios más estructurales.

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Al cruzar los campos y relacionarlos vemos:

Cómo a pesar de una ineficiencia fiscal demostrada debido al alto porcentaje de evasión/elusión, (que al mezclar la responsabilidad se invisibiliza) y, a pesar también del aumento paulatino y ascendente de la recaudación, el presupuesto público tiene una relativa independencia debido al ingreso interno derivado del boom de los commodities. Esto le posibilita crecer sostenidamente durante toda la década.

El aumento en el presupuesto y lo que de él se destina a la inversión pública, tiene un importante impacto en el incremento de recursos, por ejemplo, para el Seguro Integral de Salud-SIS, así como el otorgamiento focalizado de bonos a poblaciones vulnerables asociados con el SIS, entre ellas las mujeres.  Esta inversión puede ser categorizada tanto en el nivel de gastos generales (aquellos que el estudio señala como neutros), como en el rubro de gastos específicos (aquellos que tienen un enfoque de paliar en las mujeres y las niñas la desigualdad sistémica).

Y es en esta dimensión de la desigualdad sistémica que interviene el principal cuestionamiento que nace del estudio.  ¿Cómo las políticas públicas (que no son neutras) pueden transformar las relaciones de desigualdad de género, pueden remediarlas o pueden perpetuarlas?

Analizaremos dos variables, servicios de cuidado y embarazo adolescente

Debido a la división sexual del trabajo, el cuidado, es decir, el trabajo de reproducción de la vida material y espiritual, recae predominantemente sobre las mujeres. Les es dominantemente atribuido como parte de sus roles naturales. Este trabajo, no natural, sino históricamente construido, si es redistribuido entre mujeres, hombres y el Estado constituiría una vía de transformación de las relaciones de género. Sin embargo, como el estudio señala, los servicios de cuidado fueron en la década los menos atendidos con presupuesto público en Perú, e incluso eliminados.

En relación con el embarazo adolescente, el estudio anota que en el transcurso de la década se da un sistemático incremento. Incluso cruza la variable entre sector urbano y rural; así como la de polos de desarrollo económico, dando como resultado una mayor prevalencia en los sectores rurales y de menor desarrollo económico. Este hecho nos posibilita afirmar que la política pública, y de ella lo que se desprende en torno al fortalecimiento de los servicios públicos y el contenido de cómo estos toman forma, no es neutra. Está profundamente marcada por posiciones y percepciones políticas e ideológicas que constituyen disputas entre fuerzas sociales capaces de prevalecer en la hegemonía del control del Estado, control no únicamente formal, sino control real.

Vemos, de esta manera, cómo en Perú se dio, en la década de estudio, no solamente una intensificación de la explotación de la naturaleza vía el extractivismo, sino que también una intensificación de la evasión/elusión fiscal justamente de las empresas extractivas; así como también una intensificación de la explotación del trabajo y el cuerpo de las mujeres.

A des-patriarcalizar el Estado en pos de Servicios Públicos que transformen las relaciones de género

La inversión pública en servicios públicos de calidad es clave para revertir las inequidades de género, pero no es suficiente. Es necesario un enfoque transformador de las relaciones de género para considerar por igual las necesidades estratégicas de mujeres y hombres, y contribuir a que especialmente las mujeres disfruten de una base material para ejercitar sus derechos humanos. 

Los servicios públicos responsables de género son fundamentales para deconstruir la histórica división sexual del trabajo. Implican la redistribución del trabajo no remunerado de cuidado entre hombres y mujeres, pero también el Estado. Sólo si el Estado provee de los servicios públicos esenciales, las mujeres, pero también los hombres, pueden estar libres del “cuidado”.

Implican una lucha por el acceso universal a servicios esenciales (salud, educación, agua, energía, cuidado, transporte y protección social) que brindan a las mujeres soportes estructurales para la construcción de su autonomía económica, política y social.

Implican una lucha por la eliminación de las formas y contenidos patriarcales, sobre los cuales estos servicios son pensados, organizados y provistos.

* Verónica Montúfar es la responsable mundial de Género de la Internacional de Servicios Públicos (ISP).