Las contribuciones del trabajo de cuidados a la economía tienen un rol esencial, aunque a menudo ignorado, en la constitución del PIB de una nación. Los indicadores económicos tradicionales frecuentemente son incapaces de estimar todo el valor de la prestación de cuidados, tanto remunerada como no remunerada, a pesar de su gran impacto en el crecimiento económico y el bienestar social. Las medidas de austeridad y las políticas fiscales regresivas que normalmente aplican los países del Sur global (pero no solo ellos) tienen profundas implicaciones negativas en la organización social del cuidado que además exacerban las desigualdades de género, reducen el acceso a servicios de cuidado básicos públicos y los privatizan, lo cual disminuye el rol estatal e incrementa la carga de la prestación de cuidados no remunerada de las mujeres. El trabajo de cuidados ha sido históricamente subestimado (y los servicios de cuidado públicos desfinanciados) y moldeado por las disparidades de género, y las mujeres asumen la mayoría de las responsabilidades del cuidado. Tratar de ajustar esos desequilibrios requiere una férrea voluntad política para reconstruir la organización social del cuidado y más que simplemente aumentar el apoyo financiero; se necesita reivindicar estratégicamente el cuidado como un derecho humano y un bien público, conectando los impuestos progresivos y el gasto transformador de género. Además, los gobiernos deben concebir políticas fiscales que generen suficientes ingresos provenientes de quienes pueden permitirse pagar e invertir estos ingresos en servicios públicos, en manos del Estado, que promueven la igualdad de género, a saber, cuidados infantiles, servicios sanitarios, cuidados sociales y protección social. A través de una generación y redistribución de recursos más justas, los impuestos progresivos pueden ayudar a reducir las disparidades de género en cuanto a las responsabilidades de cuidado y brindar acceso a servicios públicos básicos. La conexión entre los impuestos progresivos y el gasto público transformador de género es esencial para crear una sociedad solidaria más incluyente, justa y sostenible.

Los gobiernos deben invertir más en servicios de cuidados públicos, remunerar el trabajo decente, incluyendo la representación, pagar salarios justos y mejorar las condiciones laborales de los prestadores de cuidados, así como implementar políticas que aborden las dimensiones del cuidado por género, si quieren construir un sistema de cuidados más equitativo. Apoyar la reconstrucción de la organización social del cuidado[1] no solo en una obligación ética y social, sino también un imperativo económico, puesto que un sistema de cuidado que funcione adecuadamente estimula la participación de los trabajadores, reduce las desigualdades y fortalece la cohesión social.

La Justicia Fiscal también es fundamental para el progreso del desarrollo sostenible, la equidad económica y el bienestar social. Al asegurar que todas las personas y empresas paguen la cuota que les corresponde, la Justicia Fiscal ayuda a generar los recursos necesarios para enfrentar los retos del desarrollo. La Justicia Fiscal fortalece la base financiera de los servicios públicos, reduce las desigualdades y promueve el progreso social incluyente. En la actualidad, el marco global con que se formulan las políticas fiscales de los países del Sur global se sustenta ampliamente en normas y reglamentos elaborados por la OCDE y los acuerdos bilaterales, los cuales también se ven influidos por el marco de la OCDE. Sin embargo, este marco ha sido objeto de análisis y críticas importantes porque no garantiza una participación equitativa ni refleja los intereses de los países del Sur global.

Los impuestos regresivos, que sobrecargan desproporcionadamente los hogares de bajos ingresos, exacerban aún más las desigualdades sociales. De hecho, las familias más pobres tienden a gastar una parte más grande de sus ingresos en bienes y servicios gravados, lo cual resulta en una mayor tasa de impuestos efectivos comparada con personas de mayores recursos. Esto amplía la brecha entre ricos y pobres y afianza las disparidades económicas y sociales. En respuesta a estos desafíos, ha surgido un creciente movimiento global que exige reformas fiscales, particularmente en el Sur global, y aboga por políticas justas, progresivas y promotoras de los derechos humanos y la igualdad de género.

La relación entre los impuestos progresivos y los servicios públicos transformadores de género es crucial. Los impuestos progresivos, al hacer que aquellos con mayor capacidad de pago contribuyan en mayor medida con el bien común, crean el espacio fiscal necesario para que los gobiernos financien servicios públicos transformadores de género de calidad que satisfagan las diversas necesidades de todos los ciudadanos, en especial de las mujeres y los grupos marginados. Los impuestos progresivos ayudan a financiar políticas y servicios públicos transformadores de género que reducen las desigualdades, empoderan a las mujeres y promueven la justicia social y económica.

