En el transcurso de la pandemia de COVID-19, se han producido importantes debates sobre la necesidad de "reconstruir mejor" y evitar los mismos errores que se observaron en la respuesta mundial a COVID-19. El más flagrante de estos errores es la desigualdad en la vacunación. El más flagrante de estos errores es la falta de equidad en la vacunación, un problema que sigue existiendo. Otros problemas de la respuesta al COVID-19 han sido la distribución y el acceso desiguales al EPP, los diagnósticos, los ventiladores y la distribución de medicamentos; la exposición innecesaria e insegura del personal sanitario al virus; y la debilidad de los sistemas sanitarios, incapaces de proporcionar la atención necesaria a sus pacientes.

Teniendo en cuenta la respuesta enormemente inadecuada de la comunidad sanitaria mundial a la pandemia de COVID-19 y la desigualdad sanitaria a gran escala (debida en gran parte a la falta de cooperación entre los Estados) observada durante la pandemia, se sintió la necesidad de un acuerdo entre las naciones sobre directrices y medidas para evitar y abordar eficazmente cualquier emergencia sanitaria futura. Como resultado, en una sesión especial de la Asamblea Mundial de la Salud, celebrada en noviembre de 2021, los estados miembros de la Organización Mundial de la Salud (OMS) acordaron proceder con un nuevo instrumento internacional en este sentido. El instrumento, conocido informalmente como Tratado sobre Pandemias, establecerá normas y estándares voluntarios y jurídicamente vinculantes destinados a reforzar la prevención, preparación y respuesta ante pandemias. Se redactará mediante negociaciones formales a través del Órgano Intergubernamental de Negociación (INB). Se espera que el instrumento final se adopte en 2024 en la 77ª Asamblea Mundial de la Salud (AMS).

Este instrumento es importante, ya que puede determinar la forma en que los sistemas sanitarios de todo el mundo no sólo responden durante una pandemia, sino también la forma en que los países abordan las desigualdades sanitarias existentes.

Esto significa que lo ideal sería que el tratado incluyera cláusulas que garanticen y protejan los intereses del personal sanitario y asistencial de los países. Sabemos que los sistemas sanitarios sólo son fuertes y resistentes cuando se garantizan los intereses de los trabajadores.

Por lo tanto, es importante que durante las negociaciones los Estados miembros presionen para que se incluyan disposiciones que garanticen la cooperación futura y los procesos democráticos que puedan fortalecer los sistemas sanitarios, garantizar unas condiciones de trabajo dignas y crear resiliencia dentro de la gobernanza sanitaria mundial para responder a conmociones como una pandemia.

Las decisiones de la Asamblea Mundial de la Salud se toman por consenso entre los gobiernos. En algunos casos excepcionales, las decisiones se toman por votación si el tema es especialmente delicado y hay mucho desacuerdo (por ejemplo, sobre la situación sanitaria en Ucrania). Todos los Estados miembros de la OMS pueden definir el enfoque y el texto del nuevo acuerdo sobre pandemias a través del INB, en el que pueden participar todos los gobiernos.

El INB está formado por:

Copresidentes: de Sudáfrica y los Países Bajos

Vicepresidentes: de Tailandia, Japón, Egipto y Brasil

Además de los Estados miembros, las Naciones Unidas y las organizaciones intergubernamentales, los observadores oficiales y las organizaciones no gubernamentales que mantienen relaciones oficiales con la OMS también están invitados a asistir e intervenir en las reuniones del INB, en las reuniones de los grupos de trabajo y a contribuir a través de una plataforma en línea. Este compromiso se amplía a otra lista de organizaciones seleccionadas por el INB. Sin embargo, sólo tienen un papel consultivo y no forman parte de las negociaciones.

La ISP, como actor no estatal que mantiene relaciones oficiales con la OMS, ha participado en el proceso de elaboración del tratado. Las negociaciones sobre el texto de este instrumento están actualmente en curso. Hasta ahora, los Estados miembros han acordado que el nuevo instrumento será jurídicamente vinculante, pero también podrá contener disposiciones no vinculantes.

La defensa del Programa de Trabajo Decente para todos los trabajadores sanitarios y asistenciales en todos los lugares de trabajo es vital para unos servicios públicos de calidad y unos sistemas sanitarios sólidos. El artículo 12 del borrador cero sobre el "refuerzo y mantenimiento de un personal sanitario cualificado y competente" sigue siendo extremadamente inadecuado a la hora de abordar los derechos de los trabajadores. No reconoce el papel esencial de los trabajadores sanitarios y asistenciales que, a pesar de la falta de equipos de protección individual (EPI) al principio de la pandemia, arriesgaron sus vidas para garantizar que se atendía a las personas mayores y discapacitadas y se llegaba a las comunidades vulnerables.

