Digitalización: Una Guía de acción sindical para el trabajo y trabajadores de Servicios Públicos

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Digitalización: Una Guía de acción sindical para el trabajo y trabajadores de Servicios Públicos

Digitalización: Una Guía de acción sindical para el trabajo y trabajadores de Servicios Públicos

El presente informe escrito por Christina J. Colclough establece los temas que los sindicatos de servicios públicos enfrentan, en la medida en que se digitalizan los servicios públicos y el empleo, y las acciones que los sindicatos pueden adoptar, así como los recursos disponibles.

Esta es la primera publicación del proyecto de tres años de la ISP Nuestro futuro digital, una alianza con la FES y la FSESP para garantizar que los sindicatos y lxs trabajadores de los servicios públicos comprendan los retos que la digitalización plantea al trabajador, al sindicato y a los servicios públicos, y estén capacitados para influir en ellos

Table of contents es

Esta es la primera publicación del proyecto de tres años de la ISP Nuestro futuro digital, una alianza con la FES y la FSESP para garantizar que los sindicatos y lxs trabajadores de los servicios públicos comprendan los retos que la digitalización plantea al trabajador, al sindicato y a los servicios públicos, y estén capacitados para influir en ellos

El presente informe brinda un panorama sobre los desarrollos digitales clave y las discusiones dentro de las organizaciones internacionales, los organismos políticos y entre expertxs líderes que son relevantes para el trabajo político y temático de los sindicatos, particularmente los que poseen miembros en los servicios públicos. A pesar de haber sido escrito primariamente para los sindicatos afiliados a la Internacional de Servicios Públicos, sus enseñanzas y estrategias principales poseen relevancia para el movimiento sindical en general.

Agrupadas bajo once títulos diferentes, el informe ofrece una reseña crucial de prioridades de actualidad y de literatura selecta. En todo su contenido, el informe focaliza 3 áreas clave:

  • los efectos directos de las tecnologías digitales sobre el personal del servicio público

  • cómo el sector público puede, y debería, gobernar los datos y los sistemas de algoritmos, a fin de asegurar Servicios Públicos de calidad

  • cómo los derechos sobre datos y privacidad de lxs trabajadores deben ser mejorados por medio de la negociación de derechos mucho más sólidos..

Cada sección finaliza con un listado de áreas de exploración para los sindicatos. Estas recomendaciones buscan salvar las distancias y empoderar a los sindicatos y a lxs trabajadores, pero también a los servicios públicos como un todo, a medida que la digitalización sino también a los servicios públicos en su conjunto, a medida que la digitalización se incorpora al trabajo del sector público.

El presente no constituye en absoluto un informe exhaustivo. Trata sobre cómo las tecnologías digitales, en lenguaje amplio, están afectando a nuestros sectores y prioridades principales. Presenta también algunas de las narrativas claves de la digitalización en el seno de las instituciones multilaterales y cómo las mismas son impulsadas por el sector privado. De manera,que no aborda de forma crítica todas las tecnologías, tales como el uso emergente de las tecnologías blockchain (cadenas de bloques) ni discute el tema de la neutralidad de las redes: el papel de las compañías tecnológicas de garantizar o limitar la libertad de  expresión. Debería, en lugar de ello, ser visto como un documento de referencia para ayudar a incorporar la labor del sindicato en un contexto digital y sugerir posibles caminos hacia adelante. El informe culmina con un breve resumen y reflexiones.

Más información sobre el proyecto

Our Digital Future

This project is implemented by PSI in partnership with Friedrich-Ebert-Stiftung (FES).

https://publicservices.international/resources/projects/our-digital-future?lang=en&id=11534&showLogin=true

Resumen ejecutivo

La tecnología digital no nace con maldad. Tampoco nace bondadosa. El impacto de las tecnologías digitales sobre la calidad del trabajo, sobre los derechos de lxs trabajadores y de los sindicatos, sobre los derechos humanos y los de privacidad y sobre los tipos de trabajo que estarán disponibles es esencialmente un resultado de la regulación que exista – o de la cual se carezca. Por medio de los convenios colectivos, el personal del servicio público y sus sindicatos poseen la posibilidad de asegurar el incremento de las tecnologías digitales en el lugar del trabajo y de apoyar al bienestar de lxs trabajadores y a la igualdad de género, y no al contrario. Pero esto requiere que lxs representantes del personal y de los sindicatos construyan su capacidad de negociar sobre la cuestión primordial de la tecnología digital – es decir, sobre los datos. Los datos de lxs trabajadores están pobremente desarrollados en todo el mundo. Esto no es una coincidencia y con toda seguridad constituye el resultado de un pesado lobby llevado a cabo por la industria. Estos derechos precisan ser mejorados. Los sindicatos precisan asimismo una base de conocimiento sobre los diferentes tipos de tecnología digital y, relevantemente, sobre las instrucciones dadas a la inteligencia artificial, a los sistemas de algoritmos e incluso al aprendizaje automatizado. Precisan saber cuál es el nivel de transparencia a ser exigido, ya que necesitan estar preparadas para que la gestión sea responsable.

No existe solución contraria a la necesidad de adquirir este tipo de conocimiento y comprensión, si es que los sindicatos van a mantener o construir poder en el lugar de trabajo y en la sociedad. Precisan saber qué preguntas formular a la dirección sobre los sistemas, y deben asegurarse de que la dirección mitigue los efectos adversos sobre lxs trabajadores. Sabemos que los conjuntos de datos adolecen de parcialidad, porque así son los seres humanos. A fin de garantizar mercados laborales diversificados e inclusivos, lxs trabajadores necesitan tener un asiento en la mesa de la gobernanza.

Los Servicios Públicos de Calidad (SPC) no son un regalo y la misión de los sindicatos del sector público para garantizarlos se encuentra bajo el ataque de la toma de poder corporativo, que lo hace a través de la digitalización. Los sindicatos de todos los sectores precisan de alcance y del trabajo con la ciudadanía, a fin de elevar la concienciación del público, haciendo campañas juntos para el suministro democrático de los SPC. Los sindicatos y sus miembros precisan estar conscientes sobre los problemas de la digitalización y la privatización y los peligros a los cuales están expuestos y a los cuales se deben enfrentar. Debemos esforzarnos para lograr mejores prácticas de gestión y gobernanza sobre los términos de participación con las compañías privadas en toda y cualquier forma de los PPP, en la contratación o en la tercerización. Esto nos permitirá retener la posibilidad de afirmar el control democrático y de contar con la posibilidad legal y práctica de la remunicipalización. Debemos trabajar con el público a fin de educarlo sobre estos peligros, que acechan a la calidad del servicio, a la inclusión y a la democracia. Los datos extraídos y generados en estas relaciones público-privadas deben como mínimo ser controlados y verificados conjuntamente. Caso contrario, el sector público perderá su autonomía para interpretar y actuar sobre los hallazgos de los datos. Si no se construye la capacidad del sector público, se crea un vacío que solo permitirá la continuación del apoderamiento del sector privado lo que conducirá a una dependencia aún mayor del sector público y a un vaciamiento de los medios del sector público para gobernar.

Colectivamente, los sindicatos deberían convertirse en la punta de lanza de un ethos digital alternativo – que no mercantilice y transforme en objetos a lxs trabajadores y a la ciudadanía, sino que los empodere. Los sindicatos del servicio público tienen un papel clave como trabajadores que ven el impacto sobre la sociedad, responsables de regular el capital digital, de proteger a las instituciones democráticas y de estar involucrados en la elaboración de las políticas públicas. En este sentido, el fortalecimiento de los derechos de lxs trabajadores sobre los datos es un requisito previo esencial para el establecimiento de derechos colectivos sobre los datos, y la formación de cooperativas de datos, colectivos de datos, bienes comunes de datos, datos abiertos y/o fideicomisos de datos. Si nada cambia, lxs trabajadores y sus sindicatos estarán muy pronto sujetos a sistemas digitales opacos sobre los que ellos -y, de hecho, la dirección en muchas circunstancias- tienen poco poder.

A medida que quedan más claras las consecuencias sociales y económicas de la crisis provocada por la pandemia del COVID-19, parecen restar pocas dudas de que estamos ingresando a un período de años de dureza económica. A esto se sigue la necesidad de encontrar medidas de recorte de gastos, tanto en el sector público como en el privado. Con toda seguridad, se producirá la automatización de las tareas y empleos y el uso expandido de las tecnologías digitales, aunque sus beneficios de recorte de costos a largo plazo no estén  - realmente - claros. Para financiar los servicios sociales del Estado y garantizar servicios públicos de calidad, será vital un nuevo régimen tributario y, a través del mismo, una redistribución renovada de la riqueza.

La digitalización de nuestras economías, de los servicios públicos y de las sociedades requiere una respuesta digitalmente informada de los sindicatos.

Prefacio

Por Rosa Pavanelli, Secretaria General, ISP

La pandemia de COVID-19 ha mostrado con claridad cómo las herramientas digitales se han convertido en parte integrante de nuestra actividad y de nuestras sociedades. En el sector público, lxs trabajadores debe enfrentar vigilancia y monitoreo crecientes, dado que los empleadores tratan de mitigar los “riesgos” del trabajo remoto. Por otro lado, a fin de asegurar que se satisfagan las necesidades de la ciudadanía, las autoridades y agencias públicas se están movilizando a toda velocidad para implementar nuevos sistemas electrónicos. Aplicaciones de contacto y rastreo pueden ser el derecho más conocido actualmente, sin embargo, la transformación digital va directo al corazón de los servicios públicos: la salud, los beneficios sociales, la infraestructura, la seguridad ciudadana (por medio de CCTV y de otros mecanismos de monitoreo) y la educación. Mientras que muchas economías se han derrumbado, las acciones de Apple, Amazon, Alphabet, Microsoft y Facebook, las 5 mayores compañías norteamericanas de TI, que son también las dueñas de mucha de la tecnología que utilizamos, incrementaron 37 por ciento solo durante los primeros siete meses de 2020 (NYT agosto 19, 2020).

Big Tech’s Domination of Business Reaches New Heights

As the economy contracts and many companies struggle to survive, the biggest tech companies are amassing wealth and influence in ways unseen in decades.

https://www.nytimes.com/2020/08/19/technology/big-tech-business-domination.html

Esto no es novedad. Se han estado desdibujando, desde hace ya algún tiempo, los límites y responsabilidades entre actores públicos y privados con relación a la administración y a la gobernanza electrónica, a las tecnologías de la educación, a los resultados de las contrataciones públicas, al monitoreo de la infraestructura pública, a los recursos humanos del lugar de trabajo público. La transformación digital, no obstante, va en aceleración como nunca antes en todo el mundo. Parece continuar, en la medida en que la recesión económica esperada al asomarse la pandemia de COVID-19 ejerce presión sobre los presupuestos del sector público en los años venideros. El riesgo radica en que, en este ambiente, los gobiernos no utilizarán estos cambios para brindar mejores y más universales servicios públicos de calidad, sino para acelerar el recorte de costos, la tercerización y la privatización, todo ello mediante una rápida adopción de nuevas tecnologías a costa de los usuarios y de lxs trabajadores. Debemos preguntar ¿cómo deberíamos nosotros responder, en nuestra calidad de trabajadores en el sector público? ¿Cuáles son las discusiones clave entabladas por organizaciones internacionales políticas e industriales y cómo podemos formar y posicionar nuestras respuestas?

No es esta la primera vez que lxs trabajadores y los sindicatos han tenido que luchar debido a la rápida introducción de nuevas tecnologías. Tal como en el pasado, sabemos que una transformación digital rápida y sin restricciones sin la participación de los miembros del personal o de la comunidad resulta inaceptable. Debemos estar vigilantes y demandar una buena gobernanza – ocupando nosotros un lugar en la mesa. Debemos defender y desarrollar nuestros derechos. Debemos reivindicar que somos parte de cualquier transformación digital sea a nivel nacional, regional, local o sectorial. Y debemos demandar que nuestros gobiernos en todo el mundo coloquen los intereses de largo plazo de su [pueblo por sobre una fe ciega en los milagros de la tecnología digital. El riesgo de la austeridad llega en un tiempo en el cual necesitamos más inversiones sostenibles, regulación de incontables corporaciones, e innovación a partir del Estado – y nada menos.

La transformación digital demandará mucho de nosotros en cuanto sindicatos. Nosotros también debemos tener la previsión y el coraje para cambiar. Debemos luchar a fin de asegurar nuestro propio futuro digital como trabajadorxs pero también precisamos trabajar con la comunidad a fin de asegurar que la labor del gobierno y de los servicios públicos sea democrática, inclusiva y de calidad para todos. Para ello necesitamos contar con preparación suficiente. Este informe es de ayuda para que los sindicatos comprendan estas cuestiones y establece cómo podemos enfrentar, de la mejor manera, estos retos en los años venideros.

1. Democracia – el deber, los derechos y los medios para gobernar

Esta sección aborda la esencia central de la economía digital: la datificación de todas las relaciones sociales y económicas. Lo hace en cuatro aspectos principales.

  • Se preocupa, en primer lugar, del servicio social del Estado datificado y el apartarse de cuestiones y problemas sociales entendidos como compartidos, para una lógica que atribuye el “riesgo” al individuo.

  • En segundo lugar, argumenta que los servicios públicos pueden tanto abusar, como sufrir abuso, de las tecnologías digitales, cuando causan discriminación generalizada y ataques sobre los derechos humanos. La gobernanza de las tecnologías digitales, así como la transparencia y la eventualidad de rendir cuentas sobre sus propósitos, tanto intencionales como no intencionales, su finalidad y su estructura revisten relevante urgencia.

  • Apoyándose en las dos primeras partes, la tercera requiere del establecimiento de derechos colectivos sobre datos como principio y práctica ejemplificados a través de la formación de colectivos y/o trusts de datos.

  • La sección finaliza con una evaluación crítica sobre las regulaciones y directrices de las adquisiciones públicas que buscan gobernar un billón de millones de dólares en todo el mundo, en concepto de gasto público. Argumenta que para proteger y asegurar el deber, los derechos y los medios para gobernar, las autoridades públicas deben ejercer un control mucho más robusto y un mejor acceso a los datos generados y extraídos de la tarea obtenida.

El Estado datificado

En muchos estados, los servicios sociales, los medios de testeo, las notas estudiantiles son conducidos a partir de datos (Dencik, Lina, 2021, de publicación próxima). Los niveles del gobierno local, regional y/o nacional están consiguiendo sus propios datos a partir de procesos de gobernanza electrónica, adquiriéndolos, por ejemplo, de corredores de datos, o bien se están apoyando en programas de computadora analíticos de terceros, a fin de interpretarlos. Dentro de los servicios públicos en muchas partes del mundo, la datificación y las evaluaciones por perfil están sustituyendo a las potenciales interacciones presenciales con asistentes sociales. Los procesos decisorios centrales, así como su ejecución, están siendo – en consecuencia – parcial o completamente delegados a sistemas automatizados, produciendo así decisiones, de facto, automatizadas.

La datificación de los servicios sociales del Estado descansa sobre tecnologías digitales elaboradas, muchas de las cuales son suministradas al Estado por compañías privadas. Como la eficiencia se ha presentado convenientemente como un objetivo en sí mismoel sector privado se ha apresurado a ofrecer sus servicios a precios atractivos. Las empresas de consultoría, los lobistas y las grandes empresas de tecnología han sido exitosas en crear una narrativa de eficiencia que los gobiernos han aceptado. Esto se ha manifestado notablemente durante décadas de economía política neoliberal – la regulación, es una carga que perjudica la innovación, el sector público es burocrático y demasiado pesado.

El interés del sector privado en la datificación del Estado debe ser observado con cautela. Como las compañías privadas, con el apoyo de la OCDE, la UE, la ONU, abrazan la gobernanza digital, debemos preguntar de manera crítica si las instituciones de gobernanza del Estado han imitado la adopción de tecnologías digitales. ¿Quién está respaldando la responsabilidad de estas compañías privadas y tecnologías digitales, y cómo?

Tomemos como ejemplo a Cambridge Analytica, Palantir y Clearview AI.

La ahora disuelta Cambridge Analytica, a través de la evaluación política de perfil basada en conjuntos de datos de medios sociales, se inmiscuyó en la elección norteamericana de 2016, en el voto del Reino Unido sobre el Brexit, y en las elecciones en Trinidad y Tobago, Australia, India, México, Zambia, África del Sur, Italia Argentina, etc. En una charla promocional de 2018, los ejecutivos se vanagloriaron de que la compañía había trabajado en más de 200 elecciones en todo el mundo . Yendo derecho al núcleo de la democracia, o sea, al derecho a votar libremente, Cambridge Analytica apuntó al electorado por medio de datos recolectados de Facebook a fin de enfocar a los votantes con avisos típicamente transitorios y fugaces, más allá de los medios de escrutinio o de responsabilidad fácilmente identificables.

La importante firma tecnológica Palantir no es mejor en ningún sentido. Realmente, la Palantir colaboró con Cambridge Analytica. El director ejecutivo de Palantir es uno de los miembros del Directorio de Facebook. El software de vigilancia de Palantir es utilizado por muchos departamentos de policía de los EE.UU. así como la Inmigración de EE.UU. y la Agencia Aduanera (Customs Enforcement Agency - ICE). Los avanzados algoritmos de la Palantir han sido objeto de muchas demandas judiciales, incluyendo el proceso de Discriminación Racial (2016).

El 26 de septiembre de 2016, la  Office of Federal Contract Compliance Programs (Oficina de Programas de Verificación de Contratos Federales) del Departamento del Trabajo de los E.E. UU. entabló una demanda contra Palantir, alegando que la compañía ejercía discriminación contra los solicitantes de empleo asiáticos con base en su raza. Según el referido proceso, la compañía “rutinariamente eliminaba” a los solicitantes asiáticos durante el proceso de contratación, incluso cuando sus cualificaciones para los mismos trabajos “fueren similares a las de los solicitantes blancos”. Palantir llegó a un acuerdo en el proceso en abril de 2017 por 1,7 millones de dólares, aunque sin admisión de culpa.

La Clearview AI, a la cual el New York Times denominó “la compañía sigilosa que podría ponerle fin a la privacidad tal como la conocemos” es otro ejemplo de un negocio que viola los derechos, erguida sobre la idea de que la tecnología puede resolver cualquier problema a cualquier costo. Clearview AI colabora con las entidades de aplicación de la ley a comparar fotos de personas desconocidas según sus imágenes en línea. El sistema – cuya espina dorsal es una base de datos de más de 3.000 millones imágenes que la Clearview afirma haber reciclado de Facebook, YouTube, Venmo y millones de sitios adicionales – va “mucho más allá de todo lo construido por el gobierno de los Estados Unidos o por los gigantes de Silicon Valley”, según lo afirma el New York Times. Los agentes de policía dijeron que mientras ellos solamente poseían un conocimiento limitado de cómo la Clearview trabaja y quién está por detrás de ella, ellos habían utilizado su aplicación a fin de ayudar a resolver casos de hurtos en centros comerciales, robos de identidad, fraudes con tarjetas de crédito, asesinatos y explotación sexual de infantes.

Debemos preguntar qué problemas son estos que las tecnologías están tratando de resolver, o si es acaso apropiado utilizar estas herramientas digitales para los problemas identificados, y quién está realmente definiendo el problema en primer lugar. Las consecuencias de los sistemas conducidos mediante datos pobremente comprendidos y pobremente gobernados en el Estado son en definitiva un ataque a la democracia y a la idea de un Estado empoderador, inclusivo y universal.   Es un movimiento que se aleja de la visión colectiva de las cuestiones sociales y de los problemas hacia una lógica que atribuye “riesgo” al individuo. Esta individualización y este enfoque basado en el riesgo se encuentran facilitados por la inferencia conducida mediante datos, utilizada en algunos países para realizar los cálculos de las prestaciones sociales, el control policial predictivo y la calificación de exámenes definida por algoritmos.

“Cuando las organizaciones del sector público integran herramientas y plataformas de proveedores dentro de esta economía [digital] para administrar los servicios sociales del Estado, ellas en consecuencia implementan no solamente los sistemas en sí, sino también un régimen que impulsa la datificación más a fondo de la vida social.” Dencik, Lina (2021, próxima publicación)

Esto, junto con algoritmos sesgados (ver la sección abajo; sesgos y desigualdades) ha conducido a una mayor y ya comprobada “desventaja de los que ya se encuentran en desventaja” – especialmente las personas de color, las personas que viven en barrios más pobres y las mujeres. Esto ha sido por demás evidente en el uso de algoritmos en la vigilancia policial predictiva y en el sistema de justicia, donde la inteligencia artificial ha reconocido deficitariamente a las personas de color (un examen de un software de análisis facial demuestra un índice de error de 0,8 por ciento para hombres de piel clara, de 34,7 por ciento para mujeres de piel oscura). Se ha comprobado en numerosos estudios que los algoritmos exacerban el sesgo con base en el género, desfavoreciendo así a las mujeres. En el mundo del trabajo, el servicio de anuncios de microfocalización de Facebook ayudó a decenas de empleadores de los sectores público y privado de Canadá a excluir de la recepción de anuncios de trabajo a personas con base en la edad y en el género.

Use of Facebook targeting on job ads could violate Canadian human rights law, experts warn | CBC News

Facebook is allowing employers — including federal, provincial and municipal governments — to post job ads that target prospective employees in a way that some experts say could violate Canadian human rights law, CBC News has learned.

https://www.cbc.ca/news/politics/facebook-employment-job-ads-discrimination-1.5086491

En el estado datificado, la ciudadanía y lxs trabajadores están sujetos a una vigilancia masiva a medida que los datos se extraen mediante el uso de tecnologías digitales. Estos conjuntos de datos están agregados, analizados y utilizados para predecir y manipular el comportamiento y las opiniones.

El aumento de la EdTech

Mientras que al menos 463 millones de estudiantes carecen de acceso a la escolaridad remota, se esperaba que el tamaño del mercado global de Tecnología de la Educación (EdTech) alcanzase los 89.100 millones de dólares hacia fines de 2020 – siendo de 76,4 millones en 2019. Con una predicción de crecimiento anual del 18%, en 2027 se anticipa que el tamaño del mercado llegue a 285.200 millones de dólares.

La Education International, el Sindicato Global para las organizaciones de docentes y otros empleados educacionales, realizó en 2020 una encuentra global de miembros sobre las tecnologías digitales. Aquí, más de dos tercios de las organizaciones miembros respondieron que no estaban involucrados en la verificación de las tecnologías digitales en el lugar de trabajo.

Profundizando la diferencia digital, estas tecnologías buscan apoyar las verificaciones de alumnos y maestros, los planes de aprendizaje individualizados, la retroalimentación instantánea de docente-alumnx, y mucho más. Es común a estas herramientas que ellas sean 1. Digitales, 2. Determinadas por datos y extracción de datos, y 3. El producto de compañías privadas. Una de tales compañías, la ALEF Education afirma estar extrayendo 50 millones de puntos de datos por día.

La pandemia de COVID-19 ha incluso acelerado lo que Ben Williamson y Anna Hogan describen como “el solucionismo global de la industria de la tecnología educativa (edtech)”, a través de la cual los actores comerciales y privados han “establecido la agenda, ofreciendo soluciones técnicas a ser seguidas para los departamentos gubernamentales de educación, estando activamente en busca de reformas a largo plazo.”

Esto requiere las siguientes preguntas: Pero … ¿dónde deja esto a los derechos humanos y al derecho de privacidad, tanto de educadores como estudiantes? ¿Quién es responsable por verificar si estas herramientas están exacerbando las desigualdades? ¿Están ellas llegando a las áreas ricas o pobres, a los ambientes urbanos o rurales? ¿Están lxs educadores con su riqueza de conocimientos, pedagogías y emociones involucradxs en la verificación de estas tecnologías y su impacto sobre lxs estudiantes?

El ex relator Especial para la ONU sobre Pobreza Extrema y Derechos Humanos, Philip Alston, ha señalado cómo el solucionismo de la tecnología puede ser sumamente peligroso para la igualdad. El aumento de lo que él denominó “el servicio social digital del Estado” se ha visto acompañado de considerables recortes presupuestarios, formas intrusivas de condicionalidad, procesos decisorios inmutables y opacos, y la compilación y procesamiento indiscriminados de datos personales.

Esto refleja las alarmas que la científica política Virginia Eubanks menciona en su libro de 2018, Automating Inequality: How High-Tech Tools Profile, Police and Punish the Poor. Aquí, esta autora reseña los impactos de vida o muerte del proceso decisorio automatizado en los servicios públicos de Indiana, en los EE. UU. Por medio de tres estudios de caso referidos al suministro de bienestar, a la carencia de hogar y a los servicios de protección a la niñez. La revisora editorial Louise Russell-Prywata explica: “La historia de la reforma del bienestar de Indiana contiene todos los elementos clave de un "hombre de la bolsa" de la automatización: un objetivo explícito de reducir los costos y alejar a las personas de los beneficios; una bocanada de tonterías sobre el proceso de adjudicación de un contrato de 1.300 millones de dólares para privatizar un servicio estatal; la falla tecnológica generalizada en la implementación; la incapacidad de hacer que el contratista corporativo rinda cuentas por esta falla; la eliminación de conexiones humanas; y la presión sobre los servicios comunitarios, como los bancos de alimentos, para hacer frente a las consecuencias.”

