Los acuerdos comerciales de hoy en día tienen muy poco que ver con la reducción de los aranceles. En cambio, son tratados vinculantes que socavan la soberanía nacional y restringen la capacidad de los gobiernos para aprobar las leyes y prestar los servicios públicos que tú necesitas.

Estos tratados dificultan la prestación de servicios públicos y la regulación del poder corporativo, y otorgan a las multinacionales extranjeras derechos legales que no tienen lxs trabajadorxs, lxs consumidorxs, el medio ambiente y lxs ciudadanxs

Los acuerdos comerciales nunca deben anteponer el lucro por encima del pueblo

Incluso permiten que las multinacionales extranjeras demanden a los gobiernos en tribunales privados por miles de millones de dinero de los contribuyentes si sus beneficios no están garantizados. Estas disposiciones son el núcleo del modelo económico mundial que hace bajar los salarios y aumentar la desigualdad económica masiva.

Necesitamos un sistema de comercio multilateral global que satisfaga las necesidades económicas, sociales y de desarrollo de todxs.

Exponemos los tratos secretos que socavan a lxs trabajadorxs y a los servicios públicos y luchamos por reglas globales que beneficien a todxs - no sólo al 1%.

Más que el libre comercio

Durante décadas, el libre comercio se ha promovido como la única vía para el desarrollo económico. Sin embargo, la más reciente ola de acuerdos de comercio e inversión son mucho más que el comercio.

Una compañía petrolera de EE.UU. está usando el ISDS para obligar a Ecuador a pagar más de 1.000 millones de dólares: equivalente a todos los gastos anuales de bienestar social del país.

Acuerdos como el Acuerdo sobre el Comercio de Servicios (TiSA), la Asociación Transpacífica (TPP) y la Asociación Económica Regional Integral (RCEP) tienen por objeto institucionalizar los derechos de los inversores y limitar la acción gubernamental en una amplia gama de ámbitos relacionados sólo incidentalmente con el comercio. El comercio se utiliza cada vez más como pantalla para crear leyes vinculantes, alejadas de las instituciones parlamentarias democráticas, que otorgan nuevos derechos a algunos de los mayores inversores y empresas multinacionales del planeta. Por ejemplo, las disposiciones sobre solución de controversias entre inversores y Estados (ISDS por sus siglas en inglés), contenidas en muchos acuerdos nuevos, dan a las empresas el derecho de demandar a los gobiernos por políticas públicas que podrían obstaculizar su capacidad de obtener beneficios futuros. Estas normas se aplican a través de tribunales internacionales secretos y obligan a los futuros gobiernos a cumplir ciertas prescripciones de política, y hacen difícil retirarse de estos acuerdos sin pagar una compensación masiva

El sistema de Arbitraje de diferencias estado-inversor (conocido por ISDS del inglés Investor-state dispute settlement), se ha convertido en un icono de la desvergonzada medida en que los gobiernos han complacido los intereses de las empresas al conceder a las corporaciones extranjeras derechos que lxs ciudadanxs y las empresas locales no tienen.

Como sindicatos del sector público, tenemos un interés directo en el debate sobre el ISDS, ya que las multas impuestas por estos tribunales privados desvían el dinero de lxs contribuyentes de los servicios públicos de calidad para aumentar los beneficios de las empresas.

La Comisión Europea está tratando de cambiar el nombre del ISDS, y ha creado una serie de nuevas propuestas, incluyendo el Sistema de Jurisdicción de Inversiones (SJI) y el Tribunal Multilateral de Inversiones (TMI)

Un estudio reciente de la ISP muestra que ninguno de esos sistemas es judicialmente independiente ni protegería a los gobiernos de tener que pagar una compensación a las empresas por hacer leyes legítimas y no discriminatorias para proteger a lxs trabajadorxs, la salud o el medio ambiente. Preocupantemente, los acuerdos de negociación colectiva entre los interlocutores sociales también podrían ser objeto de demandas judiciales.

A diferencia de estas normas exigibles de inversión y de comercio, los grandes intereses empresariales han bloqueado los intentos de los sindicatos y la sociedad civil de crear normas de derechos humanos vinculantes. Las empresas socavan sistemáticamente las normas laborales mundiales, las normas ambientales, la aplicación de impuestos y las medidas de lucha contra la corrupción, y sin embargo exigen fuertes sanciones aplicables cuando están en juego sus propios intereses.

Rechazamos cualquier intento de afianzar los derechos de las corporaciones por encima de las leyes a las que están sometidxs lxs trabajadorxs y las empresas locales.