Debido a la falta de empleo seguro y de condiciones de trabajo dignas, se está produciendo una fuga de trabajadores sanitarios y asistenciales de los países de renta baja y media a los países de renta alta. En la mayoría de los casos, la población móvil de trabajadores no está protegida por ninguna ley en los países de destino. Durante la pandemia, este fenómeno se agravó debido a las condiciones de estrés a las que se enfrentó el personal sanitario. Sin embargo, el proyecto actual no aborda este fenómeno. En el contexto del fortalecimiento de los sistemas sanitarios mundiales y de la cooperación regional para prepararse ante futuras pandemias, es imperativo que el tratado aborde los problemas a los que se enfrentan tanto el personal sanitario migrante como los países de origen, cuyos sistemas sanitarios ya están sobrecargados y debilitados y se enfrentan a una grave escasez de personal.

A continuación figuran las inclusiones específicas que la ISP pide en el Tratado sobre Pandemias:

Que se incluyan explícitamente los derechos laborales y sindicales de los trabajadores sanitarios y asistenciales, tanto en tiempos de pandemia como entre pandemias;

La aplicación del principio de precaución en las políticas que afectan a la exposición al riesgo de los trabajadores de la salud y los cuidados, como principio adicional.

La inclusión de una participación significativa de los sindicatos y las organizaciones de trabajadores sanitarios y asistenciales en la toma de decisiones sobre políticas sanitarias y asistenciales a largo plazo, así como en la planificación de crisis durante una pandemia;

Un artículo adicional en el capítulo IV (idealmente antes del actual artículo 12) que prevea medidas para garantizar un trabajo decente para los trabajadores sanitarios y asistenciales, con la inclusión explícita de la mejora de las condiciones de trabajo, una proporción adecuada de trabajadores sanitarios y asistenciales por paciente y los derechos laborales previstos en las recomendaciones e instrumentos de la OIT, como la Reunión tripartita de la OIT de 2017 sobre la mejora del empleo y las condiciones de trabajo en los servicios de salud, el Informe de 2016 del Grupo de Expertos a la Comisión de Alto Nivel sobre Empleo y Economía de la Salud y el Convenio 149 sobre el personal de enfermería;

El nuevo instrumento debería incluir explícitamente medidas de protección que garanticen los derechos de los trabajadores sanitarios y asistenciales migrantes en los países de destino. Así como medidas adecuadas para garantizar que las naciones de origen no se enfrenten a una escasez de personal sanitario.

El borrador cero incluye cláusulas sobre la obligación de los fabricantes que reciben financiación pública para I+D en contramedidas pandémicas de revelar los precios y las condiciones contractuales para la contratación pública en tiempos de pandemia. Esto se incluye en el artículo 9 sobre "aumento de las capacidades de investigación y desarrollo" (artículo 9.3.b). Esta inclusión es una ganancia valiosa.

Sin embargo, para conseguir realmente una arquitectura robusta de los sistemas sanitarios mundiales creemos que debemos entender todas las tecnologías sanitarias como bienes públicos. Los gobiernos deben comprometerse a invertir en su desarrollo y distribución.

Por lo tanto, es importante que el instrumento incluya políticas que garanticen que todos los productos sanitarios, tecnologías, conocimientos técnicos, etc., que se originen en programas de investigación financiados con fondos públicos se mantengan en el dominio público.

La campaña TRIPS Waiver para la suspensión de los derechos de propiedad intelectual (DPI) sobre vacunas, productos terapéuticos y diagnósticos, exigida por más de 100 países en la Organización Mundial del Comercio (OMC), puso de manifiesto el papel restrictivo de las normas comerciales a la hora de abordar los problemas de salud de las personas.

Debido a la presión internacional creada por la campaña de exención de los ADPIC, así como a los continuos debates en todo el mundo sobre la codicia de las grandes farmacéuticas y su especulación por encima de la vida de las personas, el actual texto sobre el tratamiento de la pandemia ha incluido una disposición para una exención de los derechos de propiedad intelectual con un plazo determinado para acelerar y ampliar la fabricación de productos pandémicos.

Sin embargo, este artículo debe reforzarse para que sea eficaz. Por ello, la ISP pide que la exención temporal se active automáticamente con el anuncio de una PHIEC, es decir, una emergencia de salud pública de importancia internacional. Una PHIEC es una situación de emergencia definida por la OMS y abarca una gama más amplia de emergencias sanitarias críticas, incluida una pandemia.

Además, debería especificarse que esta exención se aplicaría a todas las partes dispuestas a utilizarla y no se dejaría que cada país tomara medidas dentro de sus fronteras de forma unilateral. Las salvedades existentes en el acuerdo ADPIC de la OMC ya permiten a los países tomar este tipo de iniciativas unilaterales, lo que ha demostrado ser un mecanismo poco óptimo.