En resumen, la digitalización de los servicios públicos, a menos que estén gobernados apropiada y democráticamente, corren el riesgo de hacer de la ciudadanía una nueva commodity y de sujetarla a un control adverso, a sesgos y discriminaciones. Un requerimiento clave para asegurar servicios públicos de calidad en el futuro, pero también servicios públicos inclusivos, democráticos y basados en el riesgo colectivo, consistirá en desvincularse de la lógica de la eficiencia conducida por el sector privado, que asegura la digitalización, y establecer nuevas normas y nuevos mecanismos de gobernanza.

La responsabilidad del sector público de gobernar

Como lo demuestran algunos de los ejemplos anteriores, los servicios públicos pueden abusar y sufrir abuso por parte de las tecnologías digitales, causando una discriminación generalizada y ataques a los derechos humanos. Se requiere con urgencia la gobernanza de estas tecnologías, así como la transparencia y la capacidad de rendir cuentas en torno a su propósito, estructura e intención. Si bien existen varias regulaciones, aunque esporádicas a nivel mundial, como las regulaciones de protección de datos [por ejemplo, la Ley de Privacidad del Consumidor de California (CCPA) y el Reglamento General Europeo de Protección de Datos (GDPR)], es necesario hacer mucho más, y el sector público debe liderar el camino. En pocas palabras, las protecciones de privacidad que dependen de la obtención del consentimiento individual para permitir que las empresas y el Estado capturen y reutilicen los datos, no pueden separarse de los resultados discriminatorios o adversos de ese uso. Esto es especialmente cierto en una era en la que la mayoría de nosotros (incluidas las propias empresas de tecnología) no podemos comprender completamente qué hacen los algoritmos o por qué producen resultados específicos. Si bien el Estado necesita cierta cantidad de datos para operar, todas las autoridades o agencias públicas que implementan sistemas algorítmicos deben ser responsables por su uso. Deben ser gestionados democráticamente con el consentimiento y la participación de múltiples voces (especialmente las de la ciudadanía, pero, lo que es más importante, también de lxs trabajadores) como se analiza a continuación en la sección Gobernando los Sistemas Algorítmicos.

Una preocupación adicional es que los Estados deben comenzar a considerar con urgencia la cuestión de la titularidad de los datos, y cómo los datos derivados y generados tanto por actores públicos como privados deberían ser colectivizados para el bien del público. La próxima sección aborda estos temas.

Derechos colectivos sobre datos

La ISP ya ha comenzado a explorar la importancia de cambiar, de una visión individualista de los datos hacia una de propiedad, acceso y control colectivos. La investigación de Parminder Jeet Singh comisionada por la ISP argumenta que compartir datos debe ser obligatorio, a fin de resguardar la democracia.

“El acceso generalizado a los datos de la sociedad, actualmente en manos de algunas corporaciones digitales, es una condición previa para una economía justa, servicios públicos de calidad, formulación de políticas públicas y gobernabilidad democrática. Hacer valer los derechos de propiedad colectiva sobre los datos es una de las cuestiones políticas más fundamentales de nuestro tiempo.” (Singh, PSI 2020)

El establecimiento de infraestructuras de datos públicos, tales como los fondos fiduciarios de datos (data trusts) son - argumenta - la base real de una fuerte industria doméstica digital y de IA.

Un fondo de datos brinda una administración fiduciaria e independiente de los datos. De Open Data Institute:

Los fondos de datos son un enfoque para cuidar y tomar decisiones sobre los datos de una manera similar a como se han utilizado los fideicomisos para otras formas de activos en el pasado, como los fideicomisos de tierras que gobiernan la tierra en nombre de las comunidades locales. Involucran a una parte que autoriza a la otra a tomar decisiones sobre datos en su nombre, en beneficio de un grupo más amplio de partes interesadas.

Con los fondos o fideicomisos de datos, la persona, grupo o entidad independiente que administra los datos asume un deber fiduciario. Por ley, un deber fiduciario se considera el nivel más alto de obligación que una parte puede contraer con otra; un deber fiduciario en este contexto implica administrar los datos con imparcialidad, prudencia, transparencia y lealtad indivisa.

Hay muchas formas de administrar y gobernar el intercambio de datos, y otros tipos de ‘instituciones de datos’ – esta es solamente una de ellas.

Los fondos de pensión constituyen un ejemplo de una institución con responsabilidades fiduciarias. Las Cooperativas de Crédito también. Pentland et al argumentan en un reciente documento blanco cómo las cooperativas de crédito podrían perfectamente convertirse en cooperativas de datos.

El principal argumento en el trabajo de Singh es que debemos ejercer la propiedad colectiva sobre la inteligencia digital sistémica sobre nosotros mismos,  que es actualmente extraída principalmente por empresas privadas, así como sobre los datos de los que se deriva. El documento sostiene que los datos y la inteligencia digital de una sociedad son bienes públicos y, por lo tanto, deben tratarse y proporcionarse como tales. Singh continúa: “Las infraestructuras de datos públicos tienen que ser una parte clave de las nuevas ecologías institucionales digitales. La mayoría de ellos serán administrados directamente por el sector público como parte de los departamentos o agencias públicas existentes en diferentes áreas, o serán operados mediante la creación de nuevas agencias intersectoriales. Algunas infraestructuras de datos podrían administrarse en asociaciones con organizaciones sin fines de lucro o empresas, y otras ejecutarse de forma privada como servicios públicos regulados. También se requiere una regulación efectiva para los mercados de datos. Las habilidades del sector público deben evolucionar para todos estos roles.”

Singh y la ISP claman por una visión de largo plazo – un ethos digital alternativo – liderado y moldeado por el movimiento sindical, en cooperación con otras fuerzas progresistas que hagan hincapié los derechos colectivos sobre los datos.

En el mediano plazo, los sindicatos podrían comenzar a crear “colectivos de datos del personal” aportando los datos de sus afiliados en estructuras de trusts o cooperativas de datos. Colclough (2020) argumenta que los Colectivos de Datos del Personal van a prevenir la comoditización irreparable del trabajo y del personal y podrían convertirse en un hub de conocimiento y de insight a fin de promover las campañas sindicales.

Con un propósito bien definido, una estructura de gobernanza, políticas y líneas de actuación para el uso y el acceso a los datos del Colectivo, la puesta en común de los datos individuales empoderará a lxs trabajadores y ofrecerá interpretaciones alternativas del mundo real frente a las que actualmente controlan de forma unilateral las compañías extractores de datos. El establecimiento de Colectivos de Datos de lxs trabajadores a nivel nacional e internacional requerirá naturalmente el desarrollo de habilidades sindicales (ver la sección sobre Habilidades y Competencias más abajo) pero mucha inspiración puede encontrarse en la relación histórica entre sindicatos y cooperativas de crédito.

Es esencial que en el corto plazo los sindicatos colaboren para prevenir la colonización por el sector privado del sector público, por medio de las tecnologías  digitales, y hacer que los gobiernos sean responsables y rindan cuentas por la tecnología que utilizan. Deben establecerse derechos sobre datos colectivos.

Un posible lugar para comenzar sería la remodelación de las reglamentaciones y directrices de las adquisiciones nacionales y globales. La sección siguiente explica por qué.

Contratación Pública

La ISP ha realizado un gran trabajo sobre la contratación pública y sus efectos sobre lxs trabajadores y las condiciones laborales y la sostenibilidad (Ver Tackling the Challenges of Global Urbanization, 2019, y Digital trade rules and big tech, 2020). Esta sección se concentra en el aspecto digital de las tareas adquiridas. El foco no se sitúa en la digitalización de los procesos de contratación o en cómo las compras públicas, la tercerización y las PPP afectan a las condiciones de trabajo, ya que ello está brevemente abordado en la sección Trabajo, derechos de lxs trabajadorxs y gobernanza del lugar de trabajo . Más bien, la presente sección aborda específicamente el desequilibrio de poder entre la autoridad que contrata y los contratistas privados, con relación a los datos extraídos y generados en las tareas adquiridas. Argumenta que el “deber del Estado de proteger” se extiende, verdaderamente a situaciones donde existe un “nexo” comercial entre actores públicos y negocios – es decir, el nexo datificado de conocimiento e información.

En mayo de 2020, el Banco Mundial estimó que lascontrataciones públicas – el proceso mediante el cual los gobiernos compran bienes, servicios y trabajos del sector privado – representó en el año 2018 $11 trillones de dólares (1112 [en escala corta, equivalente a 1118[en escala larga] a partir de 90 trillones de dólares [en escala corta, equivalente a 9018 en escala larga] del PBI global. La mayoría del gasto en contrataciones públicas en los países de la OCDE (63%) se lleva a nivel del gobierno subcentral (OCDE 2017).

Si bien existen muchas pautas y regulaciones globales destinadas a abrir los mercados para la licitación (ver listado de literatura disponible), y a aumentar la transparencia y la responsabilidad, muy pocas de ellas incluyen una mención explícita de las obligaciones sobre datos entre los actores privados y el sector público. De hecho, la Comisión Europea afirma: “Las Directivas de contratación pública de la UE regulan los procedimientos que rigen las compras por parte de los organismos públicos, pero no intervienen en el tema de las compras. Esto se refiere también a los posibles datos producidos dentro de los contratos adjudicados según procedimientos de contratación pública. Habiendo dicho esto, debido a la naturaleza misma de la contratación pública (comprar en el mercado abierto algo que un comprador público necesita) normalmente los contratos establecen que los derechos sobre cualquier dato creado dentro de ellos permanecen en poder de la autoridad contratante ". (DG de Mercado Interno, Industria, Emprendimiento y Pymes, correo del 28 de agosto de 2020)

En otras palabras, en la UE cabe a la autoridad contratante (la autoridad pública) determinar si los derechos sobre datos, o el control y el acceso de los mismos, deben formar parte del contrato. No ha sido posible obtener ejemplos de ambos casos; no obstante, ello no significa que no existan.

Los “Términos y Condiciones Aplicables a contratos de servicios de la OIT ” Anexo 1, Art 6.1.1 de la OIT incluyen una redacción que brinda mejor protección, vale decir:

“Todos los documentos (incluidos los dibujos, presupuestos, manuscritos, mapas, planos, registros, informes y recomendaciones) y otros artículos de propiedad (incluidos los datos, dispositivos, aparatos indicadores, gálibos, mosaicos, partes, modelos, fotografías, muestras y programas informáticos) (en adelante denominados “Artículos de Propiedad”) que hayan sido elaborados por el contratista o su personal en relación con el contrato, o que hayan sido suministrados al contratista por la OIT o en su nombre para contribuir al cumplimiento de las obligaciones contraídas por el contratista en virtud del contrato, son propiedad exclusiva de la Organización Internacional del Trabajo. El contratista y su personal sólo los utilizarán para los fines del contrato”.

No ha sido posible descubrir de la OIT si esta mención a “datos” como un artículo de propiedad incluye la extracción y generación de datos a partir de sistemas algorítmicos.

A medida que avanza la digitalización con el actual acceso y control desequilibrado de datos en manos de muy pocas empresas privadas, junto con un subsector creciente de firmas de corredores de datos a menudo opacos, Singh (2020) advierte que la democracia está en juego.

Actualmente, los EE. UU. y China juntos dan cuenta del 90 por ciento del valor de capitalización del mercado de las mayores plataformas digitales mundiales. Estas plataformas, a su vez, son superpoderes que dominan a los mercados y a las sociedades. Microsoft, seguida de Apple, Amazon, Google, Facebook, Tencent y Alibaba – representan dos tercios del valor total del mercado.

Si las autoridades públicas se basan principalmente en los análisis de datos o en las herramientas diseñadas para realizar el análisis de datos que les comercializan estas empresas privadas, entonces desaparece su margen para desarrollar sus propios conjuntos de datos e interpretaciones de los resultados de los mismos. Esta dependencia excesiva del sector privado somete a las autoridades a una relación de dependencia, caracterizada por un acceso desigual no solo a la información, sino también al conocimiento que puede derivarse de los datos. Se forma un círculo vicioso, en el cual la creación de capacidad dentro de las autoridades públicas para recopilar, comprender, almacenar y utilizar datos va a la zaga de la de los actores privados, lo que genera una mayor dependencia del sector privado y una menor creación de habilidades, y así sucesivamente. Además, los servicios públicos y las autoridades de contratación deben estar capacitados para hacer algunas preguntas muy importantes:

¿Cuáles son los riesgos individuales y colectivos que implica el uso de una tecnología digital? ¿Qué mitigaciones se deben realizar para superar los prejuicios y las discriminaciones en la tecnología? ¿Qué problema puede resolver o resolverá la tecnología? ¿El perfil de riesgo e impacto de la herramienta es proporcional a su uso? ¿Qué datos se generan y extraen y qué medidas de preservación de la privacidad deben implementarse para garantizar el acceso y control conjunto responsable de los datos? ¿Se resuelve mejor el problema en cuestión por medios que no sean técnicos?

Como lo expresan Mulligan & Bamber 2019: “Estos sistemas [de aprendizaje automatizado] frecuentemente desplazan la discreción ejercida previamente por los legisladores o individualmente por el personal gubernamental en el  "front-end" (terminal de usuario) con una lógica opaca, que no se parece a los procesos de razonamiento del personal de la agencia. Sin embargo, debido a que las agencias adquieren estos sistemas a través de procesos de contratación pública, tanto ellos como el público cuentan con poca información, o incluso conocimiento, sobre su diseño o cuán bien ese diseño se adecua a los objetivos y valores públicos.” [traducción libre]

En el documento AI Procurement in a Box: reports and toolkits from 2020 [Adquisiciones de IA en una Caja: informes y kits de herramientas de 2020], del Foro Económico Mundial, se destaca que:

“La falta de intercambio de datos y de gobernanza de datos en el sector público conduce a menudo a una carencia de disponibilidad, descubrimiento y usabilidad de los datos. Dado que los datos son actualmente la base de cualquier desarrollo de IA, estos retos constituyen una gran barrera para la adopción de la IA”(p. 6).

Si bien no es sorprendente que el Foro Económico Mundial esté promoviendo una agenda para abrir la disponibilidad de datos para la propagación de la IA en todo el gobierno, es sorprendente que incluso dicho Foro observe que se carece de gobernanza. Menos sorprendente es que estos conjuntos de herramientas y recomendaciones, por lo demás elaborados, no abordan que los datos producidos en las tareas adquiridas son con mucha frecuencia mantenidos en poder de los contratistas, lo que refuerza el círculo vicioso: falta de datos - falta de capacidad del sector público - falta de gobernanza del sector público. Esto refleja una tendencia más amplia de que los datos públicos deben ponerse a disposición de las empresas de forma gratuita, pero los datos privados están monopolizados para su uso, beneficio y poder exclusivos. Parece que lxs trabaadores  o los sindicatos eran miembros de los grupos de partes interesadas que brindaron información para los informes y las directrices. Esto resulta evidente tanto del  workbook for policy and procurement officials [Libro de Ejercicios para agentes de política y de adquisiciones] como del informe sobre  AI Government Procurement Guidelines [Directrices de Adquisición Gubernamental]. En ambos, el personal es mencionado solamente como partes afectadas por la IA, y no aquellos que pueden también cogobernar la IA en el lugar de trabajo (ver la sección “Sistemas Algorítmicos de Gobierno” en el presente informe, para obtener una sugerencia de cómo podría efectivizarse dicha co-gobernanza).

Acceso y control conjunto de datos en las contrataciones

El sector público enfrenta un riesgo doble. En primer lugar, el riesgo creciente de la carencia de datos y conocimiento derivado de los mismos para, realmente, llevar a cabo sus obligaciones en interés público. En segundo lugar, la carencia de estructuras y capacidades de gobernanza, a fin de gobernar los sistemas destinados a asegurar los bienes públicos contra la captura por parte de las corporaciones.

En la UE y en los EE. UU. se han propuesto algunas iniciativas para abordar específicamente el primer reto. En 2018, la Unión Europea estableció un Grupo de Expertos de Alto Nivel sobre Business-to-Government (B2G) Data Sharing. [Reparto Compartido de Datos de Empresas al Gobierno. Su labor concluyó en 2020 con la publicación de su informe final y recomendaciones “Towards a European strategy on business-to-government data sharing for the public interest.” [Hacia una estrategia europea sobre el intercambio de datos entre empresas y administraciones públicas para el interés público (trad. libre)] El informe incluye ejemplos de buenas prácticas, incluyendo la mención de varias legislaciones nacionales que requieren acceso a datos privados (página 34). Los expertos concluyen afirmando que, a fin de facilitar el reparto compartido de datos en la UE, son necesarias medidas políticas y legales e inversiones en tres áreas principales:

  1. Gobernanza de reparto compartido de Datos de Empresas al Gobierno en toda la UE: tal como establecer estructuras de gobernanza nacional;

  2. Establecimiento de una función reconocida (“auxiliar de datos”) en organizaciones públicas y privadas, y;

  3. Exploración de la creación de un marco regulatorio a través de la UE.

No deja de ser interesante que miembros selectos de este grupo de expertos hayan también trabajado con el think tank basado en los Estados Unidos GovLab, en su Laboratorio de Política de Datos Abiertos “Leveraging Private Data for Public Good: A Descriptive Analysis and Typology of Existing Practices”. Este Lab y sus subtareas exploran cómo las “colaboraciones de datos” pueden ser la estructura que permite el uso de datos capturados del sector privado para el bien del público. El GovLab recomienda que los denominados auxiliares de datos coordinen, conduzcan el proceso decisorio y revisen e implementen oportunidades para desbloquear el valor público de los datos de una compañía. Durante 2020 el Laboratorio de Políticas de Datos Abiertos ha liderado el Verano de Datos Abiertos – un proyecto de tres meses de duración. Aquí, ellos han entrevistado a especialistas públicos y privados involucrados en proyectos de Datos Abiertos a nivel local, regional y gubernamental, así como a agencias nacionales de estadísticas y cuerpos internacionales. Sus discusiones de panel/videos cubren temas tales como el estado de los datos subnacionales, desarrollo de colaboraciones de datos a nivel local y comunitario, promoción de la sostenibilidad de los proyectos de datos, defensa del valor de los datos abiertos y desarrollo de habilidades adecuadas de datos. Estas son solo dos de las conclusiones de los paneles..

“Estamos viendo localidades sin ningún tipo de infraestructura de datos pensando y analizando datos más que nunca. Necesitan [datos] para comprender los problemas de transporte [y] las cuestiones económicas .”
“Más allá de simplemente usarlos y verlos como una herramienta para la transparencia, los gobiernos necesitaban incorporar datos y datos abiertos en una estrategia general dirigida a sus prioridades. Las asociaciones y los nuevos enfoques para la reutilización de datos, como la colaboración de datos, podrían utilizarse para ayudar a las instituciones a capturar y realizar este valor para sí mismas y sus ciudadanos ".

La segunda cuestión se refiere a las competencias de los poderes adjudicadores para negociar el acceso y el control de datos compartidos, así como para gobernar los sistemas algorítmicos en el lugar de trabajo. Con respecto a las competencias en todos los niveles de la autoridad pública, esto simplemente debe abordarse empleando a las mejores personas en el gobierno y dando prioridad a la capacitación. El trabajo en el sector público debe ser atractivo y bien remunerado. Con ello, se incrementará la tenencia y también las competencias de las autoridades públicas para negociar buenos acuerdos de contratación que coloquen a los intereses del público en el centro del escenario.

Además, la sección Gobernando sistemas algorítmicos, más adelante en el presente informe, brinda un modelo de co-gobernanza de sistemas algorítmicos. Apunta a acercar al personal y a los gerentes responsables a la mesa, a fin de disponer mecanismos serios y periódicos de gobernanza, para asegurar que todos los sistemas algorítmicos obedezcan a la legislación y los principios de IA adoptados por muchos gobiernos. También aquí, las competencias deben constituir una prioridad y ser mejoradas.

Áreas de exploración para los sindicatos

La presente sección ha observado los deberes, derechos y medios de los servicios públicos para gobernar en un mundo crecientemente digitalizado. A menos que sea apropiada y democráticamente gobernada, la digitalización de los servicios públicos a través de uso indebido de los datos propios o la dependencia de compañías privadas corre el riesgo de re-comoditizar e individualizar a lxs ciudadanos, sujetándolxs a un control adverso, a sesgos y discriminaciones. Para defender a la democracia y al control democrático del poder de captura del sector privado, serán esenciales una transición hacia los derechos de datos colectivos, así como control y acceso.

En este sentido, los sindicatos podrían beneficiarse de las actividades siguientes:

Corto plazo

  1. Realizar talleres y entrenamientos en el modelo de gobernanza de sistemas algorítmicos y derechos sobre datos, incluyendo los riesgos de las herramientas de toma de decisiones automatizadas en los servicios públicos, exacerbando la desigualdad y la importancia de que los gobiernos salvaguarden sus derechos para el acceso a datos y a IA que se encuentren en el interés público.

  2. Construir estudios de casos que "tornen realidad" las implicaciones de no salvaguardar el control del gobierno y del sector público de los datos de interés público.

  3. Encontrar ejemplos de buenas prácticas de buena gobernanza de datos en el gobierno y los servicios públicos.

  4. Reunir a sindicatos y socios interesados ​​para examinar ejemplos concretos de falta de gobernanza digital en sectores específicos y recomendar políticas y acciones para promover esta labor.

  5. Investigar la cantidad de contrataciones públicas que incluyen acceso y control conjunto de datos o acceso y control exclusivo de los mismos. Compilar y compartir estos conocimientos.

  6. Mapear qué reglamentos o directrices de contratación pública podrían mejorarse con mayor probabilidad para incluir derechos colectivos más sólidos, incluyendo el acceso y control conjunto de datos.

  7. Exigir que los gobiernos establezcan agencias centrales, capaces de brindar asesoramiento a todas las áreas del gobierno sobre cuestiones políticas fundamentales relacionadas con la digitalización de los servicios públicos, los derechos de lxs trabajadores y la economía.

Mediano plazo

  1. Promover junto con las autoridades públicas la capacitación para comprender los peligros de la tercerización y las aplicaciones para el control de datos y desarrollar la capacidad para proteger el acceso público a los datos, en caso de que no se puedan detener la tercerización y las aplicaciones.

  2. Realizar campañas coordinadas sobre contrataciones y datos.

  3. Llevar a cabo un trabajo de investigación sobre fideicomisos (trusts) de datos/recopilaciones de datos del personal.

  4. Involucrarse con los organismos internacionales y regionales relevantes: ONU, OCDE, WEF, UE, AU y otros, en discusiones sobre el acceso y control conjunto de datos, como una forma de proteger la democracia y los derechos y medios para gobernar.

  5. Trabajar con la ISP y TUAC, el comité asesor sindical de la OCDE, para trazar el vínculo entre los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos (UNGP) y los artículos sobre acceso y control de datos. ¿Se pueden utilizar los UNGP para apoyar la autonomía del gobierno/autoridades públicas?

Largo Plazo

  1. Construir fideicomisos de datos de lxs trabajadores para empoderarlxs.

  2. Construir estructuras de datos de la comunidad pública a fin de asegurar que los gobiernos estén en posesión de los datos necesarios para gobernar de forma eficiente y responsable, preservando la privacidad y, al mismo tiempo, empoderar a la ciudadanía.

LITERATURA CLAVE

Literatura sobre Trusts (Fideicomisos) de Datos

Literatura sobre Contrataciones

2. Trabajo, derechos de lxs trabajadores y gobernanza del lugar de trabajo

Esta sección comienza con una descripción de la creciente precariedad del trabajo en los servicios públicos y reflexiones sobre los efectos que la pandemia de Covid-19 tendrá sobre el sector del trabajo público. Nos referiremos después a la influencia de las tecnologías digitales y la automatización sobre los derechos del personal, antes de finalizar con reflexiones sobre posibles estrategias sindicales, a fin de empoderar a lxs trabajadores y salvaguardar sus derechos por medio de los convenios colectivos y las estructuras de co-gobernanza.

Esta sección argumenta que los sistemas algorítmicos y de datos constituyen la base de todas las herramientas digitales y de los servicios. Tal como lo discutiremos en otras secciones, los empleadores están ya sea comprando o suscribiendo contratos de leasing de herramientas de propiedad y de sistemas, o bien diseñando los propios. Esto afecta, tanto de manera directa como indirecta a lxs trabajadores, a la naturaleza de su trabajo y a sus derechos. Como resultado, el personal y sus sindicatos deben demandar derechos mucho más robustos con relación a los datos extraídos y generados en el trabajo, así como un lugar a la mesa en la gobernanza de los sistemas algorítmicos.

La cambiante naturaleza del trabajo

La ISP y EPSU han publicado varios informes sobre los efectos de la digitalización en el trabajo.  Ellos retratan una creciente precariedad en el quehacer del sector público, que en algunos países se ve incentivada por una combinación de políticas de austeridad fiscal y una estrategia de digitalización, cuya finalidad principal es la de cortar costos  mediante despidos y reducción del personal en los servicios públicos. (p. 66 PSI). El informe de EPSU resalta que el mayor impacto de la digitalización radica en la intensificación del trabajo (casi dos tercios de respondedores), seguido de un monitoreo del trabajo y del personal, gestión orientada al desempeño y resultados de salud mental (más de la mitad de los respondedores) Los encuestados mencionaron asimismo una pérdida/estandarización de las relaciones sociales con los colegas (37%).

