Brasil 20 de agosto: 500 días de la prisión ilegal de Lula da Silva
La jornada internacional de solidaridad por la libertad del ex presidente brasileño tendrá la participación de las afiliadas a la ISP en el Brasil, que desde el comienzo han denunciado las ilegalidades de su juicio y encarcelamiento. Filtraciones divulgadas por The Intercept Brasil comprueban estas denuncias.
En este martes 20 de agosto se cumplirán 500 días del encarcelamiento del ex presidente brasileño Luís Inácio Lula da Silva. Para denunciar las ilegalidades cometidas durante las investigaciones y su juicio, se realizará en todo el mundo la Jornada Internacional de Solidaridad: 500 días de injusticia | Libertad para Lula.
La jornada contará con la participación de las afiliadas de la Internacional de Servicios Públicos (ISP) en el Brasil, que desde el comienzo han denunciado estas ilegalidades, que por su vez vienen siendo comprobadas en los últimos meses con la divulgación por el periódico digital The Intercept Brasil de conversas privadas entre el juez Sergio Moro y fiscales responsables por la investigación de las acusaciones contra Lula.
Los mensajes revelan que los fiscales y Moro coordinaban acciones y pasos que seguir en las investigaciones de manera a condenar el ex presidente.
El juez sería el responsable por juzgarlo. Según respetados juristas, ya sea de Brasil ya sea de otros países, este tipo de colaboración es absolutamente condenable y contamina el debido proceso legal.
Este contexto se vuelve aún más grave debido a la intervención de este juicio en el proceso electoral de 2018, una vez que Lula lideraba las encuestas para presidente y, con su encarcelamiento, se abrió camino al triunfo del político de extrema derecha Jair Bolsonaro. Este, por su vez, nombró al juez Sergio Moro como su ministro de la Justicia.
El 12 de agosto, un grupo de 17 juristas internacionales divulgó un texto en que piden al Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil la liberación de Lula y la anulación de las condenas en su contra. “De hecho, Lula no fue juzgado, fue y sigue siendo víctima de una persecución política”, afirman.
“Nos ha conmocionado ver cómo se han violado sin vergüenza las normas de procedimiento más fundamentales en Brasil. En un país donde se supone que la justicia es la misma para todos, un juez no puede ser a la vez juez y parte."
El documento está firmado por juristas como el español Baltazar Garzón y la estadounidense Susan Rose-Ackerman, que ya fue mencionada como una de las principales expertas en el tema de la corrupción por el fiscal Deltan Dallagnol, coordinador de la Operación Lava Jato cuyas conversas con Sergio Moro y otros fiscales fueron filtradas por The Intercept.
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