Se propone actualizar y avanzar una reflexión feminista y desde la mirada de los trabajadores y trabajadoras, sobre estos procesos de mercantilización de la vida y privatización de lo público.

En particular se propone:

• analizar la dinámica macroeconómica que lleva a las necesidades financieras de los Estados que habilitan los procesos de privatización;

• reflexionar sobre los límites de la institucionalidad internacional y local para dar seguimiento a las nuevas formas de financiamiento (como la promovida a través de las APPs), y garantizar la transparencia y la rendición de cuentas;

• repasar las tendencias recientes en los procesos de privatización de la provisión pública en la región y de las resistencias a los mismos;

• discutir una marco analítico feminista para comprender y resistir estos procesos.

El sector privado es considerado un actor clave para el desarrollo económico. Desde miradas convencionales, se presume que su participación es esencial en la inversión, la innovación y la creación de oportunidades de empleo. Esta mirada conjugada con las necesidades de financiamiento de los Estados, ha llevado a una influencia creciente de los agentes económicos concentrados y las corporaciones trasnacionales, que progresivamente van imponiendo sus propias agendas, transformando los intereses privados en asuntos públicos y colectivos.

Los procesos de privatización que se han extendido por décadas en América Latina dan cuenta de este avance del sector privado sobre lo público. Conjuntamente con la mercantilización de cada vez más dimensiones de la vida de las personas, el sector privado se ha ido involucrando en distintos aspectos de la provisión de bienes públicos (desde infraestructura hasta servicios sociales). En la actualidad, y en este contexto, las Asociaciones Público-Privadas (AAPs) han ganado un renovado interés y promoción, incluso como formas relevantes para avanzar en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Las AAPs son vistas por los gobiernos y muchos donantes, como “la” alternativa para la construcción de grandes proyectos de infraestructura y la provisión de servicios públicos, incluyendo los servicios sociales. Se sostiene que este tipo de mecanismos puede superar los problemas de falta de financiamiento, y mejorar la eficiencia y la eficacia. También se las ve como una buena oportunidad para los inversionistas financieros institucionales, con buenos retornos y menores riesgos, gracias a las garantías estatales.

Pero simultáneamente, la literatura empírica sobre las AAPs pone estos argumentos en tensión, señalando que este instrumento refuerza la captura corporativa del Estado y resulta problemática en al menos cuatro aspectos. Primero, las AAPs resultarían en el largo plazo, más costosas que la inversión pública tradicional, principalmente por el incremento de riesgos impredecibles y del endeudamiento. Segundo, las AAPs pueden en la práctica restringir el acceso a los servicios sociales, en particular de las poblaciones más postergadas, donde las mujeres están sobre-representadas, en particular si apelan al mecanismo de tasa y tarifas para la prestación de los servicios. Tercero, la habitual ausencia de evaluaciones de impacto ex ante ha implicado daños severos producidos por las AAPs a nivel social y ambiental, en particular, por la debilidad de los marcos y las capacidades regulatorias. Cuarto, las AAPs son muy controversiales en términos de transparencia y rendición de cuentas.

Las organizaciones sindicales han alertado tempranamente sobre los riesgos implicados en los procesos de privatización, y los trabajadores y trabajadoras organizadas han sostenido en la región resistencias activas a estos procesos, que los afectan de manera muy evidente. También las organizaciones de mujeres y feministas van incorporando crecientemente en su agenda la preocupación por el impacto de la captura corporativa en la reproducción de la desigualdad.