El informe resumen sobre Digitalización y Servicios Públicos: Una Perspectiva desde el Trabajo  expone muy claramente cómo la digitalización afecta al empleo en el servicio público y a los mercados laborales de cinco maneras principales (p. 20-21):

  1. Creando empleos y nuevas profesiones relacionados con nuevas tecnologías digitales (por ejemplo, analista de grandes datos; diseñadores de aplicativos, especialistas en ciberseguridad; especialistas en dispositivos digitales y en mantenimiento, investigación digital e ingenieros de desarrollo, etc.);

  2. Destruyendo empleos y tareas que pueden ser digitalizadas, automatizadas o robotizadas, especialmente en el caso de bajo valor agregado y bajas habilidades, casos simples, tareas repetitivas o peligrosas, tediosas o bien trabajo agotador (por ejemplo, manipulación y procesamiento de facturas, gestión de la base de datos, tareas administrativas, seguridad y patrullaje de vigilancia, recorrido de testeos médicos, etc.;

  3. Modificando el contenido del empleo (por ejemplo, complicándolo con más habilidades y tareas requeridas para realizar el mismo trabajo), desdibujando el lugar de trabajo y las fronteras de trabajo/vida (combinando trabajo móvil, trabajo en oficina y teletrabajo), e instaurando nuevas formas de gestión habilitada digitalmente (por ejemplo, chequeo digital sobre el tiempo de trabajo y la performance, compartir el escritorio digital y el software del grupo de trabajo, etc.).

  4. Modificando la relación con ciudadanxs/usuarixs del servicio, notablemente reduciendo el contacto humano y la interfaz (por ej., interfaces de máquinas inteligentes, y servicios digitales para usuarios y cuidado; atenciones telefónicas reemplazadas por servicios computadorizados, interfaces en línea para acceso al servicio e instalaciones digitales de autoservicio, tal como un servicio de registro y bibliotecas; contadores inteligentes y sensores de consumo automatizados, etc.)

  5. Desplazando la relación laboral, tras el auge de los servicios digitales de empleo y del trabajo en plataformas, normalmente para la subcontratación y la privatización (por ejemplo, en la salud y los servicios sociales), que se asocia con la difusión de formas de empleo no estándar y precarias, incluidos los "falsos" autónomos sin contrato de trabajo formal y los contratos de "cero horas" con protección social y cobertura de seguridad parciales o inexistentes.

Tal como lo mencionara la Secretaria General Rosa Pavanelli en el prefacio de este informe, estas observaciones y experiencias bien podrían intensificarse a medida que el sector público luche para encontrar ir adelante durante a posteriori de la crisis del Covid-19. Al mismo tiempo, y sin que ello deje de guardar relación, la automación de las tareas gerenciales, incluyendo los recursos humanos, la programación y gestión de desempeño están tomando su lugar en los servicios públicos.

Atención con los empleos

Tal como la ISP lo ha señalado en muchas ocasiones, la digitalización de los servicios públicos está afectando también los tipos y naturaleza del trabajo en los servicios, y modificando asimismo las condiciones de trabajo. El Capítulo 3 de “Digitalización y Servicios Públicos: un informe sobre la perspectiva del trabajo”, trata precisamente de estas cuestiones. Desde la creación del empleo hasta la destrucción del mismo, los cambios en su contenido y las relaciones con la ciudadanía/usuarios, hasta los desplazamientos en los sistemas de empleo y las relaciones entre empleadx y empleador/a.

El trabajo está también - y de manera creciente - siendo intensificado a medida que las tareas rutinarias se digitalizan y automatizan (ver sección sobre La naturaleza cambiante del trabajo en este informe), siendo monitoreado y vigilado, y está conduciendo a una forma borrosa entre vida laboral y vida privada. La cultura del “siempre listo” que ha sido alimentada por las herramientas digitales verdaderamente ha llevado a varios países y a muchos sindicatos a presionar por el Derecho a Desconectarse. (Francia, Alemania, Italia, Filipinas, Luxemburgo y España poseen legislación interna sobre el tema. Bélgica, Canadá e India se encuentran a su vez en ese proceso.

También se espera la pérdida de empleos. Según el informe de la PSI, en Francia se estima que entre el 3% y el 8% del personal (40.000 a 110.000 personas empleadas) se verán afectadas en el futuro cercano, particularmente en tareas administrativas y técnicas. El sindicato multisectorial británico UNITE considera que más de 230.000 de su millón y cuatrocientos mil afiliados podrían perder sus empleos hasta 2035, debido a la automación, con muchos trabajadores en riesgo en los servicios de salud y en el gobierno local. El sindicato FNV en los Países Bajos informó que, de un total de 15.000 puestos de trabajo, fueron cortados 1.500 empleos, los cuales en su mayoría exigían un menor grado de habilidad, todo ello como resultado de la digitalización de los servicios legales.

Se ha propuesto un Ingreso Universal Básico como reacción a la automatización de los empleos y a la merma general esperada en el número de puestos de trabajo. En el informe de la ISP sobre “Ingreso Básico Universal: Una Perspectiva Sindical (EN) de 2019, la Secretaria General Rosa Pavanelli ha mencionado, no obstante, preocupaciones significativas con el IBU como “un regalo generoso para los ricos que no lo necesitan”. Y ella continúa:

“Con la existencia de un IBU muchos han argumentado que las obligaciones de los estados con relación al bienestar se verán cumplidas. Que las personas serían entonces libres de utilizar el dinero como mejor lo necesiten – libres de la interferencia del gobierno. Con tal importante aumento en el gasto público requerido para financiar un IBU, se brindaría ciertamente a aquellos que prefieren las soluciones de mercado y no la provisión pública, argumentos poderosos para cortar el gasto enfocado en asistencia social que pudiera aún subsistir.”

Sin duda alguna, el IBU subordina los intereses de las personas a aquellos de mudanza tecnológica y a la escuela de pensamiento guiado por un “solucionismo” digital. En vez de ello, para combatir el corte de empleos, los sindicatos deberían presionar por el compromiso obligatorio de los empleadores públicos con relación al Plan de la Gente (People Plan) – un plan que compromete a los empleadores con la inversión y el desarrollo de carreras para lxs trabajadores, en conexión con la introducción de tecnologías disruptivas. El Plan se presenta con mayores detalles en la sección del Plan de la Gente.

Sesgos y desigualdades

Tal como aparece claramente discutido en los informes de la ISP Digital trade rules and big[1] tech y Digitalisation and Public Services: a labour perspective[2] la digitalización desgobernada continuará polarizando las desigualdades existentes en el mercado laboral, en base a las habilidades, el género y otras características de lxs trabajadores.

Los algoritmos son sesgados porque así lo son los seres humanos o, como alguien lo dijo,“si metes basura, sacas basura”. Las series de datos sobre los cuales se entrenan los algoritmos o los sistemas de IA serán sesgadas. Ello explica por qué necesitamos de gobernanza – gobernanza sobre las instrucciones para los algoritmos, los datos que son introducidos y sacados y la gobernanza de los resultados de los sistemas algorítmicos.

El reciente informe de la UNESCO: Inteligencia artificial e igualdad de género: hallazgos clave del Diálogo Global de la UNESCO, expresa que: “La investigación... muestra de manera no ambigua que los sesgos de género encontrados en las series de datos de entrenamiento en IA, en algoritmos y dispositivos, tienen la capacidad de diseminar y reforzar estereotipos dañosos de género. Estos sesgos de género corren el riesgo de estigmatizar aún más y de marginalizar a las mujeres en escala global. Considerando la creciente ubicuidad de la IA en nuestras sociedades, tales sesgos colocan a las mujeres en riesgo de ser dejadas atrás en todos los campos de la vida económica, política y social. Ellos pueden aún contrarrestar algunos de los avances considerables que los países han hecho en favor de la igualdad de género en el pasado reciente.”(traducción libre).

El informe finaliza con un conjunto de recomendaciones claras, que incluyen que los gobiernos deben: “Comprometerse con políticas, regulaciones y mecanismos (de manera proactiva y mediante medidas reparadoras) que promuevan la igualdad de género en y a través de la IA; fomentar el desarrollo de aplicaciones de inteligencia artificial que no perpetúen los prejuicios ni afecten negativamente a las niñas y mujeres, sino que respondan a sus necesidades y experiencias; crear mecanismos de financiación para la IA participativa, el acceso a la IA y a la educación en IA para niñas y mujeres; promover la diversidad y la igualdad a través de la contratación, la cadena de suministro y prácticas relacionadas; y contribuir a la recopilación de datos desglosados ​​por sexo ".

El sesgo y la discriminación no se limitan a las líneas de género. La discriminación racial en tecnologías como el reconocimiento facial, el software de audio y los algoritmos jurídicos están claramente documentados. Con efectos en la vida real en la vigilancia, los sistemas de beneficios sociales, los servicios financieros, los algoritmos de contratación, es muy necesario que exijamos que todos los sistemas autónomos (algoritmos, IA) estén gobernados por múltiples partes interesadas.

Para evitar la mercantilización del empleo del sector público en todas las áreas, lxs trabajadores y sus sindicatos deberán cerrar enérgicamente las brechas en muchas de las regulaciones de protección de datos a nivel mundial y negociar varias disposiciones clave:

  1. En primer lugar por mejores derechos sobre datos del personal. Verdaderamente, en todo el mundo, la fuerza de trabajo o bien se encuentra directamente excluida de las reglamentaciones sobre protección de datos, o lo está de manera parcial. Incluso en el GDPR, las disposiciones más estrictas para los datos de lxs trabajadores que fueron presentadas por el Parlamento Europeo no se incluyeron en el texto final.

  2. Para la cogobernanza de los sistemas algorítmicos desplegados en el trabajo que extraen o incluyen datos de lxs trabajadores o su vigilancia y seguimiento.

  3. Para una nueva política, que obligue a los empleadores que adoptan tecnologías disruptivas a volver a capacitar o mejorar a su fuerza laboral actual y ofrecer capacitación y apoyo en la transición profesional para aquellos que serán desplazados.

Nos ocuparemos a continuación de estos tres temas.



[1] Reglas comerciales digitales y la “big tech” (N.T.).

[2] Digitalización y Servicios Públicos: una perspectiva laboral. (N.T.)

Los derechos de lxs trabajadores sobre los datos, incluyendo el Ciclo de Vida de los Datos en el trabajo

En muchas de las reglamentaciones de datos del mundo, los datos de la fuerza de trabajo son o bien directamente excluidos o poseen muchas menos protecciones que los datos de los ciudadanos. Por otro lado, todas estas reglamentaciones se basan en derechos individuales, y no en derechos colectivos (Colclough, 2020). Esto resulta en un creciente poder de captura de los empleadores (públicos y privados) en detrimento de los derechos de lxs trabajadores, de los derechos humanos y del poder sindical. Como parte de una visión sindical más a largo plazo del control colectivo y acceso a los datos (Singh para la ISP 2020), los sindicatos deberían comenzar a expandir sus acuerdos colectivos mediante la negociación del Ciclo de Vida de los Datos en el trabajo. Esto proporcionará a la fuerza de trabajo mejores derechos sobre los datos extraídos, utilizados, almacenados e incluso vendidos por los empleadores.

El ciclo de vida de los datos aquí representado se inspira en el Código de Prácticas – Protección de los datos personales de trabajadores de 1997 de la OIT.

Figura 1: El Ciclo de Vida de los Datos en el Trabajo, por Christina J. Colclough

La fase de recopilación de datos cubre las herramientas de recopilación internas y externas, las fuentes de los datos, si los delegados sindicales y lxs trabajadores han sido informados sobre las herramientas previstas y si tienen derecho a refutarlas o rechazarlas. Gran parte de la extracción de datos se oculta a la fuerza de trabajo (o al ciudadano) y la dirección debe rendir cuentas por ello. En el área del RGPD (Reglamento General de Protección de Datos), las empresas están obligadas a realizar evaluaciones del impacto de la protección de datos (DPIA) sobre la introducción de nuevas tecnologías que puedan implicar un alto riesgo para la información de las demás personas También están obligados a consultar al personal. Sin embargo, muy pocos sindicatos tienen acceso a estas evaluaciones o que incluso las conozcan - los sindicatos deben reclamar su derecho a participar en ellas.

En la fase de análisis de datos, los sindicatos deben cubrir los vacíos regulatorios que se han identificado— es decir, la falta de derechos con respecto a las inferencias (los perfiles, las probabilidades estadísticas) extraídas de los sistemas algorítmicos. Lxs trabajadores debe tener una mayor comprensión y acceso a estas inferencias y derechos para rectificarlos, bloquearlos o incluso eliminarlos. Estas inferencias se pueden utilizar para determinar la programación "óptima", los salarios (si vinculados a las métricas de desempeño) o, en recursos humanos, a quién contratar, promover o despedir. Se pueden utilizar para predecir el comportamiento, basándose en estándares históricos, datos emocionales y/o de actividad. El acceso a las inferencias es clave para el empoderamiento de la fuerza de trabajo y, de hecho, para los derechos humanos. Sin estos derechos, habrá pocos pesos y contrapesos y equilibrios sobre el uso de sistemas algorítmicos por parte de la administración o sobre la discriminación y el sesgo generado por los datos.

La fase de almacenamiento de datos es importante, pero lo será aún más si las negociaciones sobre comercio digital sobre el “flujo libre de datos” son implementadas dentro y en las periferias de la Organización Mundial del Comercio. Esto implicaría que los datos se trasladen a través de las fronteras a lo que podemos esperar serían áreas de menor protección de la privacidad. Luego serían usados, vendidos, reempaquetados y vendidos nuevamente de la forma que las corporaciones consideraran conveniente.

Los sindicatos también deben estar atentos en la fase de desvío de datos. Esto se refiere a la eliminación de datos, pero también a la venta y transferencia de conjuntos de datos, con inferencias y perfiles asociados, a terceros. Los sindicatos deberían negociar mejores derechos para saber qué se está desviando y a quién, con margen para oponerse o incluso bloquear el proceso; esto es de enorme importancia a la luz de las negociaciones comerciales del comercio electrónico. De la misma manera, los sindicatos deberían tener, como mínimo, el derecho a solicitar que los conjuntos de datos y las inferencias se eliminen cuando se haya cumplido su propósito original, en línea con el principio de minimización de datos reconocido en el RGDP (Artículo 5.1c).

Con la mejora de estos derechos a través de convenios colectivos o de la legislación, se podrían abordar muchas de las cuestiones relacionadas con la vigilancia y monitoreo de los trabajadores. También se sentarían las bases para la transición hacia derechos sobre datos colectivos, tal como mencionado en otras secciones del presente informe y conforme surge del informe de la ISP sobre Derechos Económicos en una Sociedad Basada en Datos

Gobernando los sistemas de algorítmos

Mejores derechos sobre datos deben también ser suplementados por nuevas estructuras en el lugar de trabajo para la gobernanza de los sistemas algorítmicos. Estas estructuras nuevas pueden verse facilitadas por medio de los convenios colectivos o la legislación. Sin embargo, mientras que existen los principios sobre IA, muy pocas personas han trabajado en cómo tornar posible la implementación de estos principios en la práctica. Una excepción a esto se encuentra en el Alan Turing Institute y en el informe de 2019 del Dr. Leslie titulado Understanding artificial intelligence ethics and safety. A guide for the responsible design and implementation of AI systems in the public sector. Este informe constituye una guía comprensiva para la gobernanza de los sistemas algorítmicos del sector público. Las complejidades a la vista están bien representadas, incluso con un consejo concreto sobre las buenas prácticas:

“Mientras que ciertos aspectos de este tema pueden ser sumamente técnicos, es importante asegurar que el diálogo sobre el logro relativo a que su sistema de IA sea interpretable permanece multidisciplinario e inclusivo.” (página 44 del informe)

Por otro lado, la Digital Future Society recomienda en su informe “Towards Gender Equality in Digital Welfare” [Hacia la Igualdad de Género en el Bienestar Digital] cuatro principios básicos para asegurar la igualdad de género en los sistemas decisorios automatizados:

  1. Conjuntos de datos y estadísticas relevantes para con el género

  2. Incorporación de la perspectiva de género en la planificación

  3. Diseño conjunto, supervisión y retroalimentación

  4. Igualdad por defecto

Para convertir las palabras de buenas intenciones en algo mensurable y viable en los lugares de trabajo, necesitamos aprender a gobernar todos los sistemas (semi) autónomos en el trabajo, que afectan directa o indirectamente a lxs trabajadores. Llamaremos a estos sistemas en general "sistemas algorítmicos". Sistemas algorítmicos es un término que cubre todos los sistemas generadores de datos e impulsados ​​por datos que pueden o no incluir formas artificiales de inteligencia. Todos incluyen algún tipo de análisis algorítmico. Lo que es importante aquí es que estos sistemas se utilizan en recursos humanos (por ejemplo, sistemas de contratación automatizados), para programar (por ejemplo, las rutas de los trabajadores de atención domiciliaria) y/o para monitorear flujos de trabajo, velocidades y eficiencias. El uso de algoritmos implica que se producirá un resultado que normativamente dice algo sobre el desempeño o las actividades del personal.

Lxs trabajadores deben participar en la gobernanza de estos sistemas tanto antes de que se utilicen, como periódicamente después. ¿Cuál es el propósito del sistema, con qué datos se capacita, cuáles son los riesgos (sesgo, discriminación) para individuos o grupos de la fuerza de trabajo (o incluso ciudadanxs), es el algoritmo justo, y si es así, para quién? Una vez que se ha utilizado el sistema algorítmico, se deben regir sus resultados. ¿Tuvo el efecto deseado? ¿Cómo coinciden los resultados con el propósito? ¿Se revelaron nuevas discriminaciones o sesgos? ¿Cómo se puede mitigar esto y cómo se puede modificar o mejorar el sistema? La Figura 2 a continuación muestra el ciclo de gobernanza.

Figura 2: Modelo de cogobernanza para sistemas de algoritmos

Es importante destacar que los resultados de las evaluaciones deben registrarse y guardarse. Esto es así para permitir el aprendizaje agregado de los sistemas implementados y para verificar el cumplimiento legal. También es una forma de hacer que la administración rinda cuentas y sea responsable por los sistemas que implementan.

Plan para las personas

Una tercera demanda de los sindicatos puede concretarse a través de un convenio colectivo o de la ley para tener un requisito obligatorio para los empleadores, a fin de que inviertan en su gente como parte de su inversión en nuevas tecnologías digitales o disruptivas. Por ejemplo, un empleador que invierte en una nueva herramienta de programación algorítmica ha invertido tiempo y dinero en analizar el mercado, conversando con consultores, comprando o alquilando el producto y tal vez capacitando a la gerencia. Deberían formar parte de este presupuesto de inversión para el Plan para las Personas, que puede incluir medidas como se muestra en la figura 3 a continuación.

Figura 3: Elementos de un Plan para Personas como requisito obligatorio para los empleadores

Áreas de exploración para los sindicatos

Los sistemas de datos y algoritmos constituyen la base de todas las herramientas y servicios digitales. Los empleadores o bien compran o alquilan herramientas propietarias y sistemas, o bien diseñan los/las propios/as. Esto afecta, directa o indirectamente, a la fuerza de trabajo, a la naturaleza de sus tareas y sus derechos.

Los sindicatos deberían explorar:

  1. Prácticas de estrategia para los derechos colectivos sobre datos, primeramente, a través de la mejora de los derechos sobre datos de lxs trabajadores en todo el mundo.

  2. Establecer módulos de capacitación para el liderazgo, los auxiliares en educación y especialistas en entrenamiento, y otras clases del personal. Estos módulos deberían cubrir la negociación del ciclo de datos en el trabajo, el cogobierno de los sistemas algorítmicos y otras cuestiones digitalmente relevantes.

  3. Crear guías modulares para lo mencionado arriba, incluyendo temas y preguntas que irán ayudar a las afiliadas y a lxs trabajadores en su transición hacia la negociación digital.

  4. Proponer artículos modelo para convenios colectivos a fin de ayudar a los afiliados en sus negociaciones.

  5. Conducir una encuesta sobre cómo el Covid-19 estimuló los cambios en la naturaleza del trabajo, incluyendo cuestiones sobre la precariedad y la digitalización.

Literatura Clave

3. Comercio digital y tributación

Esta sección se ocupa de dos cuestiones: En primer lugar, el comercio digital y las discusiones emergentes sobre comercio electrónico en los acuerdos comerciales, así como dentro y fuera de la Organización Mundial del Comercio. En segundo lugar, discusiones sobre la Tributación Digital.

Comercio digital

Las negociaciones comerciales constituyen un campo complejo, a menudo plagado de términos, referencias y lenguaje legal únicos que dificultan su comprensión para cualquiera que no sea un experto. Sin embargo, lo que está esencialmente en juego es el derecho de los gobiernos nacionales a gobernar; establecer regulaciones que sirvan a los intereses de sus trabajadores y de la ciudadanía y contar con estrategias propias a largo plazo, libres de intereses corporativos, para alcanzar una industrialización que promueva negocios, políticas y procesos locales. (ver informes de la ISP El acuerdo de los auténticos buenos amigos de las empresas transnacionales, El TISA frente a los Servicios Públicos y Overview of international trade and Africa)

Tal como lo manifestara la Profesora Jane Kelsey en el informe de la ISP Digital Trade Rules And Big Tech: “El objetivo [de las empresas multinacionales] es reducir el tamaño y el poder del Estado, ampliar el volumen y el alcance de los mercados impulsados ​​por las ganancias y aumentar el poder global de las empresas transnacionales. A medida que surgen nuevas fuentes de ganancias y expansión, se expanden las reglas comerciales. Desde la década de 1990, los acuerdos se han centrado en las leyes y políticas gubernamentales sobre servicios, incluidas las finanzas y las telecomunicaciones, la contratación pública, la propiedad intelectual y los conocimientos tecnológicos. Durante la última década, a medida que la revolución digital ganaba su impulso y momentum, ha habido un nuevo enfoque en el comercio electrónico o el comercio digital. A medida que se amplía el tema, también lo hacen las restricciones al derecho de los gobiernos a regular ".

Las reglas del comercio digital en varios acuerdos y negociaciones comerciales poseen una redacción muy similar. Básicamente, la poderosa élite tecnológica está tratando de convencer a los gobiernos de que, al adoptar estas reglas, surgirán nuevas oportunidades de desarrollo y posibles ahorros de costos. En realidad, estas reglas están diseñadas para atar las manos del gobierno. Las reglas siendo negociadas incluyen la eliminación de los siguientes derechos gubernamentales clave: la posibilidad de hacer cumplir la localización de datos, el derecho a ver el código fuente, el derecho a exigir la presencia física y, por lo tanto, legal, de las multinacionales y el derecho a exigir la transferencia de tecnología.

La ISP y la red OWINFS (Nuestro Mundo No Está en Venta) lideró una campaña exitosa que impidió que muchas de estas disposiciones se adoptaran en el Acuerdo de Comercio de Servicios (TISA) ahora archivado, pero las corporaciones que las promueven se han trasladado a otros foros. El informe sobre las reglas de comercio digital y las grandes tecnologías de la ISP Digital trade rules and big tech describe cómo se adoptaron estas demandas en el TPPA, el Acuerdo de Asociación Transpacífico.

Las mismas disposiciones se están debatiendo ahora en la Organización Mundial del Comercio y al margen de ella. (ver Digital Trade Rules, por James, D: 2020).

Para eludir las negociaciones de la OMC, EE. UU. está suscribiendo acuerdos comerciales bilaterales de menor extensión, que incluyen el comercio digital, el libre flujo de datos y aún más (por ejemplo, con Brasil, China y Japón). A diferencia de un acuerdo de libre comercio integral, estos acuerdos menores no requieren la aprobación del Congreso, ya que este trámite puede paralizar un acuerdo durante muchos meses o hundirlo por completo. El Representante Comercial de Estados Unidos ha publicado el contenido del acuerdo comercial entre Estados Unidos y Japón, que revela un contenido muy similar a las actuales negociaciones de la OMC .

Sin entrar en detalles de cada una de las demandas, resulta interesante observar cómo ellas afectan a todos los sectores y temas tratados en el presente informe, incluyendo

  • 1. El derecho y los medios para que los gobiernos locales y nacionales gobiernen libremente y así evitar un acaparamiento de poder del sector privado (ver análisis de América Latina de la ISP aquí);

  • 2. Contratación pública (desaparecerá el alcance de las autoridades públicas para contratar y otorgar prioridad a empresas locales, lo que obligará a las pymes a competir contra las grandes multinacionales con sus cadenas de suministro globales),

  • 3. Derechos sobre los datos y la oposición a la localización de datos (y, por lo tanto, esencialmente, evitar los fideicomisos de datos colectivos),

  • 4. Ciudades inteligentes (consulte el ejemplo de Toronto más abajo),

  • 5. Servicios de salud y los datos respectivos,

  • 6. Tributación y más.