Días de Acción Global sobre Justicia Fiscal por los Derechos de las Mujeres (GDOA)

Los GDOA son una iniciativa de Global Alliance for Tax Justice y sus redes regionales, incluidas Tax and Fiscal Justice Asia (TAFJA), Tax Justice Network Africa (TJNA), Tax Justice Europe (TJ-E), Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe (RJFALC), FACT Coalition y Canadians for Tax Fairness (C4TF), así como los socios del Tax & Gender Working Group. Desde su lanzamiento en 2017, los GDOA han movilizado a activistas, militantes y defensores a propósito de la campaña #MakeTaxesWorkForWomen (#HagamosquelosImpuestosTrabajenporlasMujeres), la cual lucha por la aplicación de políticas fiscales que hagan avanzar los derechos de las mujeres y promuevan la justicia de género. Mediante esta campaña, la alianza y sus socios se proponen concienciar con respecto a los asuntos tributarios que afectan a las mujeres en todo el planeta, integrar la Justicia Fiscal en la mayoría de los movimientos de mujeres y feministas y dar mayor resonancia a las voces y las experiencias de vida de mujeres con el fin de posicionar la agenda de Justicia Fiscal en un lugar más relevante e influyente.

Este año se celebra la 9na edición de los GDOA, lo cual es especialmente significativo pues coincide con el 30vo aniversario de la Declaración de Beijing, la 4ta conferencia de FInancing For Development y el inicio oficial de las negociaciones intergubernamentales para el establecimiento del Convenio Fiscal de la ONU.  Estos tres eventos globales claves brindan una oportunidad única a los activistas feministas por la Justicia Fiscal para alzar sus voces y asegurar que los temas fundamentales relacionados con los impuestos progresivos y la reconstrucción de la organización social del cuidado se conviertan en una prioridad.

Hora de actuar  

Los países del Sur global han estado a la vanguardia de los esfuerzos orientados a crear un sistema fiscal global más incluyente, transparente y equitativo. Las discusiones continuas alrededor del Convenio Fiscal de la ONU apuntan a desarrollar un marco multilateral para la cooperación fiscal que resuelva problemas como la evasión fiscal, la erosión de las bases imponibles y el traslado de beneficios, mientras se asegura que las naciones en desarrollo tengan la capacidad de recaudar los impuestos que se les adeudan. Si bien estos avances tienen el potencial de afectar positivamente los servicios públicos transformadores de género (GTPS, por sus siglas en inglés) y, por extensión, la reconstrucción de la organización social del cuidado, no debe darse por sentado que las perspectivas de género recibirán las debidas consideraciones durante este decisivo proceso.

En tal sentido, es importante que los economistas y activistas feministas aprovechen esta oportunidad para luchar por la inclusión de respuestas transformadoras de género en el Convenio Fiscal de la ONU. Si no se incluyen las consideraciones de género en todas las disposiciones relevantes, el impacto de cualquier reforma potencial podría diluirse por diversas interpretaciones en todos los países y regiones, lo cual pondría en peligro el progreso que pudiera obtenerse.

Campaña GDOA 2025

Este año, los GDOA reunirán a la comunidad global por la Justicia Fiscal, enfocada especialmente en los derechos de las mujeres, las organizaciones feministas y los movimientos, incluyendo los sindicatos, que hacen un llamado por la adopción urgente de políticas fiscales progresivas que sirvan de instrumento fundamental para apoyar la reconstrucción de la organización social del cuidado. Esto será posible mediante acciones coordinadas a escala global, regional y nacional que apalanquen el poder colectivo de los movimientos feministas y la comunidad por la Justicia Fiscal. El lema de la campaña exigirá “Impuestos progresivos para una Organización social del cuidado justa e incluyente”.

La 9na edición de los GDOA será lanzada el 7 de marzo y tendrá lugar del 10 al 21 de marzo de 2025. Esta edición coincidirá con las sesiones de la Comisión de la Condición de la Mujer de la ONU (UN CSW).

Objetivos de la campaña

• Concientizar sobre la conexión entre los impuestos progresivos, la igualdad de género y la reconstrucción de la organización social del cuidado. 

• Movilizar la defensa global para la integración de respuestas transformadoras de género en las disposiciones relevantes del Convenio Fiscal de la ONU.  

• Fortalecer alianzas con movimientos feministas, organizaciones por la Justicia Fiscal y sindicatos para presionar a los creadores de políticas y a los responsables de la toma de decisiones. 