Trabajando con las afiliadas y la sociedad civil, ya hemos construido una fuerte oposición pública al ISDS

Ahora debemos asegurarnos de que no se permita que las propuestas reformuladas se filtren en futuros acuerdos comerciales.

Los servicios públicos no se comercializan

Los servicios públicos están concebidos para garantizar que las necesidades sociales y económicas fundamentales se satisfagan al público de manera asequible, universal y sobre la base de la necesidad. Existen porque los mercados no producirán esos resultados.

En cambio, los acuerdos comerciales promueven deliberadamente la comercialización y definen los bienes y servicios en función de su capacidad de ser explotados con fines de lucro por las corporaciones mundiales y los proveedores de servicios internacionales.

Tratar los servicios públicos como productos comerciales socava su propósito social.Este es un intento deliberado de privilegiar el lucro de lxs más ricos del mundo sobre lxs que tienen más necesidad.

Los defensores del TISA, junto con el TTIP, el TPP, el AGCS y el RCEP y otros, suelen argumentar que los servicios públicos están protegidos por la llamada "exención de servicios gubernamentales", título que podría llevar al observador casual a concluir que los servicios gubernamentales están exentos de la liberalización del mercado.

Sin embargo, estas cláusulas suelen estipular que los servicios no pueden prestarse "sobre una base comercial" ni "en competencia con uno o más proveedores de servicios".

¿Cuándo un paciente que cobra por un servicio de salud o una medicina constituye un servicio suministrado sobre una base comercial? No está claro si una autoridad pública de agua, energía o transporte que cobra tasas que recuperan los costos para prestar servicios a las empresas y lxs consumidorxs está exenta.

Podría decirse que casi todos los servicios gubernamentales de educación, transporte y la mayoría de los servicios de salud compiten con al menos un proveedor privado y muchos de ellos tienen cierto grado de "base comercial" y, por lo tanto, están sujetos a las cláusulas y restricciones normativas de un acuerdo comercial.

En 2015, una campaña encabezada por los sindicatos en el Uruguay logró que el Gobierno se retirara de las negociaciones del Acuerdo sobre el Comercio de Servicios.

La ISP ha maximizado su experiencia para crear un conjunto de herramientas de campaña sindical sobre el comercio de servicios. Consulta aquí

Ganadores y perdedores

Incluso los más ardientes partidarios de los acuerdos comerciales admiten que hay ganadores y perdedores.

A menudo se exageran las estimaciones de los beneficios, pero incluso en los casos en que el comercio facilita el aumento de la riqueza nacional, esta riqueza no se distribuye de manera uniforme.

Los ganadores suelen ser los grandes países poderosos que pueden hacer valer su poder, las corporaciones multinacionales que están mejor situadas para explotar el nuevo acceso a los mercados y los consumidores ricos que pueden permitirse importaciones extranjeras costosas

Lxs perdedorxs suelen ser lxs trabajadorxs que se enfrentan a pérdidas de empleo y a una presión a la baja sobre los salarios, lxs usuarios de lxs servicios públicos y las pequeñas empresas locales que no pueden competir con las empresas multinacionales.

En este contexto, la presión de reducir los salarios para mantener la competitividad se ha convertido en un dogma. Los países responden socavando los derechos de los trabajadores, a menudo violando las normas laborales básicas y los derechos humanos fundamentales.

Estas verdades pueden ser ocultadas porque los efectos negativos no siempre están obviamente ligados a los acuerdos comerciales; se van sucediendo con el tiempo. Por el contrario, la presión política para el acceso inmediato al mercado es intensa, ya que los grandes intereses empresariales invierten mucho en influir en el proceso político y promueven los beneficios reclamados.

Democracia

¿Hay algún país democrático en el mundo que abiertamente, acepte que su gobierno acuerde leyes que cambien tan fundamentalmente el poder y la riqueza, que obliguen a los futuros gobiernos, que pasen por alto sus tribunales nacionales y que restrinjan su propia capacidad de proveer a sus ciudadanxs, totalmente en secreto?

La respuesta es claramente no. Lo cual es quizás la razón por la que estos acuerdos comerciales se negocian en secreto.

No nos oponemos al comercio.

Sin embargo, después de décadas de globalización, los beneficios están aumentando y el poder recae en las élites ricas que lo utilizan para influir en los gobiernos e instituciones.

Están formulando las reglas del comercio mundial para servir a sus intereses, no a los intereses públicos.

Necesitamos romper el dominio que la ortodoxia del mercado ejerce sobre la política dominante y promover nuevas políticas de comercio y desarrollo que beneficien a lxs trabajadorxpublics y a nuestras comunidades.