LITERATURA CLAVE

Digitalisation y Tributación

Los impuestos sirven para varios propósitos: recaudar ingresos para el gasto público, redistribuir la riqueza y como herramienta reguladora para alentar o desalentar ciertas actividades haciéndolas más o menos costosas. Los impuestos también son una parte fundamental de la democracia y el pacto social: la exigencia de rendición de cuentas a cargo del gobierno se fortalece cuando los individuos le pagan impuestos.

Utilizando a los impuestos para regular el cambio digital

A fin de mensurar el valor real de las actividades digitales, la UNCTAD enlista una serie de iniciativas en su Informe sobre la Economía Digital de 2019,(p. 50). Bill Gates propuso, de manera célebre, un Impuesto para la robótica a un índice similar a la cantidad en que (índice ahora desplazado) la fuerza de trabajo habría tenido que pagar, de manera que el ingreso impositivo pudiese pagar por más empleos en educación y en cuidado a las personas de edad. La idea, según Gates, consiste también en ralentizar la velocidad de la adopción de la tecnología, para dar a la sociedad más tiempo para ajustarse. El parlamentario de la UE Mady Delvaux emitió  simultáneamente una propuesta de impuesto a la robótica, que fue decididamente vencida en la votación.

Otros comentaristas han señalado que las transformaciones digitales del mercado laboral tendrán un impacto profundo en la base de ingresos, aunque los efectos serán diferentes en el mundo en desarrollo, donde los impuestos corporativos constituyen una proporción mayor de la base impositiva. En febrero de 2019, el entonces jefe de Unidad de la Comisión Europea para la DG ECFIN, Jakob Wegener Friis, escribió: “Es muy probable que el desplazamiento de personal como resultado de la IA ejerza una presión significativa sobre los ingresos públicos, si no se adapta el sistema actual basado en el impuesto sobre la renta de las personas y las contribuciones sociales. Este impacto en los ingresos fiscales puede verse acentuado por el cambio del empleo basado en contratos formales indefinidos, con los empleadores generalmente responsables de recaudar los ingresos fiscales, hacia el trabajo autónomo, que es más complejo de tributar. También es probable que requiera un mayor gasto en prestaciones por desempleo, políticas activas del mercado laboral y educación.”

Si bien muchos están de acuerdo en que se necesita una solución, existen problemas con todas las propuestas anteriores. ¿Qué es un robot? ¿El Excel es un robot? ¿Cómo puede una definición ser suficientemente a prueba de balas para evitar lagunas y la evasión fiscal de la industria? Además, sin mejores formas de gobernanza fiscal global, simplemente nos arriesgamos al surgimiento de paraísos fiscales robotizados. ¿Y cómo nos aseguramos de que el personal de plataformas disfrute de los mismos niveles de empleo y protección social que el personal asalariado y de que se paguen los mismos impuestos?

¿Cuáles podrían ser algunas formas de cambiar los incentivos fiscales para la robótica o tecnologías digitales? Una solución sería no permitir la depreciación acelerada de las inversiones en automatización. Los profesores Abbott y Bogenschneider (2018) proponen que los negocios con elevados niveles de automatización de trabajadores podrían tener sus depreciaciones tributarias reducidas automáticamente más allá de un cierto umbral.

Abbott y Bogenschneider afriman:

“El sistema impositivo incentiva la automatización incluso en casos donde no es de otra manera eficiente … La vasta mayoría de los ingresos tributarios se derivan ahora del ingreso proveniente del trabajo, de modo que las firmas evitan los impuestos mediante la eliminación de empleados.” (p.1)

Daron Acemoglu y Pascual Restrepo (2019) concuerdan en su artículo “Artificial Intelligence, Automation, and Work” (Inteligencia Artificial, Automación y Trabajo) y agregan:

“En la raíz de este efecto negativo está el hecho de que los subsidios inducen a las empresas a sustituir mano de obra por capital, incluso cuando esto no supone un ahorro social de costos (aunque es beneficioso para el sector privado debido al subsidio)” (p. 225)

La investigación anterior fue recogida más tarde en febrero de 2019 por Eduardo Porter escribiendo para el New York Times. Aquí argumentó que muchas empresas invierten en automatización porque el código fiscal lo alienta, no porque los robots sean más productivos. Afirma que el propósito de gravar a los robots no es simplemente evitar que acaben con los empleos, sino que consiste en nivelar el campo de juego, para asegurar que las inversiones en automatización aumenten la productividad.

Tributando a las Compañías Digitales

La capacidad de las empresas multinacionales de trasladar artificialmente sus ganancias a paraísos fiscales para evitar pagar impuestos en el país donde se encuentran lxs trabajadores y donde se desarrolla la actividad económica ha resultado en una disminución de la proporción de impuestos corporativos durante muchas décadas. Las reglas de impuestos corporativos globales, redactadas hace más de 100 años, no pueden hacer frente a los modelos de negocios multinacionales modernos. Los modelos de negocios digitales desarrollados durante las últimas décadas han aprovechado estas lagunas y han permitido a las corporaciones digitales, que ahora son las empresas más grandes del mundo, dejar de pagar impuestos corporativos en muchos casos. La serie de informes de la ISP  Tributación: Informes para trabajadores y sindicatos detalla cómo esto se hace y el impacto devastador sobre la fuerza laboral y los sindicatos.

Respondiendo al descontento creciente frente a la invalidación impositiva, el G20 encomendó a la OCDE el desarrollo de soluciones que resultan en el trabajo sobre la Erosión de la Base Tributable y Transferencia de Utilidades (BEPS) de 2013. El cabildeo (lobby) de las grandes corporaciones aseguró que los resultados de BEPS fueran débiles y no resolvieran los problemas subyacentes de la transferencia de ganancias a los paraísos fiscales. La principal razón de su fracaso fue la falta de voluntad para tratar a las multinacionales como entidades globales únicas (impuestos unitarios) y asignar los ingresos fiscales globales a los países, de acuerdo con el lugar donde se devengan genuinamente, y no desplazados artificialmente, sobre la base de una fórmula (prorrateo de formulación). La imposición unitaria y la distribución de la fórmula son demandas de antigua data del movimiento global de justicia tributaria y de la Comisión Independiente para la Reforma de la Fiscalidad Corporativa Internacional (ICRICT).

No obstante, incluso la OCDE reconoció que el nivel de abuso por parte de las empresas digitales era tan grande que se necesitaba un nuevo subconjunto de reglas para los modelos comerciales digitales. Es importante destacar que también reconocieron que la infiltración de las actividades comerciales digitales en muchos otros sectores hizo imposible separar a las empresas digitales del resto de la economía para efectos fiscales, reconociendo también que la solución requería gravar a las empresas a nivel mundial mediante una forma de imposición unitaria. Pero incluso estas tentativas han sido débiles y fueron bloqueadas por los EE. UU., en su labor en interés de la industria tecnológica.

El South Centre expidió en mayo de 2020 un informe de investigación “National Measures on Taxing the Digital Economy [Medidas Nacionales para Tributar a la Economía Digital] en el cual se examinaban los problemas, con la tentativa de la OCDE de establecer estándares globales. La conclusión fue que:

  1. Muchos países de la OCDE están tomando medidas nacionales, para disgusto y consternación de la OCDE. Se les solicita a los países que adhieran a las negociaciones, cuando los propios países de la OCDE no lo están y hemos visto una proliferación de países que introducen unilateralmente alguna forma de tributación digital.

  2. Todos los países tienen derecho a tomar medidas nacionales. Las medidas introducidas pueden clasificarse en tres categorías generales: (a) Impuestos sobre Servicios Digitales (b) Nuevas Reglas de Nexo, principalmente Presencia Económica Significativa (c) Retención de Impuestos sobre Transacciones Digitales

  3. Las medidas nacionales han tenido un impacto positivo en la discusión multilateral, a medida que más y más países comenzaron a tomar medidas nacionales para gravar la economía digital, viéndose la OCDE obligada a tomar medidas para acelerar las discusiones multilaterales

Muchos países, frustrados por la falta de progreso y desesperados por obtener ingresos, han introducido impuestos a los servicios digitales. El Centro para la Rendición Internacional de Impuestos Corporativos e Investigación (CICTAR) destaca que el diseño de los impuestos sobre servicios digitales es crucial.

Si bien el modelo de la OCDE es defectuoso, es mucho mejor gravar a las empresas digitales a nivel nacional sobre la base de la participación de los países en las ganancias globales, que gravar las ventas individualmente. Esto se debe a que los impuestos a las ventas digitales se transfieren más fácilmente a lxs consumidores y, como todos los impuestos a las ventas, son regresivos, mientras que los impuestos a las ganancias tienen menos posibilidades de transferirse a lxs consumidores y, por lo tanto, son más progresivos. Es un principio básico que las ganancias deben ser gravadas, de modo que las empresas no rentables no tengan que pagar impuestos que las lleven a la quiebra. Es poco probable que la introducción de impuestos sobre las ventas digitales (a veces engañosamente llamados impuestos sobre servicios digitales) a nivel nacional genere muchos ingresos, pero les proporcionaría a estas empresas un escape fácil de las demandas de pagar su parte justa. En última instancia, los impuestos sobre las ventas digitales nos alejan más de las soluciones globales que necesitamos.

Por estos motivos, es esencial que la creciente ira pública con la evasión fiscal digital se utilice para impulsar los impuestos corporativos digitales basados ​​en las ganancias globales y no en las ventas individuales. Los países no necesitan esperar que la OCDE introduzca impuestos nacionales basados ​​en este diseño.

Áreas de exploración para sindicatos

Los sindicatos podrían:

  1. Continuar informando sobre el Comercio Digital y la Tributación – es importante que estos temas cuenten con un estímulo coherente desde los sindicatos en todo el mundo.

  2. Participar en discusiones multilaterales sobre impuestos y comercio, ofreciendo soluciones alternativas viables.

  3. Concienciar al público respecto de lo anterior.

  4. Apoyar soluciones para gravar a la economía digital sobre la base de las ganancias globales, y no las ventas

  5. Colaborar con CICTAR a fin de exponer las malas prácticas corporativas y construir apoyos públicos y políticos para que se produzcan los cambios necesarios

LITERATURA CLAVE

Comercio Digital

Tributación digital

4. Digitalización y Desarrollo

Aunque todas las cuestiones descritas a lo largo del informe, y en las dos primeras secciones sobre “Democracia, el deber, los derechos y medios para gobernar” y “Comercio digital y tributación” son relevantes para el mundo en desarrollo, existen particularidades en la difusión y el impacto de las tecnologías digitales en el Sur Global. que merecen una atención específica. Esta sección cubrirá las brechas digitales, el colonialismo digital y el impacto de las actuales negociaciones comerciales digitales sobre la capacidad de los países en desarrollo para formar sus propias transformaciones industriales y digitales soberanas.

Brechas digitales

A nivel mundial, poco más de la mitad de los hogares (55%) poseen conexión a internet, según la UNESCO. En el mundo desarrollado, 87% están conectados, comparados a los 47% de las naciones en desarrollo, y solamente 19% en los países menos desarrollados. Por otro lado, las personas de las zonas rurales de todo el mundo, pero especialmente en el Sur Global, tienen mucho menos acceso a Internet que las de las zonas urbanas. Según un informe de la ONU, los principales problemas que impiden la adopción y el uso de las TIC en las zonas rurales son:

  • Falta de electricidad: se estima que el 15 por ciento de la población mundial no tiene electricidad.

  • Alfabetización: muchos (13 por ciento) todavía son incapaces de leer y escribir, incluso en forma básica.

  • Género: las mujeres tienen un 50% menos de probabilidades de conectarse en línea.

  • Pobreza: millones de personas viven aun por debajo del umbral internacional de pobreza.

  • Asequibilidad: el alto costo del acceso de banda ancha en muchos países

  • Idioma: la mayor parte del contenido en línea está solo en unos pocos idiomas.

  • Contenido local: la falta de aplicaciones atractivas localmente dificulta el uso

  • Cobertura de la red: las redes 3G llegaron al 70 por ciento de la población, pero solo el 29 por ciento en las áreas rurales en 2016.

Además de la brecha rural/urbana, la desigualdad de género en la tecnología digital es aún más alarmante. Las mujeres tienen menos probabilidades de tener acceso a Internet que los hombres, y esta brecha se está expandiendo. La publicación de la UNESCO de 2019 "I'd Blush If I Could" (Me Sonrojaría si Pudiera), producida en el marco de la Alianza Global EQUALS, ilustra que las mujeres tienen ahora cuatro veces menos probabilidades que los hombres de ser alfabetizadas digitalmente y representan solo el 6% de las personas desarrolladoras de software. Además, persisten otras desigualdades que reciben mucho menos atención. Por ejemplo, en el sur de Asia la casta y en muchos países la edad.

Es probable que estas divisiones y desigualdades empeoren debido a la pandemia de COVID-19. Según el Banco Mundial, se prevé que la pobreza aumente drásticamente como resultado de la pandemia, con hasta 200 millones más de personas que viven con menos de 5,50 dólares al día, muy concentradas en el sur de Asia y África subsahariana.

Colonialismo digital

La digitalización ha sido una evolución secuencial de 100 años en el Norte Global. Sobre la base de las inversiones iniciales en infraestructura estatal, podrían aumentar el número de teléfonos móviles, los teléfonos inteligentes y la Internet. Por el contrario, los países del Sur Global, principalmente a través de inversiones del sector privado, están dando un salto directo hacia la  tecnología inalámbrica. Estas inversiones provienen principalmente de compañías de Big Tech en los EE. UU. y China: Microsoft, seguida de Apple, Amazon, Google, Facebook, Tencent y Alibaba, representan dos tercios del valor de mercado global de las plataformas digitales. Son superpotencias que dominan los mercados y las sociedades.

El término "colonialismo digital" se refiere a esta "lucha por el sur global" del hoy en día moderno, en la que las empresas tecnológicas en gran escala permiten el acceso a Internet (a un alto costo) mientras extraen, analizan y poseen datos de lxs usuarixs con fines de lucro e influencia en el mercado, con beneficios nominales para lxs usuarixs. Bajo la apariencia de altruismo, las empresas de tecnología en gran escala pueden usar su poder y recursos para acceder a datos que no son explotados.

Por ejemplo, la aplicación Free Basics de Facebook, una aplicación móvil y una plataforma web creada por Facebook, ha sido aclamada desde su lanzamiento en 2015 por el director ejecutivo y CEO de Facebook, Mark Zuckerberg, como el "primer paso hacia la igualdad digital" debido a su audaz plan de "introducir" a millones de personas a la Internet, muchas de las cuales viven en países en desarrollo. Proporciona acceso sin cargo por datos a una variedad de servicios básicos como noticias, información meteorológica y de salud, anuncios de empleo y, por supuesto, Facebook. Aunque está prohibido en India, el programa está activo actualmente en más de 63 países en África, Asia y América Latina. Free Basics presenta un exceso de servicios de terceros de empresas privadas en los EE. UU.; recolecta grandes cantidades de metadatos sobre los usuarios y viola los principios de neutralidad de la red. Su popularidad se debe principalmente a los costos de datos sumamente elevados en muchos países en desarrollo. Según la Alliance for Affordable Internet (2019), en África el costo promedio de solo 1GB de datos es el 7,12% del salario mensual promedio. En algunos países, 1 GB cuesta hasta el 20% del salario promedio, demasiado caro para todos, excepto para los más ricos, que son pocos.

2.300 millones de personas viven en un país donde un plan de banda ancha móvil de 1GB es inaccesible para las personas con ingresos medios. La mayoría de estas personas vive en los países menos desarrollados, donde el costo promedio de 1 GB de acceso a Internet es el 14,8% del Ingreso Nacional Bruto (INB) per cápita, con usuarios en países como la República Democrática del Congo, la República Centroafricana y Haití obligados a pagar casi la mitad de sus ingresos mensuales.

La asequibilidad económica es mucho mejor en algunos países menos desarrollados como Camboya, donde 1 GB de acceso a internet cuesta menos del 2% del INB per cápita. El impulsor principal por detrás de esto son los mercados de internet  altamente competitivos de Camboya.

Entrar de lleno a la era digital ha proporcionado tecnología digital, nuevas oportunidades y una mayor conectividad a los países del Sur Global con dificultades financieras. Pero, a menudo, la introducción de tecnología ha superado el establecimiento de instituciones estatales, regulaciones legales y otros mecanismos que podrían manejar los nuevos retos que surgen de esta tecnología. Para las empresas privadas (a menudo extranjeras), esto ha abierto el campo para la extracción, el análisis y el control de datos sin restricciones. También ha permitido que las corporaciones privadas asuman el poder de controlar lo que las poblaciones locales puedan ver y acceder en I3nternet, así como los servicios y bienes que se les ofrecen.

Valores y normas incorporados en las tecnologías digitales

El mundo de la tecnología no existe en un espacio abstracto o externo. ¡La geografía importa! Todas las tecnologías digitales incorporan legados culturales, normativos y/o valorativos, a través del sesgo de los conjuntos de datos en los que se entrena un algoritmo o las instrucciones proporcionadas al mismo.

En otras palabras, las tecnologías digitales hacen las cosas de una manera particular debido a la cultura, las normas, los valores y los intereses de las personas que las diseñan, o de los datos sobre los que se ha entrenado el algoritmo. Las "cosas" que se le dice que haga, es decir, primero rechazar a las personas sin educación formal y, en segundo lugar, rechazar a aquellas cuyos ojos miran hacia la izquierda cuando se les hace una pregunta emocional, son las instrucciones. Las instrucciones pueden estar muy conectadas a la cultura. Piense en un sistema de contratación automatizado implementado en Kenia para encontrar un ingeniero especializado en servicios públicos. La herramienta está diseñada en los EE. UU. Y está capacitada según los conjuntos de datos de EE. UU. Aquí, un análisis de conjuntos de datos heredados muestra que los ingenieros con voces suaves y monótonas y con acento del medio oeste son más confiables y productivos que otros. El análisis también muestra que estos ingenieros suelen ser hombres con edad entre 30 y 40 años, sin hijos y que viven en los suburbios urbanos.

Este sistema de contratación automatizado con sus aprendizajes es luego adquirido por los servicios públicos de Kenia y se implementa tal como está. No es difícil imaginar que el sistema no encontrará a los candidatos kenianos más adecuados para el puesto. Si bien este es un experimento mental exagerado, este tipo de escenarios constituyen un elemento del colonialismo digital.

Los algoritmos van más allá de los casos de uso específicos. También, como mencionamos anteriormente, definen qué bienes y servicios, noticias, recomendaciones musicales y mucho más se hacen visibles para los usuarios de Internet. ¿Están las empresas locales en desventaja o son menos visibles que las multinacionales extranjeras? ¿Aparecen las interpretaciones del Norte Global de los eventos geopolíticos en los titulares de las noticias? Una vez más, el poder de las empresas de tecnología también se convierte en un poder sobre la creación de significado y de valores.

Comercio digital & desarrollo

Estas asimetrías de poder solamente crecerán si se adoptan de manera más amplia nuevas “Reglas de Comercio digital”. Ellas no solo limitarán la capacidad del gobierno nacional para regular en el interés público; también limitarán el acceso del sector público a la información, ya que esta se encuentra principalmente en manos de empresas privadas.

En las palabras de Singh:

El acceso generalizado a los datos de la sociedad - actualmente en manos de algunas corporaciones digitales - es una condición previa para una economía justa, servicios públicos de calidad, formulación de políticas públicas y gobernabilidad democrática ". (pág. 1. ISP 2020)

Especialmente en el Sur Global, terminamos en una espiral descendente que les ata efectivamente las manos a los gobiernos, lo que les impide establecer las instituciones estatales necesarias, las regulaciones legales y otros mecanismos que podrían garantizar su propia transformación digital sostenible y que empodere.

Soberanía

Las compañías privadas están llenando el vacío creado por la falta de inversión gubernamental e intergubernamental en infraestructura pública digital en el Sur Global. Ellos son los que están capturando el espacio, permitiéndoles extraer, utilizar y beneficiarse de los datos y los mercados inexplotados. Esta adquisición de infraestructura se utiliza, además, para sofocar a la industria local. Las ganancias se recogen y se envían de regreso al país de origen, todo ello mientras que las contribuciones de impuestos locales se mantienen al mínimo o se evitan por completo.

Por ejemplo, un informe de la ISP de 2018 expuso cómo una empresa de capital privado del Reino Unido con inversiones en la mejora de la red eléctrica de Uganda canalizó más de 100 millones de dólares a una subsidiaria en Mauricio, privando al país de hasta 38 millones de dólares en impuestos. Se forma así un círculo vicioso: la falta de recursos públicos abre el espacio para la toma de control de la industria privada, que, a su vez, debido a la extracción de ganancias y la fuga de impuestos, deja a la economía local con una industria sofocada y una recaudación fiscal mucho menor. Por lo tanto, se elimina la soberanía de los gobiernos para formar y moldear sus propias transformaciones digitales.

Áreas de exploración para los sindicatos

El Sur Global se enfrenta a retos particulares con relación a los efectos de la digitalización en el establecimiento de servicios públicos de calidad, una economía justa y una gobernanza democrática. Estos desafíos se ven agravados por la crisis del COVID-19, la rotura prevista de las cadenas de suministro globales y la recesión económica general esperada para los próximos años. Los sindicatos podrían adoptar las siguientes estrategias:

En el corto y mediano plazo:

  1. Los sindicatos deberían seguir exigiendo que las instituciones multilaterales, los acuerdos comerciales y las organizaciones multinacionales reviertan y se opongan al colonialismo digital mediante inversiones públicas y políticas de empoderamiento.

  2. Los sindicatos deberían apoyar las políticas y los programas nacionales de industrialización digital que estén libres de la opresión de las reglas del comercio digital, lo que permitirá que el Sur Global forme sus propios caminos hacia una economía digital que trabaje para ellos.

  3. En todos los sectores, temas y prioridades, el entendimiento de que la tecnología digital está vinculada a un lugar y a un valor debería ser generalizado, tenerse en cuenta y se deberían ajustar los mensajes, las comunicaciones y las estrategias para evitar un mayor colonialismo digital y una profundización de las brechas digitales.

  4. La creación de redes y alianzas con organizaciones progresistas de la sociedad civil en el Sur Global preocupadas por los derechos de privacidad, la accesibilidad de Internet, el empoderamiento de la transformación digital, el comercio digital y los impuestos.

  5. Apoyar la redistribución global de impuestos (ver Digitalización y la tributación), las políticas responsables de disrupción tecnológica (ver la sección Plan para las Personas), empleos de calidad en las cadenas de valor y suministro e inversión pública en los países y servicios públicos del Sur Global para garantizar un crecimiento económico justo y equitativo.

  6. 1.      Resaltar cómo las políticas empresariales e innovadoras del sector público pueden respaldar de mejor manera el compromiso de Transición Justa en el Acuerdo de París, mediante (por ejemplo) la regulación sobre el recuento obligatorio de las actividades corporativas de transición justa (ver la sección Plan para las Personas ):

literatura clave

5. Administración pública – gobernanza electrónica

La transición hacia el gobierno electrónico y la gobernanza electrónica a través de los servicios públicos se explora en el informe de la ISP “Digitalisation and Public Services: a labour perspective” y el correspondiente informe sumario orientado a las políticas. Ambos informes hablan de una rápida digitalización del gobierno central en todo el mundo que no está exenta de riesgos. La ISP apunta los siguientes riesgos principales:

  • la brecha digital y la exclusión de algunos ciudadanxs/usuarixs del acceso a los servicios públicos esenciales;

  • la dependencia de proveedores privados para la tecnología de digitalización, asesoramiento, formación y mantenimiento;

  • cuestiones de privacidad y seguridad relacionadas con el control, uso y propiedad de los datos recopilados de la ciudadanía y de los servicios estratégicos (por ejemplo, justicia, salud), especialmente cuando tales funciones se contratan a proveedores privados;

  • la dificultad del gobierno para prevenir y controlar los costos de los proveedores privados de tecnología de digitalización.

Transición hacia la gobernanza electrónica: atención a los riesgos

Existen riesgos significativos para la implementación de sistemas algorítmicos sin una sólida infraestructura de gobernanza (consulte la sección anterior sobre el Estado datificado y Gobernando los sistemas de algorítmos)

En el sector educativo, el reciente escándalo del algoritmo de nivel A en el Reino Unido es solo un ejemplo. Aquí, "el problema" que el algoritmo se propuso resolver fue estandarizar los resultados de nivel A en todo el país. No está claro quién había decidido que eso era importante. Independientemente de ello, los efectos sobre lxs estudiantes cuando se clasificaron según su nivel socioeconómico fueron severos: los alumnos de la categoría más rica de las tres categorías vieron reducida su proporción de grados C o superior del 89% al 81%, una caída de ocho puntos de porcentaje. Los alumnos de la categoría más baja tuvieron sus calificaciones disminuidas más de 10 puntos de porcentaje, llegando a 74,6%, recibiendo una C o superior.

