Mientras el Parlamento Europeo debate cambios en las normas de contratación pública de la UE, los expertos advierten contra el aumento de la burocracia para los municipios y defienden que las ciudades y regiones deben tener libertad para volver a contratar servicios internos cuando tenga sentido hacerlo.

La ISP y la FSESP colaboraron en la preparación y difusión de la declaración conjunta, en la que más de 100 profesores y académicos de 18 países y más de 50 universidades, institutos y centros de investigación diferentes piden a los legisladores que garanticen que la prestación interna quede protegida por el Parlamento actual. Algunos eurodiputados con antecedentes de extrema derecha han estado promoviendo lo que suele denominarse "licitación compulsiva competitiva", haciéndose eco de viejas propuestas de la derecha thatcheriana británica.

Esta enmienda (13c) al informe IMCO va en contra de la evidencia académica sobre la provisión interna y la internalización en los servicios públicos. La propuesta socavaría el derecho democrático de los municipios electos de toda Europa a decidir la forma de prestación de servicios públicos que desean para sus ciudadanos, un derecho consagrado en el artículo 345 del Tratado de Funcionamiento de la UE. Introduciría un sistema de licitación competitiva obligatoria y aumentaría la carga para los contratantes. La enmienda va en contra del objetivo de simplificación de la revisión propuesta.

La redacción actual del artículo 13 quater crearía una carga adicional a los gobiernos locales y regionales para demostrar por qué no están entregando al mercado los servicios prestados por los entes locales y regionales, lo que no simplificará los procedimientos internos de un sector que ya se encuentra bajo presión.

Este sistema se abandonó incluso en el Reino Unido hace 30 años, y múltiples estudios (ver aquí, aquí, aquí, aquí y aquí - por citar sólo algunos) han demostrado que las concesiones y los contratos externalizados no proporcionan ninguna mejora de la eficiencia.Más bien actúan como una sangría para las finanzas públicas por la extracción de beneficios; imponen barreras inflexibles a las innovaciones políticas; socavan la calidad de los servicios; erosionan el empleo y la capacidad públicos; y crean incentivos para la corrupción y los cárteles. Existe ahora una tendencia bien establecida en toda Europa a remunicipalizar tales contratos, con el consiguiente ahorro para las finanzas públicas y la mejora de los servicios.

Si la propuesta se convierte en ley, pondrá en peligro puestos de trabajo estables y seguros. Limpiadores, guardias de seguridad, cuidadorxs, trabajadorxs del agua y los residuos y muchos otros se ven amenazados por la externalización y la privatización. Cientos de miles de empleos pasarían a ser precarios, con salarios y pensiones más bajos. Los beneficios no irán a parar a las autoridades públicas, sino que desaparecerán en forma de retribuciones a los directores ejecutivos y a los accionistas.

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