• Influir en las políticas a escala regional, nacional e internacional para promover la Justicia Fiscal por los derechos de las mujeres.  
  

Demandas de la campaña

1. Impuestos progresivos para una Organización social transformadora de género del cuidado

Demanda: exigimos la implementación de políticas fiscales progresivas que aseguren que las personas y empresas con mayores recursos aporten su debida parte y así crear el espacio fiscal necesario para financiar una organización transformadora social de género del cuidado. Esto implica asignar recursos a servicios básicos públicos como cuidados infantiles, cuidados a adultos mayores, servicios sanitarios, cuidado social y protección social, enfocados en reducir la carga desproporcionada de las mujeres, las familias y los grupos marginados con respecto a la prestación de cuidados. También hacemos un llamado a la derogación de políticas fiscales regresivas que afectan negativamente a las mujeres y las comunidades marginadas.

2. Incorporación de disposiciones transformadoras de género en el Convenio Fiscal de la ONU  

Demanda: exigimos que el Convenio Fiscal de la ONU incluya consideraciones sobre igualdad de género en todas las disposiciones relevantes. Si no se incluyen consideraciones claras transformadoras de género, las reformas fiscales serán incapaces de solventar las desigualdades estructurales en la actual organización social del cuidado  y podrían poner en peligro el progreso hacia la justicia de género.

3. Incremento de la inversión pública en los Sistemas públicos de cuidados

Demanda: exigimos que los gobiernos incrementen significativamente la inversión pública en los sistemas públicos de cuidados mediante la mejora de las infraestructuras y los servicios públicos de cuidados, el trabajo digno, incluyendo los salarios justos, las condiciones laborales, la capacitación y la profesionalización de los prestadores de cuidados, especialmente de mujeres, quienes conforman la mayoría de esos trabajadores. La inversión en el sector de la prestación de cuidados debe ser reconocida como esencial para el crecimiento económico, el bienestar social y la igualdad de género.

4. Reconocimiento y valoración de los cuidados no remunerados en los sistemas económicos  

Demanda: exigimos que el valor del trabajo de cuidados remunerado y no remunerado sea reconocido e integrado a los indicadores económicos nacionales y globales, como los del Sistema de Cuentas Nacionales. Los gobiernos deben implementar políticas que aseguren que la prestación de cuidados, tanto remunerada como no remunerada, sea valorada, revalorada y apoyada equitativamente mediante protecciones sociales que garanticen la seguridad financiera de los cuidadores y los trabajadores de cuidados.

5. Garantía de la igualdad de género en los sistemas fiscales y servicios públicos

Demanda: exigimos reformas fiscales que creen un sistema fiscal justo y equitativo, en que aquellos con mayor capacidad de pago contribuyan en mayor medida con el bien público. Estos fondos deberán dirigirse a servicios públicos transformadores de género que satisfagan las necesidades de mujeres y comunidades marginadas, incluidos servicios de cuidados públicos universales, servicios sanitarios públicos y protección social accesibles y asequibles. 

Temas propuestos para los Webinar

Sistemas fiscales justos y con perspectiva de género: luchar por un Convenio Fiscal de la ONU que cree normas vinculantes para la cooperación fiscal global y asegure que los sistemas fiscales sean justos, transformadores de género, transparentes y que ayuden a financiar el desarrollo sostenible, así como los Servicios Públicos Transformadores de Género, específicamente los servicios de cuidado. 

Igualdad de género y Justicia Fiscal: abordar cómo las políticas fiscales regresivas afectan desproporcionadamente a las mujeres, en particular aquellas de los países en desarrollo, y exigir reformas que sean transformadoras de género para asegurar que las mujeres se beneficien de impuestos justos, acceso a protección social y distribución equitativa de bienes públicos, incluyendo el cuidado. 

Financiamiento del Desarrollo Sostenible: destacar la importancia de los ingresos fiscales como una fuente esencial de financiamiento para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), especialmente de los países en desarrollo que dependen fuertemente de deuda disfrazada de ayuda internacional.

Cronograma: 

Contactos:

Maureen Mburu (Coordinador GDOA): Maureen@globaltaxjustice.org

Alexandra Wenzel (Comunicaciones): Alexandra@globaltaxjustice.org

[1] La reconstrucción de la organización social del cuidado se enfoca en restablecer el papel principal del Estado en el financiamiento, la prestación, la regulación y el desarrollo de sistemas públicos de cuidados. El Estado es responsable de restructurar las responsabilidades compartidas reconociendo el cuidado como un derecho humano y un bien público.