Un estudiante descubrió incluso cómo encadenar palabras clave y oraciones para producir un puntaje del 100% del sistema de calificación automatizado del algoritmo.

La Dra. Joanna Redden del Laboratorio de Justicia de Datos manifestó recientemente a The Guardian [Los consejos descartan el uso de algoritmos en las decisiones de beneficio y de bienestar, Agosto de 2020]:

“Estamos descubriendo que la situación experimentada aquí con la educación no es única ... los sistemas de decisiones algorítmicos y predictivos están generando una amplia gama de daños a nivel mundial, y también que varios organismos gubernamentales en diferentes países están pausando o cancelando el uso de estos tipos de sistemas".

En el sistema de Justicia existe una amplia literatura académica sobre el sesgo y la discriminación inherentes a las herramientas algorítmicas de evaluación de riesgos. Estas herramientas se utilizan en una variedad de sentencias de la justicia penal, evaluando datos tales como antecedentes penales, educación, empleo, uso de drogas y salud mental de quien delinquió, y luego previendo la probabilidad de que esa persona sea reincidente. En 2016, un informe de investigación de ProPublica cuestionó la objetividad y la equidad de la evaluación de riesgos algorítmica para prever la criminalidad futura. Su estudio analizó los datos de más de 7.000 arrestados clasificados en COMPAS en un ambiente previo al juicio en un condado del sur de Florida. Sus hallazgos concluyeron que la popular herramienta de evaluación de riesgos COMPAS discrimina a los afroamericanos debido a que su algoritmo prevé un alto riesgo de reincidencia en exceso. Otra herramienta de IA utilizada para el cumplimiento de la ley es Clearview AI - una herramienta de reconocimiento facial muy criticada utilizada por las agencias de aplicación de la ley que van desde policías locales en Florida hasta el F.B.I. y el Departamento de Seguridad Nacional de los EE. UU. El software de Clearview IA permite a las organizaciones hacer coincidir imágenes de rostros de personas con una base de datos que contiene más de 3 mil millones de imágenes que se han tomado de plataformas de redes sociales y otros sitios en internet. Un informe de febrero de 2020 reveló que Clearview AI se utiliza en 26 países fuera de los EE. UU. incluyendo Bélgica, Dinamarca, Eslovenia, España, Finlandia, Francia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Malta, Noruega, Países Bajos, Portugal, el Reino Unido, Suecia y Suiza.

La IA también se utiliza en los sistemas de beneficios sociales de todo el mundo, a menudo con poca precisión. Por ejemplo, el gobierno australiano ha anunciado que reembolsará 720 millones de dólares a los casi 400.000 beneficiarios de servicios sociales que quedaron injustamente endeudados por un algoritmo defectuoso. El sistema de asistencia social automatizado, apodado "robodebt" (deuda robotizada), enfrentó a los beneficiarios de la asistencia social con datos erróneos de pago anual de “ingresos promedio”. Últimamente, el uso de los sistemas algorítmicos utilizados en las decisiones sobre beneficios y bienestar social se ha cancelado de manera generalizada en el sector público del Reino Unido.

En la Unión Europea, el Grupo de Expertos de Alto Nivel de IA emitió en junio de 2020 una serie de Recomendaciones Sectoriales incluyendo al sector público (p. 9 y siguientes). Isabelle Schömann, ETUC fue el único miembro de sindicato del grupo. Ellos también reconocen los riesgos:

“Las recomendaciones de política e inversión para una inteligencia artificial confiable dedicaron una atención significativa al sector público, que AI HLEG considera como un catalizador para lograr avances en este dominio. Sin embargo, también es un área con un significativo potencial de violaciones de los derechos fundamentales, problemas éticos y posibles impactos sociales y socioeconómicos indeseables.” (Pág. 9)

Lo que resulta interesante es que sus recomendaciones abordan parcialmente los riesgos identificados por la ISP, así como algunas de las recomendaciones en otras secciones de este informe. Algunas de sus recomendaciones se enumeran a continuación, con comentarios de ISP.

  • Es fundamental garantizar que los sistemas e interfaces de IA utilizados para la prestación de servicios públicos no agraven la brecha digital. La ciudadanía y las personas jurídicas deben seguir beneficiándose de la igualdad de acceso a los servicios públicos, independientemente de sus capacidades digitales. Esto requiere que las administraciones públicas mantengan múltiples interfaces para la prestación de servicios públicos, incluidas las llamadas telefónicas, los documentos en papel, etc. Estos pueden ser gestionados de forma automática o mediante servicios de Internet y kioscos de servicio que se adapten a las poblaciones. La ISP va un paso más allá que EL HLEG (Grupo de Expertos de Alto Nivel sobre Finanzas Sostenibles de la UE) y advierte sobre una división adicional, a saber, el género, resultante de los desequilibrios estructurales en los campos de las TIC y la tecnología. Por lo tanto, la digitalización puede exacerbar la segregación laboral horizontal y vertical existente basada en el género. (pág. 64)

  • Los servicios de gobierno electrónicos habilitados por IA deben ir acompañados de acuerdos adecuados en términos de responsabilidad y trazabilidad, que permitan la verificación ex post. Esto requiere la adopción de soluciones de IA auditables, así como la digitalización y el almacenamiento de registros de antecedentes y datos relevantes para las decisiones adoptadas por las administraciones públicas. Esto es precisamente lo que pedimos en la cogobernanza de los sistemas de IA presentados en la sección Gobernando los sistemas de algoritmos. Sin embargo, el mencionado Grupo de Expertos de Alto Nivel (HLEG) no describe quién debería ser parte de esta verificación. Creemos que se debe incluir a lxs trabajadores.

  • La capacidad de describir, contextualmente y luego de dictada la decisión, los motivos que condujeron a un curso de acción específico por parte de una Administración Pública, debe ser un elemento fundamental de la relación entre el gobierno y la ciudadanía (y como una realización del derecho a la “buena administración”, tal como se incluye en el artículo 41 de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE). Esto forma parte nuevamente del Gobernando los sistemas de algoritmos, presentado en este informe actual. Destaca la importancia de registrar los resultados, las mediaciones y las compensaciones. Obligar a las autoridades públicas que utilizan sistemas algorítmicos a describir en un lenguaje sencillo la herramienta y las razones que llevaron a una decisión, constituye un paso esencial para mantener a un ser humano, y no a una máquina, a cargo de la situación y responsable de los resultados.

  • Actuar para promover la alfabetización algorítmica y de datos en la administración pública. Los funcionarios públicos precisan estar capacitados en las siguientes áreas: compilación de datos, gestión, prácticas de limpieza y almacenamiento; priorizar la calidad, realizar evaluaciones de impacto ético y social; y asegurar el cumplimiento de las reglas de privacidad y protección de datos relevantes. En pocas palabras, los funcionarios públicos deben estar cada vez más familiarizados con el impacto ético, legal, social y económico de la IA, sin dejar de ser cautelosos ante los posibles impactos adversos sobre los derechos fundamentales, la democracia y el estado de derecho. Eso también lo señalamos en la sección de Contratación pública y como parte del proceso de Remunicipalización. La capacitación adecuada de todo el personal involucrado en el despliegue de sistemas algorítmicos debe ser un requisito previo para su uso. Estas herramientas poderosas y, como hemos visto, potencialmente discriminadoras, solo deben ser utilizadas por personas que 1) Entiendan sus instrucciones y las razones para usar la herramienta, 2) Cuenten con estructuras de alerta temprana para permitir la mitigación de la discriminación y el sesgo, y 3) quién puede señalar los resultados no deseados y saber que esto será escuchado y sobre lo cual actuar.

  • Desarrollar estrategias de datos y de inteligencia artificial en todas las ramas correspondientes de los gobiernos. Tiene mucho sentido contar con una estrategia de “todo el gobierno” con respecto al uso de estas herramientas y, lo que es más importante, estar con las estructuras de gobernanza y mitigación en su lugar.

  • Promover la interoperabilidad para permitir una comunicación eficiente y segura entre jurisdicciones. Esta recomendación anima a los países de la UE a implementar sistemas que puedan comunicarse entre sí. Por lo tanto, es relevante para países con una estructura descentralizada e independiente como Estados Unidos y Australia..

Finalmente, y lo que es más importante, el HLEG también comenta lo siguiente:

“La necesidad de respetar la diversidad y la inclusión también se planteó en diversos contextos durante los talleres, especialmente en relación a la inclusión de lxs trabajadores a lo largo del despliegue de la IA en las organizaciones (considerada fundamental a la hora de tomar decisiones con respecto al entorno laboral)".

Nuevamente, esto está en consonancia con las recomendaciones sobre la gobernanza de los sistemas de inteligencia artificial presentadas en otras secciones del presente informe. Es imperativo contar con nuevas estructuras de co-gobernanza debidamente posicionadas -  a través de las cuales muchos de los problemas identificados en el uso de algoritmos serían identificados antes de su implementación, lo que permitiría que fuesen debidamente abordados.

Áreas de exploración para los sindicatos

La gobernanza y el gobierno electrónico son dos áreas de la transformación del servicio público que están recibiendo mucha atención tanto de los organismos internacionales como de las empresas privadas. La retórica es que la transición a los servicios electrónicos no puede realizarse con la rapidez suficiente. Pero como se ha demostrado en esta sección, esta transformación puede estar contaminada de problemas que profundizan las brechas digitales en lugar de resolverlas y que aumentan, en lugar de eliminarlos, los prejuicios y las discriminaciones.

Gran parte de esto se relaciona con:

  • a. Captura rápida del sector privado de la transformación digital del sector público sin una gobernanza adecuada de dicho sector, careciendo de demandas claras y supervisión;

  • b. bajo nivel de capacidad dentro de los servicios públicos;

  • c. Una creencia ciega y algo ingenua de que los sistemas automatizados son mejores y más baratos que los sistemas dirigidos por humanos;

  • d. una narrativa dentro de los servicios públicos y los gobiernos de que el sector público es "demasiado pesado", "demasiado burocrático" y debe hacerse más rentable y productivo.

Los sindicatos podrían explorar las siguientes vías de investigación y demandas:

  1. Impulsar la mejora sustancial de la capacidad digital y la autonomía del sector público mediante inversiones en sus propias soluciones digitales.

  2. Asegurar que todos los sistemas algorítmicos implementados en la administración pública estén co-gobernados por lxs representantes de lxs trabajadores y el liderazgo (ver Gobernando los sistemas de algoritmos)

  3. Exigir que todos y cada uno de los acuerdos con el sector privado se tornen públicos, claros y transparentes, incluyendo información sobre quién ejerce el control y tiene acceso a los datos, cómo están gobernados estos datos, quién posee acceso y con qué finalidad.

  4. Las administraciones públicas deberían ser capaces de describir por qué se prefiere una asociación con el sector privado a la creación de sus propias capacidades.

Literatura clave

6. Gobierno regional y local

El punto focal de esta sección radica en tres desarrollos de gobierno local y regional que se caracterizan por un alto grado de digitalización: ciudades inteligentes, infraestructura pública y remunicipalización

Ciudades inteligentes

La expresión “Ciudad Inteligente” se ha diseminado como lema para describir un conjunto muy heterogéneo de tendencias, cambios tecnológicos y organizativos que se producen a nivel de los gobiernos locales y regionales. La idea general se refiere al uso de tecnologías de la información y la comunicación para mejorar los servicios públicos prestados por los gobiernos locales, a través del uso más eficiente de los recursos (por ejemplo, agua, alumbrado público, residuos, etc.), lo que resulta en ahorros de costos y energía y una menor huella ambiental; pero también en el ofrecimiento de servicios adicionales en áreas como el transporte local (por ejemplo, gestión del tráfico e información en tiempo real, servicios bajo demanda, información y comunicación con autoridades públicas, como aplicaciones, sitios web o chatbots, detección de delitos, escuelas, bibliotecas, hospitales y otros servicios). Lo que marca la diferencia entre si las ciudades inteligentes funcionan a favor de las personas o no, es si son "dirigidas por el público" o "dirigidas por las empresas".

Las ciudades inteligentes se basan en características que están sumamente relacionadas con la Internet, los sensores, los dispositivos digitales y la recopilación y análisis de datos de grandes cantidades de información. Mientras que las ciudades inteligentes pueden simplemente encapsular unos pocos proyectos emblemáticos escogidos, también pueden abarcar una amplia gama de diferentes servicios de la ciudad y departamentos municipales.

La OCDE lanzó en 2019 su Smart Cities and Inclusive Growth Programme (Programa sobre Ciudades Inteligentes y Crecimiento Inclusivo) que apunta a:

  • redefinir el concepto de ciudades inteligentes alrededor de la contribución de la innovación digital para mejorar la vida de todas las personas;

  • medir cómo se desempeñan las ciudades inteligentes y, en última instancia, generar resultados de bienestar para la ciudadanía; y

  • guiar a los gobiernos nacionales y locales en sus esfuerzos para remodelar la gobernanza de la ciudad, los modelos de negocio y la participación de las partes interesadas.

Celebraron su primera mesa redonda  sobre Ciudades Inteligentes el 9 de julio de 2019 – sin la presencia de representantes sindicales (ver la lista de participantes aquí). A juzgar por la agenda, una fuerte voz sindical hubiera sido beneficiosa, al igual que la de los grupos de ciudadanos y comunidades. Un tema de la agenda fue:

Agenda Punto III – Innovación Digital y Disrupción en la gobernanza de la ciudad: revisitando los modelos de negocio y la participación ciudadana.

A pesar de sus numerosos beneficios, la innovación digital también puede alterar la forma en que se gobiernan y financian las ciudades. Sin una perspectiva integrada, multisectorial y de gobierno integral a nivel nacional y local, las innovaciones digitales pueden trastocar los marcos legales y regulatorios que salvaguardan la asequibilidad de los objetivos, pero también la protección del consumidor, los impuestos, los contratos laborales y la competencia leal. Pueden poner en peligro los datos de la ciudadanía, la privacidad y la seguridad, y sacudir los poderes y las modalidades de toma de decisiones en la era de la información en tiempo real y, a menudo, asimétrica. Y, lo que es igualmente importante, pueden profundizar la desigualdad entre los grupos marginados digitalmente, a menos que los gobiernos locales reconozcan que las soluciones impulsadas por la tecnología son tan importantes para los pobres como para los ricos.

Un interesante más fallido proyecto de Smart City es el de Toronto Quayside que involucra a Sidewalk Labs de Google. Este ejemplo corta y atraviesa varias de las secciones del presente informe: fideicomisos o trusts de datos colectivos, el uso de tecnologías inteligentes y la vigilancia siguiente y el equilibrio cambiante de poder entre el sector público y el privado.

El primer ministro Justin Trudeau de Canadá prometió que el proyecto del muelle de Toronto crearía "una ciudad del mañana”, y que el proyecto crearía "tecnologías que nos ayudarán a construir comunidades más inclusivas, inteligentes y ecológicas". Los sensores dentro de los edificios medirían aspectos tales como el ruido, mientras que una serie de cámaras y sensores exteriores rastrearían a todos los que viven, trabajan o simplemente pasan por el área, mientras miden todo, desde la contaminación del aire hasta el movimiento de personas y vehículos a través de las intersecciones.

El proyecto del muelle (Quayside) fue objeto de un inmenso escrutinio público y críticas de especialistas. Una cuestión clave fue la transparencia de la recopilación de esos datos. Uno de los principales expertos mundiales en fideicomisos de datos, Sean McDonald, fue uno de los más prominentes detractores de la propuesta específica del Sidewalk Lab de un Trust de Datos Cívicos  para gobernar los datos de la ciudad inteligente, señalando varios problemas clave con la citada propuesta de Sidewalk Lab, concluyendo que: “El Fideicomiso (o Trust) de Datos Cívicos es una adaptación fragmentada de piezas existentes de infraestructura de datos cívicos, situado en uno de los procesos de contratación pública de más alto perfil en la historia reciente […]Proponer que Toronto debería basar las determinaciones de propiedad en la urbanidad de un conjunto de datos es una desviación de la ley canadiense de propiedad de datos y un precedente que, si se aprueba, podría extenderse mucho más allá de este proyecto.”

Podemos extraer varias lecciones clave del caso de la ciudad inteligente de Toronto:

  1. Si bien los fideicomisos de datos son esenciales, el diseño y quién está incluido, es fundamental.

  2. Los grupos de ciudadanos deben incluirse desde el inicio,

  3. Cuando no exista una alternativa a la participación de las empresas del sector privado, el caso de la ciudad inteligente debe tener un marco sólido del sector público, que incluya mecanismos de control democrático,

  4. La transparencia es clave. Debe haber un compromiso con la divulgación pública de toda la información y de los elementos de negociación,

  5. Una ciudad inteligente es una ciudad de vigilancia que genera importantes problemas de privacidad.

Una vez más, y en palabras de Shoshana Zuboff, autora del aclamado libro “La Era del Capitalismo de la Vigilancia”:

“No deberíamos llamar a los teléfonos inteligentes, a los altavoces inteligentes, a las ciudades inteligentes, de inteligentes. Deberíamos llamarlos teléfonos de vigilancia, altavoces de vigilancia, ciudades de vigilancia.”

En la UE, la “Asociación Europea para la Innovación sobre Ciudades y Comunidades Inteligentes (EIP-SCC)” es una iniciativa respaldada por la Comisión Europea que reúne a ciudades, industria, pequeñas empresas (pymes), bancos, investigadores y otros. Curiosamente, no se han publicado actividades o publicaciones en la página de internet de Ciudades Inteligentes de la Comisión Europea desde 2018.

No obstante, la Comunidad de Práctica - CoP/ CoP Cities - es una iniciativa de la Comisión Europea, que está abierta a partes interesadas externas (ciudades y redes de ciudades, organizaciones internacionales e intergubernamentales y organismos de investigación). Se basa y reúne el trabajo continuo y la experiencia en ciudades de JRC y REGIO. Reúne las conversaciones generales dentro de la Asociación Europea para la Innovación (EIP) sobre Ciudades y Comunidades Inteligentes, la Asociación de Transición Digital de la Agenda Urbana para la UE, los proyectos H2020, la iniciativa del reto Ciudades Digitales y la Carta Verde Digital.

Merece una buena lectura el informe sustancial The Future of Cities. Se trata de una iniciativa del Joint Research Centre (JRC), el servicio de ciencia y conocimiento de la Comisión Europea (EC), que cuenta con el apoyo de la Dirección General de Política Urbana y Regional (DG REGIO). Cubre áreas como Prestación de Servicios, Salud, Clima de Segregación Social, Tecnología y Gobernanza Urbana. El informe está respaldado por una plataforma interactiva.

Si bien parece haber muchas iniciativas de la UE, las mismas aparecen dispersas por la gran estructura europea. Podría ser interesante profundizar en la priorización real de las ciudades inteligentes por parte de la Comisión.

En los países en desarrollo de Asia, las ciudades inteligentes también son una herramienta para atraer inversiones extranjeras directas (FDI por sus siglas en inglés). Los bancos de desarrollo desempeñan un papel clave cuando se trata de impulsar y dar forma a las ideas sobre ciudades inteligentes. La Red de Ciudades Inteligentes de la ASEAN (ASCN) se estableció en 2018 como una plataforma colaborativa en la cual hasta tres ciudades de cada estado miembro de la ASEAN, incluyendo las capitales, trabajan a favor del objetivo común de un desarrollo urbano inteligente y sostenible. El objetivo principal de la Red es mejorar las vidas de la ciudadanía de la ASEAN, utilizando la tecnología como facilitador. Específicamente, la ASCN tiene por objetivo:

  • Facilitar la cooperación en el desarrollo de ciudades inteligentes.

  • Catalizar proyectos financiables con el sector privado.

  • Asegurar la financiación y el apoyo de los socios externos de la ASEAN.

Veinticinco (25) ciudades han entregado planes de acción. Ellos están disponibles, mediante inscripción, aquí. No resulta claro qué papel juega la ASCN como intermediaria de los grandes acuerdos de inversión a través de los Bancos de Desarrollo. Asimismo, dados los problemas mencionados anteriormente con respecto al proyecto del muelle de Toronto, los sindicatos de la región deberían hacer un seguimiento de estos planes de acción y vincularlos a las discusiones sobre el colonialismo digital.

Género y ciudades Inteligentes

En un discurso proferido en el Foro de 2019 de WSIS denominado (En)gendering the Smart City (Engendrando la Ciudad Inteligente), Caitlin Kraft-Buchman (CEO de Women@theTable) discutió la naturaleza dual de las ciudades; se refirió a las representaciones populares de la ciudades como “lugares de oportunidad económica, liberación y reinvención” pero, a la inversa, también de “miedo, peligro y violencia para las mujeres, desde la oscuridad de las calles en las ciudades hasta el transporte público”.

Kraft-Buchman argumentó que las deliberaciones sobre el futuro de las ciudades inteligentes deberían enfocar cómo las personas experimentan estos temas, en lugar de enfocar cuestiones de eficiencia, tales como la manera de mantener al tránsito desplazándose suavemente a través de las áreas urbanas. Ella afirmó que en la práctica y como fruto de las investigaciones, la dimensión de género de las Ciudades Inteligentes no está recibiendo atención.

Infraestructura pública (¿Inteligente?)

Las lecciones precedentes del concepto de Ciudad Inteligente bien pueden ser aplicadas a los avances digitales en el desarrollo y mantenimiento de la infraestructura pública.

La Universidad de los Países Bajos, TU Delft, ofrece una conceptualización interesante de infraestructura(s). Ellos distinguen entre Infraestructura Común e Infraestructura Computacional

  • Infraestructura Común es aquella con la cual vivimos, la que ya hemos conocido y que gobierna. Podemos definirla como las estructuras humanas, institucionales y físicas que organizan la vida social cotidiana. Por ejemplo, los sistemas de aguas, de alcantarillado, las redes eléctricas, los caminos, ferrovías y cursos de agua. Ellas también incluyen el paisaje urbano y su administración, sistemas de dotación de salud e infraestructuras educacionales; coexisten con nosotros y se apoyan sobre los administradores públicos, las autoridades públicas, los ecosistemas comerciales, las organizaciones laborales y otros grupos sociales. En esta primera categoría incluimos también la información o datos que juegan un papel crecientemente operacional en cómo organizamos las instituciones y las actividades diarias. En virtud de nuestro conocimiento íntimo con esta primera categoría de infraestructura, las sociedades en todo el mundo poseen un profundo sentido histórico de los valores a los cuales estas infraestructuras tratan de servir. Con el transcurso del tiempo, hemos desarrollado estructuras de gobernanza y normas societarias, sobre las cuales administramos estas infraestructuras. El interés público tiende a tener importancia. Así también una variedad de metas, como el acceso universal y la justicia. No obstante, deberíamos reconocer que en algunos casos las infraestructuras son construidas y sostenidas mediante prácticas injustas, como la colonización o la explotación laboral, mientras que, en otros, son usadas para controlar o violar a las poblaciones, todo lo cual subraya aún más su importancia para el tejido de nuestras sociedades.

  • Infraestructura computacional, que ellos definen como “Un avance rápido hasta el día de hoy, y vemos que el software es crecientemente ofrecido y desarrollado a través de ‘plataformas e infraestructuras de servicio’. Estas “arquitecturas orientadas a servicios” prometen a los clientes la capacidad de responder más rápidamente, mediante la relación de costo-beneficio, a las cambiantes condiciones del mercado. Ellas permiten una rápida retroalimentación de datos sobre el comportamiento de las personas, los ambientes físicos y digitales. En respuesta, los desarrolladores de software se han movido hacia una forma más intensiva en términos de datos para desarrollar servicios digitales utilizando métodos de ingeniería interactivos ……” Nuestra preocupación es que las infraestructuras computacionales son mucho más que solo un ecosistema tecnológico. Como toda infraestructura, nos incentivan a incorporar sus valores y, con ello, gran parte de su política en las capas inferiores de la tecnología. Comparables a los cables y equipos de control en las redes eléctricas que determinan qué se puede y qué no se puede conectar a los mismos, las infraestructuras computacionales incorporan restricciones sobre lo que se puede y no se puede construir sobre ellas, así como lo que es accesible para aquellos que necesitan auditar o validar su funcionalidad. Además, las implicaciones ambientales/de carbono en rápido crecimiento (que ya se encuentran a la par de la industria de la aviación global) así como la dependencia perjudicial de la fuerza de trabajo siguen siendo en gran medida no transparentes” (extractos del Seminario sobre Infraestructuras Programables, TU Delft 2020)

La distinción entre las infraestructuras ofrecidas aquí será útil no solo para comprender críticamente los debates sobre Ciudad Inteligente, sino también para la creciente digitalización y privatización de las infraestructuras públicas tradicionales como el agua, la energía y el saneamiento.

Como firmemente lo ha subrayado en su alocución ante el Foro Político de Alto Nivel de la ONU en 2018, la Secretaria General de la ISP, Rosa Pavanelli expresó que: “Los enfoques actuales basados en el mercado no están proporcionando la respuesta. Hemos visto a demasiados Productores Independientes de Energía utilizar sus Acuerdos de Compra de Energía legalmente vinculantes para drenar el dinero de los contribuyentes para sus accionistas. El modelo IPP-PPA demuestra ser una desgracia para demasiadas comunidades… Necesitamos más que arreglos tecnológicos. Nosotros necesitamos:

  • Políticas públicas y de gobernabilidad sólidas, con la participación de usuarixs y de lxs trabajadores para lograr servicios públicos de calidad para defender nuestros intereses comunes y satisfacer nuestras necesidades colectivas.

  • Abordar la desigualdad del sistema fiscal global para que todxs paguen su parte justa.

  • Proteger a lxs trabajadores y las comunidades que sufrirán los peores desplazamientos a medida que avanzamos hacia un planeta con bajas emisiones de carbono. Una Transición Justa basada en la justicia social y los derechos laborales.

En verdad, la influencia empresarial en muchas de las discusiones mantenidas sobre suministros de energía, agua y saneamiento llama la atención. La privatización de lo que debería ser un derecho de acceso universal, está siendo impulsada aun más por soluciones digitales destinadas a vincular la oferta con el monitoreo y control de la demanda a través de medidores inteligentes. En última instancia, esto se basa en una intensa vigilancia de los consumidores y el consumo. Para lxs trabajadores de los sectores de servicios públicos, la automatización y la privatización (y la semiprivatización a través de APP, subcontratación y adquisiciones) ha modificado fundamentalmente sus puestos de trabajo, la cantidad de empleos y los perfiles de competencias exigidos en los sectores.

Mientras que las soluciones electrónicas para limitar el desperdicio de agua, encontrar pérdidas o fugas en las tuberías o producir energía limpia son potencialmente propicias para combatir el cambio climático, el precio que sienten tanto lxs trabajadores como las comunidades, y que los intereses privados consideran menos “apropiados para la inversión” puede ser muy alto. Muchos están en desventaja debido a su (remota) ubicación geográfica o sus características socioeconómicas, ya que las preocupaciones por los beneficios pesan más que una obligación universal de suministro en igualdad de condiciones.

Remunicipalización

Muchas ciudades y geografías están recuperando el control sobre una variedad de sectores fundamentales, incluyendo el suministro de agua. Según TNI, se han producido 1.400 casos de remunicipalización desde el inicio del milenio, en más de 2.400 ciudades de 58 países.


Figura 5: El Futuro es Público, TNI 2019

Los sindicatos han sido la clave para apuntalar el caso a favor de la remunicipalización y en la transición exitosa de la propiedad privada a la pública. La remunicipalización no solo ha demostrado ahorrar costos, aumentar la participación democrática y mejorar la calidad de los servicios, sino que también ejerce un efecto potencial de desarrollo de capacidades en el sector público. Pero esto depende de si los servicios digitales (análisis de datos, visualización de datos, seguimiento y mantenimiento) también se encuentran bajo control público..

Áreas de exploración para los sindicatos

Esta sección muestra la necesidad de la participación de la ciudadanía y de lxs trabajadores en la gobernanza inclusiva de los sistemas digitales y las relaciones entre los sectores público y privado que los rodean. Los sindicatos podrían aplicar las siguientes políticas y estrategias:

  1. Lxs representantes de lxs trabajadores y de la ciudadanía deben participar en todo momento en los debates sobre las Ciudades Inteligentes e Infraestructura, debates estos que no deben, como se ha mostrado anteriormente, omitir en gran medida la voz de lxs trabajdores y de la comunidad.

  2. Los sindicatos deben seguir los desarrollos de Ciudad Inteligente y prestar especial atención a las tendencias del colonialismo digital, las formaciones de confianza de datos y si la ciudadanía y lxs trabajadores de estas Ciudades Inteligentes están realmente empoderados por los fideicomisos de datos o no.

  3. Los sindicatos deben comprender la naturaleza de género de las discusiones sobre ciudades inteligentes, llevando la voz de las mujeres y sus experiencias vividas al frente en estas discusiones.

  4. Difundir buenos ejemplos de remunicipalización y debatirse en todos los niveles de gobierno, sobre la calidad del trabajo y los aspectos beneficiosos de este proceso.

  5. Los sindicatos deben participar para garantizar trabajo y condiciones laborales decentes, transiciones justas para el personal desplazado y el futuro del control democrático de los servicios públicos. Como en la sección anterior sobre Administración Pública, se debería explorar lo siguiente:

    1. La capacidad digital y la autonomía del sector público deberían mejorarse enormemente mediante inversiones en soluciones digitales propias.

    2. Los sistemas de algoritmos implementados en la administración pública deben ser co-gobernados por representantes de lxs trabajadores y líderes (ver Gobernando los sistemas de algoritmos)

    3. Los sindicatos deben exigir que todos y cada uno de los acuerdos con el sector privado sean públicos, claros y transparentes, incluyendo información sobre quién detenta el control y el acceso a los datos, cómo se rigen estos datos, quién tiene acceso y con qué finalidad.

    4. Las administraciones públicas deben poder describir por qué se prefiere una asociación con el sector privado a la creación de sus propias capacidades.

      Literatura clave

7. Cambio climático y migración

En esta sección, el foco se situará sobre si y cómo pueden utilizarse las tecnologías para combatir al cambio climático. En junio de 2020, la ISP publicó Haciendo Frente a la Crisis Climática: Es Hora de Actuar. Herramienta para los Sindicatos en los Servicios Públicos. Un informe completo que estimula la acción sindical a partir de la base en asociación con ONG dedicadas al cambio climático.  Identifica varias actividades educativas que pueden utilizarse para desarrollar la capacidad de lxs trabajadores de servicios públicos y los sindicatos para comprender el debate sobre el clima y movilizarse. Destaca lo siguiente:

“Todos los niveles de gobierno tienen un papel vital a desempeñar en el tratamiento del cambio climático: es el sector público el que debe liderar y garantizar la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero en toda la economía (tanto en el sector público como en el privado). Es el sector público el que debe hacer frente a las consecuencias de la crisis climática” (p. 11)

El informe continúa: “La reestructuración neoliberal desde la década de 1970 ha cambiado fundamentalmente los equilibrios sociales en todo el mundo, privilegiando los intereses privados sobre el bien público. En este contexto, la crisis climática presenta tanto amenazas como oportunidades. Amenazas, dado que los procesos políticos y económicos dominantes son responsables de la crisis. Oportunidades, precisamente porque los procesos económicos y políticos actuales no pueden resolver adecuadamente los problemas que genera la crisis climática. El campo está más abierto que nunca: las posibilidades y el potencial para nuevas ideas, nuevas acciones y nuevas direcciones están aumentando. Los sindicatos de servicios públicos pueden aliarse a otras organizaciones que están trabajando por energías alternativas, futuros económicos y sociales donde la justicia climática constituya el núcleo de los programas para la justicia social y económica”. (pág.43)

Sin un compromiso generalizado con la tecnología de forma definitiva, que respete al mismo tiempo los derechos humanos y los derechos de privacidad y que contribuya a mejorar el clima, algunas de estas soluciones tecnológicas podrían resultar en más efectos negativos que positivos. En otras palabras, el objetivo es sugerir una agenda que sirva a los intereses de las personas (trabajadores) y del planeta.

Políticas de Transición Justa

Una consecuencia de la transición a una economía más verde para cumplir con el Acuerdo de París es un cambio drástico en las clases y tipos de trabajos disponibles. En respuesta, el movimiento sindical lanzó la exigencia de una transición justa. La genealogía de la "Transición Justa" está bien descrita en la publicación de la Oficina de Actividades para los Trabajadores de la OIT, Actrav, de 2018. En esencia, se trata de hacer que el cambio hacia una sociedad sostenible y con bajas emisiones de carbono sea lo más equitativo posible. Muchos sindicatos celebraron luego de que la Transición Justa se incluyera en el preámbulo del Acuerdo de París de 2015:

“Teniendo en cuenta los imperativos de una reconversión justa de la fuerza laboral y de la creación de empleos dignos y de trabajos de calidad, de conformidad con las prioridades de desarrollo definidas a nivel nacional”

Sin embargo, en muchas de las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC) realizadas por los signatarios del Acuerdo de París, la transición justa solo se menciona marginalmente, si es que se menciona. Según el informe Actrav de la OIT, incluso la presentación detallada de la NDC de la UE (CMNUCC 2017) se refiere a este aspecto solo bajo el título "creación de un entorno propicio" y las cuestiones laborales se denominan "agenda de habilidades".

Una política de Transición Justa no debe reducirse a una mera cuestión de actualización o perfeccionamiento de habilidad. Al igual que la reducción de facto de la digitalización por parte de los empleadores a una de las políticas de habilidades adecuadas, este reduccionismo no es sostenible ni inclusivo. Los sindicatos deben asegurar el compromiso del gobierno hacia un nuevo contrato social, respecto de la descarbonización, del diálogo social y de trabajo decente para todxs.

Como lo advierte la publicación Actrav de la OIT:

“Las tres dimensiones del desarrollo sostenible - económica, social y ambiental - tienen mucha relación entre sí, por lo que deben tratarse en un marco político exhaustivo y coherente” (p. 3).

¿Y qué sucede con la Tecnología?

Turning digital technology innovation into climate action” (Convirtiendo a la innovación de la tecnología digital en acción sobre el clima). La evidencia y los estudios de caso presentados cubren una variedad de medidas que se están implementando para aumentar la resiliencia a la crisis climática - desde el uso de la observación de sensores espaciales para rastrear la deforestación hasta el desarrollo de redes inteligentes para acelerar la transición energética y el desarrollo de los sistemas de alerta temprana contra el aumento del número de fenómenos meteorológicos extremos. Reconociendo que las tecnologías digitales en sí mismas tienen una huella de carbono sustancial, la UIT también ha establecido un Grupo Temático (Focus Group) que proporcionará una plataforma global para crear conciencia sobre los impactos ambientales de la inteligencia artificial y otras tecnologías de frontera, así como la capacidad de estas tecnologías para contribuir al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y los objetivos del Acuerdo de París. El informe menciona específicamente las siguientes tecnologías de frontera como potencialmente capaces de mitigar y, allí donde sea posible, revertir los efectos del cambio climático:

  1. La Internet de las Cosas (IoT por sus siglas en inglés): permitiendo los servicios avanzados interconectando cosas (física y virtualmente) basándose en tecnologías de información y comunicación interoperables existentes y en evolución. La Internet de las Cosas es cada vez más responsable de los modelos de servicios basados en la conectividad en áreas tan diversas como el agua, el saneamiento, la atención médica, la agricultura, la educación y las finanzas.

  2. Inteligencia Artificial (IA): potencial para que la IA sea una herramienta en el esfuerzo por desvincular el crecimiento económico del aumento de las emisiones de carbono.

  3. Tecnologías de energía renovable: la integración de sensores automatizados captura de datos, medición del desempeño u otros mecanismos con tecnologías de energía renovable que permiten la creación de electricidad, calor y combustible a partir de fuentes renovables, como la energía solar, eólica, hidráulica, undimotriz (o de las olas) y mareomotriz, por intercambio de calor/geotermia y bioenergía.

  4. Gemelos digitales: Un gemelo digital es la representación virtual de un objeto físico o de un sistema a lo largo de su ciclo de vida. Utiliza datos en tiempo real y otras fuentes para permitir el aprendizaje, el razonamiento y la recalibración dinámica para mejorar la toma de decisiones. En el contexto del cambio climático y la respuesta, los gemelos digitales son una propuesta atractiva, particularmente para las áreas urbanas que están creciendo rápidamente en términos de población, tamaño y consumo de energía

  5. Tecnología 5G: se espera que deje una huella ambiental más pequeña que las tecnologías actuales porque será más direccional y eficiente, lo que resultará en un menor desperdicio de energía y potencia.

El informe de PWC The State of Climate Tech 2020: The next frontier for venture capital (El estado de la Tecnología Climática 2020: La próxima frontera para el capital de riesgo) muestra cómo las inversiones privadas en tecnología climática han disparado en los últimos 6 años, ascendiendo a 60.000 millones de dólares. Estas inversiones se han realizado principalmente en movilidad y transporte:

  • Avances que aumentan la eficiencia (de motores, diseño o materiales) asociados con el movimiento de bienes o personas por tierra, aire o mar

  • Desarrollo de vehículos eléctricos y vehículos de micro movilidad, y la infraestructura utilizada para propagar estas tecnologías, incluidas las aplicaciones para compartir viajes y los puntos de recarga

  • Desarrollo de tecnologías de baterías para aplicaciones de movilidad e infraestructura asociada

  • Mejoras en la eficiencia de los sistemas de transporte, incluido el uso de tecnologías autónomas y de sensores, mejoras en el mantenimiento y reparación, y planificación y diseño urbanos.

Figura 6: Fuente: The State of Climate Tech 2020: The next frontier for venture capital p.34

La división geográfica muestra que casi la mitad de toda la inversión de riesgo en nuevas empresas de tecnología climática, 29 mil millones de dólares, se destinó a nuevas empresas (startups) en los EE. UU. y Canadá. China es la segunda región más importante con 20 mil millones de dólares. El mercado europeo es aproximadamente un tercio del de China, con una inversión de US$ 7 mil millones.

Un ejemplo de tecnología para el bien es ICOS, el portal de datos abiertos. Se alimenta de una red de sensores de carbono en toda Europa y ha transformado la manera en que los científicos estudian el clima. O la Rewiring America: una iniciativa para descarbonizar rápidamente los EE. UU. Mediante la electrificación, creando entre 15 millones a 20 millones de empleos en la próxima década, con 5 millones de puestos permanentes luego de ese lapso.

Un reporte de la industria por GeSI and Deloitte de 2019 argumenta cómo se pueden utilizar las tecnologías digitales para lograr 103 de los 169 objetivos de desarrollo sostenible (ODS) del milenio (p. 7), incluyendo el objetivo 8 sobre “Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos”. Según su punto de vista, las tecnologías ayudan a:

  • Conectarse y Comunicarse, abriendo relaciones, información, ideas y oportunidad;

  • Monitorear y Rastrear el mundo a nuestro alrededor, para que nuestro impacto sea transparente y podamos realizar intervenciones específicas;

  • Analizar grandes extensiones de información; Optimizar procesos, procedimientos y productividad de recursos; y Predecir dónde necesitamos intervenir; y

  • Aumentar nuestras habilidades humanas y Autonomizar con inteligencia los sistemas para realizar actividades en nuestro nombre, mediante la creación de un “puente activo” entre los mundos físico y digital.

La huella de carbono de la tecnología

Pero … ¿qué sucede con la huella de carbono de las tecnologías digitales en sí? En un estudio titulado Green AI (IA Verde) Schwartz y otros (2019) concluyeron que “los cálculos necesarios para la investigación de aprendizaje profundo se han duplicado en pocos meses, lo que ha dado como resultado un aumento estimado de 300.000 veces entre 2012 y 2018. Todos usamos energía al simplemente utilizar nuestro teléfono celular, pagando con nuestras tarjetas de crédito, enviando correos electrónicos o viendo televisión. Cuando lo hacemos, enviamos y recibimos solicitudes de datos y respuestas desde y hacia edificios del tamaño de un almacén en todo el mundo, llenos de cientos de miles de servidores. Estos centros de datos se encuentran entre los sistemas que consumen más energía del planeta y representan aproximadamente el 10% de la generación global de energía.

La computación cuántica, aunque sigue siendo principalmente una construcción teórica, promete un consumo de energía mucho menor. Pero cualquier sistema digital debe ser examinado y responsabilizado por su uso de energía y su impacto en el cambio climático. Nuevamente, si los principios de inteligencia artificial de muchos se van a hacer realidad de modo que los intereses de las personas y el planeta se coloquen por encima de cualquier otra cosa, este hecho significativo necesita mucha más atención.

El tango se baila de a dos

Resulta común en los informes mencionados anteriormente, que son una instantánea de una literatura cada vez mayor sobre el cambio climático y las tecnologías digitales, la omisión de cualquier mención del papel de lxs trabajadores y de los sindicatos en la gestión, implementación y gobierno de estos sistemas tecnológicos para el bien común. Otro punto en común es que ninguno menciona los derechos a la privacidad de la ciudadanía, ni de lxs trabajadores, ni los derechos humanos.

Otra área clave de preocupación es que la mayoría de las soluciones tecnológicas están diseñadas e implementadas por el sector privado. Volviendo a las discusiones en la sección sobre Democracia – el deber, los derechos y los medios para gobernar es crucial que los servicios públicos estén atentos y exijan el mismo acceso y control sobre los datos y algoritmos implementados en estas tecnologías. Aquí puede surgir mucha inspiración del papel del activismo sindical y las asociaciones en los esfuerzos de remunicipalización (ver sección Administración pública e Infraestructura).

Migración climática e identidades digitales

Ya en 1990, el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) señaló que el mayor impacto individual del cambio climático podría situarse en la migración humana, con millones de personas desplazadas por la erosión de la costa, las inundaciones en el litoral y los trastornos agrícolas.

En efecto, estimativas recientes predicen que para 2050 entre 150 y 200 millones de personas corren el riesgo de verse obligadas a abandonar sus hogares como resultado de la desertificación, el aumento del nivel del mar y las condiciones climáticas extremas (UNESCO 2017). Incluso hoy en día, la gente se ve obligada a desarraigarse debido a la crisis climática. A falta de una definición adecuada en el derecho internacional, estos migrantes son casi invisibles en el sistema internacional: ninguna institución es responsable de recopilar datos sobre su número, y mucho menos de brindarles servicios básicos. Al no poder probar la persecución política en su país de origen, pasan no obstante inadvertidos a través de las grietas de la ley de asilo.

Se avecina una posible crisis de derechos humanos si no se garantizan los derechos de los migrantes climáticos. Aquí algunas organizaciones y expertos están hablando del valor de las Identidades Digitales para garantizar los derechos fundamentales de las personas desplazadas. En marzo de 2019, la agencia ACNUR publicó un documento “Estrategia de ACNUR sobre Identidad e Inclusión Digital” que estipula:

“A nivel mundial, más de mil millones de personas carecen de documentos de identidad. En nuestro mundo moderno esto excluye de los servicios y la participación socioeconómica, limita el acceso, por ejemplo, al trabajo, la vivienda, un teléfono móvil y una cuenta bancaria. De hecho, la falta de una identidad documentada constituye para las personas vulnerables y ya marginadas un riesgo constante de transgredir los límites entre lo legal y lo ilegal.”

El programa de ACNUR “Ecosistema digital de registro de la población y manejo de identidad” (PRIMES) busca dar a todos los refugiados y personas desplazadas una identidad digital. A fines de 2018, 8 de cada 10 refugiados registrados por ACNUR recibieron una identidad biométrica. Los datos de más de 2,4 millones de personas de motivo de preocupación están alojados de forma segura en proGres v4, uno de los módulos principales del Registro central de Población de ACNUR.

Utilizando las identidades digitales del ACNUR, el Programa Mundial de Alimentos (PMA) está implementando tecnología de blockchain  para permitir que los refugiados paguen sus alimentos mediante derechos registrados en una plataforma informática basada en blockchain que está vinculada a su identidad digital. Los refugiados compran alimentos en los supermercados locales del campamento mediante el escaneo del ojo en lugar de utilizar dinero en efectivo, cupones o tarjetas electrónicas.

Sin embargo, las identidades digitales no vienen sin sus propios conjuntos fundamentales de problemas que en realidad podrían exacerbar los prejuicios, la discriminación o los desequilibrios de poder existentes. Un informe crítico de 2019, titulado Identidad Digital en el Contexto de Migración y Refugiados: Estudio de caso de Italia concluyó que:

  • Lxs migrantes intercambian datos de identidad por recursos sin un consentimiento significativo. La privacidad, el consentimiento informado y la protección de datos se ven comprometidos durante todo el proceso de identificación de migrantes y refugiados.

  • Los sesgos burocráticos sistémicos presentan obstáculos que probablemente impedirían el desarrollo justo y la integración de los sistemas de identidad digital.

  • Falta confianza en los sistemas sociotécnicos que se entrelazan con la identidad. Los mediadores culturales pueden estar en una posición única en el sistema para generar confianza y alfabetización en torno a los derechos de privacidad y el consentimiento informado. Por otro lado, si las ONG que recopilan datos de identidad obtienen la capacidad y la alfabetización, pueden convertirse en puntos de acceso disponibles para reforzar la protección de datos para los beneficiarios migrantes y refugiados.

A este último punto, conviene añadir que lo ideal es que estos puntos de acceso se realicen dentro de organismos públicos, ya sea a nivel multinacional (la ONU) y/o con agencias gubernamentales locales o regionales. En cualquier caso, es esencial que estos puntos de acceso estén bien gobernados, cuenten con políticas y procedimientos de gobernanza de datos seguros que eviten el uso indebido de los datos y que cuenten con las capacidades y habilidades para hacerlo.

Áreas de exploración para los sindicatos

Las tecnologías digitales se están implementando cada vez más para mitigar o prevenir los impactos del cambio climático en las personas, las sociedades y los medios de vida. Muchas de estas soluciones son propiedad de empresas privadas. Algunos se desarrollan dentro del ámbito de las Naciones Unidas.

Un punto en común entre todas ellas, independientemente de la propiedad, es que, a pesar de hacer el bien, también pueden representar una amenaza potencial para los derechos fundamentales de las personas. La extracción masiva de datos por parte de empresas privadas, a menos que se rija de manera rigurosa, puede dar lugar al seguimiento y localización de grupos étnicos, religiosos o culturales. Las identidades digitales pueden ser utilizadas indebidamente, lo que genera más prejuicios y discriminación.

Los sindicatos podrían:

  • Explorar cómo se pueden utilizar las tecnologías digitales para promover - y no disminuir - los derechos de lxs trabajadores y de la ciudadanía en las soluciones digitales para el cambio climático.

  • Investigar cómo las tecnologías digitales, si se implementan correctamente, apoyan la acción de los gobiernos sobre el cambio climático, la sequía, el hambre y la degradación de la tierra. Los sindicatos deben ser una fuerza clave que impulse a lxs políticxs a (re)comprometerse con un multilateralismo democrático eficaz.

  • Impulsar la contabilidad del uso de energía de cualquier sistema digital para que se pueda analizar su impacto en el cambio climático. Hacer que la OCDE sea responsable de sus Principios de IA y destacar la importancia de reducir la huella de carbono de las tecnologías digitales.

  • Garantizar que el sector privado no vaciará aún más las competencias de los gobiernos locales, regionales y nacionales al secuestrar los remedios para la crisis climática.

  • Explorar cómo, y en caso afirmativo, en qué condiciones, se pueden utilizar las identidades digitales para garantizar los derechos fundamentales de toda la ciudadanía, independientemente del estatus legal.

Literatura Clave

8. Servicios de salud y de cuidado

En 2019, Paul Webster escribió lo siguiente en The Lancet:

““Hay enormes oportunidades industriales aquí. Las grandes farmacéuticas y las empresas tecnológicas están dando vueltas mientras el Sistema Nacional de Salud (NHS) vende sus registros y datos. Existe una industria de miles de millones de libras que brinda tecnología, ofrece consultorías y otra enorme industria nueva que brinda a los pacientes dispositivos y aplicaciones de monitoreo de salud portátiles. El Sistema Nacional de Salud carece de capacidad para hacer esto. Estamos permitiendo que entren demasiadas entidades del mercado para monetizarlo".

Aunque esta cita se refiere al Sistema Nacional de Salud del Reino Unido, es válida para muchos servicios de salud públicos en todo el mundo. La digitalización del servicio de salud con todos sus servicios es una industria de miles de millones de dólares, cuyo valor en 2019 se estima en 111.400 millones de dólares, esperándose que alcance los 510.400 millones de dólares en 2025.

El interés del sector privado en el cuidado de la salud cubre tanto la “healthtec” (Tecnología de la Salud) como la “medtec” (tecnomedicina), tales como:

  • Diagnóstico y reducción de errores (por ejemplo, radiografías y exploraciones analizadas por IA, tratamientos predictivos y preventivos);

  • Cirugía (por ejemplo, cirugía asistida por robot o realizada por medio de robot)

  • Administración (expedientes electrónicos de pacientes, automatización de la toma de legajo)

  • Fitness (sensores portátiles, salud del paciente, monitoreo)

  • Desarrollo de fármacos

  • Salud Mental (servicio de tele ISPquiatría, terapía digital en línea)

  • Comunicación (telesalud, consultas en línea, comunicación segura interhospitalaria)

Al igual de lo que ocurre con la digitalización de las administraciones públicas, el objetivo de La Tecnología de la Salud (HealthTech) es aumentar la eficiencia, la accesibilidad y abrir nuevos mercados y servicios. Tal como se explora en el informe de la ISP Digitalización y Servicios Públicos: una perspectiva laboralIncluso en los países conocedores de la tecnología, la ola actual de cambio digital e innovación ha causado cierta ansiedad. Esto se debe al hecho visible de que las grandes empresas tecnológicas multinacionales están impulsando la proliferación de herramientas de salud digitales no probadas y no reguladas, siendo su principal motivación la recopilación de datos para explorar vías nuevas y rentables de la medicina, los servicios de salud y los modelos comerciales". (pág.38)

La Tecnología de la Salud (HealthTech) está siendo implementada en todo el mundo, con inversores privados que capitalizan sobre décadas de sistemas públicos de salud con financiación insuficiente como excusa. Por ejemplo, la Corporación Financiera Internacional, una agencia del Banco Mundial que actúa como el mayor inversor multilateral en atención médica privada en mercados emergentes, afirma que: “Brasil es uno de los mercados de atención médica más atractivos y prometedores del mundo. Aunque a los brasileños se les garantiza una cobertura de salud pública gratuita y universal, el gasto privado supera al gasto público generando uno de los sistemas de salud privados más grandes del mundo. Al mismo tiempo, el sistema de salud brasileño enfrenta múltiples retos, incluyendo un sistema público sobrecargado y con fondos insuficientes, escasez de camas y una distribución desigual de recursos y médicos. En este contexto, los proveedores de atención médica brasileños están buscando nuevas soluciones que puedan mejorar la atención y reducir costos, ofreciendo grandes oportunidades comerciales a los innovadores en tecnología de la salud .”

Beneficios de la tecnología de la salud

Aunque los hospitales municipales y los puestos de salud descentralizados son en general preferibles a fin de garantizar que la ciudadanía tenga acceso a una atención médica adecuada, la tecnología de la salud presenta varias ventajas potenciales. Puede conectar a lxs ciudadanos en áreas remotas con intervenciones médicas que salvan vidas (siempre que estxs ciudadanxs tengan una línea telefónica, una computadora y las habilidades digitales para operar el sistema). Puede proporcionar señales de alerta tempranas de las próximas condiciones de salud (consulte el recuadro para ver un ejemplo). Puede reducir los tiempos de espera al asignar pacientes a los médicos de manera más eficiente, pudiendo optimizar el uso de quirófanos y acelerar los resultados de laboratorio. Puede también, como lo señala la ISP en su informe ISP: Digitalización y Servicios Públicos ayudar y apoyar a médicos, enfermeras, profesores y personal administrativo en la prestación de servicios de cuidados y de salud.

Utilizando la IA para brindar a los médicos una ventaja de 48 horas en enfermedades potencialmente mortales

DeepMind* ha desarrollado una tecnología que, en el futuro, podría dar a los médicos una ventaja de 48 horas en el tratamiento de la insuficiencia renal aguda (AKI, por sus siglas en inglés).

La insuficiencia renal aguda afecta a uno de cada cinco pacientes hospitalizados en el Reino Unido y en los EE. UU. La afección es notoriamente difícil de detectar y el deterioro puede ocurrir rápidamente. Trabajando con el departamento de Asuntos de Veteranos (VA) de los EE. UU., el equipo de DeepMind aplicó la tecnología de IA a un conjunto de datos de registros de salud anónimos y completos, recopilados de una red de más de cien sitios de Asuntos de Veteranos. La investigación muestra que la IA podría predecir con precisión a los pacientes con insuficiencia renal aguda hasta 48 horas antes cuando comparado con lo que se diagnostica actualmente. Es importante destacar que el modelo predijo correctamente 9 de cada 10 pacientes cuya condición se deterioró tan severamente que requirió diálisis.

* Deep Mind Technologies es una empresa del Reino Unido que lida con inteligencia artificial y que posee un laboratorio de investigación fundado en septiembre de 2010 y adquirido por Google en 2014.

Riesgos de la tecnología de la salud

Aunque se están invirtiendo billones de dólares en HealthTech y los beneficios son obvios, los riesgos siguen siendo altos. Estos riesgos incluyen resultados de salud, derechos de privacidad y la falta de inversión en sistemas de salud pública adecuados en todas las geografías. Las reglas existentes para implementar IA en entornos clínicos, como los estándares para aprobación de la FDA vigentes en los EE. UU o una marca CE (Conformidad Europea), se centran principalmente en la precisión. No existen requisitos explícitos de que una IA deba mejorar el resultado para los pacientes, o contribuir para un sistema universal de salud más sólido.

El Grupo de Expertos de Alto Nivel sobre IA de la UE, entre otros, toma en cuenta este riesgo recomendando a los formadores de políticas a: “Promover y reconocer las habilidades de la IA aplicadas al cuidado de la salud. Dados los posibles impactos del uso de IA en la atención médica, deben tenerse en cuenta los mecanismos para asegurar que los desarrolladores de sistemas de IA sean competentes en el contexto de la salud.”

En Burkina Faso, donde el sistema de salud pasó recientemente por una transformación digital, la eficiencia ha mejorado, aunque también se han producido diversas violaciones de la confidencialidad médico/paciente a medida que los datos médicos se iban tornando digitales.

Otros riesgos incluyen:

  • Costosas violaciones de datos: Los datos de salud personalizados son particularmente vulnerables a las amenazas debido al gran volumen de información sensible. Tal como ocurre con cualquier empresa de tecnología, la privacidad de los datos constituye una gran preocupación.

  • Dependencia excesiva de la Tecnología: el Instituto de Investigación de Atención de Emergencia (ECRI) de los EE. UU. observa que los pacientes pueden correr riesgos cuando los dispositivos médicos no detectan alarmas, cuando el personal médico no recibe notificaciones sobre las alarmas y cuando el personal del área no responde a las alarmas de manera oportuna.

  • Salud remota y el riesgo de diagnósticos erróneos y la calidad de la atención médica

  • Errores de programación: los dispositivos médicos conectados, tales como bombas de morfina o ajustadores automáticos para marcapasos, crean nuevos riesgos para la seguridad del paciente debido a errores de programación o errores de red.

  • adquisición hostil de todos los implantes médicos controlados a distancia. Tal como ocurre con todos los artefactos controlados digitalmente, ellos pueden ser pirateados.

Una de las mayores amenazas de la Tecnología de la Salud es la extracción y el análisis elaborado de enormes conjuntos de datos: desde archivos de pacientes, boletines de hospital, "búsquedas en Google", extracciones de datos más elaboradas que combinan su estilo de vida con datos médicos obtenidos legalmente (o no). Por ejemplo, como se informó en el Financial Times en septiembre de 2020: “Causante de mayor preocupación puede ser el lanzamiento la semana pasada de la Compañía Aseguradora de Coeficientes (Coefficient Insurance Company), una nueva empresa para la filial de ciencias biológicas y atención médica de Google, de nombre Verily. Si bien su objetivo es ayudar a refinar los riesgos de los empleadores en el seguro de salud, un informe de Bloomberg citó a un ejecutivo de Verily diciendo que la compañía también planea trabajar para identificar empleados específicos que pueden estar en riesgo de desarrollar ciertas condiciones e intervenir. "Eso podría, por ejemplo, implicar el monitoreo de los signos vitales de un empleado a través de su teléfono inteligente y configurarlo con un entrenador virtual para ayudarlo a manejar una condición crónica como diabetes o enfermedad cardíaca.”

En efecto, muchos expertos están ahora especulando que grandes cantidades de datos de salud marcarán el final del modelo de riesgo colectivo y la fijación de precios de los seguros. Una vez más, la cogobernanza de sistemas algorítmicos utilizados en servicios públicos será necesaria, a fin de asegurar que estos servicios coloquen a los derechos humanos y a los derechos de la ciudadanía ante requisitos de eficiencia. Aquí podrá encontrarse inspiración en algunas de las recomendaciones del Grupo de altos Expertos en IA de la UE (p.12) :

  1. Existe preocupación sobre una posible compensación entre el acceso a un tratamiento de calidad y la privacidad, así como la posible discriminación como resultado del uso de IA. Para prevenir la discriminación y la profundización de las desigualdades en el área de salud, el uso de la IA en dicha área debe ser monitoreado de manera exhaustiva e independiente. Se debe buscar la transparencia con relación al acceso a los datos y el propósito para el cual se utilizan los datos. Se deben desarrollar y compartir las mejores prácticas para comunicar los riesgos y desafíos potenciales del uso de la IA en datos de salud sensibles (por ejemplo, datos genómicos). La seguridad de los datos sanitarios y la resiliencia de los sistemas sanitarios basados ​​en IA son de particular importancia. Se deben considerar seriamente las inversiones en técnicas de anonimización y encriptado de datos sanitarios

Servicios sociales de cuidado

En los servicios sociales de cuidado en economías de ingresos elevados, las herramientas digitales se están convirtiendo cada vez más en un lugar común. Por ejemplo, las herramientas de programación se utilizan para administrar de manera algorítmica los horarios de trabajo y las rutas entre los clientes, los registros y diarios electrónicos de los pacientes son accesibles de forma remota, los altavoces inteligentes permiten que el personal realice el registro de los clientes a distancia  y/o aumenten los cuidadores robotizados o desplacen al personal del área de cuidados.

La automación creciente de la gestión de servicios de cuidados sociales posee efectos positivos y negativos. En una publicación reciente, la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo (European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions) informa que las tecnologías digitales pueden contribuir para realzar la seguridad para los usuarios, y han permitido a las personas de edad continuar viviendo en sus propios hogares durante más tiempo. Por otro lado, los cuidados suministrados con la ayuda de robots, telepresencia y dispositivos portátiles pueden reducir el riesgo de contagio y asegurar la continuidad de los cuidados en casos de cuarentena, lock-down y/o distanciamiento social. No obstante, de manera inversa, lxs trabajadores arriesgan verse individualizados y aislados del contacto con colegas y/o de la gerencia, a medida que la gestión de servicios de cuidado se automatiza.

Plataforma para personas de edad avanzada Sentab– Estonia – conectando las personas

De: “Impact of digitalisation on social services” [Impacto de la digitalización de los servicios sociales], Eurofound 2020

El sistema Sentab es una plataforma que brinda entretenimiento, interacción social y funciones de monitoreo para conectar a las personas de edad, sus cuidadores y familiares, a través de las interfaces que les son más comunes, por ejemplo, una interfaz de televisión e interfaz de internet y de teléfono celular para los cuidadores. Las pruebas tempranas en cinco casas geriátricas indicaron que las características del Sentab están bien alineadas a las necesidades de las personas mayores y de sus cuidadores.

Sin embargo, el sistema podría ser mejorado con capacidades adicionales de análisis de datos para determinar el estado emocional y la memoria a corto y largo plazos de las personas de edad.

Sentab ha desarrollado una serie de algoritmos de software complejos para detectar tipos de humor y reconocer las tendencias en los estados emocionales de la ancianidad, junto con un sistema de comunicaciones basado en un protocolo de internet. Para las personas de edad, el sistema mejora la accesibilidad hacia el cuidado social y sirve de soporte a la inclusión, dado que pueden vivir de forma más independiente.

El ejemplo de Eurofound (2020) discute un sistema digital que brinda entretenimiento, interacción social, pero que también permite realizar monitoreo entre personas de edad, sus cuidadores y familiares. Mas Eurofound no penetra en cómo “Sentab ha desarrollado una serie de algoritmos de software compleja para detectar tipos de humor y reconocer las tendencias en los estados emocionales de las personas de edad”. Este es un ejemplo realmente bueno de la potencialidad de las tecnologías digitales, que bien podría tener una explicación y uso razonables, más que simultáneamente entran en la cuestión: 1. ¿Puede la IA detectar emociones de manera fidedigna? 2. Qué sucede con estos datos? 3. ¿Han sido testeadas las “respuestas emocionales”? En caso positivo, ¿en quiénes? ¿Acaso ellxs lo sabían? ¿Estuvo el personal de cuidado involucrado en el diseño del sistema?

La desigualdad de género en el cuidado

A medida que las poblaciones crecen y se modifican, se estima que la demanda por trabajadores de salud  se duplicará en 2030, con la esperada creación de aproximadamente 40 millones de empleos nuevos para dicho sector, primariamente en países de ingresos de clase media-alta y alta.

Sin embargo, el crecimiento proyectado del empleo, principalmente en los países de ingresos bajos y medianos, se produce al mismo tiempo que el posible déficit de 18 millones de trabajadores en el sector de la salud en caso de que la cobertura de salud universal para 2030 pueda ser lograda y mantenida, como se prevé en la estrategia mundial de la OMS sobre recursos humanos para salud. Sin intervenciones específicas, la situación en entornos con recursos limitados podría agravarse aún más por una mayor movilidad laboral hacia países con mayores demandas y mayores ingresos, socavando así los sistemas de salud ya vulnerables. Invertir en la calidad de los puestos de trabajo en términos de condiciones laborales, protección laboral y derechos en el trabajo es la clave para retener al personal del área de salud allí donde se necesitan y para mejorar el atractivo del sector a fin de asegurar una oferta suficiente de cuidadorxs .

La inminente escasez de personal en el área de salud no está conduciendo a mejores condiciones laborales para dichos trabajadores en todo el mundo, ni a la formalización de gran parte del trabajo de cuidado no remunerado que se está llevando a cabo actualmente. En todo el mundo, las mujeres realizan las tres cuartas partes del trabajo de cuidados no remunerado, es decir, más del 75% del total de horas utilizadas. Las mujeres dedican en promedio 3,2 veces más tiempo que los hombres en labores de cuidados no remunerado. Como resultado, las mujeres sufren constantemente de pobreza en términos de tiempo, lo cual perjudica su participación en el mercado laboral.

Las mujeres se enfrentan a otra amenaza inminente, vinculada a la participación en el mercado laboral, si no se resuelve el déficit de 18 millones de trabajadores de la salud, ya que es más probable que las mujeres se retiren del empleo para cuidar a los infantes, a la gente de edad y a quienes sufren enfermedades. Esto sería un golpe terrible para todos los avances en materia de igualdad de género que se han realizado en las últimas décadas. Es un asunto que debe recibir atención urgente y prioritaria en todo el mundo.

Entonces, ¿qué podría hacer la digitalización? Ya se están introduciendo tecnologías digitales para permitir el cuidado/contacto a distancia o para aumentar al personal de salud en forma de robots u otros tipos de máquinas. Si bien estas herramientas tienen su mérito, no abordan el hecho de que estas ocupaciones tan necesarias están infravaloradas por la sociedad. Para evitar que el derecho al cuidado dependa de la riqueza, se necesita un cambio urgente para revalorizar drásticamente el trabajo del personal de salud, tanto de quienes poseen un empleo remunerado como de quienes ofrecen trabajo de cuidador/a no remunerado. Para mapear realmente el alcance del personal de cuidados remunerados y no remunerados, dicho personal podría trabajar con sus sindicatos para recopilar sus propios datos mediante el uso de la aplicación WeClock (conforme se presenta más abajo.)

Cambios de empleo y riesgos

A medida que las poblaciones crecen y se modifican, se estima que la demanda por trabajadores de salud  se duplicará en 2030, con la esperada creación de aproximadamente 40 millones de empleos nuevos para dicho sector, primariamente en países de ingresos de clase media-alta y alta.

Sin embargo, el crecimiento proyectado del empleo, principalmente en los países de ingresos bajos y medianos, se produce al mismo tiempo que el posible déficit de 18 millones de trabajadores en el sector de la salud en caso de que la cobertura de salud universal para 2030 pueda ser lograda y mantenida, como se prevé en la estrategia mundial de la OMS sobre recursos humanos para salud. Sin intervenciones específicas, la situación en entornos con recursos limitados podría agravarse aún más por una mayor movilidad laboral hacia países con mayores demandas y mayores ingresos, socavando así los sistemas de salud ya vulnerables. Invertir en la calidad de los puestos de trabajo en términos de condiciones laborales, protección laboral y derechos en el trabajo es la clave para retener al personal del área de salud allí donde se necesitan y para mejorar el atractivo del sector a fin de asegurar una oferta suficiente de cuidadorxs .

La inminente escasez de personal en el área de salud no está conduciendo a mejores condiciones laborales para dichos trabajadores en todo el mundo, ni a la formalización de gran parte del trabajo de cuidado no remunerado que se está llevando a cabo actualmente. En todo el mundo, las mujeres realizan las tres cuartas partes del trabajo de cuidados no remunerado, es decir, más del 75% del total de horas utilizadas. Las mujeres dedican en promedio 3,2 veces más tiempo que los hombres en labores de cuidados no remunerado. Como resultado, las mujeres sufren constantemente de pobreza en términos de tiempo, lo cual perjudica su participación en el mercado laboral.

Las mujeres se enfrentan a otra amenaza inminente, vinculada a la participación en el mercado laboral, si no se resuelve el déficit de 18 millones de trabajadores de la salud, ya que es más probable que las mujeres se retiren del empleo para cuidar a los infantes, a la gente de edad y a quienes sufren enfermedades. Esto sería un golpe terrible para todos los avances en materia de igualdad de género que se han realizado en las últimas décadas. Es un asunto que debe recibir atención urgente y prioritaria en todo el mundo.

Entonces, ¿qué podría hacer la digitalización? Ya se están introduciendo tecnologías digitales para permitir el cuidado/contacto a distancia o para aumentar al personal de salud en forma de robots u otros tipos de máquinas. Si bien estas herramientas tienen su mérito, no abordan el hecho de que estas ocupaciones tan necesarias están infravaloradas por la sociedad. Para evitar que el derecho al cuidado dependa de la riqueza, se necesita un cambio urgente para revalorizar drásticamente el trabajo del personal de salud, tanto de quienes poseen un empleo remunerado como de quienes ofrecen trabajo de cuidador/a no remunerado. Para mapear realmente el alcance del personal de cuidados remunerados y no remunerados, dicho personal podría trabajar con sus sindicatos para recopilar sus propios datos mediante el uso de la aplicación WeClock (conforme se presenta más abajo.)

Cambios de empleo y riesgos

Es desconcertante que la creciente demanda de trabajadores de la salud y la caída de la oferta no hayan provocado mejores salarios y condiciones laborales. Más bien, los últimos años han visto el aumento de un trabajo aún más precario a través de la economía de plataforma. Care.com es la plataforma más grande, pero está lejos de ser la única. También han surgido cooperativas. Según cifras de la ONU, ICA y B20, unos 100 millones de hogares en todo el mundo disfrutan de acceso a la atención médica gracias a las cooperativas. La presencia de este modelo empresarial se ha confirmado dentro de los sistemas de salud de 76 países, registrando más de 3.300 cooperativas de salud con una facturación global de 15 mil millones de dólares.

A pesar de algunos de los valores agregados en el modelo cooperativo, según la OIT, las cooperativas en la economía del cuidado de la salud enfrentan diversos retos que dificultan su sostenibilidad y viabilidad. Cuestiones como el acceso limitado al capital y los ingresos para comenzar a desempeñarse en el área, la falta de conocimientos cooperativos y las lagunas de conocimientos en todo el sector de la asistencia obstaculizan el potencial de las cooperativas. Aunque no se mencionan en el informe de la OIT, las cooperativas todavía existen con base en los fines de lucro, colectivizando los riesgos del mercado para sus miembros y, por lo tanto, allanando a menudo el camino para la privatización. Los sindicatos deben examinar críticamente el creciente número de cooperativas, ya que a menudo sirven como un medio para eliminar la atención de la salud como una responsabilidad del Estado.

La creciente precariedad del trabajo y el establecimiento de cooperativas liderado por lxs trabajadores plantea riesgos para la fuerza de trabajo, que a menudo trabaja en soledad. Aquí los sindicatos tienen un papel clave a desempeñar en la creación de un hogar y una base para el personal de la salud. Los sindicatos también deben exigir la formación, el reciclaje y la retención del personal en el área de salud. La Tecnología de Salud no debe utilizarse como una medida de "reducción de costos" que implique el despido de trabajadores del área de salud y cuidado social, que ya es de por sí insuficiente.

Las tecnologías digitales pueden ayudar al personal remoto con funciones de alarma, rastreo automático de GPS y acceso rápido y fácil al soporte. Pero estas tecnologías deben implementarse teniendo en cuenta los derechos de privacidad de los pacientes y de lxs trabajadores abocado a esas tareas. Con la creciente influencia de las empresas del sector privado en el sector de la salud, es dudoso que esto suceda a menos que los sindicatos lo defiendan.

COVID-19 - Aplicaciones de rastreo

Muchos gobiernos se han apresurado a implementar aplicaciones y sistemas de rastreo de contactos para monitorear a los enfermos, su paradero y con quiénes han estado en contacto. También se han desarrollado empresas privadas e iniciativas de investigación. En el sector privado, la iniciativa más importante provino de la reciente colaboración entre Apple y Google. Su plan se basa en aprovechar las señales de Bluetooth de corto alcance de los teléfonos celulares. Los teléfonos realizarían un seguimiento, de forma anónima, de otros teléfonos que estuvieran cercanos. Cuando el propietario de uno de esos teléfonos fuera diagnosticado con COVID-19, el plan era enviar alertas del sector público a otras personas que habían estado cerca de dicha persona recientemente. La idea era ayudar a lxs trabajadores de salud pública a localizar más rápidamente a las personas potencialmente expuestas y detener la propagación del virus. Sin embargo, su plan original fracasó, ya que muchos estados en los EE. UU. y gobiernos de todo el mundo no implementaron el sistema y de construir su parte del trato: la capacidad de enviar notificaciones a la ciudadanía. De esta manera, los gigantes tecnológicos también proporcionarán la tecnología para enviar y recibir alertas. Las empresas lo denominan Notificación de Exposición Expresa, que permitirá que las agencias estatales de salud utilicen el software  sin crear una aplicación personalizada. Google y Apple sostienen que su sistema respeta los derechos de privacidad de los ciudadanos.

Otras iniciativas han estado bien encaminadas, por ejemplo, el DP-3T dirigido por Suiza: El rastreo de proximidad descentralizado para preservar la privacidad es un protocolo abierto desarrollado en respuesta a la pandemia de COVID-19 para facilitar el rastreo de contactos digitales de los participantes infectados. El protocolo, al igual que el protocolo de la competencia Rastreo Paneuropeo de la Proximidad Preservando la Privacidad (Pan-European Privacy-Preserving Proximity Tracing - PEPP-PT), utiliza la Energía Baja de Bluetooth para rastrear y registrar encuentros con otros usuarios. Los protocolos difieren en su mecanismo de informes, ya que PEPP-PT requiere que la clientela cargue registros de contactos en un servidor de informes central, mientras que con el DP-3T, el servidor de informes central nunca posee acceso a los registros de contactos, ni es responsable de procesar e informar a los clientes sobre un contacto. Debido a que los registros de contactos nunca se transmiten a terceros, presenta mejores beneficios de privacidad que el enfoque PEPP-PT; sin embargo, esto tiene el costo de requerir más potencia en las computadoras de la clientela para procesar informes sobre infecciones.

La aplicación Aarogya Setu de la India, que significa "Puente a la salud", se lanzó a principios de abril de 2020. India ha hecho obligatorio que los ciudadanos que viven en zonas de contención y el personal del gobierno y del sector privado la descarguen. Sin embargo, los usuarios y expertos en India y en todo el mundo dicen que la aplicación levanta enormes preocupaciones con relación a la seguridad de los datos. Sus principales preocupaciones son que Aarogya Setu almacena datos de ubicación y requiere acceso constante al Bluetooth del teléfono, lo que lo torna invasivo desde el punto de vista de la seguridad y la privacidad. La aplicación permite a las autoridades cargar la información recopilada en un "servidor" propiedad y operado por el gobierno, que "proporcionará datos a las personas que lleven a cabo las intervenciones médicas y administrativas necesarias en relación con el Covid-19". El Software Freedom Law Center, un consorcio de abogados, expertos en tecnología y estudiantes, dice que es problemático, ya que significa que el gobierno puede compartir los datos con "prácticamente cualquier persona que desee", incluyendo a la policía. El gobierno niega que vaya a hacer eso. Aarogya Setu tampoco es de código abierto, lo que significa que no puede ser auditado por fallas de seguridad por codificadores e investigadores independientes.

“Tuvimos un número absoluto de casos menor que en otras naciones, pero lo que es más importante, la norma social, en la que las personas están de acuerdo con que se infrinja su privacidad por el interés público más amplio, permitió investigaciones exhaustivas, lo que es simplemente inimaginable en los países occidentales”.

Otros gobiernos han fracasado en la introducción del rastreo de contactos. Los intentos del gobierno del Reino Unido son probablemente el fracaso más conocido. Estas derrotas tienen mucho que ver con:

  1. Los sistemas de rastreo de contactos conducirán muy rápidamente a una falsa sensación de seguridad y a un comportamiento potencialmente desordenado si las cifras de testeos de COVID-19 no aumentan enormemente al mismo tiempo.

  2. Los gobiernos deben establecer simultáneamente estructuras sólidas de gobernanza de los datos adquiridos.

Otras recomendaciones son:

  • Necesitamos responsabilizar a los desarrolladores e implementadores de aplicaciones, así como a los gobiernos, e impulsar la adopción e implementación transparente y ética de estas nuevas aplicaciones. Debemos exigir que los datos sean efímeros (transitorios o que existan solo brevemente), que las aplicaciones en sí sean temporarias y que los sistemas estén gobernados por un amplio grupo de representantes de todos los ámbitos de la vida.

  • Incluso con las medidas anteriores en vigor, debemos tener presente que gran parte de la ciudadanía necesita descargar y utilizar la aplicación para que ofrezca resultados sólidos y confiables. Sin embargo, muchos grupos vulnerables (por ejemplo, las personas de edad) no utilizan teléfonos móviles. ¿Cómo protegemos a estos grupos sin confinarlos a sus hogares de forma que estén aislados durante los próximos meses?

  • Quien controla y tiene acceso a los datos es de primordial importancia. Dicho de otra manera, las organizaciones/autoridades que ejercen control y acceso a los datos también poseen control sobre la narrativa y pueden decirnos a todos nosotros cuál es la situación. Podían ocultar ciertas verdades, y exagerar otras. Toda interpretación de datos depende de quién realiza la interpretación. Es por eso que necesitamos mecanismos de gobernanza, pero también derechos de acceso a los datos para las diferentes partes interesadas.

  • Debemos contar con un mecanismo centralizado mediante el cual podamos informar de manera segura las violaciones a la privacidad y los usos adversos de las aplicaciones.

Las aplicaciones de rastreo de contactos nunca son más fuertes que el enlace más débil; esto es así en muchos países, aunque ha mejorado enormemente, y tiene que ver con las cifras y la frecuencia de los testeos. No obstante, independientemente de la necesidad real o percibida de estas aplicaciones, ellas ejercen un efecto potencialmente significativo sobre los derechos de privacidad de la ciudadanía. En el mundo del trabajo, los sindicatos deben estar atentos y exigir que se apliquen las siguientes condiciones:

  1. el uso de aplicaciones de rastreo de ubicación es voluntario, debe ser prohibido a las patronales exigir que miembros del personal descarguen y usen la aplicación como condición previa para regresar al trabajo. Esta prohibición incluye buscar el “consentimiento informado” de lxs trabajadores y/o colectivamente.

  2. ninguna persona empleada debería ser forzada a entregar los datos de la aplicación a la patronal, como forma de control o monitoreo.

  3. el personal tiene derecho de compartir los datos de la aplicación con su sindicato, para su evaluación y verificación de riesgos.

  4. es menester seguir todas las normas y acuerdos de salud y seguridad existentes.

El personal y sus sindicatos pueden utilizar de manera responsable la misma tecnología (aprovechar los sensores Bluetooth de los dispositivos móviles) y averiguar la ubicación por GPS para rastrear realmente la frecuencia con la que el personal se encuentra a menos de 1,5 metros de distancia entre sí. Esto se puede hacer usando la aplicación WeClock, a fin de preservar la privacidad.

Áreas de exploración para los sindicatos

La influencia corporativa en el sector de la salud está creciendo exponencialmente, junto con el riesgo de que el derecho a una atención de calidad se convierta en una función directa de la riqueza personal de la ciudadanía. También están en juego los derechos de privacidad del personal y de la ciudadanía, ya que las tecnologías digitales existentes o en vías de desarrollo alimentan la extracción masiva de datos, lo cual es, potencialmente, sumamente dañino para nuestros derechos humanos.

Los sindicatos deberían explorar:

  1. Abogar por la inversión en mejora y actualización de habilidades para aprovechar el potencial de la Trustworthy AI (IA Confiable) en el servicio público de salud. Se debe proporcionar capacitación, entrenamiento y educación específicos en IA a todos los niveles y para todos los roles en el dominio de la atención médica, a fin de garantizar que los seres humanos y la IA trabajen juntos para lograr un avance significativo en este dominio y para garantizar que los derechos de privacidad y el derecho a la salud se sitúen en el centro de todas las tecnologías digitales.

  2. También es relevante la capacitación dentro de los sindicatos para desarrollar habilidades relativas a la negociación de derechos digitales. Consulte las secciones sobre Derechos colectivos de datos y Gobernando los sistemas de algoritmos

  3. Impulsar acuerdos entre el sector público y los proveedores de salud privados que incluyan términos que favorezcan al sector público, con relación a los datos extraídos y generados, con el objetivo de desarrollar de manera responsable la capacidad en el sector público y salvaguardar los derechos de privacidad y los derechos humanos del personal y la ciudadanía.

  4. Impulsar un análisis profundo de las necesidades normativas para el uso de la IA y otras tecnologías digitales en los servicios del cuidado de la salud, tanto desde el punto de vista de los profesionales del área de salud como de los pacientes. En particular, la reglamentación existente ya incluye disposiciones detalladas sobre los niveles de seguridad y rendimiento que deben alcanzar los dispositivos médicos, pero, para que sean totalmente aptos para el uso de la IA, se debe realizar una evaluación de la posible necesidad de actualizar el marco reglamentario en vigencia.

  5. Bregar por un marco de políticas y desarrollo de IA inclusivo. La participación del personal y de las comunidades en el proceso de formulación de políticas con relación a la IA en la atención médica es de vital importancia. Las partes interesadas incluyen, entre otras, pacientes, grupos de pacientes, la ciudadanía, profesionales de salud en todos los niveles y sus sindicatos/asociaciones profesionales y autoridades de salud de los Estados miembros.

  6. Garantizar que las aplicaciones de rastreo de contactos respeten los derechos de privacidad de la ciudadanía, y reclamen la existencia de las estructuras institucionales del gobierno que sean necesarias, a fin de que administren los datos de manera responsable.

  7. Utilizar la aplicación WeClock  a fin de proporcionar el historial del personal y los ambientes de hecho riesgosos.

Literatura clave

9. Habilidades y competencias

Es menester incrementar la capacidad digital de los servicios públicos para garantizar la autonomía de los intereses del sector privado. En términos de microescala, las habilidades y la naturaleza de muchos trabajos del sector público también están cambiando en la medida en que las herramientas digitales se convierten en una parte ampliada de los trabajos del personal. Desde el manejo de aplicaciones hasta el cambio hacia tareas y consultas ciudadanas más complejas, y a medida que las soluciones automatizadas (por ejemplo, chatbots) asumen cada vez más de los aspectos más comunes y rutinarios de los trabajos de la fuerza de trabajo. Como se describe en el informe resumido de 2019 de ISP:

“La digitalización aumenta la complejidad del trabajo y los requisitos de habilidades que lxs trabajadores necesitan para realizar la misma labor. A medida que las tareas más simples y repetitivas son reemplazadas por software, computadoras y robots, el empleador plantea nuevas y múltiples demandas al personal, esperando que su cualificación sea mayor, realicen múltiples tareas y dominen las habilidades intelectuales, sociales y de alta tecnología, a menudo sin brindar la capacitación correspondiente. Las habilidades que cada vez más se necesitan en un contexto digitalizado incluyen la resolución de problemas, la creatividad, las habilidades de comunicación o la capacidad de pensar de manera integral y en red ". (pág.22)

Los representantes sindicales han detallado las siguientes necesidades de formación (p. 80-81).

  • adaptar los programas de formación inicial y continua a nivel de empresa, así como en perfiles ocupacionales (nacional, sectorial);

  •  (re) clasificar los grupos salariales según las nuevas tareas digitales y perfiles laborales;

  •  proporcionar a todo el personal competencias digitales básicas, incluidos los menos afectados por la digitalización y el personal de mayor edad;

  •  volver a capacitar al personal cuyos trabajos están automatizados para protegerlxs contra el despido;

  •  integrar nuevos perfiles ocupacionales en los programas específicos de la empresa en términos de formación, desarrollo de habilidades y cualificación;

  •  integrar herramientas y métodos digitales en los cursos y programas de formación inicial y complementaria;

  •  Garantizar el derecho a la formación de cada trabajadxr.

No hay nada neutral en términos de género en el impacto de la digitalización en el futuro mundo del trabajo. Desde horarios de trabajo flexibles, hasta el aprendizaje permanente y la formación en habilidades digitales, pasando por la brecha tecnológica y la segregación laboral; la digitalización tendrá un impacto significativo, y en la mayoría de los casos pasado por alto, en las mujeres. Dado que la mayoría del personal con responsabilidades de cuidado son mujeres, la cuestión de cuándo se realiza la capacitación durante el día tendrá un impacto enorme en la composición por género del personal (re)capacitado.

Una tarea clave tanto para los empleadores como para lxs trabajadores del sector público será mantenerse al día con el cambio digital, para que desde el principio de los procesos de transformación puedan anticipar qué necesidades se requerirán en lo referente a habilidades. Esto se refleja en una Declaración Conjunta  de los interlocutores sociales de los Gobiernos Locales Europeos de la FSESP de 2015 en la que se comprometen a:

  • Considerar las necesidades de información y capacitación de lxs trabajadores en diferentes etapas del proceso de implementación y para diferentes grupos dentro de la fuerza laboral;

  • Identificar cómo se sienten lxs trabajadores con relación a la pérdida de contacto personal/telefónico con la clientela después de la introducción de los sistemas digitales

Recordando la importancia de las habilidades interpersonales

Se están implementando sistemas de inteligencia artificial cuyo objetivo es identificar las brechas de habilidades antes de que crezcan demasiado (por ejemplo, HeadAI, LinkedIn via OECD). Estos sistemas utilizan datos públicos y abiertos para mapear las demandas cambiantes de habilidades con la oferta de habilidades [Foro de la OCDE de 2019, Putting Hard Edges on Soft Skills: The future(s) of artificial intelligence and skills in the emerging digital economy]. Lo más importante es que estos sistemas reducen a lxs trabajadores a sus habilidades y competencias formales y no incluyen, porque en realidad no pueden hacerlo, las "habilidades interpersonales" o las "competencias humanas" de lxs trabajadores. Estas competencias son a menudo las que marcan la diferencia en el lugar de trabajo. ¿Eres el engranaje que une a la organización o al departamento? ¿Eres el observadxr y eres consciente del bienestar de tus compañerxs? ¿Eres el bienhumorado, la mente creativa, el creador de cambios? Muy pocxs trabajadores informan sobre sus habilidades sociales en línea, ni muchos lugares de trabajo o sistemas de evaluación anual están diseñados para poner al descubierto y mencionar la importancia de tales habilidades. Sin embargo, son los menos automatizables. También son los más difíciles de mensurar de manera cuantificable, pero pueden ser los que hacen que su equipo o lugar de trabajo funcione bien. Por ejemplo, las garantías de las enfermeras, el toque suave, el cariño de persona a persona, todo eso ejerce un papel clave en la recuperación de los pacientes. O la capacidad de la docencia para comprender a cada estudiante y sus circunstancias personales, su naturaleza y psicología y encontrarlos donde se encuentran, no se puede medir solo en los grados escolares. Los sindicatos deben tomar la iniciativa y promover el lugar de trabajo, así como la conciencia sistémica de la importancia de estas competencias humanas.

Realmente, como lxs trabajadores del sector público aún no están sujetos a las mismas evaluaciones de venta/ganancias que gran parte de la fuerza de trabajo del sector privado, las competencias interpersonales del personal del sector público deberían recibir mucho más peso e importancia. El proyecto de la OCDE El futuro de la educación y las competencias para 2030 sostiene en su informe “ THE FUTURE OF EDUCATION AND SKILLS Education 2030 el papel central de las competencias transformadores que abordan la necesidad creciente de que la juventud sea innovadora, responsable y consciente (p. 5-6):

  1. Creando nuevo valor

    1. Cada vez más, la innovación no surge de los individuos que piensan y trabajan solos, sino a través de la cooperación y colaboración con otras personas para aprovechar el conocimiento existente a fin de crear nuevos conocimientos. Las creaciones que sustentan la competencia incluyen adaptabilidad, creatividad, curiosidad y mentalidad abierta

  2. Conciliación de tensiones y dilemas

    1. Para estar preparados para el futuro, las personas deben aprender a pensar y actuar de manera más integrada, teniendo en cuenta las interconexiones e interrelaciones entre ideas, lógicas y posiciones contradictorias o incompatibles, tanto desde las perspectivas de corto como de largo plazo. En otras palabras, tienen que aprender a pensar en sistemas.

  3. Asumiendo la responsabilidad

    1. La tercera competencia transformadora es un requisito previo de las otras dos. Abordar la novedad, el cambio, la diversidad y la ambigüedad supone que las personas pueden pensar por sí mismas y trabajar con las demás individualidades. Del mismo modo, la creatividad y la resolución de problemas requieren la capacidad de considerar las consecuencias futuras de las acciones que realizamos, evaluar el riesgo y la recompensa, y aceptar la responsabilidad por los productos del trabajo..

La Universidad de Carolina del Sur ha identificado una cartera de habilidades sociales blandas ampliamente buscadas por empleadores de todo el mundo: competencias para orientar las decisiones sobre inteligencia artificial y digitalización de manera más general. Los cinco atributos esenciales son Adaptabilidad, Competencia Cultural, Empatía, Curiosidad Intelectual y un pensamiento de 360 grados.

Habilidades interpersonales: atributos centrales

De University of Southern California / Universidad de California del Sur

Con base en nuestra investigación descubrimos cinco atributos que son cruciales para el éxito en el mundo complejo de hoy en día, más cuya presencia en el mercado es insuficiente. Tales competencias son:

  • Adaptabilidad
    Demuestra la agilidad mental y se siente cómodo con entornos ambiguos, no estructurados y flexibles frente al cambio continuo. Deseo de ajustar el pensamiento y el enfoque personal en respuesta a nuevas condiciones e información, sean inesperadas o cambiantes.

  • Competencia Cultural
    Demuestra inteligencia emocional y transcultural; capaz de trabajar de forma inclusiva, respetuosa y efectiva en culturas u organizaciones que poseen valores, normas, costumbres y lenguaje o terminología diferentes. Demuestra también un pensamiento amplio y multifuncional, evitando las limitaciones de las fronteras estructurales, geográficas, departamentales u otros límites organizacionales.

  • Empatía
    Capaz de comprender y reconocer las necesidades, metas, sentimientos, prioridades y perspectivas de los demás, participando en la escucha activa y focalizando respuestas reflexivas que aclaran y fortalecen el diálogo. Capaz de interpretar de manera efectiva los puntos de vista de los demás, y de integrar estas percepciones en enfoques más efectivos destinados a resolver los problemas y satisfacer las necesidades.

  • Curiosidad Intelectual
    Demuestra avidez por nuevos conocimientos, información y comprensión, que impulsen a niveles cada vez más elevados de aprendizaje y desempeño. Se involucra en oportunidades y experiencias novedosas, esforzándose por lograr un crecimiento mensurable y demostrando inteligencia emocional y astucia.

  • Pensamiento de 360 Grados
    Asume un enfoque holístico, multidimensional y analítico frente a la resolución de problemas. Capaz de convertir la información en insights o percepciones, inferir implicaciones a partir de los datos y realizar extrapolaciones a partir de la información hacia las aplicaciones del mundo real y participar en soluciones que tengan sentido a partir del “atar cabos”.

Estas importantes competencias son, según los investigadores, una contraparte del CTIM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas). Los investigadores consideran que ellas son incluso más importantes que las habilidades técnicas más, no obstante, su presencia en el mercado está muy por debajo de las necesidades.

Áreas de exploración para los sindicatos

Mientras que muchos sindicatos ya están involucrados en el tema del abastecimiento de habilidades y entrenamiento de sus miembros, sea directamente por medio de acuerdos colectivos o mediante el apoyo de las políticas públicas, existen unos pocos puntos adicionales respecto de los cuales los sindicatos podrían presionar:

  1. Asegurar el acceso equitativo a las oportunidades de capacitación; el entrenamiento debería tener lugar durante las horas normales de trabajo. Esto es particularmente importante para el personal con responsabilidades que importen cuidados.

  2. La capacitación debe ser vista por los empleadores como un elemento que forma parte de las tareas de lxs trabajadores, y no como algo agregado a estas. Es importante garantizar que el volumen de trabajo y las expectativas se encuentren adecuadamente equilibradas, de manera tal que el personal que asume capacitación adicional no se vea sobrecargado con sus tareas.

  3. Los sindicatos deben liderar la campaña para iniciar y evaluar las competencias humanas, tanto en relación con los sistemas de evaluación en el lugar de trabajo como en las políticas de “transición justa” (ver sección Plan para las personas).

  4. Los sindicatos podrían considerar la posibilidad de hacer un “pool”, poniendo en común sus ofertas de formación a sus miembros, a fin de evitar la duplicación de esfuerzos. Esto es particularmente importante en el campo de las competencias digitales, ya que el tema puede ser multifacético y complejo.

  5. Los sindicatos podrían asimismo considerar la posibilidad de abrir sus programas de capacitación a miembros de sindicatos de otras partes del mundo. Esto ayudaría a cerrar las brechas digitales y a generar beneficios desde múltiples perspectivas.

Literatura clave

10. Transformación digital de los sindicatos

El movimiento sindical precisa participar de manera estratégica, organizativa, práctica y cultural en los poderes, las posibilidades y los retos de las tecnologías digitales. Las asimetrías de poder en el mercado laboral y en los servicios públicos en particular, están creciendo. Los sindicatos simplemente no pueden darse el lujo de no transformarse y presionar por un ethos digital alternativo que coloque la privacidad de lxs trabajadores (¡y de  la ciudadanía!) en primer lugar.

Al mismo tiempo, los sindicatos no deben ignorar cómo se pueden usar las tecnologías digitales para infringir sus derechos de organización, reunión, libertad de expresión y campañas. Las recientes filtraciones de Amazon y Facebook han revelado como están diseñando e implementando herramientas que señalarán posibles actividades de organización sindical entre sus empleados. Se están diseñando e implementando herramientas que,  conducidas por la IA podrán extraer los datos disponibles de las redes sociales, las noticias locales y las salas de chat para proporcionar a las empresas advertencias tempranas sobre el descontento de lxs trabajadores.

Una de esas empresas, prewave.ai participó incluso en un evento de formación sindical y tecnológica organizado en Europa. Muchos sindicatos usan WhatsApp para comunicarse con sus miembros y entre sí. Sin embargo, WhatsApp es propiedad de Facebook, que a su vez ha emitido un comunicado de que desean compartir datos entre los dos servicios. Facebook, conocido por vender datos, bien podría convertirse en el medio a través del cual la organización sindical puede ser identificada y reprimida incluso antes de que tome vuelo. Del mismo modo, muchos sindicatos han optado por soluciones basadas en la nube, dejando todos los documentos y correos electrónicos allí, para que los propietarios de la nube los vean. Por tanto, es pertinente que los sindicatos reconsideren la privacidad, seguridad y protección de sus herramientas y estrategias. Existen alternativas.

Marco(s) del Impacto Digital

Para que los sindicatos se conviertan en los pioneros de un espíritu digital alternativo, deben participar de una transformación digital proactiva, que desarrolle su capacidad y preparación para involucrarse en el mundo digital del trabajo. Un marco del impacto digital es una buena herramienta para guiar y ayudar en esta transformación. Existen muchos marcos de este tipo, principalmente para el sector privado y algunos para el gobierno [Data Orchard, What have we found out about Data Maturity so far?, 2016]. Data Orchard y DataKind en el Reino Unido han desarrollado una muy útil versión para el sector sin fines de lucro.

Figura 8: Marco de Madurez Digital de Kind y Data Orchards para ONG

Este marco (llamado Marco de Madurez de Datos) permite a los usuarios probar su madurez digital en 7 dimensiones clave: Usos, Datos, Análisis, Liderazgo, Cultura, Herramientas y Habilidades. Para cada una de estas dimensiones, los usuarios obtienen 5 puntajes de nivel de madurez con explicaciones claras sobre lo que debe existir en cada nivel: No está al tanto, Emergente, Aprendizaje, Desarrollo y Dominio.

Como tal, este Marco de Madurez (Digital) de datos brinda a los usuarios/organizaciones la capacidad de discutir dónde se encuentran en las 7 dimensiones clave y qué necesitan modificar para avanzar en el viaje hacia la madurez.

Al evaluar sus niveles de madurez digital en las 7 dimensiones clave, su sindicato puede evaluar dónde están sus fortalezas y debilidades y obtener indicaciones de lo que se necesita hacer, concretamente, para crear una transformación digital integral.

Gobernanza de datos

Otra dimensión clave de la transformación digital de un sindicato es que rijan los datos que recopilan de manera cuidadosa y responsable. Los sindicatos tienen, o potencialmente poseen, muchos datos. Por ejemplo, se parte de la información de membresía: edad, género, nombre, salario, lugar de trabajo, educación, cursos, domicilio, correo electrónico, número de teléfono, etc. Si esta información (datos) está estructurada en una hoja de cálculo o en una base de datos, entonces puede realizarse un análisis sobre las brechas salariales de género, cambios ocupacionales, trayectorias y estándares profesionales, diferencias salariales geográficas y mucho más. En muchas regulaciones de protección de datos, estos datos se consideran información altamente sensible y, por lo tanto, deben ser regidos y protegidos con cuidado. Los sindicatos tienen potencialmente muchos otros datos: convenios colectivos, modificaciones a los mismos en el transcurso del tiempo, encuestas de membresía, asuntos legales y cambios regulatorios y mucho más. Todo esto puede ser utilizado con prudencia, pero también puede hacerse de los mismos un temible mal uso.

Para crear un espíritu digital alternativo que proteja y respete los derechos de privacidad del de lxs trabajadores y de la ciudadanía por igual, los sindicatos deben extremar las medidas sobre qué datos recopilan, para qué fines, cuánto tiempo se guardan, dónde se almacenan y quién dentro del sindicato tiene acceso a los datos. La buena gobernanza de datos es una protección contra el uso indebido de los mismos, una forma de garantizar que existan medidas de seguridad cibernética decentes para evitar la piratería y un medio para garantizar que el sindicato no esté acumulando datos sin otro motivo que simplemente el de poseerlos.

La gobernanza de datos suele ser un campo de operaciones costoso. Pero también puede considerarse como una política sindical interna y de procedimiento a ser seguido. El sindicato británico Prospect realizó un desarrollo conjunto de guía en línea que preserva la privacidad para ayudar a los sindicatos con su propia gobernanza de datos: Lighthouse.

Los sindicalistas pueden usar Lighthouse como una forma de guía - o cuestionario - en línea, donde los participantes pueden evaluar sus métodos y prácticas en una variedad de temas.

WeClock

Cada vez más empresas privadas y servicios públicos extraen datos relacionados con el trabajo. Los sindicatos deben tener una respuesta para que lxs trabajadores y los sindicatos no se vean debilitados por las interpretaciones unilaterales del trabajo de la patronal. La mejor manera de hacerlo es que los sindicatos trabajen con sus miembros y recopilen datos sobre sus condiciones de trabajo, que luego puedan utilizarse en campañas y conversaciones con el directorio de la empresa.

Una forma responsable y que preserva la privacidad para que los sindicatos utilicen la tecnología para siempre y obtengan información sobre las condiciones laborales de sus miembros se lleva a cabo mediante el uso de la nueva aplicación de fuente abierta, WeClock. Su objetivo es ayudar a lxs trabajadores a combatir el robo de salarios y promover el bienestar del personal. Funciona en Android, iPhone y Apple Watch y puede ayudar al personal a registrar las condiciones clave de su trabajo. Los datos se almacenan exclusivamente en el dispositivo de cada persona empleada. Luego de ello, esa misma persona puede decidir compartirlos con su organizador, su sindicato o con un tercero de confianza.

Por ejemplo, los trabajadores de atención domiciliaria pueden usar WeClock para rastrear la distancia que viajan entre la clientela y cuánto tiempo pasan en cada lugar. ¿Su horario es razonable? ¿Una ruta diferente sería más beneficiosa para el personal y sus clientes? Si usan sus propios automóviles, ¿obtienen una compensación suficiente por combustible? O, por otro lado, un funcionario público puede usar la capacidad de la versión de Android para rastrear el uso de la aplicación con el fin de registrar la frecuencia con la que usan las aplicaciones fuera del trabajo.

Los sindicatos pueden solicitar a la membresía que rastree su información durante un período limitado de tiempo, compartir sus datos con el sindicato y, con un analista de datos disponible, los sindicatos pueden comenzar su viaje hacia la narración y visualización de datos. Es más importante que nunca que se analicen las realidades de lxs trabajadores y se cuenten sus luchas. Se puede ver cómo los sindicatos y los organizadores pueden usar WeClock en sus campañas en UnionKit. He aquí también un vídeo explicando cómo funciona WeClock, y por qué ofrece una alternativa de preservación de privacidad para lxs trabajadores y los sindicatos.

Áreas de exploración para los sindicatos

  1. Establecer módulos de formación y poner en común experiencias y buenas prácticas

  2. Trabajar con los miembros y buscar en colaboración analistas de datos/puertos seguros para apoyar a los sindicatos en su análisis y visualización de datos.

  3. Establecer una lista de herramientas digitales que ofrezcan seguridad de uso para limitar la captura de datos de lxs trabajadores. Por ejemplo, ¿deberían los sindicatos abstenerse de usar WhatsApp y promover alternativamente Signal? Además, los sindicatos podrían explorar beneficiosamente el uso más amplio de las redes privadas virtuales para salvaguardar las comunicaciones internas.

Literatura clave / enlaces

Esta publicación fue desarrollada para la ISP por la Dra. Christina Coclough, Directora de The Why Not Lab.

Futures of Work | The Why Not Lab | Christina J. Colclough

The Why Not Lab puts workers centre stage in discussions on the future of work. With eye-opening angles, methods and questions, we help progressive organisations and governments think outside the box, innovate and take concrete steps towards sustainable digital change in the labour market.

https://www.thewhynotlab.com

Esta publicación cuenta con el apoyo de la alianza entre la ISP y The Friedrich Ebert Stiftung